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Lástima que en las reflexiones que suelen hacer los concejales de Bogotá cuando realizan su registro en cada sesión de plenaria y comisiones, no se pregunten sí están cumpliendo con la tarea para la que fueron elegidos y por la cual se les paga una suma de un millón quinientos mil pesos al día.

Y digo que es una lástima porque en los últimos dos años, los bogotanos le han pagado de la plata de sus impuestos a los concejales de Bogotá, por sesiones en donde no se ejerce el debido control político a la Alcaldía de Bogotá sino para que tramiten impedimentos y recusaciones.

El informe de Concejo de Concejo Vamos que evaluó el desempeño del cabildo distrital durante el primer semestre de 2022, revela que la Corporación dedicó un total de seis sesiones dedicadas a tramitar impedimentos y recusaciones que a la ciudad le costaron un total de $91.484.834 pesos, ¡hágame el bendito favor!, en una ciudad que requiere miles de millones de pesos para atender las necesidades sociales que existen en prácticamente en todas las localidades.

Es ahí donde uno se pregunta ¿Quién ronda a los concejales? ¿no se supone que cada sesión que se cita en el Concejo cuenta con el acompañamiento de la Contraloría Distrital y la Veeduría? ¿Qué pasa que no actúan? ¿Por qué no ejecutan una acción preventiva?

Es muy triste ver que existan concejales que sean malos perdedores y cuando no ven a su favor  el debate de los argumentos, acuden a la justicia para interponer demandas y parar las discusiones sin importarles que la ciudad se paralice, y para colmo, ahora encontraron la fórmula mágica para evadir los debates a los proyectos de acuerdos que se deben tramitar y así dilatarlos. Hablo de los impedimentos y recusaciones.

Sucedió con la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, que tuvo que ser decretado por la alcaldesa de Bogotá porque al Concejo llegaron más de 50 recusaciones e impedimentos que debieron ser tramitadas, evitando la discusión de la iniciativa, lo que obligó a la Corporación a modificar su reglamento interno. Esta misma situación vuelve a presentarse ahora con la discusión del proyecto de acuerdo que pide la autorización para que la capital del país ingrese a la región metropolitana Bogotá Cundinamarca.

Sí en cada discusión que se vaya a dar en Concejo de Bogotá, vamos a ver este espectáculo tan deprimente, los bogotanos tendremos que analizar si es necesario elegir a 45 personas para que asistan a unas sesiones digan dos o tres frases, calienten la silla durante un rato para luego servir de notario a uno de sus colegas diciendo si está o no está impedido, y después retirarse sin cumplir con su obligación de ejercer el control político a la Alcaldía de Bogotá. Pero eso sí, el pago por día de millón quinientos mil pesos, sí hay que hacérselos porque de lo contrario, se les estaría violando sus derechos e incumpliendo una obligación, no importa si ellos incumplen las suyas.

Una vez más el Concejo de Bogotá, tendrá que revisar su reglamento interno y discutir la posibilidad de que no se paguen las sesiones en donde se deba hacer trámites de impedimentos y recusaciones pero que su asistencia sea obligatoria. Solo así se podrá acabar esa ‘guachafita’.