La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pidió a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar sí existen irregularidades en el proceso de enajenación de las acciones de Tigo-UNE por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La solicitud se hace luego de que la Alcaldía de Medellín presentara al Concejo el proyecto de venta de acciones de EPM en Tigo-UNE. La iniciativa de la administración de Federico Gutiérrez ya superó el primer debate.
El presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X se pronunció en contra de este proceso proponiendo reestructurar el sector.
«El proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público de las telecomunicaciones acercándonos a un monopolio privado. Propongo reacondicionar el sector para impedir el monopolio que prohíbe la constitución: 1. Potenciar la propiedad pública en las grandes troncales de fibra óptica que deben empezar a salir de las fronteras del país. 2.potenciar las juntas populares de Internet para gestionar redes comunitarias de fibra óptica. 3. invitaría a ETB y a Emcali a construir una alianza de empresas públicas con INTERNEXA.», escribió el mandatario.
Esta semana, el Concejo de Medellín decidirá sobre la privatización de UNE, la principal empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Aprobado ya en primer debate, se espera que la decisión se tome con el respaldo mayoritario que posee el alcalde Federico Gutiérrez. No obstante, el proyecto ha enfrentado significativos cuestionamientos, principalmente por la ausencia de una valoración actualizada y transparente de la empresa. Se está instando al Concejo a aprobar una venta sin determinar su valor real. En esencia, el Concejo está a punto de otorgar un cheque en blanco a la administración.
El origen de esta situación se remonta a la controvertida decisión de 2013 de fusionar UNE con la multinacional Millicom. Pese a las advertencias emitidas en aquel momento, el Concejo de entonces desoyó los llamados ciudadanos para prevenir la privatización y la cesión del control de la compañía. El tiempo nos ha dado la razón: Millicom ha demostrado ser un socio desastroso. Aunque EPM retuvo la mayoría accionaria, se quedó con una posición minoritaria en la junta directiva, una combinación peculiar que ha tenido consecuencias nefastas para el patrimonio público. En 2023, la empresa estuvo al borde de entrar en patrimonio negativo y ser liquidada debido a una década de malas decisiones por parte de Millicom que erosionaron completamente el patrimonio de la sociedad.
Nos enfrentamos a lo que podría ser el peor negocio en la historia de Medellín. A medida que reportaban pérdidas crecientes, los directivos de Millicom incrementaron la deuda, vendieron torres de la empresa, despidieron a cientos de trabajadores, se otorgaron bonificaciones millonarias y hasta se dieron el lujo de construir un opulento edificio en Medellín. La calidad del servicio decayó notablemente y nunca reportaron beneficios para la ciudad. Quienes en su momento defendieron la fusión como un gran logro, hoy permanecen en silencio ante el desastre manifiesto.
Lo que acontecerá esta semana es la culminación de este proceso de privatización. La estocada final será propinada por los concejales aliados a Federico Gutiérrez en un debate apresurado que se desarrollará en apenas una semana. Se llevará a cabo sin la participación de la academia y en un contexto de garantías insuficientes para la oposición. Prevalece la incertidumbre sobre el destino de los recursos, con indicios claros de que se convertirán en dinero al alcance de la mano para financiar los proyectos emblemáticos de la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Quedará registrado en la historia que EPM poseía una empresa de telecomunicaciones rentable, competitiva y ejemplar para el país, pero se diluyó bajo la retórica neoliberal que aboga por privatizarlo todo.
La multinacional Millicom aceptó la propuesta de Empresas Públicas de Medellin (EPM) para capitalizar Tigo – UNE y evitar una intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Sociedades.
Una de las propuestas aceptadas por Millicm es la de extender la Cláusula de Protección del Patrimonio Público hasta 2026, que le permite a EPM vender sus acciones para salirse del negocio.
Aceptó además que EPM pueda hacer un primer pago de forma inmediata y otro hasta el 31 de diciembre de este año, ambos por 150 mil millones de pesos.
Los representantes de ambas partes sostendrán una reunión para viabilizar el nuevo acuerdo que les permita superar el actual conflicto.
En las últimas horas Millicon socio de EPM, le dio nueve días de plazo para comprar las acciones o para venderle a un valor comercial que aun no se ha establecido.
La empresa Millicon hizo la oferta a sabiendas que en 15 días se vencen los plazos para pagar las deudas que tienen con los bancos y que muy pronto tendrá lugar la subasta de 5G del ministerio de las TIC en la que Tigo debe participar.
La propuesta se encuentra en estudio de las directivas de EPM quienes darán respuesta de si aceptan o si por el contrario la rechazan.
La situación de Tigo Une ha generado enfrentamientos entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la clase política antioqueña.
