El Concejo de Bogotá aprobó un Acuerdo de Ciudad de iniciativa del concejal del Centro Democrático, Humberto Rafael Amín, donde se pide reforzar la prevención del delito, la cooperación con empresas de seguridad privada, la protección de poblaciones vulnerables y el trabajo con la comunidad, sin embargo, en entrevista para Confidencial Noticias, el cabildante pide al Congreso de la República legislar en favor de la seguridad ciudadana, para que los delincuentes no regresen a la libertad al día siguiente de su captura para volver a hacer de las suyas en calles y avenidas de la capital del país.
Pide usted mayores ajustes y reforzar los temas de seguridad en Bogotá, pero el asunto es que hoy el tema no es de más policía ni de más militares en la ciudad, sino de mayor eficacia en la justicia, ¿Qué decir ahí?
Humberto Rafael Amín: Con este Acuerdo de ciudad buscamos aportarle un granito de arena a la seguridad de los bogotanos porque mal haríamos desde el Concejo no aportando ese granito de arena para tratar de mejorar en algo la seguridad de los bogotanos, que no es un tema fácil.
Aquí vale la pena decirle a toda la ciudadanía que hoy los alcaldes están solos porque no tienen apoyo del gobierno nacional para mejorar la seguridad, porque al presidente poco o nada le interesa y ha dejado a los grupos al margen de la ley fortalecerse. Lo que corresponde a la justicia es algo que le corresponde al Congreso de la República quien está en mora de hacer una reforma al sistema judicial para endurecer mucho más las penas, y que esas personas no regresen a la calle a delinquir de nuevo.
¿Reconoce entonces que para que la seguridad mejore la justicia debe poner su granito de arena?
Humberto Rafael Amín: Aquí necesitamos un Congreso que mejores las normas en materia penal para que se capture vaya a la cárcel. Sabemos que en Bogotá se está construyendo o se va a construir una nueva cárcel, en lo cual estamos en mora para que de verdad todas esas personas que sean judicializadas y no salgan a los dos, tres días a cometer delitos.
Muchas de las personas que se capturan en Bogotá ya tienen antecedentes judiciales y algunos están en prisión domiciliaria, lo que indica que la delincuencia se está burlando de la ciudad porque tiene una boquete dentro de la justicia que parece actuar de manera benevolente con ellos.
Humberto Rafael Amín: No se burlan de Bogotá, se burlan de Colombia. Eso es un tema de ley, no es un tema de la ciudad. Acuérdense que cuando vamos a hablar de los procesos judiciales que se adelantan para capturar a una persona se lo debe hacer en medio de un proceso regulado por una ley y el Concejo no puede entrar a regular eso.
Por lo anterior, le pedimos al Congreso de la República que legisle en esa materia para que todo el que se capture se meta preso y no vuelva a salir hasta tanto no tenga una sentencia.
Eso quiere decir que usted está de acuerdo con quienes opinan que la Policía ha cumplido con su labor, pero la justicia no tanto.
Humberto Rafael Amín: Decir que la Policía no está cumpliendo sería juzgar mal a una Institución que da la vida por los colombianos. Hay que recordar que los gobiernos progresistas le vienen quitando herramientas a la Policía para actuar. Cada día le ponen más frenos y hoy están bloqueados; con la moral mucho más baja y es por esto que debemos fortalecer esas instituciones para que tengan más herramientas, para que se profesionalicen cada día más y puedan dar los resultados que queremos a nivel nacional.
La senadora Paloma Valencia en entrevista para Confidencial Noticias dijo que el gobierno nacional le hace falta mucho dialogar con la rama judicial, ¿Está usted de acuerdo?
Humberto Rafael Amín: Completamente. Es que hoy vemos un gobierno nacional que no escucha a nadie. Vemos a un presidente Petro completamente salido de contexto; desconectado de la realidad; dándole herramientas a los grupos al margen al margen de la ley; peleando con las altas cortes; peleando con el Congreso; todo el tiempo armando escándalos; gobernando bajo un caos. Así no podemos sacar adelante un país.
El programa Bogotá Cómo Vamos señala en su primer boletín trimestral de 2025, señala a este período como como el más violento en términos de homicidios desde 2019. «A corte del 31 de marzo se registraron 281 homicidios en Bogotá, lo que representa un aumento del 18,5% frente al mismo periodo del año anterior», dice el documento.
Señala además al mes de marzo como «un mes atípicamente violento». Las cifras indican que en este tiempo se registraron 106 casos de asesinatos; el mayor número desde 2016 para este mismo mes.
Bogotá Cómo Vamos recomienda a la Administración Distrital trabajar fuertemente para reducir al menos 189 homicidios respecto a los 1.204 registrados en 2024, una meta que parece difícil tras el aumento evidenciado en el primer trimestre.
El informe señala además el aumento de uso de armas de fuego, sumado a la utilización de explosivos como granadas en el barrio San Bernardo.
Dice además que el 52,2% no considera a la denuncia como un asunto que aporte soluciones a la inseguridad en Bogotá.
El Programa Bogotá Como Vamos señala al hurto como el delito más denunciado en la capital del país.
Análisis de Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz
Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.
Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.
Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.
Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.
Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.
Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.
Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.
El trabajo en equipo es el camino.
Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:
Seguridad y convivencia ciudadana.
Seguridad del Estado y
Política criminal.
En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:
Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.
Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.
Política criminal.
En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.
En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:
Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
Reducir la impunidad.
Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.
Seguridad de Estado.
Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.
Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.
La capital de la República presenta una aterradora realidad que merece nuestra atención y es que en un periodo de solo cinco meses fueron asesinadas 563 personas. Estas cifras, registradas entre septiembre de 2024 y enero de este año, no son solo estadísticas; representan familias que hoy enfrentan el dolor de una ausencia irreparable, proyectos de vida interrumpidos y comunidades marcadas por la violencia.
Estos datos son escabrosos y evidencian, además, que la sociedad está armada y puede acceder a estos medios de forma fácil y sin control. El análisis detallado muestra que, de esas 563 personas, 351 fueron víctimas de armas de fuego, 163 de armas blancas o cortopunzantes, 48 de objetos contundentes y una de algún elemento sin identificar.
Estos números retratan un panorama complejo que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán enfrenta en medio de múltiples desafíos, algunos heredados, y nuevas dinámicas de inseguridad que requieren respuestas innovadoras.
La distribución geográfica de estos hechos revela patrones que merecen atención especial: Ciudad Bolívar encabeza la lista con 127 homicidios, seguida por Kennedy con 70 y Bosa con 47. Sin embargo, son diez localidades las que concentran el 84% de los casos de asesinato. Evidentemente, esto sugiere la necesidad de estrategias focalizadas que atiendan las particularidades de cada territorio, reconociendo que las causas de la violencia no son homogéneas.
La administración Galán tiene que convertir la seguridad en una prioridad de la agenda distrital, pues eso fue lo que se le prometió a Bogotá. La ciudadanía no puede ser víctima de delitos todo el tiempo, como si fueran paisaje. Las acciones deben ser concretas y diseñadas para abordar los factores estructurales que alimentan la violencia.
Los domingos y las horas nocturnas (noche y madrugada) aparecen como momentos críticos según los datos analizados. Esta información puede orientar la distribución de recursos y de fuerza pública, aunque sabemos que hacen falta uniformados. Además, la administración distrital tiene aquí una oportunidad para demostrar que la inteligencia y el análisis de datos pueden traducirse en estrategias más efectivas.
Los bogotanos de todas las localidades merecemos vivir sin miedo. Recientemente, fue publicado el Informe de Seguridad 2024 de Probogotá. En él se pone en evidencia que el año inmediatamente anterior se presentó la cifra de homicidios más alta en ocho años en la ciudad y éste fue el delito que más aumentó, reportando 1.204 casos. Ante esto, no hay más tiempo que perder y las acciones deben incorporarse con determinación.
Entendemos que hay desafíos que van más allá de local y que se requieren acciones articuladas con un gobierno nacional que infortunadamente no escucha y se caracteriza por privilegiar la ilegalidad.
Sin embargo, la administración Galán no puede caer en ese juego y tiene la oportunidad de demostrar que su enfoque técnico y su visión de ciudad pueden traducirse en soluciones efectivas para uno de los problemas que más afecta la calidad de vida de los bogotanos. Ya pasaron los meses de diagnósticos y de planificación; ahora los ciudadanos esperamos ver resultados concretos, especialmente en las zonas donde la violencia cobra más vidas. La seguridad es un derecho, pero no se está garantizando.
Con el propósito de fortalecer la seguridad y ofrecer una experiencia innovadora a sus visitantes, Multiplaza y la empresa Seguridad Nueva Era llevaron a cabo pruebas con perros robot en las instalaciones del centro comercial. Estas pruebas demostraron el potencial de estos dispositivos de alta tecnología para cumplir funciones clave como la detección de explosivos, sustancias ilícitas y asistencia informativa a los clientes.
Gracias a su tecnología de vanguardia, los perros robot pueden operar en tiempo real, analizar su entorno y enviar alertas inmediatas en caso de cualquier anomalía.
Además de sus funciones de seguridad, estos dispositivos pueden ser utilizados como asistentes informativos dentro del centro comercial, ofreciendo orientación a los visitantes y respondiendo preguntas sobre tiendas, eventos y servicios de Multiplaza.
Estas pruebas destacan la importancia de incorporar soluciones tecnológicas en el ámbito de la seguridad y la atención al público. La capacidad de respuesta y adaptabilidad de estos dispositivos a diferentes entornos los convierten en una herramienta clave para garantizar la protección y optimizar la experiencia de los visitantes en espacios de alto flujo de personas.
Mientras las bandas transnacionales del hampa relojera, como los denominados ROLEXEROS, operan con impunidad en las calles de Colombia, robando, extorsionando y lavando dinero a escala global, el sistema judicial insiste en tratarlas como simples delincuentes de poca monta. Los números no mienten: el 90% de los capturados por robo de relojes de lujo como los ROLEX, cuyos precios oscilan entre 30 y 300 millones de pesos –un negocio que mueve millones de dólares— son liberados en cuestión de días, gracias a jueces que, en su afán garantista, parecen vivir en una realidad paralela, ajena a la inseguridad que ahoga al país.
Es inconcebible que, el nuevo rostro del crimen organizado con estructuras criminales, con conexiones internacionales, abogados especializados en vacíos legales y logística para evadir la justicia, son procesados por jueces que siguen aplicando criterios ineficaces como la «peligrosidad aparente» o el «riesgo de fuga». ¿Acaso no es peligroso un delincuente que forma parte de una red que trafica relojes robados hacia Dubái, Moscú o Hong Kong?, ¿No es acaso un riesgo inminente que, una vez libre, este mismo criminal regrese a las calles a reincidir, como lo hace el 70% de estos bandidos?.
La respuesta salta a la vista: el sistema judicial está fallando. Y lo hace no por falta de leyes, sino por una interpretación miope, casi ingenua, de la realidad. Mientras se exige el máximo deber a la escasa Policía Nacional para que cumpla el deber de capturar a estos delincuentes, los jueces, desde la comodidad de sus despachos, los dejan libres con la parsimonia de quien firma un documento rutinario.
Cada «Rolexero» liberado es un mensaje muy claro de impunidad para el crimen organizado en Colombia, y es que las cifras son estremecedoras, solo 1 de cada 20 casos termina en condena, el 85% de los relojes robados desaparecen para siempre en mercados negros internacionales, y las bandas operan con la certeza de que, incluso si son aprehendidas, en pocos días retornarán armados a delinquir. Pero ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que jueces, anclados en formalismos decimonónicos, subestimen la gravedad de un crimen que ya no es local, sino transnacional?, ¿Hasta cuándo la Rama Judicial ignorará el clamor de una sociedad harta de ver cómo la impunidad se convierte en la norma?.
La preocupación señores jueces es que estamos ad portas de las elecciones nacionales y, refrescando un poco de historia, así empezó El Salvador, cuando el pueblo llegó a su límite por la crisis de impunidad pandillera – solo el 20% confiaba en el sistema – es allí cuando emergió la figura de Nayib Bukele con la propuesta de su mega cárcel “CECOT” (Centro de Confinamiento del Terrorismo), precisamente como respuesta a un sistema judicial percibido como blando y corrupto. Colombia no está lejos de ese escenario. Si los jueces no rectifican, si insisten en priorizar tecnicismos sobre seguridad nacional, serán ustedes mismos los juzgados en las urnas, porque la ciudadanía puede apoyar medidas radicales, aunque generen miles de controversias.
El mensaje no puede ser más claro: la justicia debe modernizarse y asumir su rol constitucional como garante de la seguridad y el orden. Porque advertida está la Rama Judicial que de no rectificar e incursionar por la senda de la auto corrección, serán motivo de confrontación política en el debate electoral que se avecina. También advertidos está los jueces, que de no comportarse como jueces constitucionales (constitución política) y sigan comportándose como jueces atildados, exégetas y petimetres, el pueblo los cambiará en las urnas. Deben ver el bosque completo de las problemáticas de la sociedad y no el árbol simple del inciso y el artículo. Como reza el adagio: «Quien no esté invitado al banquete como comensal, será parte del plato en la mesa».
Tras la decisión de un juez de dejar en libertad a 9 integrantes de la banda ‘Los Relojeros’, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció su respaldo al anuncio de la Fiscalía de apelar la decisión.
“Somos respetuosos de las decisiones de la justicia y apelamos a través de los canales institucionales. En este caso, respaldamos la petición que hace la Fiscalía, dado los elementos probatorios que existen en el caso. Hubo personas que denunciaron estos hechos violentos que pusieron en peligro su vida y ahora estos delincuentes quedaron libres. Una de las prioridades de la política de seguridad de Bogotá y del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía ha sido luchar contra las bandas que se dedican, particularmente, al hurto violento”, afirmó el alcalde Galán.
Una de las modalidades de hurto que ha sufrido Bogotá ha sido el de relojes de alta gama y de joyas y son hechos que fueron priorizados para que la Policía y la SIJIN, en llave con la Fiscalía, avanzaran en la captura de los responsables para llevarlos ante la justicia.
El mandatario de la capital del país calificó a la banda criminal como «un peligro para la sociedad».
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, esta red criminal al mando de alias Sangre, tiene cerca de 20 integrantes que de manera violenta robaban relojes de alta gama a sus víctimas. La banda fue desmantelada luego de 10 meses de investigación, en los cuales participaron 8 investigadores, se analizaron 287 horas de video, se realizaron 24 entrevistas, se recibieron 16 denuncias y se efectuaron 14 reconocimientos fotográficos.
“Quien compra uno de estos relojes robados, es tan responsable del delito como a aquel que pone un arma en la cabeza de un ciudadano para robarlo. En este caso, los receptadores quedaron libres y son los que se encargan de ordenar el mercado criminal. Su peligrosidad es de igual magnitud o peor que aquel que opera el arma. A estos individuos en la calle no les cuesta nada volver a instrumentalizar a otros delincuentes y volver a armar la ruta”, añadió el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo.
Estos delincuentes que fueron capturados por la Policía y la Fiscalía, operaban en Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Cada uno de los miembros tenía un rol específico: marcadores, conductores, perpetradores de los hurtos y receptadores.
Esta semana la Administración Distrital anunció con bombos y platillos la estrategia “Guardianes del Orden”, se trata de un grupo de gestores civiles con los que se busca reforzar la convivencia en las calles de Bogotá a partir de mayo. Pero ¿Qué tan efectivos serán?
Evidentemente, esta medida se adopta ante la realidad innegable de inseguridad que azota cada rincón de la capital del país y por la ausencia de pie de fuerza.
Según cifras de la Policía Nacional este año hemos tenido en Bogotá 224 homicidios, lo que representa un aumento del 18.52% en comparación con el año anterior. Además 9.147 casos de delitos sexuales, 4.712 estafas, 3.341 lesiones personales y ocho secuestros extorsivos; el más reciente hecho de este tipo ocurrió en la quebrada La Vieja, cuando una mujer y su hijo se encontraban haciendo deporte y fueron abordados por sujetos que exigían tres millones de pesos para dejarlos libres. Tras obtener una suma considerable, los delincuentes se dieron a la fuga.
Pero más allá del eslogan y de la foto, la iniciativa “Guardianes del Orden” despierta algunas preocupaciones sobre su eficacia, su enfoque y, sobre todo, sobre si realmente responderá a problemas estructurales que afronta la ciudad.
Debo destacar que algunos de estos guardianes son policías retirados y veteranos, a quienes reconocemos por sus años de servicio, ímpetu y amor a la patria. Según el Distrito, ellos no estarán armados ni tendrán funciones policiales, pues sus labores van a estar enmarcadas en resolver disputas vecinales menores. Es decir, asumirán temas de convivencia que actualmente están sobrecargando a la Policía, que como sabemos, no da abasto.
Sin embargo, considero que la implementación de esta propuesta debe darse con rigurosidad, pues no se puede correr el riesgo de que se convierta en simple burocracia con más gestores en la ciudad. Ahora bien, aún con este tipo de esfuerzos o estrategias, al Distrito se le debe reclamar porque esto no fue lo prometido a Bogotá; el alcalde y su gabinete están traicionando su propia palabra. Aunque es loable el esfuerzo, acá el problema es de seguridad y esta iniciativa que se está planteando no resuelve el problema de fondo.
En un principio en el anteproyecto del Plan Distrital de Desarrollo se comprometieron a cuatro mil policías, luego en el texto presentado pasaron a dos mil y actualmente se pretende distraer con pañitos de agua tibia porque la meta de mayor pie de fuerza dista de convertirse en realidad. Hoy la ciudad cuenta con solo cerca de 16.500 uniformados.
Hay que ser serios y responsables con quienes creyeron que Bogotá caminaría segura. Incluso, la interlocución con el gobierno tiene que darse para estos fines, así tengamos a un presidente testarudo y carente de empatía con la ciudad. Sin embargo, ¿Cómo es que un gabinete técnico en el Distrito no consideró que para lograr mayor pie de fuerza debe existir aval del nivel central?
Bogotá necesita con urgencia medidas de seguridad integrales. En su momento, el secretario César Restrepo aseguró que se estaba estructurando un instrumento jurídico innovador, pero hasta el momento no lo hemos conocido. No pueden ahora venir a distraer sin asumir la responsabilidad de lo anunciado.
La ciudad requiere una reforma seria a la justicia local, capacitaciones y dotaciones para la Policía, inversión en inteligencia, en tecnología y un enfoque social que ataque las causas estructurales de la delincuencia.
Bogotá sigue necesitando aumento de pie de fuerza y no algo que se le parezca.
El concejal Oscar Ramírez Vahos hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá en considerar la posibilidad de militarizar la ciudad, luego de los dos atentados en el barrio San Bernardo.
“Nuevamente el terrorismo, las explosiones indiscriminadas y la violencia sacuden a Bogotá. Lo que ocurre en el barrio San Bernardo es fiel reflejo de lo que sucede cuando se permite a los criminales apoderarse de zonas de la ciudad” señaló el concejal Vahos.
Agrega el cabildante, “este sector es un nodo estratégico para el microtráfico en el centro de la ciudad, todo apunta a que vive una guerra interna entre bandas que ya deja como saldo dos explosiones, un habitante de calle fallecido y seis heridos”, hasta cuándo acciones, enfatiza el concejal Vahos.
El barrio San Bernardo ha sido blanco de ataques con granadas producto de la guerra entre bandas criminales que buscan apoderarse del microtráfico en el sector.
Durante la noche del sábado 22 y la madrugada del domingo 23 de febrero de 2025, la Policía de Bogotá, en colaboración con la Secretaría Distrital de Seguridad y la Alcaldía Local de Kennedy, llevaron a cabo un importante operativo de seguridad en la localidad de Kennedy, con el objetivo de garantizar el orden público en zonas comerciales y nocturnas de alto impacto.
Durante la megatoma, se logró la captura de tres personas. Dos de estas detenciones fueron en flagrancia, donde se incautaron más de 900 dosis de bazuco. La tercera captura se realizó a través de una orden judicial por el delito de lesiones personales. Estos resultados subrayan la efectividad del operativo en la identificación y detención de personas involucradas en actividades ilegales.
El operativo también tuvo un fuerte enfoque en el control de establecimientos nocturnos. Como resultado de las verificaciones realizadas, 12 locales comerciales fueron sellados por no cumplir con las normativas legales y de seguridad exigidas para su funcionamiento. Además, las autoridades realizaron registros en la vía pública, inspeccionando a 950 personas y verificando la propiedad de 200 vehículos y motocicletas, lo que permitió identificar posibles irregularidades.
Con la #MegaToma en Caldas, Bellavista, Britalia y Patio obtuvimos: ✅ 950 personas registradas ✅ 12 suspensiones a establecimientos. ✅ 20 armas cortopunzantes incautadas. ✅ 200 vehículos registrados.
— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 23, 2025
Entre las medidas preventivas adoptadas, cuatro personas fueron trasladadas por protección debido a su alto nivel de alicoramiento, a fin de evitar situaciones de riesgo para su seguridad. Asimismo, se incautaron 20 armas cortopunzantes, lo que contribuye a reducir los riesgos de violencia en la zona.
Este operativo forma parte de la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, que busca fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad. La colaboración entre la Policía de Bogotá, la Secretarìa Distrital de Seguridad y la Alcaldía Local de Kennedy demuestra el compromiso de las autoridades con la seguridad de los ciudadanos, en especial en áreas de alta concentración comercial y de ocio nocturno.
El éxito de este operativo resalta la importancia de las intervenciones coordinadas para garantizar la seguridad de los bogotanos, combatiendo el crimen y promoviendo el cumplimiento de la normativa en sectores clave de la ciudad.
El concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, reconoce el papel que juega la Policía Metropolitana de Bogotá, pero lamenta que la justicia no actúe como es debido y permita que muchos de los delincuentes que se capturan, a las pocas horas queden en libertad.
¿hoy el problema de seguridad en Bogotá es de capturas o de justicia?
Andrés Barrios Bernal: Insisto, el derecho a la seguridad de los bogotanos sigue en riesgo. Es evidente que faltan materializar acciones de manera integral. Por supuesto que no es solo la captura porque nuestros policías se esfuerzan y no los podemos dejar solos. La seguridad será efectiva el día que esté bien anclada con la justicia.
¿Ha hablado con la Policía sobre este asunto?
Andrés Barrios Bernal: Hay frustración en nuestra policía de ver que capturan, capturan, capturan y al final la justicia deja en libertad a muchos delincuentes, a muchos bandidos que al salir reinciden en el delito. La reincidencia le está haciendo un grave daño a Bogotá.
¿Qué le ha dicho la fiscalía?
Andrés Barrios Bernal: No es posible que en una ciudad que el año pasado tuvo más de 160 mil hurtos, únicamente se hayan judicializado 18 mil 600. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la justicia trabaje de la mano con nuestra policía..
¿Esta reincidencia mina la confianza en el ciudadano de a pie que acude a denunciar?
Andrés Barrios Bernal: La gente está frustrada de ver que a una persona la roban y para denunciar debe someterse a un proceso largo, engorroso, demorado, para que a las pocas horas el delincuente quede libre. Sin duda esto muestra que la justicia parece ir por un lado mientras la policía va por otro. No hay articulación entre las instituciones.
¿La ministra de Justicia se ha preocupado por este asunto?
}Andrés Barrios Bernal: Es evidente que no. En el Gobierno Nacional las preocupaciones son otras y totalmente diferentes, pero además la postura del gobierno nacional frente a la delincuencia y a la criminalidad ha sido de borrón y cuenta nueva con la fracasada paz total, donde prácticamente se defiende al victimario y no a la víctima.
Doctor Andrés, ¿Ha hablado sobre este asunto con el alcalde Galán?
Andrés Barrios Bernal: Desde el Concejo varias veces se le ha insistido en la necesidad de buscar diferentes soluciones en esta materia. Hemos hecho múltiples debates de control político donde uno de los asuntos que hemos tratado es el hacinamiento carcelario, ese es un tema del que Bogotá se tiene que ocupar.
¿Pero usted sí cree que una cárcel sea la solución para el problema de seguridad cuando lo que se ha visto es que las cárceles son universidades del crimen?
Andrés Barrios Bernal: Coincido en que estos escenarios tienen que cambiar. Estos escenarios hoy realmente son escuelas para la delincuencia, para la criminalidad, sin embargo, debo reconocer que en el caso de la Cárcel Distrital hay una diferencia muy grande con relación a lo que usted va a encontrar, por ejemplo, en cárceles que custodia desde el orden nacional el INPEC.
Es necesario además que se combatan los escenarios de corrupción que se encuentran en la Guardia del INPEC porque si no se combate este problema, en Bogotá se seguirán presentando temas como la extorsión que tiene atemorizados a los comerciantes y a miles de ciudadanos que hoy les da miedo, les da susto contestar una llamada que llega a su celular desde un número desconocido.
La Alcaldía de Cali decretó la prohibición del parrillero en moto para contrarrestar los delitos de alto impacto en la capital vallecaucana.
La medida tendrá vigencia de un año a partir de la firma del decreto y quienes la infrinjan se verán expuestos a una sanción con multa general tipo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, también conocido como Código de Policía.
“La circulación de motocicletas con acompañante hombre cuya edad sea igual o mayor de catorce (14) anos, durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana”, dice el decreto.
Cifras de la Alcaldía de Cali indican que al finalizar el año 2024 la comisión de delitos con acompañante en moto aumentó en un 23% con respecto a lo ocurrido durante el año 2023. También se registró un incremento del 28% en los casos de hurto a motocicletas.
El concejal de Bogotá, Rolando González, tras ser víctima en días pasados de robo a mano armada cuando llegaba a su lugar de vivienda, propuso a la Administración prohibir el uso de parrillero en moto.
«Se necesitan medidas contundentes para atender los robos que a diario se presentan. La ciudadanía espera que haya resultados verdaderos, ya no es suficiente el anuncio de una captura, para que a los 2 o 3 días suelten a los bandidos y sigan delinquiendo de forma deliberada».
Para el cabildante es importante que las autoridades actúen de manera celera e inmediata y establezcan limites frente a los parrilleros de las motos. «Aunque no podemos estigmatizar a toda la población motera, la prohibición del parrillero debe evaluarse por un tiempo determinado para comprobar si se reducen los índices de hurto, porque no en vano el 75% de estos robos, son responsabilidad de parrilleros hombres».
El concejal criticó de manera contundente a las empresas que prestan el servicio de vigilancia en las unidades residenciales por la demora en la entrega del material audiovisual que registran la cámaras de seguridad.
«¿Qué plan candado pueden adelantar las autoridades por mucho interés que tengan, cuando estas empresas se demoran, como en mi caso, más de 3 horas para entregar los videos probatorios? Ellos deben ser obligados a entregar ese material de manera inmediata, para que las autoridades puedan avanzar y ese será el objetivo del proyecto que presentaré», Preguntó González.
El concejal hizo un reconocimiento a Einar Rendón, conductor y escolta, por la manera en que actuó en medio del forcejeo con los ladrones y evitó un desenlace fatal.
El gobierno de Gustavo Petro ha insistido en vender como un gran logro el aumento en la incautación de droga en el país. Sin embargo, las cifras que presentamos en el Informe de Seguridad Bogotá y Colombia en el Concejo de Bogotá, demuestran la verdadera realidad: lejos de ser un logro, este incremento es la consecuencia del aumento en los cultivos ilícitos que han crecido exponencialmente desde que Petro asumió la presidencia, entre otras cosas por su mal llamada política de “Paz Total” y sus negociaciones fallidas con más de 20 grupos ilegales.
Con la Paz Total el Estado ha cedido territorios y ha permitido la expansión del crimen organizado. Por ejemplo, en el Catatumbo y en otras regiones del país, la realidad es clara: Se ha fortalecido el ELN , el Clan del Golfo, las disidencias de Gentil Duarte, el bloque Jorge Suárez Briceño, la segunda Marquetalia , el Comando Conjunto de Oriente, y han proliferado bandas criminales como el tren de Aragua y los AK 47, entre otros. Esto ha generado que las comunidades vivan bajo el terror, la violencia y la zozobra.
Las cifras del informe de seguridad hablan por sí solas. Mientras el gobierno celebra la incautación de cocaína—que aumentó de 746.285 kg en 2023 a 883.793 kg en 2024—oculta que este fenómeno va de la mano con el incremento de cultivos ilícitos, que pasaron de 230.028 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, y con una proyección estadística que estima un aumento de 264.704 hectáreas para en año 2024, información que aun esperamos conocer. Estas cifras muestran una realidad: No hay una política efectiva de erradicación de cultivos ilícitos; por el contrario, la erradicación manual disminuyó en un 54% entre 2023 y 2024. ¿Qué significa esto? Más cocaína en producción, más financiamiento para los grupos armados y más violencia en el país.
Además, encontramos que hubo disminución de incautación de base de coca (-23%), heroína (-34%) y bazuco (-8%) entre 2023 y 2024 evidenciando un retroceso en la lucha contra las drogas. La violencia contra la fuerza pública para este periodo también ha aumentado. Durante el gobierno Petro los asesinatos de miembros de las Fuerzas Militares crecieron en un 28% y los heridos en un 52%. Los uniformados están muriendo en ataques de grupos armados fortalecidos por la falta de una política clara de seguridad.
Si comparamos los primeros tres años de Petro con los de su antecesor, el panorama es aún más alarmante. Los delitos contra la libertad individual han crecido drásticamente: la trata de personas aumentó un 100%, el tráfico de migrantes un 18%, el secuestro total un 70%, el asesinato de los integrantes de las Fuerzas Militares tuvo un incremento del 32% y los heridos un 25%. La extorsión, el método de financiación preferido de las bandas urbanas, creció en un 41%. Si bien Duque no fue el adalid de la seguridad, la permisividad de Petro ha puesto a nuestra ciudadanía en grave peligro.
¿Este es el resultado de la tan anunciada ‘Paz Total’? Un país más inseguro, más violento y más entregado al crimen organizado.
El gobierno de Petro no ha desmantelado las estructuras ilegales como prometió en campaña. Todos recordamos cuando aseguró que a los tres meses de ser elegido se acabaría el ELN. Hoy, en lugar de erradicación, hay permisividad; en lugar de control territorial, abandono estatal; y en lugar de lucha contra el crimen, concesiones políticas que solo han generado más violencia. No existe una estrategia real contra el narcotráfico, solo anuncios vacíos mientras las mafias siguen expandiendo su poder y lo vemos hoy en la crisis del Catatumbo.
Si tuviéramos la oportunidad de escoger un regalo para Bogotá, ¿Cuál sería? Me detuve a pensar en esta pregunta y después de analizarlo por varios minutos decidí que el obsequio que yo le daría a nuestra ciudad se llama seguridad.
La razón es que sin seguridad no hay nada, es la garantía para el desarrollo, la inversión y el turismo. Aunque debería ser algo inherente a Bogotá, lamentablemente y como consecuencia de malas administraciones que han antecedido, no lo es.
Los delitos de alto impacto siguen despertando una profunda preocupación y, por supuesto, ante este panorama, la ciudadanía no puede sentirse tranquila en las calles.
Solo entre enero y octubre de 2024 se registraron más de 131.000 denuncias de hurto a personas. Las cifras también evidencian un aumento del 11% en homicidios y del 19,1% en lesiones personales. Los delitos sexuales crecieron un 53% pasando de 5.527 casos entre enero y octubre de 2023 a 8.493 casos en el mismo periodo de 2024.
En cuanto a la extorsión, ésta también creció exponencialmente, en un 70 por ciento. De 1.138 casos en 2023 llegamos a 1.942. Lo anterior muestra que las bandas delincuenciales y grupos criminales siguen campantes por la ciudad.
Pero lo más grave es la violencia intrafamiliar. Los casos casi se duplicaron. De enero a octubre de 2024 tuvimos 48.858 registros, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 28.498; esto representa un aumento del 71,4%.
La radiografía obviamente preocupa, pero más que cifras y datos, esta es la realidad de muchas familias, de personas que se sienten intimidadas en los barrios, a tal punto que no pueden ni sacar el celular.
Y con todas estas realidades, causa gran preocupación que el 32% de las cámaras de videovigilancia en la capital del país estén fuera de servicio. Lo anterior corresponde a 1.843, de las 5.824 que tiene la ciudad en sus calles. En este momento están ahí como un adorno empolvado y descuidado por parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Esto se traduce en que el sistema de videovigilancia presenta graves deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y limitan la capacidad de reacción por parte de las autoridades que deberían estar monitoreando lo que ocurre en las calles. Como lo dije en Debate de Control Político en el Concejo de Bogotá, el funcionamiento de ese sistema “se rajó” en este primer año de Administración de Carlos Fernando Galán.
Normalmente, cuando algo se daña en mi casa, busco la manera de arreglarlo o de buscar ayuda. Pero en “Bogotá, Mi Casa, Tu Casa”, eso no pasa. Este es solo un nuevo eslogan bonito, pues aquí en vez de reparar el sistema de videovigilancia, dejaron que se fuera dañando más y más.
Todos aquí sabemos que heredamos serios problemas por culpa de la ineficacia de Claudia López, quien se autoproclamó como “jefe de la Policía”. Sin embargo, es hora de avanzar y corregir lo que viene mal, pues esta administración llegó al poder con la promesa de que Bogotá iba a caminar segura y hasta el momento eso no se ha visto.
Más allá de un regalo, un anhelo o un sueño, la Administración Distrital tiene que priorizar la seguridad, pues se trata de un derecho que tenemos quienes en Bogotá habitamos. Entre otras cosas, porque de nuestros impuestos se paga por un servicio que no sirve, lo cual lleva a la delincuencia a aprovecharse de estos vacíos.
