El Gobierno de Venezuela ha anunciado este jueves la liberación de otros 103 ciudadanos que estaban detenidos por «hechos de violencia y delitos» cometidos durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio, en las que la oposición denuncia fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro.
«En las últimas 72 horas (10, 11 y 12 de diciembre de 2024) se han producido un total de 103 excarcelaciones (…) en atención a la solicitud del presidente Nicolás Maduro Moros a los órganos del Sistema de Justicia de revisar todas las causas concernientes a los hechos de violencia y delitos cometidos (…) tras las elecciones presidenciales del 28 de julio «, ha informado el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en un comunicado.
En el texto, el titular de Interior ha acusado a los recién liberados de pertenecer a «sectores fascistas y extremistas» que pretendían con sus acciones «perturbar la paz del pueblo venezolano».
A esta excarcelación se suma la de otros 225 ciudadanos que fueron liberados a mediados de noviembre, tras ser detenidos por los mismos motivos.
En total se estima que unas 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio en unos comicios en los que la oposición asegura que su candidato, Edmundo González, fue el claro ganador e incluso publicó el 80 por ciento de las actas para avalar esta tesis.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este lunes a Venezuela por violar los derechos políticos, la libertad de expresión y la protección judicial del excandidato presidencial Henrique Capriles durante el proceso electoral de 2013, lo que permitió el «uso del aparato del Estado para favorecer» al presidente Nicolás Maduro.
El tribunal con sede en Costa Rica ha concluido que las actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela «constituyeron un uso abusivo del aparato estatal dirigidas a favorecer al candidato oficialista», Nicolás Maduro, y desvelaron la «falta garantía de la existencia de medios adecuados de impugnación y de transparencia en el proceso».
Capriles y Maduro compitieron por la Presidencia venezolana en unas elecciones celebradas el 14 de abril de 2013, precedidas por la muerte de Hugo Chávez, un mes antes. De acuerdo a los los resultados anunciados por el organismo electoral, Capriles –representando a la Mesa de Unidad Democrática (MUD)– obtuvo el 49,12 por ciento de los votos frente al 50,61 por ciento de Maduro, que se había inscrito como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pese a ejercer de «presidente encargado de la República» en ausencia de Chávez.
Cabe recordar que un dictamen del TSJ lo habilitó días antes para presentarse a las presidenciales y estableció que no debía separarse del cargo para competir en la elección, en contra de la legislación venezolana del momento.
La CIDH ha recordado que los comicios se celebraron «en un contexto de progresivo deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia e imparcialidad del CNE y el TSJ».
Además, durante la campaña se emplearon «medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro».
La Corte ha lamentado que las actuaciones del Estado fueron «de tal magnitud» que afectaron la «integridad del proceso electoral y los derechos políticos, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley de» Capriles.
Asimismo, constituyeron «un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección».
Todo ello, han concluido los magistrados del tribunal, «afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes».
Capriles lamenta la demora en la sentencia
El opositor ha celebrado el dictamen de la CIDH a su favor, así como la adopción de medidas de protección por parte del tribunal. Sin embargo, ha sido muy crítico con el lapso de tiempo pasado desde que interpuso la demanda contra el Estado venezolano, hace once años. «La justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita», ha señalado en su cuenta de la red social X.
«Siempre hemos buscado caminos en el marco de nuestra Constitución para recuperar la democracia, la institucionalidad. Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir los venezolanos en paz su futuro», ha concluido Capriles.
El principal candidato opositor en las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, Edmundo González, se ve volviendo a Caracas para tomar posesión como futuro jefe de Estado y, aunque evita entrar en «hipótesis» en torno a cuándo o cómo puede fraguarse esta vuelta, sí deja claro que en ningún momento se plantea ser investido en su actual exilio.
«Absolutamente no», sentencia en una entrevista con Europa Press en la que recalca que no renuncia a volver al país del que salió a principios de septiembre para pedir asilo en España. El día marcado en rojo en el calendario es el próximo 10 de enero, fecha en la que teóricamente expira el mandato del presidente Nicolás Maduro y debe tomar posesión el vencedor de los comicios del 28 de julio.
El chavismo dio a Maduro por ganador, desoyendo las peticiones de la oposición interna y de la mayor parte de la comunidad internacional para presentar las actas que acreditan este supuesto triunfo. «Yo fui el ganador con más de siete millones de votos y aspiramos a que se respete la voluntad popular», reivindica González, quien considera que su ventaja frente a Maduro habría sido «mucho más alta» en caso de que hubiesen podido participar todos los venezolanos expatriados.
González, que tomó las riendas de la candidatura ante la inhabilitación de la vencedora de las primarias, María Corina Machado, y de su teórica sustituta inicial, Corina Yoris, sigue abogando desde España por «recuperar la democracia y la institucionalidad» en Venezuela, lo que a su juicio pasa por que no sea Maduro quien se ponga la banda presidencial el 10 de enero.
Quiere ser él quien asuma el «mandato constitucional» y no oculta su deseo de volver, si bien evita valorar posibles ofertas de colaboración de terceros países para regresar y tampoco aclara cómo puede hacerlo –«no sabemos por qué vía voy a llegar», ironiza–. «No quisiera plantearme escenarios hipotéticos anticipados», dice, al hablar por ejemplo de gobiernos en la sombra o de replicar algunas ideas de la etapa de Juan Guaidó.
Guaidó fue reconocido por más de medio centenar de países a principios de 2019, haciendo valer su puesto de presidente de la Asamblea Nacional, entonces dominada por la oposición. La «gran diferencia» ahora, en palabras de González, es que con Guaidó se estaba aplicando un artículo de la Constitución y lo que esta ahora sobre la mesa es «la expresión de la soberanía popular» a través de las urnas.
En cualquier caso, opta por plantearse «positivamente» los retos que están por venir en las próximas semanas, cuando previsiblemente se reabrirá en la escena internacional el debate en torno al potencial reconocimiento de González como presidente electo.
En las últimas semanas ya han dado este paso países como Italia y Estados Unidos, país este último que en su día lideró el reconocimiento global a Guaidó. González aclara que no ha tenido ningún contacto directo con el futuro presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sí ha habido conversaciones entre sus respectivos equipos.
Diálogo con Maduro
El diplomático sugiere que no todo gira en torno a las sanciones pero sí pide a los gobiernos de otras partes del mundo que sigan «insistiendo» y poniéndose del lado de la oposición venezolano. Cree que el Gobierno de Maduro «en algún momento aceptará» esa «soberanía popular», para lo cual no cierra la puerta al diálogo.
De hecho, interrogado expresamente por un hipotético diálogo con Maduro, el dirigente opositor afirma: «Estamos dispuestos a negociar una transición en paz para Venezuela». Y sobre la posibilidad de ofrecer garantías a Maduro y otros líderes chavistas, se limita a prometer «una transición en paz».
El papel de María Corina Machado
González, un diplomático alejado de la primera línea política hasta este mismo año, tomó a efectos administrativos las riendas de una campaña liderada antes y ahora por Machado. La máxima responsable de Vente Venezuela sigue en el país sudamericano y, para su compañero, es «la líder de este proceso», con quien sigue manteniendo una relación «muy cordial» pese a la distancia.
Desde Venezuela, donde permanece en paradero desconocido a medida que crece la presión jurídica y policial sobre ella, Machado «ha hecho llamamientos a la oposición a mantenerse unida y a seguir presionando porque se llegue a producir el cambio de gobierno en la fecha establecida», incide González en la entrevista a Europa Press, en la que también alega que, «por supuesto», su compañera entendió su partida a España.
Machado recurre principalmente a las redes sociales para promover movilizaciones como las convocadas para este domingo por la oposición en distintos lugares del mundo –también en España– y reclamar más medidas de presión de la comunidad internacional sobre el chavismo. En Madrid, la cita será ante la sede de las instituciones europeas.
En relación a estas movilizaciones, Edmundo González apunta que las manifestaciones son frecuentes «en sociedades democráticas», donde «no tiene absolutamente nada de extraño». «No es un comportamiento antidemocrático, al contrario», apostilla.
La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, ha respondido a la acusación de «traición a la patria» que la semana pasada virtieron contra ella las autoridades venezolanas, después de que diera respaldo a la ley estadounidense que veta contratos con personas vinculadas al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«Que nos acusen de traición a la patria el día que nos quedemos con los brazos cruzados, cuando creamos que no hay nada más por qué luchar. Ahí sí, acúsennos de traicionar a la patria, cuando nos resignemos a ver cómo la injusticia aplasta a los que sueñan, cuando dejemos de creer que este país va a ser libre. Condénenos por traicionar a la patria, cuando no sintamos el mismo dolor, la misma rabia y sobre todo el mismo amor por esta tierra que nos vio nacer», ha señalado en su cuenta de la red social X.
En un vídeo, Machado se ha dirigido al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, asegurando que la oposición no le va a «dar el gusto» de «resignarse» porque, hacerlo «sí sería traicionar» a la patria. «Nosotros la vamos a defender hasta el final», ha concluido.
Estas son las primeras declaraciones públicas de la opositora después de que la Fiscalía de Venezuela anunciara el pasado viernes que iniciará una investigación en su contra por dar respaldo a la Ley Bolívar, una iniciativa aprobada recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que prohíbe a sus administraciones contratar a personas vinculadas al «Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro».
En este contexto, las autoridades venezolanas señalaron a Machado como autora de los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.
El Ministerio Público de Venezuela ha anunciado este viernes que iniciará una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por dar respaldo a la ley estadounidense que veta contratos con el Gobierno de Venezuela, un texto que han tildado de «adefesio jurídico».
«En el marco de las recientes acciones criminales desplegadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con ocasión a la aprobación de un proyecto de Ley que busca aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano (…). Atendiendo a estos hechos donde sectores de la extrema derecha liderados por María Corina Machado y otros, han manifestado su apoyo a la misma: ha decidido iniciar una investigación contra la mencionada indiciada para ser imputada, por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano», reza un comunicado de la Fiscalía.
En este contexto, las autoridades del país han señalado a Machado como autora de los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir en base a sus pronunciamientos públicos respecto a este «irrito proyecto de ley».
El Gobierno venezolano ha criticado asimismo que la iniciativa del Senado estadounidense no solo «viola gravemente la Constitución, las leyes y la soberanía», sino que «además pretende mancillar el nombre de (su) libertador Simón Bolívar», que cuyo apellido se ha utilizado para denominar la citada ley.
«El Ministerio Público como (…) garante de la fiel tradición de libertad, paz, independencia y soberanía que caracteriza a nuestra República, se mantiene firme tanto en su deber de garantizar la Justicia, como en su lucha contra cualquier persona, grupo o ente nacional o internacional que con sus acciones atente contra la estabilidad del país», concluye la nota.
Este anuncio llega después de que el senador por el estado de Florida, Rick Scott, informara este martes a María Corina Machado de que la Cámara de Representantes de EEUU había aprobado un proyecto de ley bipartidista, la Ley Bolívar, que prohíbe a Estados Unidos contratar a personas vinculadas al «Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro».
La medida ha coincidido con el reconocimiento por parte del Gobierno de Estados Unidos del candidato opositor venezolano, Edmundo González, como presidente electo tras las elecciones presidenciales, en las que se enfrentó al actual mandatario, que ha tachado de «basura» el texto en cuestión.
Si en algo están de acuerdo la mayoría de los colombianos (el 90 %) es que el gobierno colombiano no debe reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero de 2025, cuando se realice la posesión presidencial.
Así lo indican los resultados del módulo Evaluación y Gestión Gobierno Nacional de la Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, en alianza con la Universidad del Rosario y la fundación Konrad Adenauer, que se realizó entre 1.618 personas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
Según el análisis, el 58 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el presidente Gustavo Petro exija al gobierno electo de Nicolás Maduro en Venezuela la divulgación pública de las actas electorales. Únicamente el 29 % afirmó estar totalmente en desacuerdo.
El 51 % está totalmente en desacuerdo en que el Gobierno Nacional conserve las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Venezuela, debido a la falta de legitimidad de Maduro en el poder. Solo el 28 % está totalmente de acuerdo en que continúen
El rechazo de los colombianos a Nicolás Maduro se extiende a los procesos de negociación de la «Paz Total» con el ELN y las disidencias de las Farc. El 74 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que el presidente lo mantenga como garante de los mismos.
El rechazo al panorama político con el vecino país también se evidencia en los hidrocarburos, pues el 65 % de los encuestados está en contra que el gobierno Petro convierta al Estado venezolano como su principal proveedor internacional de gas para Colombia. Solo el 28 % tiene una opinión favorable en este campo.
Poca confianza en los estamentos de seguridad
Uno de los flagelos que más afecta a los colombianos es la escalada de la inseguridad que se presenta en las zonas urbanas y rurales. Se le preguntó a los encuestados en la confianza que les genera el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, organismos encargados de velar por la seguridad en el país.
De estos estamentos, el Ejército Nacional genera mucha confianza a los encuestados en un 42 % y solo el 21 % le tiene poca confianza.
Sin embargo, la Presidencia de la República, con un 49 %; el Ministerio de Defensa Nacional, con un 44 % y la Policía Nacional, con un 41 %, le generan desconfianza a los encuestados.
Cabe resaltar que la Policía Nacional, la fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, solo genera mucha confianza en el 17 % de los encuestados. Es este ítem, igual comportamiento presentan la Presidencia de la República (21 %) y el Ministerio de Defensa (18 %).
Para los encuestados, los principales factores para aumentar la confianza en la Policía y en el Ejército Nacional serían combatir la corrupción dentro de estas instituciones (61 %), mayor transparencia (44 %), sancionar las conductas negativas al interior de ambas instituciones (37 %), mejorar la capacitación a los policías y soldados (34 %), promover mayor conciencia sobre los Derechos Humanos (29 %) y mejorar el diálogo con la ciudadanía (28 %).
Ciudadanos se sienten inseguros
El 46 % de los encuestados se siente muy inseguro caminando solo o sola en su barrio de noche y solo el 20 % manifestó sentirse muy seguro. Entre las razones que consideran que han afectado su percepción de seguridad en su municipio están las siguientes: hurtos y robos (57 %), consumo de drogas (37 %), falta de policía (35 %), presencia de pandillas (15 %) y falta de iluminación en las calles (15 %).
Los encuestados afirmaron en un alto porcentaje que en el último año ellos o alguien con quien viven ha sido víctima de hurto o robo de pertenencias en un 45 %. Le siguen el fraude o estafa (10 %), el delito cibernético (9 %), la extorsión (6 %), el acoso o violencia sexual (5 %), la agresión física (5 %), la violencia doméstica o intrafamiliar (4 %), la violencia de género (2 %) y el secuestro o intento de secuestro (1 %).
A pesar de este panorama, solo el 54 % de los afectados denunció estos delitos. Entre las principales razones para no denunciar del 44 % que no hizo, están las siguientes: las autoridades no hacen nada (41 %), fueron pérdidas menores (14 %), antes habían denunciado y no pasó nada (13 %), no sabía cómo o dónde denunciar (9 %), un familiar o amigo estuvo entre los agresores (3 %), lo amenazaban si lo hacía (2 %) y los agresores se podían enterar de la denuncia (2 %).
“Existe un debate prolongado entre las autoridades locales y nacionales sobre las cifras de criminalidad y su relación con los sentimientos de inseguridad. Generalmente, se argumenta que, aunque las estadísticas de criminalidad disminuyen, los sentimientos de inseguridad aumentan”, dijo Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Facultad de Estudio Internacionales, Políticos y urbanos de la Universidad del Rosario.
En su opinión, este debate es erróneo, ya que se están comparando dos mediciones distintas: por un lado, están los registros de denuncias, que el Estado recopila; por otro, las encuestas de percepción, que reflejan más fielmente la realidad y que deben ser tomadas en cuenta por los gobernantes para una mejor gobernabilidad.
“Este tema es crucial porque cuando los ciudadanos sienten temor y perciben que sus denuncias no tienen resultados, se deslegitima los gobiernos de turno. Esto genera la sensación de que no hay mejoras en la calidad de vida, afectando así la confianza en las instituciones”, afirmó Ruiz.
Investigación CNE, paro camionero y marchas
Se indagó entre los encuestados sobre la investigación que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial, el manejo del paro camionero por el diésel y las marchas que piensa convocar Gustavo Petro.
El 59 % conoce la investigación que realiza el CNE por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Gustavo Petro Presidente. Al respecto, el 41 % considera que esta indagación es legítima y adecuada, el 28 % piensa que es un intento de desestabilizar al gobierno, el 15 % no tiene suficiente información para manifestar su percepción sobre la misma y el 13 % indica que esta no afecta la estabilidad del gobierno.
Ahora bien, el 65 % considera que esta investigación ha afectado directamente de manera negativa la percepción sobre la imagen del presidente, el 29 % cree que no ha perjudicado su imagen y el 5 % piensa que la ha afectado de manera positiva.
El 40 % de los encuestados se mostró en total desacuerdo con el manejo dado por el Gobierno a la crisis del paro camionero de 2024 tras el aumento del precio del diésel. Solo el 27 % manifestó estar totalmente de acuerdo.
Cabe resaltar que el 59 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro convoque marchas a nivel nacional en apoyo a su gobierno, frente a un 21 % que sí está de acuerdo.
Para Carlos Charry, director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, “los problemas de seguridad, que siguen siendo una preocupación local importante, son factores que parecen estar influyendo en la percepción del presidente, a pesar de que a nivel macroeconómico el DANE ha reportado un crecimiento económico del 2 %, una reducción de la inflación y una tasa de desempleo más baja de lo esperado, dado el contexto de la inactividad económica”.
El presidente, Gustavo Petro, calificó como un error las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 18 de julio de 2024 y en donde resultó reelegido Nicolás Maduro.
«yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error esas elecciones», dijo el primer mandatario desde la cumbre G20 que se desarrolla en Brasil.
«Igual que se critica las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, no se generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones», agregó.
El presidente, Gustavo Petro, dejó claro que Colombia no reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro sí antes no se muestran las actas electorales.
El director de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, ha informado este sábado del inicio de «algunas excarcelaciones» durante la mañana del sábado de algunos de los detenidos por las protestas y la violencia ocurridos tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, en las que la oposición denuncia como fraudulenta la victoria de Nicolás Maduro confirmada por las autoridades electorales.
«Desde tempranas horas se están produciendo algunas excarcelaciones de presos políticos por situación postelectoral», ha publicado Romero en su cuenta en la red social X.
El periodista William Echeverría, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), ha asegurado que durante las últimas horas se han realizado siete excarcelaciones e incluso cita nombres como los de Gustavo Albarrán, Luis Ocanto, Rafael Murillo, Luis Batista, David Sanoja y Garbelis Torres.
Este viernes era el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el que anunciaba la revisión de las medidas judiciales dictadas contra 225 de los detenidos en las protestas postelectorales con el fin de lograr su «reunificación familiar», lo que apunta a su posible excarcelación.
Basándose en nuevos indicios y elementos probatorios, se han solicitado 225 revisiones, ha explicado, antes de recordar que en los disturbios murieron 28 personas y cerca de 200 resultaron heridas. «Esta acción tiene como objetivo la reunificación familiar, lo que consolida el compromiso por los derechos humanos», destacó.
Esto «tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos», según el comunicado del Ministerio Público leído en la televisión pública venezolana por Saab.
El propio Saab reveló que entre el martes y el miércoles hubo reuniones con familiares de los detenidos en las que el Ministerio de Público se comprometió a agilizar los procesos. También se reunió con familiares de los fallecidos.
Saab resaltó que este proceso es «atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano» y reprochó que haya ONG que busquen «recibir y seguir recibiendo dinero al decir que tuvieron algo que ver con esta acción».
El proceso de revisión comenzó después de que el pasado lunes el presidente Nicolás Maduro pidiera revisar y rectificar en los casos en que hubiera errores.
En total se estima que unas 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio en unos comicios en los que la oposición asegura que su candidato, Edmundo González, fue el claro ganador e incluso publicó el 80 por ciento de las actas para avalar esta tesis.
El canciller, Luis Gilberto Murillo, declaró que la postura del Gobierno sigue «clara» y pide a Venezuela que presente las actas electorales, a lo que su homólogo Yván Gil ha respondido que ha actuado «de manera pusilánime al momento de abordar la realidad» en su encuentro bilateral.
«La postura del Gobierno sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial: el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el presidente (Gustavo Petro), Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados», ha afirmado Murillo en su cuenta de la red social X.
Esto ha provocado la respuesta de su homólogo venezolano, quien le ha criticado que actuó «de manera pusilánime al momento de abordar la realidad» en su encuentro bilateral, «siempre apegado al respeto a la soberanía e independencia de Venezuela mientras» repasaban la cooperación entre ambos países.
«Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de Estados Unidos, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá, de la constante intromisión en nuestros asuntos internos», ha publicado Gil Pinto en Telegram.
El pasado 29 de octubre, el Gobierno colombiano afirmó que no descarta variar la postura con respecto a Venezuela tras la toma de posesión oficial de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, después de que algunos países de la región hayan ya reconocido al excandidato opositor Edmundo González como vencedor de las elecciones de julio. El Ejecutivo está esperando a que se cierre el proceso electoral.
El Gobierno Nacional, a través del canciller, Luis Alberto Murillo, aseguró que no descarta variar la postura con respecto a Venezuela tras la toma de posesión oficial del presidente Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, después de que algunos países de la región hayan ya reconocido a Edmundo González como vencedor de las elecciones de julio.
El funcionario dijo en declaraciones a Blu Radio que la posición del Gobierno no es «insostenible» y que están esperando a que se cierre el proceso electoral.
«Estamos monitorizando, ya comunicaremos qué variaciones tiene nuestra posición (…) el período del presidente Maduro llega hasta el 10 de enero. Ya tomaremos decisiones cuando llegue ese momento», ha explicado el ministro de Exteriores.
Morales se ha manifestado en estos términos cuando se le ha preguntado por el recibimiento a la delegación de Venezuela que ha acudido la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que acoge estos días la ciudad de Cali.
Colombia, ha explicado Morales, como «agente de Naciones Unidas» en este evento, ha de recibir «a todos los integrantes de la comunidad global» y «obviamente Venezuela es parte de ese escenario», ha zanjado.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este viernes extender dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de observación encargado de abordar la situación en el país.
El texto, aprobado con 23 votos a favor, 18 abstenciones y seis votos en contra, señala que la labor de la misión es investigar violaciones de Derechos Humanos, incluyendo «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclusiones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes» cometidos desde 2014 en el país.
El objetivo de la misión es, por tanto, «combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, prestando especial atención a la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela».
Esto se produce después de que una treintena de ONG instaran en septiembre a Naciones Unidas a renovar la misión e hicieran hincapié en la importancia de que exista una «rendición de cuentas» a medida que aumenta la «represión postelectoral».
«Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», indicaron.
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha aplaudido la medida y ha asegurado en un comunicado que la misión es «fundamental» debido al «recrudecimiento de la represión» tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.
«Con esta resolución, los miembros del Consejo mostraron que no se quedarán de brazos cruzados mientras las fuerzas de seguridad de Maduro asesinan y abusan de la población para mantenerse en el poder, y que están comprometidos a hacerlos rendir cuentas por sus crímenes», ha agregado.
El líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha puesto fecha para su vuelta al país: el 10 de enero, día para el que se prevé la toma de posesión, a la que acudirá, ha dicho, como «presidente electo».
Así lo ha afirmado este viernes en una rueda de prensa ofrecida este viernes en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra) tras participar en el Foro La Toja que se celebra en el municipio hasta el sábado.
De hecho, ha llegado a deslizar que no descarta adelantar su retorno al país. «Si el presidente Maduro adelantó la Navidad, no sería raro que yo pueda adelantar mi regreso también», ha comentado.
«Voy a regresar lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en el país. El 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro a que la voluntad popular de ocho millones de venezolanos se acredite ese día», ha aseverado.
Preguntado por cuántas figuras como él mismo o como Juan Guaidó hacen falta para acabar con el mandato de Maduro, el opositor ha contestado de forma tajante: «Uno solo, un solo Edmundo».
Además, ha destacado que no cabe comparativa entre Guaidó y él. «Somos personajes distintos. A Guaidó lo designó la Asamblea Nacional y yo obtuve el respaldo de cerca de ocho millones de venezolanos. Son dos situaciones distintas», ha señalado.
Niega la intervención de Zapatero
Respecto a las actas electorales que maneja la Fundación Carter –observadora electoral internacional– y que respaldarían las presentadas por la oposición, en las que se asegura que González Urrutia es el vencedor de los comicios, el opositor ha señalado que «lo que hace falta es la voluntad política para conocer y respetar los resultados».
Además, ha negado sentirse «abandonado» por la comunidad internacional y ha recordado que, recientemente, más de 30 países han firmado en Nueva York un documento respaldándolo como presidente electo.
Ha desmentido también la supuesta intervención del expresidente Rodríguez Zapatero en su salida del país. «Yo no hablé con Zapatero. He narrado en diferentes ocasiones lo que ocurrió. Estuve más de 30 días en la Embajada de Países Bajos y otros 30 días en la de España, que me facilitó el transporte para llegar a Madrid y desde el 28 de septiembre estoy aquí, solicitando formalmente el asilo», ha relatado.
Por último, ha asegurado que el futuro de Nicolás Maduro, «cuando sea presidente», será el que él «desee», «siempre que respete la Constitución».
La asesora del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, Jennie Lincoln, ha mostrado este miércoles las supuestas actas electorales que demostrarían la victoria del candidato opositor, Edmundo González, todo ello durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington.
«Acabo de recibir los originales (…) y me gustaría compartirlos con ustedes después de la sesión para que puedan ver que son actas originales de Venezuela, que tienen un código QR muy importante y que permitió a los testigos, a los observadores electorales, de miles y miles de centros de votación recopilar la información de manera sistemática a partir de, nuevamente, datos originales que fueron producidos por el CNE (Centro Nacional Electoral). Este es el punto clave de esta elección», ha expresado durante su intervención.
Respecto a los comicios celebrados a finales de julio, en los que el CNE dio como ganador al actual presidente, Nicolás Maduro, el Centro Carter, especializado en observación electoral, concluyó que carecían de la integridad electoral suficiente e incumplían los estándares internacionales, por lo que «no podían considerarse democráticos».
Numerosos actores internacionales han pedido desde entonces al chavismo la publicación de las actas electorales, algo que hasta el momento no han realizado. Por su parte, la oposición creó una página web en la que mostraba las supuestas actas que les daban la victoria.
Desde el 28 de julio, fecha en la que se celebraron las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela, las autoridades han detenido a más de una veintena de dirigentes políticos, entre ellos el influyente opositor Freddy Superlano. La líder opositora María Corina Machado, por su parte, se encuentra en la clandestinidad después de las detenciones de compañeros de partido y aliados, a pesar de que continúa activa en redes sociales y participa en foros de manera virtual.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha negado este martes que se esté preparando para irse de Venezuela en respuesta a las palabras del mandatario del país, Nicolás Maduro, quien aseguró en la víspera que se estaba «preparando» para marcharse e incluso mencionó la posibilidad de que ya lo hubiese hecho.
«Aquí el que se va es Nicolás Maduro, yo sigo con los venezolanos. Lo que el régimen quiere es ponerme a la defensiva, aquí seguimos de frente cerca de los venezolanos a pesar de las circunstancias (…) Esto lo vamos a lograr y Edmundo González Urrutia va a juramentarse el 10 de enero», ha manifestado Machado durante una rueda de prensa recogida por su partido, Vente Venezuela.
Machado también ha afirmado que, a pesar del exilio de González a España, el apoyo internacional ha sido tal que les «ha dado más fuerza» en su «lucha por la libertad», y ha pedido a Maduro comprender que «su mejor opción en sentarse a negociar una transición democrática y ordenada».
«Venezuela es la prioridad en materia de seguridad en el hemisferio y ni los propios aliados de Maduro lo han reconocido como presidente», ha añadido.
Por último, ha insistido en que va a «cobrar» su «victoria» en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la oposición reclamó una amplia victoria, si bien las autoridades venezolanas proclamaron a Maduro como ganador, aunque sin publicar las actas electorales.
Cabe destacar que Machado se encuentra en la clandestinidad después de las numerosas detenciones de compañeros de partido y aliados, si bien continúa activa en redes sociales y participa habitualmente en foros de manera virtual.
El presidente Gustavo Petro ha salido al paso de la moción aprobada en el Senado para instarle a reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela y ha señalado que el Congreso no puede «exigirle» cambios en posicionamientos internacionales.
«La proposición es una solicitud y la estudiaré dentro de las decisiones que tengo que tomar», ha dicho Petro en redes sociales, donde ha subrayado que antepondrá «el interés general de la sociedad colombiana». Así, ha instado a «no confundir» a la opinión pública.
El pleno del Senado aprobó el martes con 48 votos a favor y seis en contra una proposición para que Petro reconozca la victoria de González en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio en Venezuela. El 16 de septiembre, ya se había pronunciado en el mismo sentido la Cámara de Representantes.
Petro, que ha asumido junto a Brasil labores de mediación en la crisis venezolana, ha expresado públicamente sus dudas sobre la limpieza de las elecciones en Venezuela, por lo que tampoco ha dado por ganador al actual presidente, Nicolás Maduro. Al igual que otros gobiernos internacionales, ha reclamado a las autoridades chavistas la publicación de las actas oficiales sobre esos comicios.
