Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Seguridad Ciudadana

Ciudadanos armados no pueden prosperar en Bogotá

Según la noticia de El Tiempo del día domingo 21 de abril, titulada “Cansados de la extorsión, ciudadanos están creando grupos de seguridad armados en zonas de Bogotá”, en el 7 de Agosto “se formaron contra grupos de ciudadanos que se unieron para formar un frente de seguridad para “protegerse de la delincuencia”… “Hay quienes aseguran que los miembros de estos nuevos grupos de seguridad que operan a lo largo de 11 cuadras en el Siete de Agosto están uniformados y cuentan con armas de defensa personal”.  Según esta noticia “En barrios de Santa Fe, Candelaria y Kennedy también hay rastro de esto. Sin embargo, la situación allí es diferente porque la presencia de estos grupos o “frentes de seguridad” es menos latente”.

Como parte de esta noticia “EL TIEMPO conversó con Jesús Miranda, líder de un frente de seguridad y defensor de la implementación de la legítima defensa, quien explicó que esto es necesario porque debe haber alguien que tenga una reacción inmediata ante las situaciones de criminalidad”. Este señor sostiene “Yo coordino un grupo de vigilancia que está armado, y usamos las armas traumáticas para disuadir al delincuente (…); a veces, las autoridades se demoran o, incluso, no llegan”. Señaló que en algunos frentes de seguridad de la ciudad los integrantes “andan con armas letales o traumáticas” que les permitan contener la delincuencia”.

 

Esta línea, donde los ciudadanos armados se puedan defender, también la plantea el director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca Juan Esteban Orrego “Hay una propuesta y es quitar la restricción del porte de armas con salvoconducto, que muchos de los comerciantes tienen, pero que no pueden usar debido a la legislación actual. Yo creo que a los comerciantes que tienen un arma con salvoconducto se les debería permitir portarla, y así los delincuentes lo pensarían dos veces antes de cometer muchos delitos”, dice Juan Esteban Orrego.

Estas situaciones van a incrementar la violencia en los territorios y el problema está en que la extorsión y otros problemas de inseguridad se siguen tratando sólo con intervenciones de la Policía, Fuerzas Militares y la Fiscalía, que desde luego son fundamentales, pero hace falta la participación de otras instituciones del Estado que deben trabajar de manera cercana a los ciudadanos y comunidades afectadas, fortaleciendo o creando capital social, transformando los entornos urbanos y mejorando la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social.

El argumento es que donde se impone la extorsión y el control territorial de los grupos delincuenciales hay ausencia del Estado y la única medida que toman las autoridades nacionales y locales es mandar policías y fiscales para solucionar estos graves problemas. En muchos casos estas acciones solo logran paliar estos problemas por un momento y no solucionarlos de fondo.

En el caso de Bogotá, especialmente en los territorios donde se vienen presentando estos graves problemas, hay que preguntar dónde están las alcaldías locales, los inspectores de policía, las unidades de mediación, los gestores de convivencia, en general las casas de justicia. Dónde están los servidores públicos que solucionen los problemas de iluminación, basuras, vías, movilidad, entornos urbanos deteriorados, desorganización y ausencia de participación ciudadana y comunitaria, entre otros problemas.

La extorsión y otros tantos problemas de inseguridad no se solucionan solo con la presencia y accionar de la Policía y la Fiscalía en los territorios donde se presentan, se requiere una acción integral donde participen las autoridades anteriormente mencionadas, se requiere cercanía de todas las instituciones del Estado con los ciudadanos y comunidades, creación y fortalecimiento del capital social donde de manera conjunta y participativa con las comunidades se solucionen los problemas de violencia, delincuencia y desarrollo social.

Frente a la extorsión, adicional a las acciones de presencia y control de la Policía y la Fiscalía en los territorios afectados, se requiere la intervención de otras instituciones del Estado que promuevan la organización comunitaria, la participación ciudadana, la convivencia, el bienestar y el desarrollo territorial; un Estado cercano que se gane la confianza de los ciudadanos y que con sus acciones disuada y prevenga la presencia y accionar de los grupos delincuenciales o que con la intervención integral, incluidas las instituciones de seguridad y justicia, recupere la seguridad y la convivencia ciudadana.         

Hugo Acero

Cómo terminan las principales ciudades en materia de seguridad

Para evaluar los resultados, en materia de seguridad, de los actuales alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades, es necesario tomar como línea base el año 2019 y no solo los resultados de este ultimo año, comparado con 2022. Este artículo solo pretende mostrar las cifras de delitos de mayor impacto registradas en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional –SIEDCO para que analistas y los nuevos alcaldes y alcaldesas puedan sacar sus conclusiones y definan acciones para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos durante el periodo de gobierno que se avecina.

Para comparar los resultados de seguridad de doce ciudades importantes del país (Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto) se tomaron las denuncias registradas en el SIEDCO de diez delitos de mayor impacto entre 2019 y 2023, se organizan por ciudad y se comparan los resultados entre ciudades, de acuerdo al número de delitos que han aumentado o disminuido. En este caso las cifras no se presentan dándole mayor peso al delito de más sanción penal, como es el caso de los homicidios, que será objeto de otro análisis. 

 

Dado que para el año 2023 SIEDCO solo tiene publicadas cifras de delitos de mayor impacto hasta noviembre, para efectos de análisis comparativo con el año completo de 2019, a cada delito de 2023 se le sumo la cifra registrada en diciembre de 2022.

De acuerdo con estas cifras, dentro de las doce ciudades, se destaca, primero, la ciudad de Manizales como la más segura. De 10 delitos registrados, solo el hurto de automotores aumentó de manera leve, pasó de 7 casos registrados en 2019 a 10 en 2022. Se destaca la disminución de los homicidios en un 44%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Segundo, le sigue la ciudad de Pasto donde el homicidio disminuyo en un 23% y solo dos delitos han aumentado, el hurto a personas en un 43% y el hurto a motocicletas en un 15% (ver siguiente cuadro):    

En tercer lugar, se ubica Medellín, donde aumentaron los hurtos automotores 7%, motocicletas 27% y el hurto a personas 13% y se destaca la disminución de los homicidios en un 38%.

En cuarto lugar, se sitúa Pereira donde aumentaron los hurtos a Automotores 97%, Motocicletas 51% y a personas en un 40% y disminuyo el homicidio en un 9%.

En quinto lugar, está Bucaramanga, donde han aumentado tres delitos, los homicidios 8,4%, y los hurtos motocicletas 19,7% y a personas 47%, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Bogotá se sitúa en el sexto lugar, aumentaron los homicidios en 1,6% y los hurtos de automotores 7,4%, motocicletas 17% y a personas 18,8%.

En séptimo lugar se ubica Villavicencio, donde los homicidios aumentaron en un 20% y los hurtos a motocicletas 46%, a personas 48% y a residencias 3%, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Sigue Cúcuta en octavo lugar. Aumentaron los homicidios 22% y los hurtos de automotores, 31%, motocicletas 10% y a personas 14%.

En noveno lugar se ubica Cartagena donde los homicidios aumentaron en un 109%, los hurtos a automotores 38% y a personas 29% y la violencia intrafamiliar en un 32%.

En decimo lugar aparece Ibagué, donde aumentaron los homicidios en un 4%, los hurtos a automotores 38%, motocicletas 82% y a personas en 31%, además de la violencia intrafamiliar en un 9%.

En decimo primer lugar aparece Barranquilla donde aumentaron los homicidios 34,5%, los hurtos a automotores 100%, motocicletas 30,5% y a personas 12,6% y además aumento la violencia intrafamiliar en un 44,9%. 

Finalmente, y como caso especial, se presentan los resultados de Cali, donde todos los delitos disminuyeron, según el reporte de SIEDCO, como se puede ver en el siguiente cuadro.

Situación que debe revisarse si se tiene en cuenta el comportamiento irregular de algunos delitos entre los meses de julio y noviembre de 2023, especialmente las cifras de hurtos a comercio, personas y residencias. Por ejemplo, en el caso del hurto a personas que mantenía un promedio mensual cercano a 2000 casos, en el mes de julio pasó a 199, agosto 178, etc, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Seguramente existe una explicación a estas disminuciones tan importantes, dentro de las que no se puede descartar que se debe al accionar y operatividad de las autoridades de seguridad y justicia, que de ser así se deberían replicar en las demás ciudades y municipios del país donde estos delitos no han dejado de crecer.

Temas a tener en cuenta para evaluar de mejor manera la gestión de los actuales alcaldes y alcaldesas.

Para evaluar la gestión de los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades hay que tener en cuenta una serie de hechos que hicieron más compleja la situación de inseguridad durante este cuatrienio de gobierno:

  • Primero, el crecimiento y consolidación de estructuras criminales cada vez más organizadas y violentas. Hoy no se está ante un delito de oportunidad, sino ante verdaderas empresas criminales que explotan las distintas rentas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, trata de personas, comercio ilegal de armas, contrabando como forma de pago del narcotráfico, los hurtos de carros, motos, celulares, joyas, distintas modalidades de ciberdelito y los famosos y violentos préstamos gota a gota.

Aquí se requiere, más que el aumento de policías en la calle, que va a ser muy difícil incrementarlos porque la Nación no asignó recursos para esto, aumentar y fortalecer los equipos de inteligencia e investigación criminal. Más policías y fiscales especializados para atacar, no solo las estructuras y personal de los grupos criminales existentes, sino sus finanzas, sus rentas criminales, que es lo que más les duele.  

  • Segundo, las protestas sociales que comenzaron en 2019 con el paro nacional de estudiantes y se sostuvieron durante los siguientes dos años. Protestas legítimas que en algunos momentos se tornaron violentas y que comprometieron a casi todo el personal de la Policía, presentándose casos de exceso de fuerza y violación de los DD HH. Este tipo de protestas disminuyeron con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro.
  • Tercero, la atención a la pandemia del COVID que comenzó en marzo de 2020 y que se extendió hasta bien entrado el 2021. Aquí la Policía tuvo una de las tareas más difíciles y poco reconocidas, el control de los ciudadanos en los aislamientos y de las medidas sanitarias impuestas, situación que no en pocas oportunidades creó tensión y desavenencias con distintas poblaciones. Tanto la atención de las protestas, como las medidas control durante la pandemia, terminaron afectando la confianza de los ciudadanos en la Policía y por tanto la seguridad de los ciudadanos.     
  • Cuarto, sin desconocer el trabajo coordinado de la nación y los entes territoriales en la atención de la pandemia, en materia de seguridad y orden público la relación no ha sido la mejor. Discusiones públicas, en algunos casos irrespetuosas, minaron la coordinación y trabajo en equipo que debería darse para mejorar la seguridad de los ciudadanos y el control de los territorios. Inclusive, con el nuevo gobierno nacional, esa coordinación nación territorio no se ha podido lograr, como lo han manifestado públicamente los alcaldes y gobernadores.     

Encuentre aquí más columnas de Hugo Acero

Hacia un nuevo enfoque de seguridad: la seguridad vital

Por: Julián Espinosa 

La seguridad ha dejado de ser un valor político común y se ha convertido en un instrumento del que se han adueñado sectores políticos para la consecución de sus fines programáticos. Si se habla de seguridad es porque pertenece a los sectores de la derecha y, en cambio, si se habla de ser garantistas con las libertades, es porque son de izquierda. ¿En qué momento la seguridad terminó siendo del discurso de la derecha y relegada de las opciones alternativas de los discursos políticos?

 

Por supuesto, la asociación directa que se hace de la derecha con la seguridad ha sido la llamada Política de Defensa y Seguridad Democrática de la era Uribe. Hoy sigue siendo un anhelo del uribismo para posicionarse en las elecciones regionales. Por otro lado, está la idea de la seguridad humana de los años 90´s, el enfoque del petrismo que pretende abarcar las dimensiones humanas, más allá de las lógicas del sistema policivo. En ambos casos, sus políticas son necesarias, pero no suficientes. Considero que tanto la una como la otra, en el contexto colombiano, se deben trascender mediante la seguridad vital.

La seguridad vital no implica exclusivamente que la inseguridad se contrarresta exclusivamente con el fortalecimiento de la fuerza pública o atacando las causas sociales que llevan al crimen. No son estrategias excluyentes, por el contrario, se deben complementar. Se necesita de ambas estrategias, pero, a diferencia de la seguridad democrática y la seguridad humana, la seguridad vital, primero, tiene como objeto referente la vida humana y no humana: es biocéntrica; y segundo, propende del fortalecimiento de un aparato de justicia que evite la impunidad.

Frente a esto último, es claro que no se puede ceder en la lucha contra la delincuencia y que no tiene relación con las luchas sociales o la falta de oportunidades. No se puede escudar a la delincuencia. El delincuente debe pagar ante la justicia. Por eso, la impunidad no puede ser la bandera de los procesos de paz ni la de un sistema de justicia ineficiente. Atacar las causas sociales son acciones preventivas y no reactivas, y la Fuerza Pública está para contener la criminalidad. Por eso, hay que fortaleciendo la Fuerza Pública como un complemento para la seguridad vital. No satanizarlas, sino valorarlas y darles su lugar en la construcción de paz.

Por último, para la seguridad vital, en los planes estratégicos sobre seguridad ciudadana es importante construirlos con la sociedad civil y la ciudadanía otorgándoles corresponsabilidad. Es expresar que la seguridad, además de ser un derecho, también implica unos deberes en sintonía con las instituciones territoriales. Por eso, motivé la creación de la ya conocida ChoroAlerta (www.choroalerta.com). Una herramienta que nos permite denunciar y alertar sobre situaciones de hurto, vandalismo, riñas y otros delitos que pasan en nuestros barrios con el fin de fomentar la cultura de la denuncia, la prevención y la corresponsabilidad.

Como apelación final, considero que las nuevas dinámicas del presente histórico nos han puesto frente a sí unas nuevas amenazas que requieren de un esfuerzo interinstitucional y de políticas sociales con la corresponsabilidad ciudadana que pretendan construir paz, pero no bajo los pretextos de seguir desarrollando esa idea de la guerra contra el enemigo interno o de promover la impunidad en nombre de la paz.

 

Gobierno quiere en unir esfuerzos con las empresas de vigilancia privada para enfrentar la inseguridad urbana

El Gobierno Nacional anunció una importante inversión en tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana en las principales ciudades del país, en un trabajo conjunto de la Fuerza Pública con las empresas de vigilancia privada.

El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y empresas de seguridad privada, para analizar una estrategia encaminada a mejorar la seguridad urbana, para lo cual se realizará una inversión en tecnología del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

 

La noticia se confirmó al término de la reunión del Consejo de Paz y Seguridad Ciudadana, en la que participaron  el presidente Gustavo Petro y los ministros de Interior y Defensa, el director de la Policía y los altos mandos de las Fuerzas Militares. Durante la cita se analizaron los factores de inseguridad en las ciudades principales y se habló sobre la posibilidad de establecer alianzas con las empresas de vigilancia privada en este sentido.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Velasco reveló que en la actualidad se adelantan operaciones ofensivas de la Fuerza Pública “que buscan desarticular estructuras financieras de grupos insurgentes y de bandas criminales (bacrim)”.

 

Gestión de la seguridad ciudadana, el gran reto

Este 2023 se ha caracterizado por una pregunta común que recorre prácticamente todos los escenarios de la vida pública nacional: ¿Hacia dónde vamos?

El interrogante aplica para diversas temáticas incluida obviamente hacia dónde vamos en materia de seguridad ciudadana.

 

En este aspecto de acuerdo con las cifras el último trimestre del 2022 y el primero del 2023 deja en nuestro país un aumento de los llamados delitos de alto impacto.

Así las cosas, mientras el país político digiere la intención de la llamada estrategia de paz total propuesta por el gobierno nacional, varios de los actores delincuenciales pareciesen han tomado un “aire” en diversas zonas para sembrar zozobra e incertidumbre en las bases sociales las cuales son las que viven en carne propia hechos como el homicidio, el hurto callejero y el micro tráfico.

Según las estadísticas delitos como el secuestro tuvo un aumento del 43,6% y el hurto a personas en el comparativo de enero del 2022 y enero del 2023 tuvo un aumento del 26%. En el caso de la extorsión el incremento comparativo en iguales meses es del 33%.

El hacia dónde vamos está acompañado del ¿Qué podemos hacer? Pensar en una política con enfoque en la seguridad ciudadana debe incluir a más instituciones y que la responsabilidad no solo sea exclusiva de la Policía.

Este país ha crecido demográficamente y con ello llegó el aumento de los problemas relacionados con la delincuencia asociada a crimen organizado.

A esto se suma otro factor que dificulta una acción eficiente frente a la problemática expuesta: la limitada capacidad de la mayoría de los municipios de nuestro país. Una cosa es enfrentar los delitos de alto impacto en Bogotá con una robusta articulación de servicios institucionales y disponibilidad presupuestal y otra muy distinta es la realidad del 90% de municipios del país que según Planeación Nacional son categoría 5 y 6 lo que representa que sus recursos son muy limitados.

Sin embargo, ante el panorama de desafíos e incertidumbres en seguridad ciudadana, los colombianos necesitamos acciones prontas y contundentes. La seguridad de nuestras familias y nuestros entornos sociales no dan espera.

Nuestro acompañamiento con prontitud a los reclamos ciudadanos es sin duda el gran reto para lograr el restablecimiento del orden en nuestro territorio nacional.

 

¿Por qué la Ley de Seguridad no les gusta a Iván Cepeda y Alí Bantú?

En entrevista para Confidencial Colombia, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda junto al candidato a la Cámara de Representantes a las curules afros, Alí Bantú Ashantí, expusieron los motivos por las que se oponen a la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada por el presidente Iván Duque.

Para Alí Bantú, la Ley de Seguridad Ciudadana es una norma que promueve “el paramilitarismo”, al establecer la legítima defensa. El candidato a la Cámara considera además que esta norma es una especie de respuesta al estallido social que se presentó en el 2021.

 

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda por su parte, estima que el Gobierno Nacional ha establecido una política de seguridad “bastante agresiva” y que además según él, preocupa que al interior de la norma están consignados términos como “blanco legítimo”.

“El concepto de blanco legítimo, es decir, que un Policía o miembro de la Fuerza Pública puede considerar de manera subjetiva, que cualquier persona que esté en medio de una actividad considerada ilícita, sea una manifestación pública o cualquier otra actividad, pueda ser objeto de una medida de fuerza”, dijo Cepeda.

Ambos consideran que esta política de seguridad vulnera los derechos de la gente al tener una mayor carga de militarización en el tratamiento que desde el Estado se da a temas como la protesta social, por ejemplo.

La Ley de Seguridad Ciudadana fue demandada ante la Corte Constitucional por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías-Cauca, y los congresistas Iván Cepeda Castro, Wilson Arias y Jorge Torres.

 

Demandan Ley de Seguridad Ciudadana

El senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino junto al candidato a la Cámara de Representantes, Gabriel Cifuentes, y varias personas más, pidieron a la Corte Constitucional declarar inexequible la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente sancionada por el presidente Iván Duque.

Los demandantes consideran que la norma en mención no resuelve los problemas de fondo que tiene el sistema judicial, y por el contrario “realiza legitimación de la justicia por mano propia, deslegitima y estigmatiza la protesta social y aumenta las penas».

 

Aseguran además que esta norma desconoce el derecho a la protesta pacífica, según ellos, “pretendiendo en su redacción limitar el libre desarrollo de esta. Esta ley es una clara limitación y persecución contra la protesta social”.

Dentro de los argumentos, estiman también que, “al crearse el agravante por el uso de máscaras o elementos que oculten o dificulten la identidad, se está estigmatizando y prohibiendo el uso de elementos normales para expresarse a través del arte, la música, etc. En el sentido que quedó la norma, usar tapabocas durante el 13 desarrollo de una protesta, puede ser un agravante: vacíos normativos que pueden generar tensiones y enfrentamientos entre los manifestantes y la autoridad policial”.

La Ley de Seguridad Ciudadana aumenta las sanciones y penas para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. Asimismo, para quienes se les halle culpables de asesinar a un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista asumirá la pena más alta que es de 58,3 años de prisión.

Siguen los casos de justicia por mano propia en Bogotá: El turno es para Barrios Unidos

En la localidad de Barrios Unidos, mediante labores de patrullaje por la carrera 17 con calle 68 el cuadrante encuentra una motocicleta abandonada y una aglomeración de personas que observaban como dos sujetos eran agredidos por cometer un hurto en la zona.

De inmediato los uniformados prestan la protección policial, y escuchan a una ciudadana quien los señala de haberle robado el celular de un raponazo. El teléfono móvil es recuperado y se procede a la inmovilización de la motocicleta en la que pretendían huir del lugar.

 

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Duque sanciona la Ley de Seguridad Ciudadana

Quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, a un defensor de derechos humanos, a un menor de edad o a un periodista podrá recibir la pena más alta: 58,3 años de prisión.

Así lo establece la Ley de Seguridad Ciudadana, sancionada este martes por el Presidente Iván Duque, en un acto que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.

 

«Esta es una ley que permite especialmente decir ‘NO MÁS’ robos con arma blanca y que después a ese ladrón no le pase nada. Esta ley dice ‘YA NO MÁS’ a aquellos que quieren salir con capuchas a cometer actos criminales destruyendo buses, atacando CAI o estaciones de Policía», explicó el ministro de Defensa Diego Molano.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que la Ley de Seguridad Ciudadana también está orientada a brindar herramientas a los mandatarios locales y entes judiciales para cuando se cometan delitos que atenten contra los ciudadanos.

«Esta ley le dice a los alcaldes, a los jueces, al fiscal y a los fiscales que hay instrumentos que agravan las penas para aquellos que cometen un delito que parezca menor. Que no haya más impunidad y haya más seguridad», señaló el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa afirmó que a partir de este instante el Ministerio de Defensa está preparado para expedir los dos decretos reglamentarios que permiten poner en ejecución esta Ley.

«A partir de este momento, los 160 mil soldados y policías de Colombia, especialmente patrulleros, podrán salir a las calles a cumplir con su deber de capturar a los criminales porque saben que la justicia actuará de forma adecuada» puntualizó.

En el acto se hizo presente también el ministro del Interior, Diego Palacios, quien aseguró, “a algunos les molesta, los avances en la protección del ciudadano y atacamos al delincuente”.

“Algunos que no están de acuerdo, por ejemplo, con poner las penas más altas para los asesinos de líderes sociales y quienes en su discurso los defienden, pero a la hora de votar se niegan a dar su voto para proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y a nuestros miembros de la Fuerza Pública, puntualizó”.

Abece de la nueva Ley de Seguridad de Ciudadana:

  1. La reincidencia se paga, la pena será más grave para quienes en los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos.
  2. Quién asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de DD.HH., menor de edad o periodista, tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana de 58.3 años de prisión.
  3. Será un delito el porte de arma blanca en eventos masivos.
  4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
  5. Se establece la Legitima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.
  6. Se considerará un peligro para la sociedad y en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural, quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.
  7. Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el Sistema de Transporte Masivo, cuando se encuentren en servicio activo.
  8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
  9. Quién hurte un bien de más de $4 millones de pesos, tendrá una condena no excarcelable.
  10. Se podrán realizar APPs para la construcción y dotación de las cárceles del país.