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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: simón gaviria

Integración servicios públicos

Las leyes 142 (saneamiento básico) y 143 (energía) son los pilares de la profunda transformación de servicios públicos en Colombia de los últimos 30 años. Permitieron la transición de la ineficiencia politizada, a un modelo de Estado regulador que incentivó la inversión en cobertura y calidad. Su eje central fue la promoción de la competencia, entendiendo que los monopolios sin control, sean públicos o privados, perjudican al consumidor. Adicionalmente, los pírricos presupuestos estatales, no alcanzaban para subsanar décadas de sub-inversión. Los avance tecnológico demandan más inversión y competencia no menos. Con convergencia de telecomunicaciones, energía, y agua en retos de acceso de ultima milla física en el hogar y ultima milla digital en el celular, es hora de coordinar mejor la regulación.

El impacto positivo es indiscutible. Según datos de Andesco, entre 1990 y 2023, las coberturas en millones de usuarios aumentaron de manera exponencial: energía 4.023%, gas domiciliario 62.500%, acueducto 3.884%, alcantarillado 4.057% y aseo 4.843%. Este crecimiento alcanzó, en muchos casos, coberturas cercanas al 97%-99%, siendo la ruralidad extrema el mayor obstáculo para una mayor expansión. Además, bajo los principios de estas leyes, surgieron sectores como internet fijo, telefonía móvil y televisión paga, desarrollados sin necesidad de recursos públicos. Al pasar de empresario a regulador, el Estado logró que actividades que antes generaban pérdidas ahora contribuyan con casi el 11% del total del recaudo tributario.

Nota recomendada: James, Falcao, y el Patrimonio

La regulación del futuro debe abordar desafíos emergentes como el despliegue de infraestructura 5G, la disminución de pérdidas a través de medidores inteligentes, o la promoción de ciudades inteligentes. La última milla es crítica y la coordinación entre la CRA, CREG y CRC es fundamental, no pueden avanzar cada una como rueda suelta. Estas entidades deben alinearse para gestionar la creciente interdependencia entre servicios: la facturación de energía asegura la viabilidad de servicios de aseo o la compartición de infraestructura de ciudades inteligentes. El futuro es convergente, pero persisten retos.

La crisis energética en el Caribe contrasta con los avances logrados por regiones con menores entornos de desarrollo. Las inversiones necesarias para salvar esta región, son tan significativas que solo dos empresas públicas (Pereira y Medellín) asumieron el riesgo, a costa aumentar los privilegios para las empresas previas a la Ley 143. La competencia se puede incentivar si se garantizan condiciones de igualdad, todos en la cama o todos en el suelo, y evitando la peligrosa influencia de la información privilegiada.

Por sí le interesa leer: Recorte presupuestal decretado por Petro afecta proyectos en Bogotá y Medellín

En su momento, la poderosa bancada antioqueña no permitió a separar las funciones de generación, distribución y transmisión. La privatización parcial de las de empresas municipales otorgan a privados ventajas no razonables en el espacio publico. Propuestas de expandir el conglomerado de Ecopetrol a lo divino y lo humano generan mas preocupaciones. Cualquier actualización que regula la convergencia debe profundizar la inversión y la competencia. Antes de hablar de fusionar las comisiones de regulación, una vez el presidente logre nombrar la CREG, estas podrían empezar a hacer reuniones de coordinación de agenda regulatoria.

Simón Gaviria Muñoz

Rey dólar

En los últimos 6 meses, el peso colombiano se ha devaluado cerca de un 10% frente al dólar, mas o menos de $4.000 a $4.400. Así como hay un “descuento Petro”, también en EEUU la fortaleza del dólar tiene explicación: Trump. Sus políticas proteccionistas y tributarias son revaluacionistas. Desde junio, en plataformas de apuestas como RealClear Polling, Trump tomó la delantera, alcanzando un pico después del atentado que solo se freno las dos semanas después del anuncio de Kamala. Los inversionistas apostaron a las consecuencias de la presidencia de Trump, desde que punteo en las encuestas se empezó a fortalecer el dólar.

Los mercados celebraron la designación de Scott Bessent en el Tesoro y Howard Lutnick en Comercio, ambos con hojas de vida admiradas, inspiran la confianza de voces tranquilas en el gobierno. Cabe destacar que, en 2024, Bessent advirtió que el aumento de aranceles comerciales sería inflacionario y conduciría a “revaluar el dólar, lo que sería contraproducente para un renacer industrial.” Aunque este comentario lo podría hacer un estudiante de primer semestre de economía, toma especial connotación cuando es pronunciado por el prospectivo Secretario del Tesoro. Refuerza la teoría que la amenaza de incrementos arancelarios será utilizada, pero no de manera arbitraria sino de manera táctica.

Durante estos seis meses, mientras el peso colombiano perdió 10% frente el dólar, el peso mexicano cayó un 18%. Aunque existe la posibilidad de que EEUU imponga aranceles a México, parece más probable que Trump exija aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y especialmente en frenar la inmigración ilegal. Es difícil pensar que EEUU pueda librar una guerra comercial contra China, abriendo un segundo flanco contra Canadá y México. Durante la presidencia anterior de Trump, la presión política sirvió para actualizar y mejorar el acuerdo comercial de Norte América. Después la elección y nombramiento del gabinete, el peso mexicano lleva un mes estable.

En el contexto colombiano, durante la administración Duque, Colombia cometió el mismo error de Petro, tomar partido en las elecciones de EEUU, perdimos margen de maniobra frente a Biden aunque eventualmente nos recuperamos. Esta vez será mas difícil, la postura actual del gobierno colombiano frente Israel y su neutralidad frente a Rusia, agravan la situación. En el mejor escenario, Argentina podría reemplazar a Colombia como el aliado más cercando de EEUU en América Latina, con los consecuentes recortes en cooperación y inversión. En un panorama más pesimista, la enemistad personal entre Petro y Trump podría involucrar a Colombia en la presión total que se impondrá sobre Venezuela.

El comportamiento del dólar refleja más la fortaleza de la economía estadounidense que una debilidad del peso colombiano. El proteccionismo impulsado por Trump, sin duda, tendrá un efecto de revaluación del dólar frente a todas las monedas. Además, se vuelve evidente que la tasa de impuestos del 21% de EEUU tendrá 10 años más de vigencia. Digamos lo que digamos, el brillo de invertir en Colombia cada vez es menor, especialmente cuando el impuesto en EEUU es menos de la mitad que el colombiano. Una dosis de libertad económica podría no solo fortalecer el peso, sino también impulsar el crecimiento del país.

Simón Gaviria Muñoz

Mercado de esmeraldas

La historia esmeraldera esta marcada violencia y grupos al margen de la ley. Aunque nuestra riqueza es incomparable en esmeraldas, esta no se refleja ni en Boyacá, su principal productor, ni en el resto del país. Se pensaba que las aguas turbias del sector eran cosa del pasado, pero el sicariato del esmeraldero Pedro Aguilar revivió los fantasmas. A pesar de esto, la reciente subasta internacional anual de esmeraldas organizada por Fura Gems ofrece esperanza. Este evento no solo generó ventas por más de US$35 millones, sino que rentablemente pago IVA y regalías. Se requiere transformar el sector, la informalidad lleva frenando su desarrollo, debe convertirse en un gran negocio a pesar de las fuerzas que no dejan.

Colombia es la potencia mundial de esmeraldas, seguida por Zambia, Brasil y Rusia. Produce el 35% del mercado global, el 81% de las de alta calidad y el 95% de mas alta gama. Sin embargo, solo el 20% de estas piedras se cortan y pulen en el país, eso sí, con altísima calidad, pero India es el líder de lejos. La facilidad del sector para el lavado de activos y contrabando construyen fuerzas para la generación de valor agregado. En Colombia deberían desarrollarse no solo las mejores técnicas de corte, sino la joyería más prestigiosa de esmeraldas del mundo. Esfuerzos para formalizar a través de denominación de origen del gobierno Duque fueron frenados por la SIC por temor a la protesta social.

Con frecuencia, lo único que queda para el país son piedras preciosas escondidas en el pantalón de un viajero escapándose por El Dorado. Según Fedesmeralda, las exportaciones oscilan entre US$100-150 millones anuales. Sin embargo, otras fuentes, como Resourcetrade.earth, estiman que las ventas internacionales podrían duplicar esas cifras. Las regalías apenas alcanzan los US$2.33 millones, ya que, solo son 449 contratos de concesión minera vigentes, solo 250 están en producción. Se estima que la informalidad sectorial podría superar el 60% del mercado, aunque la verdad nadie lo sabe.

Genera esperanza la Resolución 759 de la Agencia Nacional Minera, que permitirá el lanzamiento de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales. Este sistema, abarca desde la extracción hasta la comercialización, unifica plataformas como el RUCOM y GENESIS, permitiendo la trazabilidad. Además, de facilitar certificación de origen, una herramienta clave para construir una marca de país, se requiere certificar en sostenibilidad, calidad, y derechos humanos. Si la esmeralda colombiana, cuyo precio superara en un 50% quilates similares de Zambia o Brasil, tuviera una certificación nacional simplificaría la comercialización internacional. Incluso, algo como un Juan Valdés esmeraldero también sería útil.

El poder político del sector esmeraldero históricamente protege la informalidad, en algunos casos, la ilegalidad. No permitir la creación de estándares le acabó haciendo daño al largo plazo. Con herederos sofisticándose y la llegada de jugadores internacionales, se abren oportunidades de valor agregado. El desarrollo de una industria de renombre tiene un enorme potencial, que podría ampliarse con el incremento del turismo: Porque no regalar anillos de esmeraldas en vez diamantes de compromiso. Al final del día, no todo lo que brilla es oro, pero puede ser hasta más valioso.

Simón Gaviria Muñoz

Descentralización responsable

Para quienes creemos profundamente en la descentralización, el acto legislativo que aumenta el porcentaje de recursos para las regiones es positivo, la falta de detalles es lo que preocupa. Gustavo Bolívar, con quien esta columna muchas veces no esta de acuerdo, hizo una reflexión acertada en entrevista con El Tiempo: “primero tendríamos que haberles entregado competencias a los municipios y después decidir el impacto. Se está haciendo al revés.” Mientras se anuncian recortes del 50% para la entidad de superación de la pobreza, se promueve la repartición de casi $45 billones sin claridad sobre su destino. Esto podría tener consecuencias como una nueva mega reforma tributaria o la no aplicación de la reforma. Sin duda, será útil para las campañas de los ministros de Petro cuando aspiren a la presidencia, el problema nos queda a los demás.

La reforma al SGP busca aumentar las transferencias a las entidades territoriales que hoy son cerca del 25% de los ingresos corrientes de la nación, estimados en $280 billones para el próximo año, a una regla definida del 39.5%, un 7.0% por debajo de la fórmula de la Constitución del 91. Hasta ahí bien, la crítica de muchos es que se aprueba un monto para que después en una ley estatutaria se defina su distribución. Dado que la reforma se presenta como fiscalmente neutra, es decir, que solo se trata de un ejercicio contable, en el que un gasto de la Nación se convierte en gasto de las entidades territoriales, en la práctica nada cambia. También literalmente se le prohibiría al gobierno nacional concurrir con inversión en salud, educación y saneamiento básico.

Filosóficamente, uno creería que en Antioquia conocen mejor los problemas del departamento que en una oficina de Bogotá. Sin embargo, esta afirmación debe evaluarse con resultados: si una entidad territorial demuestra mejoras en su desempeño, debería tener más descentralización, de lo contrario el gobierno nacional debe ejercer mayores controles. Esto es especialmente verdad, en una constitución municipalista, como es la colombiana, en la que los departamentos podrían solucionar falencias en los entornos de desarrollo de alcaldia. Igualmente, estos podrían ayudar a materializar economías de escala en costos administrativos beneficios para las alcaldías.

Ahora bien, mientras los recortes en el 2025 al presupuesto podrían alcanzar los $30 billones, comprometer un nuevo gasto por razones filosóficas, no parece sabio. Cerca del 80% del presupuesto de Colombia es inflexible (deuda, salarios o vigencias futuras que deben pagarse), por lo menos, es poco probable que lo entiendan las familias que van a perder su Renta Ciudadana y el bono de adulto mayor. Muchos con escepticismo, creen que al transferir estos recursos se generará un hueco fiscal que requerirá mayores impuestos.

Ponerse de acuerdo en repartir recursos no es fácil, décadas después, varias leyes contempladas en la Constitución no han sido aprobadas. La implementación de este Acto Legislativo, sin claridad en el gasto, podría vulnerar la regla fiscal. Ya el Min Hacienda envió un concepto negativo al proyecto y ahora se afirma que el proyecto no tiene costo. Es un debate interesante, ojalá los ministros que lo promuevan no lo dejen tirado en búsqueda de aspiraciones presidenciales. 

Simón Gaviria Muñoz

Negocio de los influencers

Andy Warhol decía que cada persona sería famosa por 15 minutos, pues ese futuro llegó para los influencers. Este anglicismo referencia personas que influyen sobre los gustos de otras a través redes sociales. Los principales influencers colombianos son los exitosos en su trabajo con millones de seguidores: Shakira (89.7), Karol G (66.7), James Rodriguez (52.0), etc. En estos rankings empiezan a aparecen famosos cuya notoriedad proviene de ser famosos: Anllela Sagra (25.0), Carmen Villalobos (22.5), Borrego (20.0), etc. Sus comentarios, recomendaciones y vivencias, gozan de una audiencia cautiva. Están cambiando el mundo de los negocios, la publicidad, y ahora hasta la DIAN los tiene en la mira.

Previo a las redes sociales, los colombianos compartían sus experiencias culturales. Recuerdan las voces de Yamid Ammat y Juan Gossain, las telenovelas del Canal Uno y el Canal A, pero también Betty La Fea. Solo se podía ver caricaturas los sábados por la mañana y las novelas después del noticiero. El esquema de ajustarse al horario específico del contenido, murió con las redes sociales. Para gastronomía Tulio Recomienda, en bienestar Silvana Araujo, en belleza siguen a Pautips, se apasionan con la vida de Calle y Poche, en tecnología Charlie Álvarez, y Christian Byfield para turismo. Hoy las redes permiten información específica de comunidades especializadas en cualquier momento.

En Colombia por lo menos 645 mil personas se identifican como creadores de contenido, según Influencity, aunque no todos monetizan, si construyen comunidad. En EEUU, por lo menos 57% de la Generación Z dice querer ser un influencer. El crecimiento en Colombia es efervescente, donde después de Brasil, es el segundo país de la región con mayor inversión en influencers. El crecimiento se explica no solo por su visibilidad sino por su eficacia, un estudio de Influencer Marketing Hub mostró que cada peso invertido genera 5.78 pesos de ventas. El poder del testimonio de un personaje de confianza a una audiencia focalizada resulta más rentable que la publicidad generalizada, cuento dure esto no es claro. 

Para efecto de negocios se clasifican por seguidores nanoinfluencers (menos de 10k), microinfluencers (10k-100k), macroinfluencers (100k-1m) y los megainfluencers con más del millón ya tienen otras categorías. Mientras un nano puede cobrar $500 mil por cada campana, el macro puede estar en los $10 millones. Ya los megas cómodamente superan los $50 millones. No es solo comunicarse con mucha gente, es la confianza que ellos generan. La tendencia en EEUU es que de la torta publicitaria de los influencers que tienen menos de 20k seguidores en los último tres años paso del 20% al 45% del total.

De invertir tan solo $8.757 millones en 2019, las campañas reportadas de influencers en 2023 sobrepasaron los $117.563 millones en Colombia. Con un crecimiento anualizado del 77% durante 2023, muchas campañas o se pagan de manera informal o en especie, el monto podría ser mucho más alto. Se estima que, en 2024, con la adopción masiva de varias corporaciones, sobrepase los $300 mil millones.  No en vano la DIAN está poniendo la lupa en el sector auditando los ingresos de más de 40 influencers. Hay que cumplir las reglas, pero ojalá la nueva regulación no mate la innovación.

Simón Gaviria

La COP 16

Siempre es una victoria que distinguidos invitados internacionales vengan al país. Esta vez, el gobierno nacional escogió mostrar al pacífico. Cali como ciudad anfitriona, promete brillar con el calor de su gente y riqueza cultural. Eso sí, está por verse qué tanto le va a servir a Colombia la conferencia para promover sus intereses. Aunque se esperan importantes anuncios alineados con esta, la postura hostil de Colombia frente a soluciones ambientales con financiación privada limita los logros. Las ideas de reemplazar la institucionalidad internacional por una nueva liderada por el “Sur,” es probable que no arranque. Es muy importante que de la COP 16 queden más que lindos recuerdos.   

El sistema de Conference of the Parties (COP), liderado por Naciones Unidas, puede resultar confuso porque hay 14 diferentes tipos. En materia ambiental, la COP “famosa” es la de cambio climático, cuya edición 29 será realizada en Bakú, Azerbajan en noviembre. Además, hay otras COP sobre temas ambientales como desertificación y humedales. En Cali se llevará a cabo la COP 16 de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD). Es natural que se escoja a Colombia para ser sede, pero no por razones históricas ni por emisiones actuales somos protagonistas del cambio climático, sino por ser una superpotencia en biodiversidad, al ocupar el segundo lugar después de Brasil.

Después del gran éxito en Montreal de la COP 15, donde se lograron 23 metas específicas para preservar la biodiversidad, en Cali se espera lograr dos grandes acuerdos: un mecanismo justo para acceder a la riqueza genética de zonas biodiversas y un mecanismo de seguimiento a los US$200 mil millones previstos para causas de conservación hasta 2030. El movimiento por la protección la biodiversidad está entre 10 y 15 años de madurez de lo que se ha logrado en cambio climático, lo que podría significar que, con el adecuado incentivo regulatorio, proteger la biodiversidad no solo sea un ejercicio en caridad sino de desarrollo económico para Colombia.

Para efectos de cambio climático, la conversación es más sencilla ya que hay un propósito objetivo sobre calentamiento global y un modelo científico robusto sobre gases efecto invernadero. Es fácil, por ejemplo, saber, que una tonelada de metano es treinta veces más contaminante que de dióxido de carbono.  En cambio, en biodiversidad es más subjetivo determinar si la existencia de una mariposa es más o menos valiosa que el micelio. Y aunque hay estimaciones sobre los servicios ecosistémicos, no es tan claro si vale más un km de Amazonas o de la Gran Barrera de Coral. Aun con estos desafíos están surgiendo los primeros créditos de biodiversidad, donde se estructuran proyectos y se paga por resultados en conservación. Entendiendo el escepticismo contra los instrumentos de mercado que tiene el gobierno Petro, este mecanismo no solo fortalecería la conservación, sino que sería una oportunidad de desarrollo.

Los mecanismos de canje de deuda por conservación no son aplicables para países de renta media como Colombia. La idea de mendigar caridad para lograr conservación tiene límites. Con buen seguimiento, transparencia financiera, prosperidad compartida con comunidades, se podría salvar la biodiversidad del planeta y en el proceso traer desarrollo económico para muchos.     

Simón Gaviria Muñoz

Hipocresía de sangre

En Colombia está prohibida cualquier tipo de retribución por donar sangre, no se permite rifas, alimentos, ni publicidad. Si bien es entendible la preocupación por evitar incentivos perversos, como es el caso de los órganos, Colombia se destaca como uno de los países más restrictivos del mundo en cuanto restricciones para donación de sangre. A pesar de nuestras altas tasas de violencia y accidentalidad vial, no hay medidas efectivas para combatir el déficit estructural de oferta de sangre del país. Mientras tanto, EEUU se ha convertido en el líder global de venta de productos sanguíneos, generando US$37 mil millones, con lo cual supera sus exportaciones de carbón y oro. Colombia debería permitir compensaciones económicas por las donaciones de sangre, no solo para cubrir su déficit interno, sino también para exportar a otros países.

Según la revista The Economist, el 80% del plasma global proviene de solo cinco países: EEUU, Austria, la Republica Checa, Alemania y Hungría, en donde los debates filosóficos sobre la posibilidad de pagar por donaciones de sangre se resolvieron rápidamente. La extracción es un proceso sencillo: se separa el plasma y se devuelve el resto al cuerpo, sin causar daño, ya que el organismo repone naturalmente el impacto de la transfusión. Según centros de CSL Plasma, un donante en EEUU puede recibir ingresos mensuales de entre dos y cuatro millones de pesos, en España la cifra es cercana a 1.3 millones de pesos. Claramente, el incentivo económico motiva la gente a donar.

La Ley 919 de 2004 impuso sanciones penales por la remuneración en donaciones de sangre, a pesar de que varios decretos y resoluciones ya reglamentaban el tema.  Esta legislación se motivó por la complejidad ética de que alguien, por necesidad económica, pudiera ofrecer parte de su cuerpo, como órganos, que le causaran daño permanente, Además, fue influenciada por cadenas de correos de historias macabras de robo de órganos.  Sin embargo, es difícil entender por qué se incluyó la sangre en estas restricciones. Ofrecer dádivas por una donación de sangre puede conllevar de tres a seis años de cárcel. No es un buen uso de la policía ni del aparato judicial estar tratando de meter a un médico preso por regalar una camiseta a un donante.

Actualmente, Colombia produce menos de un millón de “pintas” (unidades de 450 ml) de sangre, mientras requiere 1´450.000 basado en su población. Y eso que este monto está basado en la dificultad de conseguir plasma para diferentes terapias, si existiera suficiente disponibilidad, probablemente su uso médico aumentaría. En el caso de que se permitiera aumentar la producción de sangre en el país, sería razonable obligar a satisfacer la necesidad nacional antes que exportar. Durante el Covid-19, se disparó la demanda de sangre y la imposibilidad de donar colapsó los inventarios globales. Fue tan grave, que Italia y Francia anunciaron racionamientos.

Es muy fácil ser más papista que el Papa y oponerse a todo. La oportunidad de tener más insumos médicos para abaratar costos y dar mayor flexibilidad a los médicos tiene sentido. También existe una gran oportunidad económica para muchos ciudadanos. Puede que sea hora de acabar la hipocresía en sangre, le podemos competir a EEUU y Alemania, por lo menos en esto.  

Simón Gaviria

No a la tributaria

Desde la aprobación del Decreto 444 en 1967, nunca se le ha negado un presupuesto al gobierno. Eso sí, cuando las comisiones económicas rechazan el monto del presupuesto, debe interpretarse como un mensaje en contra la reforma tributaria. Cuando un gobierno quiere aumentar impuestos, agiliza el trámite si presenta una ley de financiación en el marco de un presupuesto desfinanciado, lo que da un mensaje de urgencia y vincularla a las comisiones IV. Existe consenso en que un incremento de impuestos desaceleraría aún más la economía. Además, aunque la poesía presupuestal es valiosa, con una ejecución de la inversión de solo el 35.7% en agosto, no es claro el uso de los recursos. Lo mejor sería, como dice el Congreso, recortar el presupuesto en $12 billones y no hacer tributaria.

Claro, la reforma tiene dulces que ameritarían destacarse en otra columna: una reducción de impuesto de renta corporativa, la mejora del precio base del carbono y la posibilidad de tranzar beneficios tributarios de inversión en renovables. Sin embargo, incomoda el aplazamiento de la entrada en vigencia de la regla fiscal, lo cual abre espacio a un déficit adicional de $5 billones. La reforma no se necesitaría si el gobierno hubiera tomado decisiones acertadas en materia de gasto. Tampoco lo sería si no se hubiera empecinado en espantar la inversión privada, problema que agrava en el texto propuesto. No existe ningún choque externo que justifique la reforma, todo es daño auto infligido.

Es cierto que el gobierno Duque dejó a Petro con dos bombas fiscales: el ajuste del plan de beneficios de salud y los subsidios a los combustibles. En el primer caso, al final de su mandato, Duque amplió los beneficios de salud sin tomar en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema, solo los deseos de mejorarlo. Sin que estuviera el adulto responsable en la conversación, Min Hacienda, desestabilizó el sector. El afán del gobierno Petro de reformar el sistema agravó el problema, ya que cada vez que interviene una EPS, le toca asumir sus pérdidas. Esto le puede costar $12 billones.

En el tema de combustibles, el gobierno tuvo la oportunidad de corregir la política desde el principio, pero solo lo hizo para la gasolina. La corrección del diésel, la dejó para después de las elecciones regionales por razones políticas, donde de todas maneras el partido de gobierno tuvo el peor resultado en la historia del país. A penas trató de hacer el ajuste, el gobierno se asustó con los paros y claudicó. El subsidio al diésel, junto con la congelación de los peajes y el subsidio del SOAT, suma unos $16 billones. Estos subsidios están mal focalizados y contaminan, existen mejores usos para esos recursos, uno de ellos es no hacer una reforma tributaria.

El daño contra el ambiente de inversión ha sido ampliamente discutido en estas columnas. Resumen la inversión como porcentaje del PIB es la más baja en 20 años. Repito, todos estos daños son autogoles del gobierno. En sectores como energía o vivienda, donde no era necesario intervenir, todos los cambios hicieron daño. Hay tanto gordo para recortar que no tiene sentido subir impuestos. Igual, este presupuesto ya se hundió legalmente hablando. Y la plata que hay, ni si quiera se ejecuta, no es el momento para una tributaria.

Simón Gaviria

Vainilla en Colombia

Un artículo de The Economist del 8 de agosto pasó desapercibido en Colombia, a pesar de vaticinar un boom en la producción de vainilla en el país. Promocionado por la Agencia Suiza de Cooperación, el pacífico colombiano está redescubriendo sus variedades de vainilla. En el Chocó, este producto, conocido localmente como “quereme”, por su exquisito olor, se destaca como un recurso forestal no maderable y simbiótico con la protección de la biodiversidad. A pesar de esfuerzos menores realizados por la Agencia de Desarrollo Rural ($500 millones), no existe una política estatal agresiva para su promoción. No es coincidencia que, para el mes de septiembre, el Min Agricultura solo haya desembolsado solo el 18.3% de los recursos asignados. Aunque se le abona al gobierno que el sector agrícola haya dejado de ser la “cenicienta” del presupuesto nacional, de poco sirve si los recursos no se ejecutan.

En el mercado global de alimentos, la vainilla es un producto esencial para saborizar, y su aroma es altamente codiciado. Es la segunda especia más costosa después del azafrán, con un mercado mundial que alcanzó los US$ 292 mil millones en 2023, y se espera que crezca a US$437 mil millones para 2031. Aunque la flor de la vainilla es originaria de América Latina, el 80% de la producción proviene de Madagascar. Dada la mayor exigencia por productos de calidad y orgánicos, los campesinos chocoanos están vendiendo el kilo a $2.5 millones. La fuerte demanda internacional asegura que la producción disponible encuentre compradores fácilmente, sin necesidad de deforestar.

El artículo en referencia, menciona que la variedad planifolia del pacífico colombiano es polinizada por abejas, lo que le da un olor especial. Se lamenta que, a pesar de la demanda evidente, hace falta capacitación, financiación, vías terciarias, y vocación comercial. Una empresa francesa de fragancia requeriría, por ejemplo, una tonelada de producto inmediatamente, pero la intervención estatal, que debería ser integral, es insuficiente. Es verdad que la ejecución contractual de Min Agricultura es de 50.7%, pero al no ocurrir en territorio, los recursos se quedan durmiendo en fiducias.

Si bien el propósito del gobierno de lograr una reforma agraria es loable, su lentitud es evidente. Aunque el gobierno cita a Corea del Sur como ejemplo de una reforma rural exitosa, las diferencias en el sistema judicial y el historial de violencia de Colombia hacen que las comparaciones sean poco realistas. No es razonable esperar que las cooperativas de vainilla logren imponer condiciones a los compradores por sí solas. Sería mucho más efectivo garantizar la calidad y el suministro de la cadena productiva, para garantizar contratos justos de largo plazo.

El renacer de la vainilla colombiana es una noticia prometedora. Aunque el gobierno podría hacer mucho más para impulsar este desarrollo. La certificación de origen debería ser algo en trámite. Agrosavia, la entidad estatal de investigación agrícola podría profundizar en estudios sobre las variedades colombianas y sus técnicas de producción. El huracán que afectó a Madagascar en 2023 obligó al mercado global a buscar alternativas, y Colombia tiene el potencial de convertirse en un productor clave, aunque solo el tiempo lo dirá.    

Simón Gaviria

Kamala y Colombia

En menos de un mes se evaporó la contundente ventaja de Donald Trump en las encuestas. Aunque dos meses en política son una eternidad, la inevitabilidad de Trump ya no es un hecho, hay que pensar que le pasaría a Colombia con Kamala Harris. Con raíces jamaiquinas, la antigua senadora de California, marcaría un contraste frente a Trump en retórica, pero no necesariamente desviaciones mayúsculas en política pública regional. Aunque el daño de largo plazo es evidente, la decisión diplomática del gobierno, de solo ser amigo de los demócratas, especialmente, de la bancada Afroamericana, saldría premiada. Aunque nada está escrito, es probable que a Colombia le vaya bien.

Al contrario de Colombia donde el voto popular elige presidente, en EEUU la mayoría es con un colegio electoral donde el ganador de cada estado suma esos votos. Trump venía ganándole a Biden por 4.0% en el agregado de encuestas de Nate Silver. En la misma encuesta, de Harris contra Trump, ahora ella lidera 3.1%, incluyendo en cinco de los seis estados más competidos. El modelo le otorga a Kamala Harris una probabilidad de 56% de ganar. A la fecha, ella viene duplicando en donaciones a Trump, US$516.8mm vs US$268.5mm.

Inmigración lentamente se convirtió, después de la economía, en el tema más importante para el votante estadunidense. Especialmente en los estados competidos, el tema es fundamental. A pesar de la grandilocuencia de Trump en el tema migratorio, ya hay un consenso general en disminuir la inmigración neta en EEUU. Kamala Harris, inclusive, apoyó la ultraconservadora ley de limitación de inmigración propuesta por la derecha republicana.

La gran diferencia del enfoque de Harris está en el énfasis prohibitivo de frenar la inmigración.  Ella, en contraste, quiere atacar las causas de inmigración, principalmente la falta de oportunidad económica en los países de origen. Bajo el liderazgo de Harris, se estableció un programa de inversiones de US$5,000 millones en inversiones en Guatemala, Hondura y El Salvador, de donde provienen 40% de los migrantes ilegales. Esto abre la posibilidad de construir programas de desarrollo con financiación de EEUU en los departamentos fronterizos, pero especialmente en Chocó, donde la trata de personas y su descendencia afro son fuente de solidaridad.

Es probable que, bajo la administración de Harris, se mantengan las sanciones y probablemente se endurezcan con Venezuela. Cuando fallen las gestiones de Brasil y Colombia con Maduro para publicar las actas, la humillación a EEUU por el incumplimiento venezolano debe tener consecuencias. Aun con liderazgo demócrata, se va a endurecer la postura contra la dictadura del vecino país. En materia de Cuba si existe un contraste, así como lo ha dicho Obama, Kamala ha expresado voluntad para tratar de negociar el fin del embargo.

En lo que respecta Colombia, la postura tan amable de Biden, al cual se le recuerda como un arquitecto del Plan Colombia es probable que se enfríe. La hostilidad contra Israel y simpatía con Rusia cuesta. Dada la ascendencia jamaiquina de la prospectiva presidenta, Colombia debe rescatar su vocación caribeña. Se debe pensar en proyectos con Caricom y organizar iniciativas regionales. Lo que era un choque de trenes con Trump, puede ser ahora un aterrizaje, pero igual perdiendo relevancia.   

Simón Gaviria

Inversiones forzosas

El anuncio de incrementar las inversiones forzosas es una salida en falso, que como la “Constituyente,” se anuncian sin detalles. Podría ser un esfuerzo por dirigir la economía hacia propósitos loables, una estrategia para desviar un incomodo ciclo noticioso, o un intento por forzar a los bancos, cuyos propietarios tienen medios de comunicación, a negociar un acuerdo. También es un reconocimiento de no lograr mover la maquina de lo “público” para ahora privatizar esfuerzos. Además, muestra un desconocimiento de herramientas como Fogafin que lograrían lo mismo propósito sin traumatismo. Lo que sea, causar incertidumbre gratuita solo contribuye a lastimar el empleo y la inversión.

Muchos interpretamos el anuncio del gobierno asumiendo la definición técnica de inversiones forzosas. En otras palabras, el gobierno selecciona unos sectores que quiere privilegiar con crédito más barato. Para lograr esto, los bancos privados tienen la opción de comprar títulos emitidos por el gobierno, el cual ofrecería crédito subsidiado sectorial o colocar los créditos que ofrece el gobierno en las mismas condiciones. Sería interesante saber si hubo un estudio técnico para definir estos sectores o simplemente son las prioridades del gobierno de turno.

Esta política de inversiones forzosas fue popular en el siglo pasado, pero se desmontó debido a sus malos resultados, que encarecían el margen de intermediación. Estudios del Banco Mundial y Ban Rep estiman que, para Colombia, podrían añadir entre 0.2% y 1.5% de costos adicionales. A pesar de la recomendación técnica, solo se mantuvo la inversión forzosa del sector agropecuario gracias al inmenso poder de este sector en el congreso. Para los demás sectores, se eliminó, permitiendo que la oferta y la demanda fijaran precios.

Una persona con la que hablé, tenía gran afán de sacar sus recursos del país, por temor a que el gobierno pudiera forzar todas las empresas privadas a invertir en lo que ordenara. Otras figuras del acontecer nacional denunciaron un plan del gobierno para “expropiar” el ahorro del público, mientras otras instauraron medidas legales por el delito de “pánico económico.” Hacer el anuncio con detalles sin duda evitaría malentendidos.

En general, es mejor transparentar el costo de una pública, en vez de diseñar opacos esquemas de subsidio. El costo actual de las inversiones forzosas no es cero, para lograr estos propósitos, el resto del crédito se debe encarecer para subsidiarlo. Por ejemplo, para subsidiar el crédito de los grandes ingenios, la clase media debe pagar hipotecas más caras. Sería mucho mejor asignar una línea del presupuesto, definir un monto y subsidiar tasas del sector preferido. También se podría diseñar productos de garantías para disminuir el costo del crédito.

El gobierno quiere volver a las antiguas tesis de política industrial, donde selecciona “sectores estratégicos” para construir campeones nacionales. Dada la estrechez fiscal que las políticas del gobierno han causado, deben tomar medidas menos transparentes fiscalmente para lograr sus propósitos. Independientemente sobre si tienen la razón o están equivocados, lo mejor sería presentar la idea completa en lugar de hacerlo por retazos. Con todo lo que ocurre en el país y el mundo, ya tenemos suficiente incertidumbre.

Simón Gaviria

Misión remesas

Las remesas son el fenómeno económico más importante del país, pero no se sabe mucho de ellas. En 2023, alcanzaron los US$12.347 millones, lo que representa un aumento de 12,47% frente al año anterior.  Hace una década, esta cifra era US$4.183 millones, una tercera parte. Con una capilaridad que llega a todos los rincones de Colombia, las remesas construyen reactivación económica con equidad. Al 19 de julio de 2024 seguía su disruptivo crecimiento de 11,27%, alcanzando los US$7.596 millones, cifra cercana al 65% del total de la inversión del presupuesto nacional. Este dividendo es más grande que el que aporta cualquier industria necesita mas explicación.

Muchos analistas de manera simplista explican la triplicada de remesas en los últimos diez años como un tema del narcotráfico. Y aunque es innegable la existencia del fenómeno, siempre ha sido una constante en las cuentas macroeconómicas del país. A pesar del crecimiento de hectáreas sembradas, la influencia de los carteles mexicanos y el auge del fentanilo sugieren que, en realidad, podrían estar ingresando menos recursos, como refleja la caída del 60% del precio de la hoja de coca. El narcotráfico no explica el crecimiento de remesas.

Durante la pandemia, los estímulos de protección social en los países donde habitan los emigrantes colombianos, especialmente en EEUU, fueron masivos. Cheques enviados de manera generalizada y sin restricción fueron comunes. Entre 2019 y 2022 crecieron las remesas 9,4% anualmente, impresionante, pero después del COVID las remesas crecieron aún más rápido.  

Es posible que exista un incremento permanente de emigración, para 2020 se estimaba en 5 millones la diáspora nacional. Tras finalizar la pandemia, la tasa anual promedio de emigrantes de 250 mil por año, se duplicó en los años posteriores. La exportación masiva de mano de obra sin duda influye en las cifras de remesas del país. Aunque esto explica en parte el incremento de remesas, no abarca por completo el fenómeno.

El teletrabajo, fomentado en la pandemia, expandió el mercado laboral digital, desde chicas webcam a programadores de software. De acuerdo con GitHub, el número de programadores en el país alcanzó los 663.000, un crecimiento del 33%.  Esto, sin hablar de otros sectores, como diseñadores gráficos y contadores, que también pueden ofrecer sus servicios de manera digital. Aunque los balances anuales de este año muestran incremento de US$100 millones en flujos de servicios tecnológicos y US$50 millones en servicios profesionales, la tentación de evadir IVA y renta, disfrazando esos ingresos como remesas, es considerable.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Según la OMC, el 54% de todos los servicios globales se entregan de manera digital, con este comercio digital creciendo de manera continua al 8.1% durante las últimas dos décadas. El FMI está considerando modificaciones metodológicas para reflejar en la contabilidad la posibilidad que muchas remesas en esencia sean servicios digitales. Para Colombia, entender este fenómeno, que podría ser tan significativo como el narcotráfico y el café, es crucial. Planeación Nacional debería hacer una misión para abordar esta realidad es probable que este año superemos los $50 billones. 

Simón Gaviria

El medio tiempo

A mitad del periodo presidencial no hay mucho cambio: no hay logros económicos, ni reformas institucionales, el fracaso para el gobierno en elecciones regionales fue contundente, y la creciente inseguridad se está saliendo de las manos. Más grave aún, la narrativa de superioridad moral se está desvaneciendo. Todo el mundo puede tener un mal comienzo, la inexperiencia frente a las riendas del Estado es compleja y solo se aprende haciendo. El equipo de gobierno no contaba con las hojas de vida para gobernar, es todavía increíble que no encuentren gente para ser miembros de la CREG. Lo más grave es que para el segundo tiempo, la fórmula va a ser más de lo mismo. El cambio de gabinete trae caras frescas (algunas bien recicladas) pero no complementa puntos de vista ni trae nuevos apoyos. Colombia si necesita urgente un cambio, pero parece que va a tener que esperar unos años mas.

Hasta ahora el enfoque de gobierno tiene una alta unilateral retorica filosófica, no existe genuino debate, aunque si esporádicos cruces de insultos, cuando se entra en la carpintera del detalle se esfuman el “exactamente que se quiere lograr” para quedar en nada. Es importante que el gobierno redacte un documento técnico de cómo quiere lograr sus propósitos, para ver si hay margen parcial de acuerdo, aterrizar en algo sus propuestas.

El grandilocuente propósito de cambiar modelos como salud, educación, productivo, entre otros, muchas veces se reduce a eliminar o disminuir el papel del sector privado, esto parece es el propósito de la reforma de servicios públicos. Tan progresivo como pueda aparecer esto para muchos, es meramente volver a las tesis estatistas de los 70s que recientemente fracasaron estruendosamente en Argentina y Venezuela. El peligroso anuncio de inversiones forzosas para el sector privado va en la misma línea. La paz total sin ningún defensor por fuera del Pacto Histórico se ve especialmente compleja. La insistencia sin ninguna modificación de la reforma a la salud sin ningún cambio es un error.  

Las intervenciones del gobierno pareciesen revanchismo institucional, difícil buscar consenso con una pistola en la cabeza. En materia ambiental no se propuso nada audaz ni que facilitara el cambio climático, la transición energética esta muriendo en el altar de los mandos medios de la ANLA. También hubiera sido interesante una expansión de derechos para minorías sexuales, religiosas, y étnicas. Para tanta retorica es sorprendente tan poca propuesta de reforma.

Al gobierno se le debe abonar la responsabilidad en lo macro-económico, si bien no se fortaleció la libertad económica ni el crecimiento, estamos en un meseta prolongada, tampoco hay una crisis. Aunque tan pobre ejecución presupuestal hace daño, los funcionarios se dejan llevar por la tentación de horas de argumentación infructuosa en redes sociales, en vez del trabajo de oficina. Se requiere que el presidente personalmente lidere estos procesos, el esquema de la última década dondese les delega la agenda a las secretarías generales, ya se agotó. Muchos ministros justificaron sus nombramientos, en privado, como el “sacrificio” para limitar el daño que puede hacer el gobierno. También hay que entender que cuatro años de nada también hacen daño, sería mejor una conversación sincera.

Simón Gaviria

Panamá – Colombia

Pocas cosas traen más esperanza a un país que un nuevo gobierno, Panamá está en su luna de miel. Con 33.8% de los sufragios, José Raúl Mulino fue electo en mayo como presidente de la hermana república. Con una campaña marcada por la amenaza de intromisión de la rama judicial, a varios candidatos de su partido, incluyendo el expresidente Ricardo Martinelli, no se les permitió participar, es una victoria contundente para estándares del istmo. El mandato para recuperar el crecimiento económico es claro. Mulino, llega aprendido siendo magistrado suplente de la Corte Suprema, se destacó como Canciller, Min Defensa, y Min Interior. Sería útil que el nuevo Min Comercio, Cancillería y Min Minas empezaran una conversación pragmática con Panamá.

Esta nueva conversación tiene que enmarcarse en la nueva realidad migratoria. La red criminal del Tren de Aragua con el Clan del Golfo que manejan el tráfico de personas hacia EEUU, enrarecen el ambiente. Desde el mes de septiembre están entrando más venezolanos (50.000) ilegalmente a EEUU que mexicanos (30.000). Si Colombia colabora activamente en este problema, haría mucho para mejorar la relación con Panamá y especialmente con EEUU.

Gracias a la gira de la Vice-Presidenta por áfrica, Cancillería tomó la decisión de eliminar visas de tránsito a 9 países del continente, 4 del medio oriente y Cuba. Esta medida diversificó la actividad criminal, ampliando la red de trafico mas haya de Venezuela, donde cobran entre 8 y 10 mil dólares por migrante hacia EEUU. A El Dorado pueden estar llegando entre 100-300 migrantes africanos diariamente.

Con este panorama, la eterna carretera panamericana no es posible, pero si la interconexión energética. En este caso, tendría un trazado por el mar en vez de por la selva, pero también permitiría la mejor conectividad en telecomunicaciones. Saliendo de las dificultades de El Niño, Colombia tiene un inmenso potencial de energía que podría ayudar a Panamá a bajar costos, confiabilidad, y huella de carbono. Sobra decir que Panamá para nosotros es la entrada a todo el mercado centro americano de energía.

Adicionalmente, dadas las equivocadas políticas tributarias de Colombia de los últimos 20 años, el flujo de colombianos emigrando a Panamá está disparado. No es solo los migrantes busquen mejor empleo, se estima que casi 100 mil colombianos ya son residentes fiscales en Panamá. En esta migración se van nuestros connacionales de más altos ingresos, así como multilatinas que operan en múltiples países. Sin voluntad de resolver la anti-competitividad del estatuto tributario colombiano, se debe trabajar en el marco de esta nueva realidad. Tratados sobre integración económica que faciliten el comercio, protección a la inversión, doble-tributación, validación de títulos académicos, entre muchos, deberían estar sobre la mesa.

Con la posesión de ayer del nuevo presidente de Panamá también puede haber esperanza para Colombia. El presidente Mulino y Petro tendrán su primera conversación. El anuncio del cierre de frontera no se puede entender como una ofensa a Colombia sino, como dice Mulino, “la frontera de EEUU en vez de estar en Texas se corrió a Panamá.” Los tres países deben trabajar juntos no solo para afrontar esta crisis humanitaria sino en generar prosperidad compartida. 

Simón Gaviria

Izquierda Iliberal

Mas allá de los temas partidistas, el liberalismo tiene como un precepto central el respeto de las ideas ajenas. El derecho al disenso y escepticismo del poder, marcan las personas de pensamiento liberal. La incomodidad del pensamiento diferente es fundamental en la búsqueda de la verdad. Por eso, la intolerancia de sectores de izquierda que encuentran permanente ofensa en pensamientos contrarios, pero que vienen ganando influencia en el gobierno, limita la posibilidad de un acuerdo nacional. La dificultad aumenta sustancialmente, si por sectarismo, se vetan personas coincidentes en ideología, pero libres en criterio. Para la izquierda iliberal, solo la lealtad al gobierno sirve. Fue esta la advertencia de Darío Echandía a los liberales, inclusive por ser un hombre libre, el partido comunista no apoyó a Gaitán.

Es normal que cada torero traiga su cuadrilla, un nuevo gobierno trae nuevos funcionarios. En este caso, no ingreso ningún ministro que no haya votado por Petro, aunque sea en segunda vuelta. En entidades jurídica e históricamente apolíticas como son las fuerzas militares, la masacre laboral se extendió hasta 50 altos mandos. La “colaboración” como un mecanismo de servicio a la patria no funcionó. Personas como Alejandro Gaviria, Cecilia López, o José Antonio Ocampo que pensaron posibles los acuerdos intermedios, rápidamente fueron acusados de traidores y “neoliberales.”

El más reciente ejemplo de este talente, lo vimos en la elección de rector de la Universidad Nacional, donde a pesar que la ley 30 establece la independencia universitaria, se quiere imponer línea política del gobierno. Min Educación se dedicó a imponer su rector de bolsillo con las documentadas irregularidades de la sesión extraordinaria, pero no lo hizo por ser de derecha o por ser incompetente, sino por no hacer caso. El punto no es que sea ilegal, sino que es iliberal.

Caso parecido es lo que viene ocurriendo con una de las principales instituciones del país, la Federación Nacional de Cafeteros. En esta elección, el gobierno tiene la mitad de los votos. Con el apoyo de Min Hacienda eligieron a Germán Bahamón, si era el mejor candidato o no habrá diversas opiniones, el hecho es que, una vez elegido, ese es. La amenaza que no se va a trabajar con los cafeteros de Colombia si no eligen un gerente afín al gobierno es anti-democrático en espíritu. Igualmente lo son las demandas electorales, por parte de Min Ambiente, contra los directores de corporaciones autónomas de otras líneas de pensamiento. Nada de esto es ilegal, nuevamente es iliberal.

Los amigos del gobierno dirán que muchos gremios nombraron a amigos de Santos o de Uribe, ahora es el turno de ellos. No sería la primera vez que grupos económicos complacen al gobierno con tal de ganar influencia, pero lo que ocurre es diferente. Las intervenciones del reciente sancionado, Luis Guillermo Pérez, contra cajas de compensación desde la Super de Subsidio Familiar tienen tufillo de política. Tocará esperar las investigaciones para saber si hubo sustento técnico en las intervenciones de salud. Esta actitud genera miedo, difícil en estas condiciones lograr un acuerdo nacional. Hay que recordar que en dos meses llegamos a mitad de periodo presidencial, de ahí en adelante empieza estar el sol a las espaldas.   

Simón Gaviria