La misión constituida por la ONU para investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela ha constatado una intensificación de los ataques contra el espacio cívico con vistas a «silenciar» a las voces críticas, lo que hace que la «vigilancia internacional» sea «más crucial que nunca».
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene «motivos razonables» para denunciar cinco ejecuciones arbitrarias, más de medio centenar de detenciones ilegítimas y 29 casos de torturas y maltrato, entre ellos 19 de violencia sexual y de género.
La presidenta del grupo, Marta Valiñas, ha avisado de que «continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los Derechos Humanos». Así, pese a que en cifras parece haber menos, «estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos».
«Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los Derechos Humanos sea más crucial que nunca en Venezuela», ha añadido Valiñas.
Otro de los integrantes del grupo, Francisco Cox, ha atribuido al Gobierno de Nicolás Maduro «capacidad de adaptación» para «sofocar la crítica», en virtud de la cual adopta mecanismos «duros y blandos» que aplica con distintos niveles de intensidad, «dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social».
De la represión indiscriminada tras la ola de protestas opositoras de 2017 se ha pasado a «amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes» contra personas y entidades concretas, contra las cuales también se han utilizado actos de difamación y censura», según los expertos.
«Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno», ha explicado otra de las expertas, Patricia Tappatá Valdez, que incluye al sistema judicial dentro de este entramado represivo.
También ha puesto el foco en la labor de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional, cuyas labores ahora ha asumido Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Ha cambiado el nombre pero no las prácticas, según la misión de la ONU, que ve «continuidad» entre los enfoques de ambas instituciones e incluso entre sus integrantes, ya que se mantienen personas ya señaladas por abusos que pueden ser constitutivos de crímenes contra la humanidad.
En opinión de la jefa de la misión internacional, «la transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los Derechos Humanos».
Horizonte electoral
La comisión incide en que este contexto es «especialmente alarmante» teniendo en cuenta que Venezuela debe celebrar elecciones presidenciales en 2024. Varios políticos opositores, entre ellos Maria Corina Machado, una de las favoritas, han sido inhabilitados para ejercer cargo público alguno.
Todo ello en un contexto en el que, según la misión, el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin cooperar con este tipo de observaciones externos. El grupo se compromete a seguir trabajando para garantizar la justicia y la rendición de cuentas en el país sudamericano.
