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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Tribunal Penal Internacional

España y 92 países más reconocen al Tribunal Penal Internacional

España y otros 92 países han publicado una declaración su «pleno apoyo» al Tribunal Penal Internacional (TPI) y defienden su labor «libre de intimidación» después de las críticas a la instancia judicial internacional.

«Afirmamos que el Tribunal, sus funcionarios y su personal deben desempeñar sus deberes profesionales como funcionarios públicos internacionales libres de intimidación», apunta la declaración.

 

Recuerdan además que se trata de un tribunal «independiente e imparcial» y se comprometen a «preservar su integridad frente a cualquier injerencia política y presión».

Los firmantes recuerdan que el TPI es la «primera y única corte penal internacional permanente del mundo» y supone «un componente esencial de la arquitectura internacional de paz y seguridad». Por ello piden «a todos los Estados» su «plena cooperación» en sus investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha pedido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, lo que ha desatado críticas tando de Israel como de un sector de Estados Unidos, que incluso tramita sanciones contra miembros del TPI en el Congreso.

Israel lanzó una ofensiva militar contra Gaza tras los citados ataques perpetrados por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, hasta la fecha han muerto casi 37.300 palestinos, la mayoría civiles, a los que se suman más de 520 muertos a manos de las fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén este desde esa fecha.

La decisión del Tribunal Penal Internacional es declinada por Venezuela

El Gobierno de Venezuela ha rechazado la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de autorizar a la Fiscalía de esta corte a reanudar la investigación por los presuntos abusos cometidos en el país latinoamericano a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014.

El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha indicado que recurrirá esta decisión ante la Sala de Apelaciones, mientras que «continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación».

 

Gil ha considerado que la reanudación de la investigación es una «ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad del Tribunal Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación», según reza un comunicado.

«Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares (del TPI) se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser del TPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición», continúa la misiva.

El titular de Exteriores bolivariano ha sostenido que, durante el proceso de la Fiscalía del TPI, «Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por las autoridades de Estados Unidos».

«Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los Derechos Humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano», ha asegurado Gil.

La Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI ha avalado de esta forma la petición de la oficina del fiscal Karim Khan, que precisamente visitó a principios de junio el país sudamericano para tantear, entre otras cosas, la colaboración de las autoridades venezolanas con las pesquisas abiertas desde hace casi dos años y en las que se examina la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.

La sala ha concluido que, «si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía». Así, considera que hay «periodos inexplicables» sobre los que no se ha investigado o que las pesquisas abiertas «en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior», sin ascender en la escala de mando.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que debe someterse a la soberanía del TPI. La oposición venezolana ha apelado en reiteradas ocasiones a la intervención de la corte y en septiembre de 2018 un grupo de países –Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– remitieron una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a nivel nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala que se ha pronunciado este martes para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.

Se retoma la investigación por los presuntos abusos contra la oposición venezolana

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado a la Fiscalía de esta corte a reanudar la investigación abierta por los presuntos abusos cometidos en Venezuela a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014, ya que considera que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha llegado al nivel de rendición de cuentas que le reclama La Haya.

La Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI ha avalado de esta forma la petición de la oficina del fiscal Karim Khan, que precisamente visitó a principios de junio el país sudamericano para tantear, entre otras cosas, la colaboración de las autoridades venezolanas con las pesquisas abiertas desde hace casi dos años y en las que se examina la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.

 

La sala ha concluido que, «si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía». Así, considera que hay «periodos inexplicables» sobre los que no se ha investigado o que las pesquisas abiertas «en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior», sin ascender en la escala de mando.

«Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad», ha matizado, abriendo la puerta a una colaboración. De hecho, los jueces han abogado por un «diálogo permanente» entre las partes, si bien desde Caracas siempre se ha denunciado un supuesto trasfondo político en esta causa.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que debe someterse a la soberanía del TPI. La oposición venezolana ha apelado en reiteradas ocasiones a la intervención de la corte y en septiembre de 2018 un grupo de países –Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– remitieron una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a nivel nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala que se ha pronunciado este martes para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.

Venezuela tendrá una oficina de asistencia técnica del TPI

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha informado que van a abrir una oficina de asistencia técnica en Venezuela tras una reunión mantenida con el presidente del país, Nicolás Maduro.

«Este acuerdo es la realización de nuestros esfuerzos, de todo el esfuerzo que usted ha hecho (…) ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica» ha explicado Khan en unas declaraciones recogidas por el periódico ‘El Universal’.

 

Ha añadido que «la asesoría técnica permitirá que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma», por lo que ha asegurado que los especialistas de las Fiscalía del TPI estarán en capacidad de «ayudar en las reformas judiciales que Venezuela quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y paz sostenible».

Por su parte, Maduro ha señalado que la instalación de la oficina de la TPI «tendrá un impacto favorable en el contexto de la complementariedad positiva, fundamentada en el Estatuto de Roma, para el fortalecimiento de los procesos de reforma y de cambios necesarios del sistema nacional de justicia de Venezuela».

Venezuela denuncia «fines políticos» en el Tribunal Penal Internacional

El Gobierno de Venezuela ha expresado este lunes su rechazo a la decisión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de desestimar el último recurso presentado contra la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad por la represión y persecución de la oposición y ha denunciado sus «fines políticos».

«Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos», ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

 

Caracas denuncia así este «lawfare» de Khan con «señalamientos sin fundamento» y defiende el recurso presentado el 28 de febrero que «desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolitica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crimenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

Para el Gobierno venezolano, la respuesta de Khan «confirma que el TPI carece de competencia para conocer de los hechos (…) a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional» y el «uso de la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines politicos».

RECHAZO DE KHAN

El fiscal escocés Karim Khan publicó el pasado 30 de marzo un documento en el que desestima el último recurso presentado por el Gobierno venezolano porque «ninguna de estas peticiones tiene fundamento».

El recurso «con más relevancia directa» sobre el proceso es el que cuestiona las competencias del TPI porque sostiene que las autoridades venezolanas ya están investigando los hechos denunciados. «El Gobierno de Venezuela no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones a nivel nacional que sean asimilables en alcance a las que está realizando el Tribunal», subraya Khan en el texto.

Además, Caracas «reconoce que estos procedimientos no están relacionados con delitos y crímenes contra la Humanidad (…) porque éstos no han ocurrido en su territorio».

Khan también refuta que el TPI no tenga jurisdicción, que no se cumplan los criterios de admisibilidad o que se esté incumpliendo el debido proceso en la investigación. «El planteamiento del Gobierno de Venezuela de que no ha habido un ataque sistemático contra la población civil y de que no se han cometido crímenes bajo una política de Estado no es congruente con las conclusiones de la Fiscalía», ha subrayado Khan. «La Fiscalía considera respetuosamente que ninguna de estas peticiones tiene fundamento», ha remachado.

El denominado proceso ‘Venezuela I’ tiene su origen en una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.

Más tarde el Gobierno venezolano solicitó al TPI examinar si se han cometido crímenes contra la Humanidad «como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos» en el caso conocido como ‘Venezuela II’.

Fiscalía del TPI rechaza los recursos del país por crímenes contra la humanidad

El fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha desestimado los recursos presentados por el Gobierno venezolano contra la apertura de una investigación por crímenes contra la Humanidad por la represión y persecución de la oposición desde 2017.

 

El recurso «con más relevancia directa» sobre el proceso es el que cuestiona las competencias del TPI porque sostiene que las autoridades venezolanas ya están investigando los hechos denunciados.

«El Gobierno de Venezuela no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones a nivel nacional que sean asimilables en alcance a las que está realizando el Tribunal», subraya Khan en un documento oficial.

La Fiscalía «valora» la información aportada pero «tras un análisis cuidadoso concluye que esta información no cambia las conclusiones de la Fiscalía (…), sino que confirma estas conclusiones» porque Caracas «reconoce que estos procedimientos no están relacionados con delitos y crímenes contra la Humanidad (…) porque éstos no han ocurrido en su territorio».

Además, estas investigaciones, de las que estaba ya al tanto el TPI, afectan al escalafón más bajo de las fuerzas de seguridad «sin que haya aparentemente una investigación sobre los responsables de más nivel».

Khan también refuta que el TPI no tenga jurisdicción, que no se cumplan los criterios de admisibilidad o que se esté incumpliendo el debido proceso en la investigación.

«El planteamiento del Gobierno de Venezuela de que no ha habido un ataque sistemático contra la población civil y de que no se han cometido crímenes bajo una política de Estado no es congruente con las conclusiones de la Fiscalía», ha subrayado Khan. «La Fiscalía considera respetuosamente que ninguna de estas peticiones tienen fundamento», ha remachado.

Khan se refiere al denominado proceso ‘Venezuela I’, derivado de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.

Más tarde el Gobierno venezolano solicitó al TPI examinar si se han cometido crímenes contra la Humanidad «como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos» en el caso conocido como ‘Venezuela II’.