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El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha subrayado este viernes que cualquier cargamento militar entregado a Ucrania en el marco del conflicto desatado el 24 de febrero será considerado «un objetivo legítimo» por parte del Ejército ruso.

«Hemos dejado muy claro que cualquier cargamento que entre a Ucrania y que consideremos que porta armas será un objetivo legítimo una vez esté en territorio ucraniano», ha señalado el ministro en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa RT.

Lavrov ha defendido además la exigencia de Moscú de «desnazificar» el país europeo y ha explicado que ello implica «la abolición de leyes que incitan la ideología y las prácticas nazis, pero también aquellas que discriminan a la población rusófona y los derechos de la misma».

«Han sufrido una discriminación enorme en Ucrania, están muy ofendidos», ha señalado, antes de incidir en que las autoridades ucranianas han abogado abiertamente por expulsar a la población rusa del país, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

«La idea de expulsar a los rusos de Ucrania aún está en las mentes de los políticos de este país», ha manifestado, al tiempo que ha recordado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió en septiembre de 2021 a las personas que «piensan que son rusas o quieren ser rusas o amigas de Rusia, que se vayan a Rusia».

Por otra parte, ha reiterado que el Ejército ucraniano se preparaba para lanzar una gran ofensiva militar contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk antes de la invasión. «Tras haber fracasado a la hora de aplicar los Acuerdos de Minsk, prepararon un ‘plan B'», ha dicho.

«Estaban hablando de capturar los territorios perdidos con un derramamiento de sangre monstruoso, un aumento de lo que habían estado haciendo a la población civil durante ocho años», ha indicado, antes de subrayar que el Ejército ruso y las autoridades de Donetsk y Lugansk obtuvieron documentos oficiales ucranianos sobre los preparativos de la ofensiva.

Lavrov ha destacado además que las relaciones entre Rusia y Ucrania volverán a la normalidad de forma gradual una vez se alcance un acuerdo de paz y ha argüido que existe «una cultura, una historia, una visión, unas tradiciones y una sociedad común». «Espero que, cuando termine esta situación anómala, todo vuelva a su curso anterior», ha afirmado.

«Será gradual, no será algo rápido», ha explicado, antes de subrayar la necesidad de acabar con «el legado negativo» de los «esfuerzos europeos» para lograr que Ucrania sea «antirrusa». «Esto ha arraigado en la mentalidad ucraniana, especialmente en la generación nacida tras el colapso de la Unión Soviética», ha dicho.

En esta línea, ha argumentado que la guerra en Ucrania es una muestra de la postura occidental para marginar a Rusia a nivel internacional y «poner fin a su desarrollo». «Buscan reducir a cero el papel de Rusia a nivel político, económico, deportivo, artístico, comercial, científico y educativo», ha denunciado.

«Una de las tendencias fundamentales es el deseo de Estados Unidos, más pronunciado últimamente, de llevar el mundo de vuelta a un orden unipolar», ha puntualizado, al tiempo que ha indicado que las autoridades trabajan para reducir el impacto de las sanciones impuestas por los países occidentales, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

«Debe decirse que las sanciones siempre nos han fortalecido», ha manifestado. «La ilusión de que podíamos contar con los socios occidentales ha quedado totalmente destruida. Sólo podemos contar con nosotros mismos y los aliados que siguen de nuestro lado», ha zanjado.

La invasión de Ucrania ordenada el 24 de marzo por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha derivado en una crisis humana de proporciones aún desconocidas pero que deja ya datos sin precedentes recientes, como el éxodo de más de tres millones de personas y la devastación de zonas urbanas con presencia de población civil.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tiene confirmadas ya unas 1.900 víctimas civiles desde que estalló el conflicto, de las cuales más de 700 son fallecidos. Sin embargo, asume que el dato real será mayor, en la medida en que tarda en verificar datos y hay áreas como Mariúpol que son un agujero negro informativo fruto del asedio ruso.

Las autoridades locales de este enclave a orillas del mar de Azov han denunciado que más de 2.000 personas han fallecido sólo en Mariúpol y el Gobierno de Ucrania estima que en todo el país han muerto ya más de un centenar de niños. En lo que sí coinciden todos los observadores, es en que los civiles están sufriendo en primera persona las consecuencias del conflicto.

De hecho, más de 3,1 millones de personas han salido de Ucrania en estas dos semanas, con unos dos millones de refugiados en Polonia. Rumanía ronda las 500.000 llegadas, mientras que Moldavia ha recibido a 350.000 personas, Hungría a 282.000 y Eslovaquia a 228.000, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que actualiza diariamente los datos.

Naciones Unidas ya había anticipado poco después del inicio de la ofensiva rusa que podría haber entre cuatro y cinco millones de refugiados y, a estas alturas, pocos dudan de que se vaya a alcanzar esta cifra, dado que los combates no dan muestra de cesar. Además, 1,9 millones de personas son desplazados internos, es decir, han abandonado sus hogares pero permanecen dentro de Ucrania.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que, como consecuencia del conflicto, hasta el 90 por ciento de la población ucraniana puede sufrir pobreza o una vulnerabilidad económica extrema. El Gobierno de Ucrania ha estimado las pérdidas derivadas del conflicto en más de 500.000 millones de euros, si bien también este dato es provisional y previsiblemente crecerá.

El plan de respuesta humanitario de la ONU para 2022, actualizado tras el inicio de la invasión, estima que en 2022 habrá 12 millones de personas que necesiten ayuda humanitaria. Reclama 1.100 millones de dólares para ayudar a seis millones de personas y de estos fondos ya ha recibido en torno al 22 por ciento, según recoge la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Ataques a objetivo civiles

El bombardeo el miércoles de un teatro de Mariúpol donde se refugiaban civiles es uno de los últimos ejemplos de hasta qué punto no hay inmuebles seguros en Ucrania, a pesar de que el Derecho Internacional recoge una protección específica para la población y la infraestructura civil. Las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de perpetrar crímenes de guerra y la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha abierto una investigación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado ataques contra más de 40 infraestructuras sanitarias y ha advertido de que hay más de 300 en el frente de combate o en zonas que ahora controla Rusia, mientras que otras 600 se encuentran a menos de 10 kilómetros de los enfrentamientos.

Por otra parte, el Ministerio de Educación de Ucrania ha denunciado que unos 350 centros educativos han sufrido daños y más de 60 han quedado completamente destruidos.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado el ataque por parte de las fuerzas rusas al principal teatro de la ciudad de Mariúpol, que estaba sirviendo como refugio para cientos de personas y que aparecía marcado en las imágenes satelitales con la palabra rusa «niños».

El asistente del alcalde de Mariúpol, Petro Andryushchenko, ha trasladado a HRW que, por el momento, se desconoce si hay civiles heridos o asesinados, aunque dentro del teatro podría haber más de 500 civiles, entre ellos menores.

«Hasta que sepamos más, no podemos descartar la posibilidad de un objetivo militar ucraniano en el área del teatro, pero sabemos que el teatro albergaba al menos a 500 civiles», ha alertado la investigadora principal de crisis y conflictos de la ONG, Belkis Wille.

En este sentido, HRW ha señalado que hay «serias preocupaciones» sobre cuál era el objetivo previsto «en una ciudad donde los civiles ya han estado sitiados durante días y las telecomunicaciones, la electricidad, el agua y la calefacción han sido cortadas casi por completo».

Pocas horas antes del ataque, la ONG ha podido entrevistar a varios residentes que han confirmado que el día anterior al bombardeo un convoy de cientos de automóviles pudo salir de la ciudad y llegar hasta Zaporiyia.

Dos personas entrevistadas por separado mencionaron a los civiles refugiados en el sótano del teatro de Mariúpol. Una de ellas, médica de profesión, dijo a HRW que había visitado el teatro en los días previos a su partida y que allí se hospedaban entre 500 y 800 civiles.

Por su parte, la otra persona, que había pasado las últimas dos semanas entregando alimentos, agua y medicamentos a los refugios de la ciudad, dijo que había proporcionado ayuda en el teatro varias veces y que en él había entre 500 y 700 civiles.

Pese a que HRW no pudo contactar con ninguna de las personas que se encontraban en el refugio, la organización ha podido verificar tres videos publicados el 16 de marzo en un canal de Telegram en el que se muestra el edificio con humo negro.

Otros dos, uno de ellos filmado desde el interior del parque donde se encuentra el teatro, muestran llamas provenientes del edificio, severamente dañado por el ataque, tal y como denuncia la organización en un informe.

«Dirigir un ataque contra un bien de carácter civil está estrictamente prohibido, al igual que los ataques indiscriminados y los ataques con efectos desproporcionados sobre los civiles, y pueden ser crímenes de guerra», ha sentenciado la organización.

Además, HRW ha vuelto a reiterar que las partes implicadas «deben permitir el acceso humanitario a proveedores neutrales e independientes» para que la ayuda pueda llegar a «personas con discapacidad, personas mayores, embarazadas, niños y aquellos con afecciones médicas crónicas o graves».