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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado este miércoles que la activista venezolana de Derechos Humanos Rocío San Miguel, que también tiene nacionalidad española, no ha sufrido una «desaparición forzada» tras su detención el pasado viernes, tras la que fue acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo.

«Es imposible que digan que haya existido en este caso (…) una desaparición forzada. Esto consiste en el secuestro de una persona, que no aparece como detenida, que nadie comunica que está detenida y que no es presentada en un tribunal», ha declarado Saab durante una rueda de prensa, según recoge la cadena venezolana Globovisión.

Asimismo, ha explicado que San Miguel fue detenida junto a otras cinco personas, cuatro de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un supuesto plan, denominado ‘Brazalete Blanco’, para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«La detención de Rocío San Miguel ocurre por aparecer ella mencionada, como parte de la conspiración, por uno de los militares detenidos. Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘Brazalete blanco’ (…) era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Es en función de su implicación en este caso que ha sido detenida», ha añadido el fiscal.

Además, ha informado que en esta trama hay 19 personas involucradas y que 15 de ellas aún no han sido detenidas por que «están prófugas».

Respecto a la detención de sus familiares –su hija, su exmarido y dos hermanos–, que ya han sido puestos en libertad, ha destacado que actuaron «al margen de la ley al ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes» a San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y que se les presentaron medidas cautelares menos graves que a la activista.

«Yo quiero destacar esto, porque se ha engañado mencionando que estaban desaparecidas estas personas. No, fueron presentadas y se les otorgaron medidas cautelares», ha agregado. Por último, ha aprovechado para culpar a Estados Unidos de «instrumentalizar» a las ONG contra los gobiernos contrarios a sus intereses.

Las ONG insisten en la desaparición forzada

Las declaraciones del fiscal se producen después de que ONG de defensa de los Derechos Humanos, tanto venezolanas como internacionales, hayan denunciado que el caso de San Miguel constituye una desaparición forzada.

En este sentido, tras las palabras de Saab la organización Provea ha insistido en que tanto San Miguel como sus familiares «fueron víctimas de desaparición forzada por más de 100 horas» puesto que desde su detención el viernes hasta que el martes se supo que la activista estaba recluida en el Helicoide, el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), y sus familiares fueron puestos en libertad no se supo de su paradero.

«Aunque el fiscal quiera ocultarlo, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico», ha denunciado Provea en X, antiguo Twitter.

Registro de su vivienda

Entretanto, horas más tarde se ha producido el registro de la residencia de la activista, según ha informado Joel García, uno de sus abogados. Según ha explicado, funcionarios de la DGCIM, la contrainteligencia militar, se han incautado de mapas del siglo XX, «nada actualizados», de zonas de seguridad de Venezuela que mantenía desde que fuera docente de Seguridad y Defensa en Institutos de Altos Estudios Militares.

En declaraciones a los medios locales, el letrado ha asegurado que los agentes, que han estado acompañados por un fiscal y por dos vecinos que han ejercido como testigos, «no han colocado nada» y han actuado en base a una orden emitida por un juez.