LaFiscalía General de la Nación judicializó a cuatro patrulleros de la Policía Nacional, como presuntos implicados en la incautación de motocicletas de las cuales exigirían dinero para devolverlas a sus propietarios, en el municipio de Pradera (Valle del Cauca).
Los implicados en el caso son los patrulleros Jéferson Miguel Arboleda Fajardo, Luis Felipe Saldarriaga González, Jesús Linares Ricaurte y Diego Fernando Ruiz González.
Los uniformados habrían participado en al menos tres hechos delictivos, ocurridos entre marzo y julio de 2023, en esa localidad. La Fiscalía solicitó orden de captura contra los cuatro policiales, las cuales fueron materializadas el pasado 9 de abril, en el municipio de Pradera. Un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, de la Seccional Cali, le imputó a los capturados los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y concusión.
El juez del caso determinó que Jéferson Miguel Arboleda Fajardo, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Con detención domiciliaria deben cumplir la medida Jesús Linares Ricaurte y Diego Fernando Ruiz González. Entre tanto, Luis Felipe Saldarriaga González continúa vinculado al proceso en libertad.
La Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a bienes titulados a nombre de personas cercanas a Javier García Rojas, alias Maracuyá o Fruta. Esta operación se realizó en Cali, Jamundí, Yumbo y La Cumbre, en el departamento del Valle del Cauca, donde se logró la ocupación de cuatro inmuebles avaluados en más de 28.000 millones de pesos.
Estos bienes habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes. La aplicación de la medida fue acompañada por el Ejército Nacional.
Javier García, alias Maracuyá, habría sido líder de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y el lavado de activos. Fue denominado por mucho tiempo como «narcotraficante invisible». A esta organización ya se le había quitado en 2014 el terreno donde funcionó el histórico Club San Fernando, en la ciudad de Cali, inmueble por el que el Tribunal Superior de la República de Colombia declaró su extinción en 2019 a favor del Estado de Colombia, por más de 18.000 millones de pesos.
El representante a la cámara del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, José Alberto Tejada, víctima de un cáncer que venía enfrentando meses atrás.
La noticia la confirmó su compañero de bancada en la Cámara de Representantes, Pedro Suárez Vacca, quien pidió un minuto de silencio. La plenaria del Senado de la Repúblico se unió al duelo con el mismo acto.
Fue contador público de la Universidad de San Buenaventura en Cali. También se desempeñó como empresario y líder gremial en el departamento del Valle del Cauca. Tejada era más conocido por ser periodista y el director del Canal 2 de Cali. Su paso por el Congreso de la República duro solo 22 meses.
En la vereda Quebrada Honda, zona rural de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Fue capturado alias Zarco, quien transportaba oro producto de labores de explotación ilícita de yacimientos mineros, y quien tenía orden de captura vigente.
El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Alta Montaña N.°3 de la Tercera Brigada, junto a las autoridades competentes, realizaron una inspección y verificación de antecedentes de dos sujetos, entre ellos alias Zarco, de 32 años de edad, y quien tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en recursos naturales-ecocidio, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero o hidrocarburos, explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales en calidad coautor-autor.
El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de judicialización.
Tropas del Ejército Nacional con unidades de la Policía Valle lograron la captura en flagrancia de nueve personas en el corregimiento Potrerillo, zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, quienes minutos antes habrían realizado un hurto en una finca del sector, donde habrían sustraído treinta joyas de oro.
Estos sujetos fueron cobijados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y/o municiones, hurto agravado y calificado y falsedad marcaria; además, todos ya presentaban anotaciones judiciales por múltiples delitos desde el año 2010. De los nueve capturados fueron enviados a prisión seis hombres.
En el momento de su captura se les incautó una pistola 9 mm, una escopeta calibre 16 mm, un revólver calibre 38 mm, 2 pistolas traumáticas, un arma hechiza, municiones de diferentes calibres, además, de una camioneta de alta gama y un automóvil hurtados de la finca y en los cuales pretendían huir.
La Sala Especial de Primera Instancia condenó a 21 años y 7 meses de prisiónal exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía Campo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. La Corte le negó la ejecución condicional y la prisión domiciliaria, por lo cual se dispuso la privación inmediata de su libertad.
Las irregularidades que señala el alto tribunal tienen que ver con un convenio de cooperación, suscrito el 29 de enero del 2010 por el entonces gobernador y el secretario de educación departamental, con la fundación ‘Calimío’, cuya finalidad era dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del departamento. Este convenio se fijó por un valor de $1.072 millones de pesos.
La Sala Especial de Primera Instancia encontró que se incumplieron los requisitos en el trámite y celebración de esta contratación, realizada sin verificar las condiciones legales para su perfeccionamiento. Además, se acudió a un convenio de interés público con el fin de no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos en los que se identificara las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar.
Se demostró además que la fundación contrató la adquisición de los libros a dos empresas y, en esas negociaciones, hubo sobrecostos que les permitieron a los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro, y a esas dos empresas apropiarse de recursos públicos. De acuerdo con la sentencia condenatoria, para dotar de bibliotecas a las instituciones educativas y cumplir el objeto del convenio, el 28 de febrero de 2010, la fundación suscribió por $1.000.000.000.00 el contrato de suministro con la empresa “Ediciones Alfa y Omega” gerenciada por Luz Piedad Hurtado Cardona, la cual compró a “Ediciones La Clave del Saber” representada por su esposo, José Antonio Rodríguez Molina, los textos del convenio que este adquirió con otras editoriales por tan solo $182.517.600.00.
El fallo obliga al exgobernador al pago de una multa de $817.482.400, más 187,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, para un total de $914.271.500. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derecho y funciones públicas por 240 meses
Abadía enfrenta cargos en la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación. El proceso tiene que ver un millonario contrato que tenía por objeto el suministro de recursos bibliográficos a más de 40 bibliotecas en diez municipios del Valle del Cauca.
El contrato tenía un valor de 1.072 millones de pesos; sin embargo, se habría presentado un sobrecosto por un valor cercano a los 200 millones de pesos.
Juan Carlos Abadía fue diputado del Valle del Cauca, concejal de Cali y elegido gobernador del departamento de donde es oriundo para el período 2007 – 2011.
La estrategia de cobro es sencilla. Todos pagan. La gente cree aún que las estructuras urbanas criminales viven del narcotráfico, pero esto es sólo parcialmente cierto. En el puerto de Buenaventura controlan el comercio. El legal y el ilegal. Deciden quién puede vender y en dónde puede hacerlo. Las arepas, el plátano, la cebolla o el cilantro. Es una regulación criminal del mercado. Cada vez se hace más difícil reportar lo que está sucediendo con este delito, que tuvo un incremento del 13% año corrido (enero – octubre), pero en el puerto bajó un 45% en el mismo período, pasando de 220 casos a 121. Habrá que ver los próximos reportes hasta diciembre, pero hasta el momento es lo que reportan las fuentes. Honestamente, me parece contraevidente.
Puede existir subregistro. Tal vez un vacío de información ante el nivel de control que han logrado Shottas y Espartanos en la zona urbana, o ante la entrada de otras bandas. Puede haber caído sustancialmente la denuncia ante la impunidad específica de ese delito – entre otros. También puede ser que en algo esté funcionando tener a estas dos estructuras sentadas en la mesa de diálogo socio jurídico. O la combinación entre esto y la afectación al negocio del narcotráfico. Por ejemplo, la incautación de pasta base pasó de 15 kilos en el 2022 a más de 1.000 en el 2023, aumentando un impresionante 7000%. Pero también subieron las masacres, el homicidio de líderes y lideresas sociales, el homicidio en general y también el de miembros de la fuerza pública según datos delSIDECO de la Policía Nacional.
Así que no es muy coherente el dato de extorsión, por lo que la mayor probabilidad es que el descenso se deba simplemente a una combinación de mayor silencio, menor denuncia y más homicidios ejemplarizantes de quiénes no pagan. Así que temo advertir que no está funcionando la mesa para disminuir las acciones de shottas y espartanos y que este año de no llegarse a algún acuerdo más concreto y sobretodo a avanzar en alguna solución de las muchas ideas que se conversan en dichas mesas, no veremos una reducción significativa. Hay otras bandas en la ciudad que no ven la necesidad de sentarse a dialogar. No confían y no les interesa la oferta.
Hay una inadecuada gestión de las agendas criminales en Buenaventura al igual que en otras regiones del país. Lo primero es que se han “revuelto” las agendas. El propio presidente Gustavo Petro lo afirmó hace pocos días. Son dos cosas distintas. Bajo la misma premisa de creer que los grupos armados urbanos por tener injerencia en la movilidad social de las poblaciones vulnerables tenían un equivalente en demandas sociales colectivas y más específicamente en mayores oportunidades para la generación de empleo o el emprendimiento es confundir lo que en efecto muchos jóvenes desean – las oportunidades – con la esencia misma del grupo – la acumulación de dinero, poder y el ascenso social. Y esto ocurre porque no se le prestó atención al surgimiento de bandas y estructuras criminales y por el contrario mientras el país se concentraba en la contra-insurgencia, se contentaba con que el crimen organizado mantuviera un bajo perfil.
Y esto es lo que durante el 2022 después de la tregua y el 2023 terminaron siendo las conversaciones socio jurídicas: una estrategia de control de daños con una baja intención – probablemente por la incertidumbre – de modificar la escala de los crímenes o comportamientos asociados a estas bandas, pero intentando moldear su comportamiento para que exhiban menores niveles de agresión o letalidad. En esto puede estar la explicación del silencio que rodea a la extorsión y que también puede verse también en Tuluá donde hay todo un aparato criminal en la sombra, que ha crecido con los años al amparo del silencio.
Mientras tanto, la vida cotidiana de la gente sigue sucediendo entre el cobro de un impuesto ilegal e injusto que muchos pagan con la propia vida. Y en cada plátano que se compre estará también el miedo a que algún día ya no haya suficientes tiendas para pagarles las cada vez más costosas guerras urbanas.
Un fuerte temblorde magnitud 5.6 se sintió en varias regiones del centro y occidente del país cuando eran las las 6:26 de la mañana. Su epicentro fue el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC)confirmó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 33 kilómetros y se sintió con fuerza en los municipios de Cartago y Argelia, en el departamento del Valle del Cauca.
Las autoridades del departamento y de los municipios donde se sintió con bastante fuerza se encuentran verificando los daños y si existen pérdidas humanas
Después de que se conociera dela masacre que dejó a tres víctima en Putumayo, este sábado se presentó la que es la segunda masacre en lo que va de 2024 en el Valle del Cauca.
Los hecho fueron reportados en el municipio de Toro (Valle del Cauca) con un saldo final de 3 personas muertas según lo reseñado por Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).
A la altura del sector de San Francisco, tres personas fueron asesinadas sobre las 3 de la tarde. Las víctimas fueron identificadas como Andrés Giraldo, Luis Alfonso Ortiz y Álvaro Monsalve. Los hechos continúan siendo materia de investigación por las autoridades.
Con una condena de 31 años y 11 meses, el Tribunal Superior de Buga (Valle del Cauca) condenó al coronel en retiro, Jorge Alberto Amor por estar implicado en masacre que dejó 24 víctimas en el municipio vallecaucano.
Los hechos se remontan al 10 de octubre de 2001 y lo responsabilizan por la participación directa en este suceso después de establecer las responsabilidades de las cadenas de mando.
“Hombres armados con fusiles recorrieron varios inmuebles, agruparon a 24 pobladores señalados equivocadamente de colaborar con otras organizaciones criminales que delinquían en la región, y le dispararon a quemarropa y de manera indiscriminada», dijo Hugo Tovar, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
#ATENCIÓN | La #Fiscalía logra condena ejemplar en contra de excomandante del batallón Palacé del Ejército Nacional por la muerte de 24 personas en #Buga, Valle del Cauca. El coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez omitió su deber de proteger a la población civil y facilitó el… pic.twitter.com/E76II2Azo1
Inicialmente, Jorge Alberto Amor había sido absuelto de los hechos y su condena económica ronda los 2.230 salarios mínimos dejando un precedente en cuanto a consecuencias de actos ilícitos por el Ejército de Colombia.
El municipio de Dagua en el Valle del Cauca no sale de la conmoción que causó el asesinato de Luz Enith Céspedes. Su cuerpo fue hallado el pasado 2 de enero con signos de abuso sexual, tortura y empalamiento.
«Se ha autorizado una recompensa de hasta 10 millones de pesos a personas que nos brinden información que permitan esclarecer este hecho y nos ayude a dar con el responsable de este crimen», dijo Ana María Sanclemente, secretaria de Seguridad del Valle del Cauca.
Céspedes de 27 años fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de diciembre y fue hallada por sus vecinos en una búsqueda comunitaria en la vía al Palmar, kilómetro 34.
Después de sufrir un atentado con armas de fuego durante el 31 de diciembre del 2023, el concejal electo de Tuluá (Valle del Cauca), Elecid Ávila, falleció según confirmaron sus familiares.
El político murió en la madrugada de este martes 2 de enero mientras hospitalizado luchaba por su vida después de que se diera a conocer que tenía pronóstico reservado.
«Estaremos en Tuluá adelantando un Consejo de Seguridad para abordar la problemática de delincuencia del municipio donde reiteraremos a la Policía la necesidad de una pronta captura de los responsables», dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Paz en la tumba del concejal Eliecid Ávila y mi solidaridad con su familia en este difícil momento causado por violentos. Hoy estaremos en Tuluá adelantando un Consejo de Seguridad para abordar la problemática de delincuencia del municipio donde reiteraremos a la @DevalPolicia la… https://t.co/LdnsR45w0K
Ávila había sido concejal reelecto del Partido Conservador y mientras departía con su familia durante víspera de la celebración de año nuevo en el barrio Victoria y recibió un disparo en la cabeza que resultó mortal.
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por medio de la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó que se arrestara a la gobernadora del Valle en ejercicio, Clara Luz Roldán.
«La medida se tomó por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas que protegen a las víctimas de desaparición forzada», explicó la JEP en un comunicado.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del @GobValle. La medida se tomó por la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas, en el marco de las medidas que protegen a las víctimas de desaparición forzada pic.twitter.com/AyyxQkmCES
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 27, 2023
Esta orden sería de un arresto por dos días, de los cuáles Roldán fue notificada este miércoles 28 de diciembre. Además, a William Hernández Arias, su secretario de Seguridad, le ordenaron 5 días de arresto.
Así como logró ganar los Juegos Nacionales con holgada diferencia, la delegación del Valle del Cauca también se quedó con los Juegos Paranacionales, que concluyeron este domingo 10 de diciembre.
Con 171 medallas de oro, 151 de plata y 86 de bronce para un total de 408 medallas, Valle del Cauca quedó en el primer puesto del medallero, seguido de Bogotá y Antioquia.
Juan Esteban García en para-natación fue el multimedallista más importante del Valle del Cauca con 6 oros y un bronce. No obstante, Nelson Crispín fue el principal paratleta de este año con 10 oros, una plata y un bronce en para-natación.
Para este año, los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero se llevaron a cabo en Armenia, Manizales, Pereira y con sedes alternas en Cali y Chinchiná (Caldas).
