Hace 10 años acuñé este corolario a la frase común que dice “hecha la ley, hecha la trampa”, al preguntarme cuál podría ser la lógica detrás de leyes y normas que permiten una creciente corrupción, todos los días, y que, aunque estén claramente identificadas, los Congresistas no las arreglan. No hay explicación lógica, salvo que los Congresistas no quieran arreglarlas. (Esta expresión popular parece provenir del medioevo en Europa y hay referencias del siglo XVI en España (una de ellas se cita en la revista UIS (UIS,2018); salen frecuentemente artículos que se refieren al tema e incluso se titulan como tal; muy pertinente el del exministro Cardona (El Tiempo, 2021)).
En estos días el abogado Ernesto Matallana, haciendo patria, está demandando ante la Corte Constitucional que deje sin piso el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 mediante el cual se permite que las empresas industriales y comerciales del Estado ejecuten contratos de obra, lo cual, a su vez, habilita para que otras entidades del Estado hagan convenios interadministrativos con ellas y se salten la ley 80 de 1993, debido a que la magia de estas empresas es que pueden ejecutar los recursos públicos con régimen privado, es decir, siguiendo su propio manual de contratación, o sea, ¡a dedo! No sirven para nada más, aunque les armen unas fachadas de maravilla.
Estos son los ya famosos contrataderos (ConfidencialColombia, 2023). Aunque puede haber otras paternidades, el que más ha popularizado el término es el ingeniero Rodrigo Fernandez, con sus trinos fiscalizadores todos los días detrás de casos y casos en los que detecta que va a haber corrupción. Las entidades de control del Estado siguen su cuenta, y saben sobradamente lo que está pasando, pero no hacen mayor cosa. La única lógica de ese comportamiento es que tuvieran la misma lógica de los Congresistas que no arreglan las leyes y normas, para poder participar en el festín de los recursos públicos; no es de extrañar puesto que se han sabido muchos casos sonoros (ConfidencialColombia, 2022). Todos con la lógica perversa que adoptan muchos de nuestros políticos, la de que los recursos públicos no son de nadie y por lo tanto son de ellos, y se los apropian ilegalmente.
Pero la demanda del abogado Matallana fue inadmitida y ahora le queda el recurso de súplica ante la Corte. Recientemente fue entrevistado en “Sigue la W” para explicar la situación. Sintetizo lo más paradójico que resulta de su intervención.
Él le explicó a la Corte que, por el principio de igualdad, si se les prohibió la celebración de contratos interadministrativos para hacer contratos de obra a las sociedades de economía mixta con capital público mayoritario en la Ley 1474, también se debe hacer con las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen igual régimen público. Argumentó que, el artículo 92 tiene una prohibición para ambos tipos de entidades, pero que en el artículo 93 el legislador (Congreso) dejó un “detallito” mediante una excepción que las faculta para establecer un régimen privado “si están en competencia con el sector nacional o internacional.
Con este “detallito” pueden hacer contratos interadministrativos con entidades públicas que tiene que hacer contratos de obra pública, pero sin tener que acudir a procesos de convocatoria pública, ni aplicar pliegos tipo, ni control de recursos públicos; solo su manual de contratación con régimen privado. En la práctica aportan experiencia que no es de ellas, puesto que no ejecutan nada, solo sirven para contratar a otros, invitan a tres en cada proceso para aparentar, y casi siempre dos no resultan habilitados o no subsanan algunos requisitos; y el que gana, claro, se contrata por el máximo valor posible. No hay proceso de selección en el que compitan varios proponentes, ni hay trasparencia de nada. Por eso las entidades publicas como gobernaciones y alcaldías hacen contratos interadministrativos con estos contrataderos para no tener que cumplir con procesos licitatorios regulados y vigilados, y así consumar la corrupción más fácilmente.
Lo más increíble es que la Corte le responda al abogado que la interpretación debe ser al revés: que por el principio de igualdad habría que ampliar el “detallito”, la excepción a las empresas de economía mixta con capital público mayoritario, y así también pudieran ser contrataderos y nidos de corrupción. Otra vez, ¿cómo se entiende esta lógica?
Ahora está suplicando, literalmente, que la Corte no frustre la posibilidad de cerrar esa herida desde donde sangra el presupuesto estatal a chorros, y a la vista de todos los ciudadanos, que no entendemos el mecanismo de corrupción, pero que sí sabemos que se roban la plata en grandes cantidades.
Como lo he explicado en artículos anteriores, no solo es grave que se roben la plata de los proyectos, que claro que es grave. Tiene al menos dos efectos colaterales graves también:
Uno, que los que gestionan los proyectos en los municipios y departamentos no están interesados en el desarrollo y bienestar para los ciudadanos que debe resultar de un proyecto, sino del contrato respectivo, mediante el cual se pueden asaltar los recursos asignados al proyecto; por supuesto no importa si el proyecto está mal concebido, mal planeado, mal licitado, mal ejecutado, mal construido el objeto del contrato o si termina siendo un elefante blanco. Finalmente, el objetivo de llevar desarrollo y bienestar a los habitantes, es lo de menos.
Y dos, que esto sucede cada vez más a la vista de los ciudadanos, que no se desmoralizan, sino que más bien se “inmoralizan” a través del mal ejemplo de sus dirigentes corruptos. La ética ha muerto entre los colombianos comunes, y se ha cambiado por la mala cultura, la de saquear al Estado como premio de ser dirigente político; así, todos envidian al villano que lo hace.
¿Cómo es posible que hayamos vivido con estos mecanismos corruptos tanto tiempo? ¿y que todos los días se sepan tantos casos y no pase nada? Señores de la Corte Constitucional, ustedes son la última frontera para atajar esta corrupción enorme que está llevando al país al no futuro. De resto, tendremos que estar seguros de que no es que “hecha la ley, hecha la trampa” sino “mal hecha la ley para que quepa la trampa”.
Rafael Fonseca Zárate
@refonsecaz
