Politica medioambiental. Siempre importante la política pública con enfoque medioambiental, especialmente en un país como Colombia, donde la influencia del sector minero e hidrocarburos sobre la economía es clave. Este es un resumen de lo que proponen los cuatro principales candidatoa a la presidencia de la República, elecciones que se realizarán en primera vuelta el 29 de mayo.
● Reglamentar la autogeneración de energía, especialmente, en barrios vulnerables y marginados.
● Crear el Centro Nacional para la lucha contra el cambio climático desde cinco ejes:
- Desarrollar una industria electrónica renovable no convencional
- Desarrollar una industria de biorrefinerías modulares que aproveche los residuos de biomasa de los principales cultivos
- Crear un laboratorio de ciudades inteligentes
- Producir nuevos portadores y fuentes de energía como el hidrógeno
- Crear empresas de bienes y servicios para los proyectos energéticos a partir de estos recursos.
● Trazar una ruta con el sector constructor para que la mayoría de las nuevas edificaciones residenciales sean Neto Cero Carbono (NCC) al 2030.
● Impulsar programas de formalización de la pequeña minería y formulación de proyecto de ley sobre Coordinación y Concurrencia y Participación Ciudadana que exige la sentencia CCC SU-095/18
● Establecer la etapa de licenciamiento ambiental para la frase de exploración minera.
● Ampliar aquellos programas de obras por impuestos y regalías por impuestos.
● Generar condiciones para que al país ingrese una mayor inversión para proyectos mineros-energéticos responsables.
● Ejecución de más de $9 billones de los recursos de las regalías para el desarrollo, creación empleos e ingresos de más regalías a todas las regiones del país.
● Su propuesta va orientada hacia el logro de un equilibrio en la explotación de los recursos, que tenga como foco cuidar el medio ambiente, generar desarrollo social y permitir la transición hacia la producción de energía limpia y mejores prácticas de recursos los mineros.
● Reformar el Sistema General de Regalías forma parte de sus propuestas en este sentido. Con esto busca garantizar una inversión eficiente y transparente.
● Propone redefinir la política energética de mediano y largo plazo para dar paso al
diseño de un marco regulatorio y de mecanismos de expansión de fuentes no renovables de energía.
● Propone proveer el servicio de electricidad y gas a, al menos, el 50 % de los hogares rurales que hoy no cuentan con estos servicios.
Transitar gradualmente hacia un modelo de energías limpias en el que las energías fósiles serán excluidas. Para ello pretende:
● Reformar el Código de Minas y realizar un ajuste institucional de cara a la transición energética
● Implementar una política pública minero-energética con perspectiva ambiental y social.
● Retomar el control de las cuencas hidrográficas utilizadas para la generación de energía
● Prohibir la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera.
● Desestimar las nuevas solicitudes de licencias para la exploración petrolera y/o minería a cielo abierto
● Destinar la extracción de reservas actuales para el consumo interno
● Implementar dividendos por absorción de carbono y de impuestos sobre la comercialización de productos intensivos en dióxido de carbono.
● Financiar la descarbonización y la reducción de la explotación petrolera.
● Establecer a las comunidades minoritarias como autoridad ambiental en sus territorios. Se buscará proteger la minería ancestral y artesanal.
● Crear un fondo para la transición energética financiado por los recursos del SGR y la eliminación de las exenciones tributarias del sector.
● Crear el Instituto Nacional de Energías Limpias
● Aumentar el control ambiental, laboral y fiscal sobre las actividades mineras. Se exigirá a las compañías mineras la rehabilitación de las áreas intervenidas, la descontaminación de ríos y el restablecimiento de las poblaciones afectadas
● Intervenir las solicitudes de títulos mineros, obras y proyectos, así como todas las medidas legislativas que impliquen riesgos para las comunidades.
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