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Este aporte a nuestra jerga política se lo debemos al Exsenador uribista Ernesto Macías. “Nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente…  y entonces le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí… Este es mi última jugadita de presidente” le susurró Macías, entonces presidente del Senado a Eduardo Pulgar su vice y compinche en la mesa directiva, luego detenido y condenado por corrupción.  Ese 20 de julio de 2019, Macías saboteó a Jorge Enrique Robledo la réplica de la oposición a la intervención del entonces presidente Iván Duque. Con esa “torcida de pescuezo” al estreno del Estatuto de Oposición, Macías inauguró “la jugadita” como práctica política de especial gusto en las fuerzas tradicionales.

Pero quienes han seguido el ejemplo de Macías se burlan de la historia o hacen gala de una ignorancia inaceptable. Para nadie es un secreto que nuestra reiterada violencia política hunde sus raíces en la también violenta persecución y exclusión contra el opositor político. Ha sido la más grotesca deformación de nuestro régimen político que empujó a sucesivas generaciones al alzamiento armado para reclamar espacios en la disputa política. Las guerras y conflictos armados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, tuvieron en la sectaria e implacable violencia contra el opositor un común denominador. Y el pacto del Frente Nacional que terminó la guerra entre liberales y conservadores instituyó la repartición por igual del poder público y la alternancia presidencial entre estos dos partidos tradicionales, variable poderosamente explicativa de nuestro mas reciente conflicto político armado.

Los viejos y recientes amantes de las jugaditas “olvidan” que los derechos de la oposición gozan de rango constitucional. La Constitución de 1991, en su pretensión por ser un pacto de paz, estableció en su artículo 112 los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para “ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas”. La reforma constitucional de 2003 avanzó tímidamente en algunas disposiciones para proteger derechos de las minorías políticas. Solo fue hasta el 2018, veintisiete años después de la orden constitucional y luego de 12 intentos fallidos, que el Congreso de la República expidió la Ley 1909 o Estatuto de Oposición a instancias del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y la ex guerrilla de las FARC, haciendo uso del mecanismo excepcional del fast track. Tuve la oportunidad de representar al partido alianza verde en la mesa que con representación de todos los partidos instaló el Ministerio del Interior en el gobierno del presidente Santos para construir por consenso el articulado del Estatuto.

Un repertorio de derechos establece el Estatuto. Curules para quienes obtengan la segunda votación para Presidencia de la República, Gobernaciones y Alcaldías,  participación en las Mesas Directivas de las corporaciones públicas (Congreso, Concejos y Asambleas) para las fuerzas de oposición, derecho a réplica a las alocuciones presidenciales, que deberían extenderse a las de Gobernadores y Alcaldes, acceso a medios y representación de la oposición en instancias del Estado como la comisión asesora de relaciones exteriores o la de inteligencia y contrainteligencia. Derechos que han empezado a violar coaliciones mayoritarias en concejos de grandes ciudades como Bogotá o Medellín, y en ciudades intermedias o municipios como en Valledupar, Riohacha o Codazzi (cesar), raponeándole a las fuerzas opositoras el asiento al que tienen derecho en las mesas directivas respectivas.

Los émulos de Macías acuden a toda suerte de artilugios. Algunos posan de juristas para “encontrar” vacíos jurídicos que justifiquen la trampa. Otros, en complicidad con los mandatarios se disfrazan de opositores para ocupar el asiento que no les pertenece. Y hay quienes se hacen elegir en estos espacios por encima de aquellos llamados a ser la voz de la oposición, con el inocultable propósito de incidir perversamente en la elección de los nuevos personeros y aumentar su capacidad de extorsión y chantaje a los Alcaldes.  Las reacciones que se ha generado en la opinión pública y en distintas fuerzas políticas dirigidas a proteger el Estatuto de Oposición, deben conducir a revocar la elección tramposa de estas mesas directivas y enviar el mensaje de que en toda democracia es tan importante el respeto a las mayorías, como la garantía de los derechos de minorías y opositores. Que no todo vale.

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