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Hace poco más de diez años, cuando pretendía ser alcalde de San Salvador, el ahora presidente salvadoreño, Nayib Bukele, prometió que estaría «del lado correcto de la historia» y nunca del de los «discriminadores», pero las organizaciones LGTBI hoy denuncian persecución, falta de derechos e invisibilización en medio de una creciente deriva conservadora del Gobierno.

«Lo que estamos intentando es resistir, aguantar hasta donde podamos, ocultarnos cuando nos toque y si podemos migrar, migrar, porque es lo único que queda», ha contado para Europa Press un activista salvadoreño defensor de los derechos LGTBI, que prefiere preservar su anonimato debido a la situación que se vive en el país.

Para los colectivos LGTBI, la gestión de Bukele en lo que respecta a sus derechos es la de una decepción que se ha ido generando poco a poco. «Pensábamos que iba a ser de centro, o incluso de izquierdas, ya que venía del FMLN –el partido surgido de la guerrilla que participó en la guerra civil salvadoreña–«, recuerda.

Sin embargo, tras esas palabras de 2014, en las que definía la lucha por las reivindicaciones LGTBI como la de «los Derechos Civiles de nuestro tiempo», y una campaña desmarcándose de los sectores conservadores, Bukele pronto comenzó a airear el que sería su verdadero libreto, cuyo último episodio impone la prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas y centros educativos públicos.

«Entonces comenzaron los discursos antiderecho, donde el matrimonio solamente era entre hombre y mujer, que éramos antinatura, antidios, antifamilia. Los discursos fueron cambiando tanto hasta llegar a donde estamos ahora», cuenta este activista, que sitúa a Bukele en la línea antiLGTBI de Donald Trump o Javier Milei.

Bukele, que este año ha visto como un Parlamento que domina sin contrapesos sacaba adelante su reforma de la Constitución que incluye la reelección indefinida, ha puesto en marcha sin oposición alguna medidas que han echado por tierra los logros que hasta el momento tanto había logrado conquista el colectivo LGTBI.

El activista salvadoreño recuerda que antes, aunque existían problemas para aprobar según qué leyes –sobre todo las de identidad sexual–, al menos habían mecanismos con los que la población LGTBI podía recurrir en caso de discriminación.

«Para las poblaciones LGTBI no hay derechos igualitarios de ningún tipo, no hay una protección laboral, ni sanitaria tampoco». En el pasado, recuerda, como organización civil podían impartir talleres de sensibilización en escuelas, pero también en centros médicos e incluso en comisarías.

«Ahora tenemos un impedimento sumamente grave, pues nos pueden cerrar la organización si saben, por ejemplo, que estamos tratando con niños y adolescentes», cuenta. «Niños y niñas de nuestra población están sufriendo una cantidad de ‘bullying’ horrible y no les podemos ayudar en nada», lamenta.

La persona con la que ha hablado Europa Press sostiene que la prohibición en las escuelas del lenguaje inclusivo va mucho más allá de una mera cuestión lingüística, forma parte de los discursos de odio que difunden las propias instituciones del Estado. «Imagínense cómo de dañino es que un estudiante con una expresión de género diversa reciba un ataque del gobierno hacia tu mismo existir», ha remarcado.

«Es una situación tan horrible, creo que ni en los 70 ni en los 80 se había visto una situación de la niñez tan espantosa como la que están viviendo las niñas y adolescencia salvadoreña ahorita», ha lamentado.

Unos mensajes de odio que han calado en una sociedad que «está comenzando a ser sumamente homófoba y violenta». «Salir a la calle te pone en un gran peligro», ha advertido. Para ejemplo, la celebración este año el desfile del Orgullo en San Salvador bajo un gran nerviosismo, para el que no obtuvieron autorización y marcharon con el «miedo constante» a ser detenidos y atacados, relata.

«Nunca le habíamos pedido a la gente que no llegara demasiado destapada de ropa, siempre hay gente que le gusta llevar sus trajes, pues pedíamos que llegaran más cubiertas para no generar ataques o detenciones. Pedimos que la gente no tomara, que no utilizaran ningún tipo de sustancia, ni antes ni después, que no se quedaran en el lugar, que se fueran a su casa lo más pronto posible», afirma.

Estado de excepción

Bukele decretó el estado de excepción en marzo de 2022, cuando se registró en tan solo un día 62 muertes violentas, todo un récord para una pequeña nación acostumbrada a copar las cabeceras de la crónica roja. Está vigente desde entonces y si bien el crimen ha caído a índices históricos, los abusos a su amparo son constantes, como ha reconocido hace poco el Tribunal Supremo salvadoreño.

Una medida que limita los derechos constitucionales más básicos y que desde su promulgación ha sido señalada por ir dirigida también hacia la oposición política, o las organizaciones y colectivos que cuestiona al Gobierno. «Corremos el riesgo de que nos señalen como personas peligrosas a la patria», cuenta este activista.

El estado de excepción, afirma, se ha cebado especialmente con las mujeres trans, que ya venían sufriendo la falta de leyes que las protegiera, a las que las fuerzas de seguridad detienen, humillan y privan en muchos casos de su única fuente de ingresos, una prostitución a la que se ven forzadas por falta de oportunidades.

El desmantelamiento

Nada más llegar al Palacio Presidencial, Bukele metió en un cajón todas las propuestas que había presentado la sociedad civil en favor de los derechos LGTBI, cerró varias oficinas, como la Secretaría de Inclusión Social, archivó leyes de igualdad y de identidad de género, gracias a su mayoría en el Congreso, o despidió a 300 funcionarios de Cultura por «promover agendas» contrarias al Gobierno.

Comenzó así una «invisibilización» que golpeó especialmente al colectivo trans. En 2024, las autoridades sanitarias retiraron de un formulario oficial preguntas específicas sobre identidad sexual y de género en las clínicas especializadas para población LGTBI y para muestra, las mujeres trans pasaron a ser denominadas ‘hombres de riesgo’.

Una invisibilización impuesta por unas autoridades que contrasta con el alto grado de seguimiento que ejercen sobre estas organizaciones. «Estamos hipervigilados, eso nos crea un miedo terrible (…) miedo inminente a detenciones arbitrarias (…) hay una cantidad inmensa de personas asesinadas en las cárceles de El Salvador que no sale a la luz», relata el defensor de Derechos Humanos.

«Resistir es lo que nos toca, no podemos hacer nada ahorita», dice resignado. «No tenemos a quién acudir, ni los organismos internacionales está haciendo nada, ni siquiera la ONU», que «simplemente se ha quedado como mero espectador frente a todo lo que está pasando (…) creo que podrían hacer más», lamenta.