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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: SAE

Señalan a Diego Cancino por supuesto acoso

Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, asegura que el exviceministro del Interior, y nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, trató de sobrepasarse con ella en medio de una invitación en el lugar de residencia del funcionario.

De acuerdo a la narración de Vargas para la Revista Cambio, Cancino trató de besarla y según ella, «en varias oportunidades le tocó los senos sin su consentimiento». La funcionaria asegura que acudió a la cita para tratar de asuntos relacionados con su trabajo, además porque su contrato laboral ya estaba a punto de finalizar como asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana de Gobierno del Ministerio del Interior.

Dice además que ella trató de salir del apartamento pero que supuestamente él se lo impidió, por lo que ella llamó de inmediato a unos amigos quienes llegaron al lugar de residencia de Cancino, quien incluso delante de ellos, trató de besarla, según narra.

Cuenta Vargas que, en días posteriores, Diego Cancino trató de hablarle para disculparse por lo sucedido, sin embargo, ella asegura que evadió la conversación.

“Te ofrezco sinceras y profundas excusas, perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que me expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor”, se evidenció en el chat revelado por la revista CAMBIO.

Confidencial Colombia trató de comunicarse con el exviceministro, Diego Cancino, sin embargo, al cierre de la nota no fue posible establecer contacto para conocer su versión de los hechos.

Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a través de un comunicado de prensa rechazó los sucesos denunciados por Yuly Viviana Vargas, asegurando que su trabajo ha sido valioso para la entidad y que la continuidad del contrato de Yuly Viviana Vargas Ávila, formalizado el 24 de octubre de 2024, confirma su compromiso.

Se espera un pronunciamiento por parte de Diego Cancino a quien se le conoce por su defensa a la mujer, al respeto por la dignidad y honra de las personas, sin importar su sexo, raza o religión.

Informe de la Contraloría señala irregularidades en la SAE por $28 mil millones

Un informe sobre los hallazgos fiscales realizados por la Contraloría General de la Nación, evidencian irregularidades por más de $28 mil millones en manejos de la Sociedad Activos Especiales (SAE). Entre las irregularidades destacadas se encuentran contratos indebidos, cobros de cartera, y ocupaciones irregulares de inmuebles.

El informe revela un detrimento patrimonial significativo, con más de $16 mil millones atribuidos a ocupaciones irregulares de propiedades en ciudades principales del país. Los hallazgos hablan de un 47.7% de bienes en ocupación irregular, cifra que ha logrado reducir al 45.4% a finales de 2023. Pese a estos avances, la SAE enfrenta desafíos logísticos y económicos significativos, con más de 15,000 inmuebles aún en situación irregular.

La auditoría también señala otros casos preocupantes, como la venta de caballos de paso fino por debajo de su valor comercial y la pérdida de 69 relojes, sumando un detrimento de más de $1,300 millones. Asimismo, se identificaron 31 taxis extraviados, un problema derivado de contratos firmados por gobiernos anteriores. La SAE ha emprendido acciones legales para recuperar estos activos.

La SAE entrega 15 propiedades en Antioquia para los servicios sociales

El gobierno del Cambio, a través de La Sociedad Especial de Activos Especiales (SAE), reafirma su compromiso con la recuperación de bienes obtenidos por la mafia, el narcotráfico y el paramilitarismo, después de varios intentos, el 22 de marzo se logró desalojar la casa “museo” de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ubicada en el barrio el Poblado en Medellín.

Dicha propiedad continuaba estigmatizando a Colombia, al ser un espacio dedicado a exaltar los crímenes y la inseguridad generados por el Cartel de Medellín. Su recuperación representa un paso significativo en la lucha contra el legado del crimen organizado y contribuye a la construcción de una imagen positiva del país, enfocada en la legalidad, la seguridad y el respeto por el Estado.

El gobierno a través de la SAE tiene como objetivo transformar el “museo de la violencia” en una casa cultural llamada «La Otra Historia», con la intención de resignificar el espacio, destacando la lucha del Estado Colombiano contra la economía ilícita, la corrupción, logrando la transición entre la muerte y la vida.

Por otro lado, la SAE entregó cinco (5) propiedades en Urabá, específicamente en el municipio de Necoclí, Antioquia, en apoyo a diversas organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado, comunidades animalistas y entidades gubernamentales. Estas propiedades consisten en una finca de 114 hectáreas otorgada a la Organización Coofurtuna, finca de 388 hectáreas destinada al Consejo Comunitario Afrobobal, una finca de 46.4 hectáreas asignada a la Organización Unidos por lo Nuestro, una casa de 117.04 metros cuadrados cedida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia.

Es importante resaltar la entrega de terrenos que realizó la SAE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a Migración Colombia. Este acto constituye uno de los grandes avances del país en favor de los migrantes. En 2022, más de 248,000 personas emprendieron la peligrosa travesía a través del Tapón del Darién. Para 2023, se estima que esta cifra aumentó a 520,085 personas, de las cuales 406,905 eran adultos y 113,180 eran niños, niñas y adolescentes, lo que representa un incremento del 110% en comparación anual.

Con este terreno, se espera establecer un sitio de paso que brinde asistencia a los migrantes que atraviesan la selva en condiciones precarias, enfrentando robos, extorsiones y violencia sexual, proporcionando un refugio seguro, una oportunidad para mejorar la situación humanitaria de miles de personas en tránsito.

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la reconstrucción y el fortalecimiento de las comunidades afectadas por el conflicto, así como un apoyo vital para las instituciones encargadas de brindar servicios sociales y de asistencia. El Gobierno del Cambio, a través de la SAE, sigue cumpliendo con su compromiso hacia el pueblo, especialmente con los más vulnerables y olvidados durante décadas. Esta acción marca un cambio en la historia de un país afectado por la violencia. Mis felicitaciones al Director de la SAE, José Enrique Moncaleano, y a nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego, por su liderazgo y dedicación en esta importante labor.

Alejandro Toro

Predios de narcos serán destinados para vivienda de interés social

El Presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este martes en Villavicencio que los predios que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) capture a los narcotraficantes pasarán a manos del pueblo colombiano.

“La SAE aquí ha hecho un trabajo ejemplar en el país. Estamos cogiendo los bienes que han capturado o que han entregado los narcotraficantes y se los estamos entregando al pueblo”, aseveró el Mandatario durante el acto de entrega del predio para vivienda popular en la capital del Meta.

El mandatario indicó, también, que los terrenos recuperados al narcotráfico estarán destinados a la construcción de proyectos de vivienda de interés social.

“Creo que debemos cambiar el orden de las prioridades. En donde más deficiencia de vivienda hay es en el mundo rural, casi cuatro millones de colombianos no tienen vivienda propia. Ahí deberíamos hacer un esfuerzo y saldar esa deuda”, añadió el Mandatario.

En su discurso, también dijo que su Gobierno dará prioridad a la mejora de viviendas. “Queremos reparar cien mil viviendas al año. Si continuamos en ese camino, se permitiría que la inmensa mayoría de los colombianos puedan tener una vivienda digna”, puntualizó.

Petro aboga por el director de la SAE

Foto: SAE.

Como un “primer campanazo” para evitar que se hagan las reformas del Gobierno del Cambio calificó el Presidente Gustavo Petro la suspensión del Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por parte de un organismo de control.

El Mandatario se refirió al tema durante la entrega a 52 familias campesinas de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la SAE.

En su intervención el Mandatario recalcó que, de tiempo atrás, un sector corrupto de la clase política se apropió de los bienes de la mafia, hasta que llegó este Gobierno y dijo: “Basta, paren el robo”.

Indicó que en su administración hay algunos “funcionarios de la línea roja”, a quienes los corruptos ponen dos alternativas: “O se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan”.

“Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado, para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar, vendiéndose por el dinero del narcotráfico”, sostuvo.

Consideró que no es fácil encontrar a esas personas, quienes arriesgan su vida y las de sus familias.

Además agregó: “En el caso de la SAE, escogí a Daniel. Y fíjese el resultado: a las pocas semanas de su posesión, aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, por los políticos en el poder”.

“Y, en cambio, cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al Director de la entidad”, subrayó el Presidente Petro.

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“¿Eso es justicia? ¿Qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer campanazo, apenas; es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública, y por lo cual 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos” decidieron que era el momento de hacer el cambio en Colombia.

Entrega de tierras en San Benito Abad

Cabe indicar que durante su visita de este sábado al municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre, el Jefe de Estado entregó a 52 familias campesinas un total de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En estos predios se realizará un proyecto de siembra de cítricos y marañón, además de una intervención ambiental para recuperar este sector afectado por actividades de minería.

El acto liderado hoy en San Benito Abad por el Presidente Petro hace parte de una serie de entregas de tierras por parte de la SAE, las cuales se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero en los municipios de Sampués, San Marcos y San Benito Abad, en Sucre.

En este sentido, a través de su estrategia ‘Tierras para la Paz Total’, la SAE –con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– entregó los derechos de uso de cinco predios en total para beneficiar a mujeres cabeza de hogar, afectados por la ola invernal, comunidades indígenas, mujeres artesanas y familias campesinas.

En Sampués, entregó dos predios: Bendición de Dios, de 77 hectáreas, a 25 familias campesinas. Y La Esperanza, de 12 hectáreas, a 50 mujeres vulnerables.

Asimismo, en San Marcos, entregó el predio El Paraíso, de 170 hectáreas, a 40 familias campesinas.

Los proyectos productivos que se apoyarán en estos predios buscan aportar a la economía popular y la soberanía agroalimentaria.

¿Por qué la Procuraduría suspendió al presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín?

Foto: cortesía.

Este viernes la Procuraduría emitió una comunicación diciendo: «Ante la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82.16% de las acciones suscritas de Triple A S.A. E.S.P, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE; a quien se suspende por tres meses, también contra Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios».

«Para este ente de control, al parecer, las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría, en principio, en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos, por parte de la empresa K-Yena; a la vez que advierte irregularidades en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Triple A S.A. E.S.P que se realizó el 7 de febrero de 2023, en la cual se eligieron nuevos miembros de la Junta Directiva de la Triple A», explica la entidad.

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Así mismo, «El Ministerio Público también vinculó dentro de la investigación disciplinaria al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien al parecer habría sugerido, decidido, recomendado o manifestado ante la SAE que se suspendiera el cumplimiento del contrato, actuación funcional con la cual pudo haber contribuido a la consumación de comportamientos conjuntamente con los funcionarios de la SAE para que suspenda el cumplimiento de las obligaciones contractuales».

«Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y  posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo del Presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres (3) meses», de está manera finaliza el comunicado emitido por la Procuraduría.

Ante la decisión el Presidente Gustavo Petro trinó: «Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A».

También adicionó  el primer mandatario que «Llegó a San Benito Abad, Sucre. Vamos a repartir tierras de la SAE, a familias campesinas. No nos detenemos».

Por su parte, el director de la SAE, afirmó en su cuenta de Twitter: «Mientras siga en mis funciones seguiré cumpliendo con el mandato de poner las tierras que pertenecieron a la mafia al servicio de la producción de alimentos en manos de familias campesinas. Rumbo a San Benito (Sucre) a cumplirle a nuestro pueblo». 

Roban computador del representante Alejandro Toro

El representante a la cámara, Alejandro Toro, reveló que en días pasados ingresaron a su casa en El Carmen de Viboral, Antioquia, mientras el Congresista dormía junto a su familia y robaron un computador portátil que contenía información de su labor con congresista.

“Lo que preocupa es que teniendo elementos, electrodomésticos y otras cosas valiosas que se podían llevar, subieron al segundo piso de la casa y se tomaron la tarea de revisar mi maletín personal y se llevaron los documentos de lo que estamos investigando”, dijo.

Toro manifestó su preocupación porque en el computador tenía información relacionada con los predios que fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento de Antioquia.

El presidente de la cámara, David Racero, pidió colocar especial atención a la seguridad del representante y su familia.

¿La rebelión del fiscal?

La respuesta negativa del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a las peticiones del presidente, Gustavo Petro, de permitir la libertad temporal de algunos jefes del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc, se suma la decisión de no convocar una mesa de trabajo para tratar asuntos relacionados con la Sociedad de Activos Especiales, (SAE).

La mesa de trabajo fue convocada para tratar irregularidades en el manejo de inventario de bienes incautados al narcotráfico a cargo de esa entidad y asumir a las investigaciones a las que hubiese lugar.

El jefe del ente investigador explicó a través de un comunicado que serán citados el presidente de la SAE, Daniel Rojas y el vicepresidente jurídico de la Sebastián Caballero para que rindan declaración.

Ante tal respuesta, el presidente Gustavo Petro respondió esa decisión hace feliz a la mafia: “No sé que le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”.

Y agregó el presidente que: “Sin ayuda de la Fiscalía buscaremos cómo los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia”.

 

Una finca de paramilitares vuelve a los campesinos

Este viernes fui invitado por la Sociedad de Activos Especiales -SAE- a hacer la entrega de un predio en Pontevedra en el municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba, a más de 120 familias campesinas para dar cumplimiento al mandato popular de las urnas el pasado 19 de junio y avanzar en la construcción de la Paz Total.

El predio que estaba en manos de la SAE como fruto de la extinción de dominio a alias ‘Falcón’ quien fue enviado a Estados Unidos en julio de 2022 en una aeronave de la DEA para que respondiera por cargos de narcotráfico en un tribunal de la Florida, tiene 1.205 hectáreas de las cuales 1.132 son aprovechables para usos de vocación agropecuaria y 73.5 son de bosque nativo.

Una de las cosas más importantes de esta entrega es que este nuevo gobierno está cumpliendo y está siguiendo la ruta para democratizar el uso del suelo en aquellos lugares donde el conflicto agrario ha sido crítico, gracias a la construcción de una Alianza Público – Popular y Campesina (APP/C) para la producción y soberanía agroalimentaria en ese importante camino que estamos construyendo, desde todos los escenarios, hacia la Paz Total.

Este evento de entrega se realizó en el marco del plan liderado por la SAE #ActivosPorElCambio y que busca, especialmente, restituir a las familias campesinas víctimas del despojo en el conflicto colombiano y de esta manera devolverles lo que les fue arrebatado, brindarles calidad de vida y dignificarlos.

El gobierno del cambio llegó a otorgar derechos de uso sobre la propiedad, para que las hectáreas de tierra sean aprovechadas para un proyecto productivo liderado principalmente por mujeres campesinas que sacan adelante 120 familias, pero no nos quedamos ahí y llegamos al territorio con una oferta institucional que incluye crédito a través del Banco Agrario y acompañamiento técnico a través del SENA.

Lo sucedido el viernes fue sumamente emocionante, y es la prueba irrefutable que cuando hay voluntad política y directrices pensadas en la comunidad de verdad se logran transformaciones importantes que impacten la sociedad; anteriormente la SAE estaba hecha para repartir entre políticos y amigos cercanos los predios y seguían profundizando la corrupción y la pobreza para los territorios víctimas del conflicto mientras que ahora está pensada para la gente.

Seguiremos sacando adelante las grandes reformas de #ElCambioQueSoñamos.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

La Contraloría encontró 1.638 predios en proceso de extinción de dominio que la SAE aun no encuentra

La Contraloría General de la República reveló un informe donde demuestra que 1.638 predios en procesos de extinción de dominio no se han entregado para su ministración por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o cualquier otra entidad.

«La Contraloría General de la República, a través de las herramientas tecnológicas de la Diari, logró rastrear y encontrar hasta ahora 1.638 predios con medida de extinción de dominio que no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la SAE», comunicó la entidad.

De acuerdo con el Contralor Carlos Hernán Rodríguez existe un número importante de predios que, por terminar con declaratoria de improcedencia, han sido devueltos a sus dueños. En esa condición se encontraron el 35 por ciento de los que hasta ahora ha revisado la DIARI.

De acuerdo con el reporte, la tarea en adelante es establecer el valor catastral de las propiedades, entre las que se incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá. Según la Contraloría, más que bienes perdidos lo que hay son bienes que no fueron entregados para administración.

«En el inventario existen 6634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, 2465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado», explica la entidad en el comunicado de prensa.

Otro punto que llamó la atención de la Contraloría es la altísima proporción de predios que entran en proceso de extinción, pero finalmente los procesos judiciales y administrativos fracasan.

“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos, sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares», puntualiza el texto.

Drogas la Rebaja queda en manos del Ministerio de Salud

La cadena de droguerías creada por los hermanos Rodríguez Orejuela conocida como ‘Drogas la Rebaja’, que sirvió de fachada para lavar dineros durante los años 80 y 90 a este cartel del Valle del Cauca, pasará a manos del Ministerio de Salud, según lo informó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Con esta medida, se busca se contempla la posibilidad de que La Rebaja obtenga registros sanitarios de medicamentos genéricos que, a su vez, cobrarían cada vez mayor importancia en el sistema público de Salud en Colombia.

Durante los últimos años, esta empresa ha estado en manos de las SAE, siendo administrada por Copservir, sin embargo, tras un reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá, la empresa pasó definitivamente a manos del Estado colombiano.

A partir de ahora, las condiciones de la operación dependerán del Gobierno Petro, que ahora decide quedarse con el control y la operación, con nuevas funciones, de la cadena. Según la cooperativa de empleados, cerca de 10.000 familias derivan su sustento de esta empresa.

 

Investigación disciplinaria en la SAE

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, al tiempo en que realizó una inspección disciplinaria con un equipo técnico-científico e interdisciplinario en las instalaciones en la sede principal en Bogotá, la cual contó con expertos en informática forense, grafólogos e investigadores, para esclarecer si existen casos de corrupción e inconsistencias al interior de la entidad. Esta diligencia fue atendida por el presidente de la entidad y su equipo de trabajo.

En la inspección, el ente de control evidenció las siguientes inconsistencias:

–    No hay certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.

–    No se tiene claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes.

–    No son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.

–    Se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos.

–    Se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.

Con estas acciones, la Procuraduría busca esclarecer los presuntos hechos, identificar o individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en dicha entidad.

De Estupefacientes a la SAE, un cambio para seguir en las mismas

El presidente Gustavo Petro asumió el compromiso de recaudar un total de 3 millones y medio de hectáreas de tierra para dar inicio a un proceso de reforma agraria que permita superar las falencias del sector en Colombia.

Para esto no solo firmó un acuerdo con el gremio ganadero en cabeza de uno de sus más enconados opositores, (José Félix Lafaurie), sino que además quiere utilizar muchas de las fincas y haciendas incautadas a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que hoy se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que hoy está en medio de una gran polémica por cuenta de una mala utilización que se habrían hecho en períodos anteriores de los bienes que hoy están bajo su custodia.

La SAE es una entidad de categoría mixta, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como misión, administrar bienes que se encuentran en proceso de extinción, tarea que ejecutaba la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.

Fue creada en el Gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2014 con el fin de ponerle fin al desorden administrativo y de corrupción que existía en la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que enfrentó un gran escándalo por manejos irregulares en la entrega de bienes incautados a la mafia que muchas veces caían en manos de políticos que apoyaban a los gobiernos de turno o de personas cercanas a quienes les eran incautados.

En medio de este escándalo cayeron personajes como los excongresistas, Lucero Cortés, Javier Cáceres, Camilo Bula, exliquidador en la DNE, Carlos Albornoz, quien fue director de la DNE, Carlos Enrique Robledo Solano, quien era el subdirector jurídico, y un nutrido grupo de personas que hacían parte de la entidad liquidada, lo mismo que congresistas de ese momento.

Todos estos hechos pusieron a pensar al presidente de ese momento, Juan Manuel Santos y a su equipo de Gobierno, en qué hacer con los bienes que la Fiscalía incautaba.  Es entonces cuando surge la idea de crear una entidad donde tuviera acceso el capital privado pero que la mayor participación fuera del Estado y se crea la Sociedad de Activos Especiales – SAE.

Fuentes de la Fiscalía, confirmaron a Confidencial Colombia que liquidar a Estupefacientes para crear la SAE, era como si un enfermo de lepra se quitara una camisa para lucir una nueva, pero sin curarse de la enfermedad. Según ellos, “el asunto no está en acabar con una entidad para darle vida a otra sino en cómo evitar que estos bienes, caigan en manos de los amigos o familiares a quienes les son incautados”.

Muchas de las fincas y haciendas que les fueron arrebatados a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, se encuentran en lugares lejanos a la capital del país, donde la acción del Estado es casi nula, de manera que cuando la SAE anuncia que uno de estos inmuebles se encuentra en proceso de ser arrendado, muchas veces llegan amigos del procesado judicialmente, y como son personas que no tienen antecedentes y cumplen con los requisitos, de inmediato les son adjudicados.

La otra dificultad es la vigilancia de estos bienes luego de que son incautados. “No se puede poner a un batallón de Ejército a cuidarlos”, de modo que en la mayoría de casos se acude a un cuidador quien por su grado de vulnerabilidad puede ceder a las amenazas de las personas cercanas al actor ilegal, quien tenía la posesión del bien y prestarse a sus órdenes.

El tercer asunto es el tráfico de influencias políticas y económicas de las que el país ya conoce con anterioridad y que no han permitido que estos bienes se utilicen para la reparación a las víctimas del conflicto armado en proyectos productivos.

El presidente, Gustavo Petro, le solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, trabajar prontamente en el inventario de bienes que están en manos de la SAE y de los que al parecer no existen sino en el papel, esto porque el trabajo de verificación cuando fueron entregados de manos de Estupefacientes, no se hizo.

La Gerencia de Inmuebles Rurales de esa entidad tendría disponibles unas 50.000 hectáreas de tierra en extinción de dominio a favor del Estado, de las cuales, unas 33.039 hectáreas cumplen con las características de productividad y aprovechamiento para las víctimas del conflicto armado, sin embargo, es necesario esperar a que la Fiscalía y los órganos de control (Procuraduría y Contraloría), tomen cartas en el asunto y se pueda poner un poco de orden a lo que encontró el Gobierno de Gustavo Petro en la SAE.