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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Simón Gaviria Muñoz

¿Fin del GEA?

Acabó de manera tan sorpresiva como empezó, la telenovela de las OPAs para comprar el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). La alianza de Abu Dhabi con los Gilinski se queda con 87% de Nutresa, consorcio de alimentos, mientras el enroque tradicional paisa retuvo los conglomerados financieros y de infraestructura con Sura y Argos. Pendiente de algunas aprobaciones regulatorias, los siguientes pasos de Nutresa parecen claros hacia una expansión internacional o una rentable venta a una empresa global. Lo que es menos evidente es el futuro del GEA, lo único claro es que como esta no se debe quedar.

Un profesor de la Universidad Harvard bromeaba, destacando la excepcionalidad antioqueña, que Colombia era Venezuela más el departamento de Antioquia. El GEA nace de la necesidad de proteger las empresas paisas de ser compradas por no-antioqueños. En el contexto global del momento, los conglomerados estadunidenses lideraban y los keiritsu japoneses emergían; la estrategia no era atípica. Con el tiempo, se hizo evidente que el compás estratégico no podía ser simplemente ser de Antioquia. Una restructuración liderada por ellos mismos los reformo en los 90s: internacionalización del grupo, venta de activos no esenciales y creación de las tres verticales actuales. No actualizar su estructura corporativa desde aquel momento llevó a que un tercero los forzara.

 

El fin de los conglomerados como General Electric, Johnson & Johnson o Toshiba nace de lo complejo que es ser experto en múltiples temas. Cuando están listados en bolsa, se añade la complejidad que tranzan a un descuento de la sumatoria de sus partes, por ejemplo, un fondo de energía que le guste Celsia, no quiere invertir en alimentos, bancos y cemento. Esto, en conjunto con el fenómeno colombiano de descuento por baja liquidez, hizo que el GEA fuera aún más vulnerable ante las pretensiones de Gilinski.

Si el propósito del GEA es mantener su antioqueñidad, las OPAs ya asumieron el costo de absorber el grueso de las acciones de terceros en bolsa. Simplemente, pueden de-listar de la BVC para volverse privados, manteniendo el trenzado de prominentes familias para protegerse de la venta de un tercero. Igualmente, se podría desenlazar Argos de Sura listando un nuevo bloque de acciones en una bolsa pública. Aun manteniendo dueños similares, las empresas se podrían especializar en maximizar valor para sus accionistas. De esta manera, también se resolvería el problema del descuento por conglomerados.

Lo más interesante sería una fusión de Argos con Sura, integrándose a través de un fondo privado a la Blackstone o Blackrock. Un reto para la inversión hacia Colombia es la falta de proyectos de gran escala con suficiente calidad de estructuración, para someterse a un comité de inversiones en Londres o Nueva York. El GEA, como nadie, cuenta con los equipos gerenciales, capital, conocimiento y disciplina para armar proyectos de la correcta escala. Permitir capital de terceros ingresar podría no solo potenciar el capital existente, sino traer conocimiento sectorial. Aunque este esquema requiera la desinversión de algunas divisiones, permitiría manejar diferentes divisiones sin caer en la trampa de conglomerado. Sería lo mejor no solo para Antioquia, sino también para Colombia y para los actuales accionistas.

 

Ronda de Renovables

Dicen que se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. El gobierno se posesionó con uno de los discursos ambientales más radicales del mundo, uno basado en el ataque más que en resultados. Tras prohibir la exploración de hidrocarburos en Ecopetrol y frenar un sin número de licencias ambientales, no hay ningún logro palpable en transición energética, ni siquiera se ha presentado la hoja de ruta anunciada para mayo de 2023. El poder simbólico del “No” es didáctico, pero por sí solo no salva el planeta. La decisión de Enel de suspender el proyecto Windpeshi de renovables al mismo tiempo que el país bate records en el primer trimestre de 2023 de inversión extranjera minero-energética, no era la rima esperada. Sin resultados a la vista, le va a tocar al gobierno trabajar más duro, crear rondas de inversión de renovables.

En La Guajira chocaron dos principios del gobierno, lograr extraer más beneficios económicos para comunidades y descarbonizar la matriz energética. Se impuso la primera, matando la gallina de oro. Ni siquiera es que hubiese problema con que la comunidad estuviera exigiendo sus derechos, el reto era que cada vez que todo estaba acordado, había otro paro para pedir más. Es probable que, frente a la imposibilidad del diálogo efectivo y el aumento de secuestros y extorsiones, otros de los 59 proyectos de renovables en La Guajira también cierren. Ni siquiera la línea de transmisión logra salir adelante con 45 consultas previas requeridas.

 

En febrero, según Colfecar, en Colombia se presentaron 2.6 bloqueos viales diarios. Ahora que no solo las comunidades Afros e Indígenas, sino cualquier campesino pueda exigir consulta previa, como pretende el gobierno, la posibilidad de adelantar infraestructura para el progreso se va a volver imposible. Lo óptimo sería que el interés general prime sobre el particular. En Perú, las obras nacionales están exentas de consulta previa y tienen licenciamiento más expedito. Aunque esto no es posible en Colombia, si haría mucho bien definir al principio de un proyecto el costo económico de la consulta previa en inversión o participación de utilidades.

Es lamentable sacrificar la transición energética en el altar del diálogo interminable y el paso glacial de la agencia nacional de licencias ambientales. La ironía es que mientras las inversiones verdes no llegan al país por su complejidad, llueve la inversión extranjera minero-energética. A pesar del alza de impuestos y la hostilidad administrativa, el negar nuevas licencias hace más escasas y valiosas las existentes. Con corte a abril, la inversión extranjera directa en Colombia creció un 20% frente al 2022 a US4,791 millones. La inversión extranjera distinta a la minero-energética cayó un 37% sobre el mismo periodo. Si se sigue en este camino, seremos más dependientes que antes en el sector extractivo sin avanzar en descarbonizar la economía.

Una de las pocas cosas que el Estado hace mejor que el sector privado es el proceso de licenciamiento. Utilizando mapas solares y de viento, Min Minas podría identificar zonas de alto potencial en renovables para encargarse de cualquier requisito de licencia o consulta. Esto, junto con una mejor expansión de las líneas de transmisión, podría lograr los tres propósitos: comunidades en mejores condiciones, diversificación del modelo extractivos y transición energética.