Líderes sociales, empresariales, de la institucionalidad y de organizaciones no gubernamentales reconocieron la necesidad de hacer avances urgentes en la protección de la vida de los líderes sociales en los territorios, todo esto en el marco del evento “Desafíos en los Territorios para los Nuevos Mandatarios: Defender la Vida y los Liderazgos Sociales” organizado por InspiraPaz, el nuevo programa de derechos humanos y paz de USAID.
“Rendimos homenaje a aquellos que hacen posible que la Declaración no sea solo un documento, un papel, sino una guía viva en la vida cotidiana de Colombia. Las personas defensoras de derechos humanos a pesar de poner en riesgo sus propias vidas son la esencia misma de la Declaración en acción.”, dijo Robert Works, subdirector de la Oficina de Construcción de Paz y Gobernabilidad de USAID, quien destacó la importancia de la iniciativa InspiraPaz.
Concretamente, InspiraPaz ayudará a los mandatarios y mandatarias locales a desarrollar criterios de desempeño municipal para la prevención de violaciones a los derechos humanos, así como análisis sobre las capacidades locales en materia de prevención y protección, con recomendaciones y hojas de ruta para ayudar a mejorar las mismas. También brindará asistencia técnica a funcionarios para la implementación de los Planes Integrales de Prevención e inclusión de lineamientos en prevención y protección en los Planes Municipales de Desarrollo.
“Cuando muere un líder, no solo muere la persona, mueren la familia, la comunidad y las causas sociales que él o ella representaban y se debilita la democracia. Debemos parar este conteo terrible de muertes” indicó Diego Bautista, director de InspiraPaz.
En consecuencia, durante este encuentro se abordaron desafíos que tendrán que asumir los mandatarios elegidos. “Se les debe brindar un acompañamiento para que en el primer lugar de sus agendas y en los planes de desarrollo estén la prevención de riesgos y la protección de los derechos humanos”, indicó Bautista, quien señaló también que es muy oportuno lo dicho por la Corte Constitucional sobre el estado inconstitucional de las cosas en cuanto al cuidado de los líderes sociales.
Las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas que defienden el medioambiente y quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala, son algunas de las poblaciones más vulneradas en Colombia. Según datos del Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividad y Paz, de Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz, (2016), 1.589 líderes han sido asesinados y se han registrado 438 masacres.
En 2023 van 90 masacres y 178 asesinatos (el último es un líder social de Ciudad Bolívar, en Bogotá que había denunciado amenazas y defendía a los transportadores). Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, UNP, indicó a través de su director, Augusto Rodríguez Ballesteros, que si bien en 2023 ha habido una disminución en cuanto a homicidios, se registra un incremento en el número de personas que buscan protección ante esa entidad: de 14.500 en 2022, la cifra ronda hoy las 20 mil solicitudes.
Por su parte, Ricardo Arias, defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, enfatizó en que el Sistema de Alertas Tempranas, que en sí mismo constituye un gran logro, necesita fortalecerse y trascender de los excesos de comités para ajustarse y dar respuesta a los retos actuales de seguridad de los líderes sociales.
El programa InspiraPaz de USAID comenzó a implementarse en 2023 y se extenderá hasta 2028, cobija 20 municipios en seis departamentos donde hay riesgo elevado contra la vida e integridad de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos: Antioquia, Caquetá, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En articulación con la institucionalidad pública, la sociedad civil y el sector empresarial, InspiraPaz tiene el propósito contribuir a mejorar las acciones del estado para prevenir violaciones a los derechos humanos, fortalecer la protección de las personas defensoras y las comunidades; y mejorar la respuesta institucional a esas violaciones.
