A nivel nacional y distrital estamos de cara a un fenómeno que ha dejado muertos, heridos y la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad – PPL. Este es el hacinamiento, no sólo en las cárceles, sino también en otros equipamientos de justicia cómo las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata – URI, en los que se encuentran personas privadas de la libertad esperando a ser condenados o a que se solucionen su situación jurídica, algo que cada vez es más notorio y parece no tener una solución aparente en el corto plazo.
En 2022 la Defensoría del Pueblo, manifestó su preocupación al encontrar que en estos centros transitorios de reclusión hay una capacidad para 6.727 personas y hoy tendrían 19.471. Para este año la cifra aumentó, según la Policía Nacional en Colombia la capacidad es de 8.000 PPL y actualmente hay 21.101 detenidos, una cifra que se traduce en que la sobreocupación es de 144%.
La propuesta que hasta ahora ha hecho el gobierno nacional se relaciona con brigadas jurídicas en cooperación con los consultorios jurídicos de las universidades realicen un censo de la situación jurídica de las personas privadas de la libertad en el país con el fin de identificar a quienes tienen derecho a la libertad y poder desocupar estos equipamientos.
En Bogotá la situación es peor, según la Personería Distrital el año pasado el hacinamiento en estos lugares fue de 292% en 22 centros transitorios de la ciudad, por ejemplo, hay 332 personas condenadas que no han sido trasladadas a un centro penitenciario. Si bien es cierto que ante este panorama Policía Metropolitana de Bogotá anunció el traslado masivo a centros penitenciarios de quienes ya tienen condena es destacable que se requiere urgentemente de la articulación interinstitucional a nivel distrital y nacional para solucionar la situación de quienes seguirán hacinados.
Adicionalmente, a la fecha el hacinamiento en algunos equipamientos supera el 100%. Por ejemplo, en las Estaciones de Policías las cifras de sobreocupación son: Usaquén (880%), Mártires (700%), Bosa (526%), Teusaquillo (400%), Usme (357%), Kennedy (355%). Y en la URI de Puente Aranda (187,5%).
Uno de los elementos que destacan en esta crisis es el hecho de que al interior de los lugares de reclusión hay dinámicas que no han sido controladas, por ejemplo, conflictos, riñas, actuaciones de bandas de crimen organizado, linchamientos y hasta asesinatos. Tal como ocurrió el año pasado en la URI de Puente Aranda cuando murió por linchamiento el presunto violador de Hilary Castro hecho que según uno de los detenidos fue orquestado por la banda delincuencial “Los Plumas” que opera al interior de estos equipamientos.
También, en 2023 se ha presentado el asesinato presuntamente en medio de una riña al interior de una de las celdas de la estación de policía de Rafel Uribe Uribe, un joven de 25 años que ya estaba condenado pero no había sido trasladado a un centro penitenciario. Y ayer murió un hombre de 28 años en la Estación de Policía de la Candelaria luego de una paliza mientras estaba recluido.
Estamos de cara a una crisis de hacinamiento que trascendió los centros carcelarios y se extendió a otros equipamientos de justicia como estaciones de policía y las URI, la solución en el mediano y largo plazo debe pasar por mejorar infraestructura y garantizar los derechos de los privados de la libertad. Como sociedad debemos eliminar del imaginario colectivo que la justicia por mano propia funciona, por el contrario debemos incentivar y trabajar por el fortalecimiento del aparato de justicia. Por otro lado, las autoridades tienen que centrarse en la eliminación de cualquier estructura criminal que opere al interior de estos equipamientos.
Lucía Bastidas
