Como si se tratase de la bomba de Hiroshima, luego de ocho meses de la administración de la exministra Carolina Corcho, el sector salud queda en un estado donde, prácticamente, solo quedan ruinas que reconstruir. Más aún, la reforma a la salud de la ex ministra fue una bomba al interior del propio Gobierno, que desencadenó una crisis ministerial antes de haberse cumplido su primer año y otros cismas dentro de los partidos políticos más grandes de la otrora coalición. Existen pocos precedentes recientes de semejante inestabilidad política en nuestra democracia, a tan corto tiempo de haberse posesionado un presidente.
Volviendo al sector salud, la crisis que la ex ministra anticipó muy tempranamente en su administración, sin duda llegó, y dejó desolación en un ministerio y un ecosistema que, aunque está acostumbrado a éstas, no había vivido un escenario así en sus treinta años de creado, luego de la Ley 100 de 1993. Comencemos por las EPS; claramente, el anuncio de la intención de su desaparición y luego, las distintas versiones del texto de proyecto de Ley que, con eufemismos, buscaban lo mismo, sumado al hecho del retraso de giros por parte de la ADRES, ha sido un cataclismo para sus estados financieros, sin ninguna condición para que algún inversionista piense siquiera en capitalizar alguna de ellas —creo que ni el propio Elon Musk haría una locura semejante, en este contexto—.
Por su parte, los prestadores de salud quedaron igualmente afectados. En general, todos con carteras —como es costumbre— que no se subsanan, en parte, por la situación arriba descrita del aseguramiento. El vigoroso sector privado de la prestación, está prácticamente paralizado, igualmente, ante la ausencia de cualquier inversión significativa frente al escenario de una reforma incierta y el sector público, esperanzado en la estatización del sistema de salud, viendo un chispero de promesas incumplidas y jugado por una reforma que hoy, sigue estando tan embolatada como hace tres semanas.
Pasemos al grupo más importante de todos, la razón de ser del sistema de salud: los pacientes. Sin duda, han sido los más afectados. Todo el contexto descrito —además del irresuelto, y yo diría, no gestionado desabastecimiento de medicamentos— ha afectado fuertemente su atención rutinaria. Según la Procuraduría General de la Nación, las quejas por deficiencias en la atención han aumentado y, en el día a día, es notorio esto. En este punto, me parece absolutamente inaceptable, desde el punto de vista ético, que la discusión de la reforma a la salud haya sido llevada de tal manera que se provocara esta crisis, sin considerar los efectos inmediatos en la vida, la dignidad y la salud de tantas y tantos.
Otro aspecto de esta Hiroshima de la salud, que no aparece en los titulares de prensa pero que es muy importante, es el desempeño misional del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual ha quedado devastado en este tiempo. Ocho meses después, no se sabe absolutamente nada de la implementación del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2023, el cual es la hoja de ruta para el trabajo intersectorial en busca del bienestar de la población. Luego del Plan Nacional de Desarrollo, diría que es el instrumento de política pública más poderoso del Gobierno para transformar al país. Tampoco existe el más mínimo avance en la política farmacéutica, por ejemplo, en lo relacionado con el reconocimiento del valor terapéutico de la innovación. Por otro lado, no se explica cómo no se ha avanzado en la implementación de la historia clínica interoperable, algo que prácticamente estaba listo a final del anterior Gobierno —y que, con algo de olfato político, esta administración hubiera podido alzarse con un logro temprano, así no fuera totalmente suyo—; lo mismo sucede con el Plan Nacional de Enfermedades Huérfanas, el Plan de Salud Rural —compromiso del acuerdo de paz con las FARC—, entre muchos otros temas.
Como lo apuntaba al comienzo de esta columna y como efecto colateral —tal vez más importante que el efecto sobre el propio sector salud—, la forma en que esta propuesta de reforma se ha dado, terminó por destruir políticamente la coalición de partidos con el Gobierno, algo que las bases ideológicas del petrismo celebran, pero que, analizado sin la pasión de estos temas, conduce al Presidente Petro a un escenario de retos importantes en su gobernabilidad que, según sus propios anuncios, tratará de superar por medio de la gente en la calle, lo que sin duda, lesiona la institucionalidad del país y, eventualmente, la democracia bajo un orden constitucional definido. Más aún, la fractura evidente al interior de los partidos políticos de la U, Liberal y Conservador, no es en sí mimo un triunfo sobre el Establecimiento, sino el camino hacia la política de intereses individuales, sin una visión más grande que el de un puñado de electores representados por cada político por separado. ¡Por algo, las democracias más consolidadas, tienen partidos igualmente sólidos!
Lamento, querida lectora o lector, no ofrecer hoy una columna más motivadora; pero prometo hacerlo en un futuro venidero. Esperemos que el nuevo ministro Jaramillo, un político recorrido, logre reconstruir este sector, luego de la bomba que le cayó, solo que ésta no fue enviada por un poder externo desde el aire, sino por un poder interno, al seno del Gabinete del propio Gobierno.
Germán Escobar Morales
