Este lunes 9 de mayo a la media noche terminó el paro armado decretado por el Clan del Golfo que por cuatro días confinó a miles de colombianos en once departamentos de la zona norte de Colombia.
A través de un comunicado, la banda criminal dio por terminado el paro armado que surgió como retaliación a la extradición de Dairo de Jesús Úsuga alias ‘Otoniel’, quien fuera hasta hace unos meses el jefe máximo de esa estructura criminal.
Así, lo dejó saber el Clan del Golfo en el comunicado que fue leído en la noche del domingo por Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, obispo de la Diócesis de Apartadó.
Pese a llegar a su fin el paro armado que fue visto como un desafío al Estado colombiano, que a juicio de muchos fue inerte ante la amenaza criminal del Clan de Golfo estos cuatros días, las comunidades que sufrieron el cruento confinamiento aún permanecen con miedo y zozobra ante nuevas retaliaciones que pueda tomar la banda criminal.
En zonas como Urabá, Córdoba y Sucre aún no regresan a la normalidad completa y miles de personas aún permanecen confinados en sus viviendas.
Así mismo, este lunes miles de niños permanecen sin clases ante la falta de garantías en materia de seguridad para que los docentes puedan llegar a las instituciones educativas.
“En las instituciones educativas de Córdoba, aún no hay garantías de seguridad verificables para el retorno a clases mañana lunes 9 de mayo, ante el paro armado adelantado por el ‘Clan del Golfo’”, señaló la Asociación de maestros de Córdoba en un comunicado replicado por Fecode.
Defensor denuncia violaciones a los derechos humanos
En ese mismo sentido se pronunció en las últimas horas el defensor del Pueblo Carlos Camargo quien indicó desde Montería que, desde la Defensoría del Pueblo han podido constatar el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.
“De manera particular vimos que en varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte público paralizadas y población confinada en sus viviendas”, dijo Carlos Camargo.
Ante este escenario, el defensor reiteró la importancia de las alertas tempranas como herramientas para la prevención de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades y también porque aportan elementos fundamentales para el fortalecimiento de las políticas públicas y para el trabajo articulado entre las instituciones del Estado, en los niveles municipal, departamental y nacional.
Miles de hogares siguen sin servicio de gas
Por cuenta del paro armado decretado por el Clan del Golfo, miles de hogares en Urabá aún permanecen sin el servicio de gas natural porque los carrotanques que transportan el energético no han podido llegar a la región.
Por tal motivo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y EPM están diseñando de manera conjunta un plan operativo de rutas que garantice, en medio de las alteraciones del orden público que viven algunas zonas y municipios de Antioquia, y en particular la subregión de Urabá, la seguridad de los vehículos de gas natural EPM que están a la espera de dirigirse hacia los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá para abastecer con este energético a 71,694 clientes.
“Para EPM es prioridad restablecer en el menor tiempo posible el servicio de este energético a los municipios impactados, siempre y cuando las condiciones de seguridad en las vías permitan transportar el hidrocarburo bajo factores controlados que garanticen la salud de las personas, el cuidado del ambiente y la infraestructura. Una vez los vehículos logren desplazarse, llegarán a las estaciones descomprensoras para realizar el llenado de la línea principal”, señaló EPM en un comunicado.
El balance del paro armado, según Indepaz
De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, hasta el mediodía del domingo 8 de mayo se habían presentado 127 acciones del las Autodefensas Gaitanistas de Colombia durante el paro armado, en 73 municipios de diez departamento del país.
De acuerdo con el balance de Indepaz, durante el paro armado se registraron cerca de cuatro homicidios y cientos de amenazas contra la población y los líderes sociales.
