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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Victimas

Comunidades del Bajo Calima retornaron a sus territorios

Más de 700 personas de las comunidades del río Nueva Esperanza, Ceibito, San Isidro y Guadual, las cuales integran el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Bajo Calima, y que se encontraban albergadas en el coliseo El Cristal y la caseta comunal del barrio R9 en Buenaventura, Valle del Cauca, retornaron por decisión propia a sus territorios de origen.

Así lo confirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien acompañó todo este proceso, considerándolo como «un nuevo comienzo».

Este retorno se suma al esfuerzo adelantado en diciembre pasado con la comunidad de Santa Rosa de Guayacán, cuyas 31 familias también regresaron al territorio en la cuenca del Calima.

«El régimen de Venezuela sigue torturando», denuncia de Víctor Navarro

El periodista y opositor venezolano Víctor Navarro ha denunciado este lunes que el «régimen de Venezuela sigue torturando» y ha alertado a la comunidad internacional de que «oxigenar a Maduro es oxigenar la tortura», que es utilizada como «política de Estado» en el país caribeño.

En un evento con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y con la vista puesta en la presentación ante el Parlamento Europeo de una exhibición de realidad virtual que permite recrear la experiencia de los presos en la polémica cárcel de El Helicoide en Caracas, Navarro ha insistido en la importancia de «visibilizar» estos abusos.

«Es importante porque Maduro sigue torturando en Venezuela, siguen existiendo presos políticos», ha dicho antes de recalcar que la iniciativa sale de la idea de aunar los testimonios de aquellas personas que se encontraban también encarceladas en El Helicoide cuando él fue detenido en 2018.

«Yo salí de Venezuela unos meses después de que saliera de la cárcel, y salí gracias a una negociación política entre el Gobierno y los partidos de oposición. Maduro dijo que si lo reconocían como presidente, cuando las elecciones eran ilegítimas, él liberaría a pesos políticos», ha recordado.

Sin embargo, ha dicho, su caso sigue abierto, por lo que no puede regresar a territorio venezolano. «La tortura no se acaba cuando sales», ha manifestado antes de «quienes tienen el poder en el país son los torturadores, cuya política es la tortura, la detención arbitraria, la persecución y, en muchos casos, el asesinato».

«En Venezuela se sigue torturando, se sigue persiguiendo a gente», ha sostenido Navarro, que ha lamentado que «parte» de su familia «sigue en Venezuela». «La idea es que las personas que toman las decisiones vean esto y repudien lo que pasa y exijan el cierre de los centros de tortura», ha añadido.

En este sentido, ha reclamado el cierre de El Helicoide, donde se estima que hay unos 70 presos políticos, y ha indicado que «los que denuncian o son defensores de los Derechos Humanos deben exigir el cierre de los centros de tortura que existen hoy en el país».

Navarro, que fundó la organización Voces de la Memoria y permaneció detenido durante cinco meses acusado de «traición a la patria» y «terrorismo», ha puntualizado que su iniciativa busca ser la respuesta a la invisibilidad y ha recordado que el Gobierno de Maduro impidió en junio de 2022 la entrada a El Helicoide a la misión de la ahora ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

EL PAPEL DE ESPAÑA Y EUROPA

El activista ha resaltado, además, la importancia de España, país al que considera «importante a en la toma de decisiones desde Europa para asuntos de América Latina», y ha incidido en la necesidad de que Maduro «no se siente en el espacio democrático, porque no es democrático».

«Parte de los que nosotros queremos mostrar en España y en el mundo es que no nos podemos sentar con Maduro a menos que muestre algún tipo de justicia frente a quienes han sido injusta y arbitrariamente detenidos», ha afirmado, no sin antes subrayar que «Europa tiene fuerza para promover el cierre de los centros de tortura». «El rol de España es fundamental en las decisiones que se tomen, sobre todo en el futuro», ha puntualizado.

Además, ha subrayado que «los Derechos Humanos no tienen color político ni se basan en las negociaciones por petróleo». «Los Derechos Humanos simplemente son Derechos Humanos y lo que promocionamos nosotros es la dignidad humana», ha dicho Navarro, que ha advertido que «algunas personas fueron detenidas arbitrariamente por disentir con el Gobierno».

Se estima que actualmente hay 25 centros de detención con presos políticos en Venezuela, con un total de unos 300 presos políticos en todo el país, según datos de la organización Foro Penal.

«El sistema penal y de justicia no funciona, y la tortura del Gobierno exacerba esta situación. (…) Hay 17 centros clandestinos de tortura en las zonas metropolitanas de Caracas», ha denunciado antes de explicar que existe una especie de «puerta giratoria de presos» con las que las autoridades buscan «generar miedo y silencio».

Navarro, que ha señalado que tras su detención estuvo cuatro días en paradero desconocido, sin acceso a abogados o familiares, ha asegurado que en su caso «no existió ninguna orden de arresto». «Cuando me detuvieron estaba haciendo la tesis de la universidad. (…) Nunca vi la luz del sol», ha afirmado.

Asimismo, ha pedido que «no se haga caso omiso» de la situación ante el «único presidente de América que ha tenido una investigación abierta en su contra por crímenes de lesa humanidad». «Estamos hablando de la peor atrocidad que se puede cometer contra una población», ha destacado antes de alertar contra un «cambio de narrativa» que favorezca al Gobierno venezolano.

«Para Maduro, los presos políticos son una ficha de negociación para seguir manteniéndose en el poder. (…) Maduro no es amigo de nadie y no garantiza la seguridad de nadie», ha afirmado, no si antes apuntar a la posibilidad de que ciudadanos europeos sean también detenidos para ser utilizados como moneda de cambio por parte de Caracas.

Navarro ha avisado a su vez de que «la tortura no se terminará» porque no hay «otra forma de mantenerse en el poder que la de generar miedo» entre la población, especialmente ahora que la «sostenibilidad económica se ve mermada».

«La tortura, la detención arbitraria y la persecución es su único mecanismo de negociación para mantenerse en el poder. Y eso es lo que se negocia. (…) Por eso la negociación tiene que ser abordar el fin de la tortura, el cierre de los centros de tortura y la liberación de los presos políticos. Eso abre el espacio a la democracia», ha zanjado.

Directora de la Unidad Para las victimas dice que la reparación tiene un costo de 301 billones de pesos

La reparación de las víctimas en Colombia requiere recursos por 301 billones de pesos y la cifra de ciudadanos en esa situación supera los 9 millones de colombianos, dijo  la directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, Patricia Tobón.

“Nos tenemos que romper la cabeza preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr –no 24 billones de la Reforma Tributaria–, más de 301 billones para contrarrestar la desigualdad, y esto va a requerir todo es un esfuerzo intelectual, de participación, de reflexión en cómo lo hacemos, porque lo requerimos”, señaló.

La Directora de la Unidad para la Atención de Víctimas precisó que con corte al 28 de febrero de este año se han incluido en el Registro Único de Víctimas 9’446.572 personas, de las cuales 7’496.170 personas reciben atención en diferentes medidas de esa entidad.

Explicó que “es la cifra que nos plantea el Comité de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley de Víctimas”.

Patricia Tobón anotó que en 10 años de implementación de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, se han formulado sólo 52 planes de implementación previstos. La funcionaria advirtió que, «sin verdad y sin dejación de armas no habrá una paz completa».

La directora Tobón afirmó que el Gobierno tiene como prioridad la atención de la oferta a las víctimas en agua potable, saneamiento básico, electricidad, vías y otras áreas.

 

Petro mostró su disposición para reunirse con exjefes de las AUC

El presidente Gustavo Petro, invitó a las víctimas del conflicto armado en Colombia a  convertirse en un gran movimiento social por la paz, durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

“Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse podríamos tener el primer movimiento social en Colombia cuyo objetivo es alcanzar la paz. Me parece fundamental que las organizaciones de víctimas, de todo tipo, de cualquier origen, pasen a convertirse en un Movimiento Social por la Paz”, dijo.

El Mandatario hizo énfasis en que su Gobierno está comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc-Ep, que ordenó reparar de forma integral a las víctimas.

“La mayor reivindicación hacia ustedes es que no haya más víctimas y que su número no siga creciendo. En ello, mi Gobierno va a ayudar en todo lo que se pueda, en avanzar en la reparación, para que no sean sus nietos los que reciban (las indemnizaciones); quiere ayudar a que el Centro de Memoria sea eso realmente, a que las asociaciones de víctimas puedan ser ese gran movimiento y acelerar los procesos de adjudicación de tierra”, enfatizó.

El Primer Mandatario dijo que es insuficiente el número de jueces de Restitución de Tierras que hoy ejercen en Colombia y que, en consecuencia, los procesos de adjudicación se tardan mucho tiempo en resolverse. “Los fallos son lentos porque el número de jueces es insuficiente. Hay que aumentar los jueces de tierras”, señaló.

También anunció la importancia de la figura de la Policía de Paz. “Hemos visto que cuando se restituyen tierras el peligro en las zonas se mantiene. Le he pedido a la Policía que construya la Policía de Paz, de tal manera que tenga un número de efectivos lo suficientemente grande para que cuide los puntos de restitución de tierras, los puntos de Reforma Agraria, los puntos de vivienda y vida agraria de los excombatientes que firman la paz”, precisó.

El Presidente dijo que los predios entregados al Estado por parte de antiguos jefes paramilitares deben ser rápidamente monetizados para que producto de ello se indemnice a las víctimas. “He observado cómo muchas haciendas paramilitares están hoy ocupadas por testaferros de los paramilitares o por el Clan del Golfo, que es lo mismo”, denunció.

Mostró además su disposición para reunirse con los exjefes de las AUC que le han solicitado una cita, en donde según el, “ se debe analizar qué pasó con la ley (de Justicia y Paz), qué pasó con sus bienes y en qué medida ese proceso de paz con los paramilitares quedó trunco o se puede finiquitar. «Los antiguos jefes paras, que han pagado sus condenas, hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo. Creo que esa reunión debe darse”, señaló.

Finalmente, el Presidente Petro instó a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a realizar un mayor esfuerzo por conseguir la verdad integral sobre los acontecimientos de la violencia “caiga quien caiga”.

 

Presidente invitó a dialogar a las víctimas del estallido social del 2021

El presidente Gustavo Petro invitó a las víctimas de Estado, en el marco de la protesta social del 2021 a establecer un diálogo con el Gobierno Nacional, con el fin de avanzar en los mecanismos de reparación.

“Hay que establecer una comunicación entre una asociación de víctimas y el Gobierno para fijar las condiciones de esa reparación de víctimas que produjo el Estado; es necesario que podamos sanar esa herida”, dijo el Mandatario.

El jefe de Estado hizo referencia al tema al entablar un diálogo público con Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa, quien fue asesinado en mayo del 2021 en la ciudad de Pereira durante las jornadas del paro nacional.

El primer mandatario recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó unas recomendaciones frente a lo ocurrido en la protesta social.

“De esas recomendaciones hubo una sobre la reforma a la Policía; hubo otras que tienen que ver con la indemnización, con la reparación, hasta donde es posible, de los familiares o las víctimas sobrevivientes del estallido social”, sostuvo.

Mi consuegra, Margarita Dawson

Conocí a la jurista conservadora Margarita Dawson, especializada en derecho contencioso administrativo, a mediados de 1980.  No era integrante de mi organización, el Colectivo de Abogadas/os, José Alvear Retrepo, CAJAR. Sin embargo, trabajamos juntos la demanda de reparación directa contra la Nación que fue producto de la tragedia de Armero, Tolima, ocurrida la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando la avalancha del volcán Nevado del Ruiz arrasó con sus pobladores, porque el Estado no la evacuó a tiempo. Eso a pesar de que científicos y expertos alertaron sobre el tema desde 1984, y emitieron alertas tempranas frente a una catástrofe anunciada.

A las 11:20 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, Margarita estuvo en el primer piso del Palacio de Justicia, donde estaba ubicada la secretaria del Consejo de Estado. El día anterior recibió una llamada de la secretaria del Consejero de Estado, Jaime Betancourt Jaramillo, para que se acercara a la edificación a notificarse de una sentencia de un caso que ella litigaba contra la Nación por tortura. Era la época del Estatuto de Seguridad, del expresidente Julio César Turbay Ayala, donde la tortura era pan de cada día.

El despacho del doctor Betancourt Jaramillo quedaba en el cuarto piso, por lo que a Margarita le tocó esperar en el primero, mientras  el magistrado  autorizaba  que subiera  a su despacho.  A las 11:30 de la mañana irrumpió por el sótano de la edificación, de manera violenta, el comando Antonio Nariño del movimiento guerrillero M-19 y se dirigió a los pisos superiores.

Fue así que Margarita resultó ser una de las primeras personas en salir del Palacio de Justicia, como se evidencia en la foto de El Espectador, que la capta al costado derecho de la entrada principal. Detrás de ella, al fondo y con gorra, está el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XII del Ejército Nacional y del operativo de retoma del Palacio. Ese retardo providencial de diez minutos la salvó a Margarita de quedar atrapada entre los rehenes del Holocausto. Su versión sobre lo sucedido quedó registrada en el Tribunal Especial de Instrucción Criminal, creado por el expresidente Belisario Betancur mediante facultades de Estado de Sitio (Decreto 3300 del 13 de noviembre de 1985), para “investigar” los hechos del Palacio de Justicia. Paréntesis: en realidad, ese tribunal sólo cumplió una función de coordinación administrativa, porque quienes realmente investigaron fueron los juzgados de Instrucción Criminal y el Juzgado Superior.

En los 80’s y 90’s, integrábamos el CAJAR, una media docena de abogadas/os “toderos”, que asumíamos casos penales, laborales, disciplinarios, contencioso administrativos e internacionales. La jurista Margarita me guió en el litigio en los casos de reparación directa ante la justicia administrativa para obtener la reparación de perjuicios. Con el caso de Armero, aprendí el formato y la técnica jurídica en demandas ante esa jurisdicción. Esta escuela me sirvió para asumir casos estratégicos de ese tipo, más lo penal e internacional como el Palacio de Justicia.

Ante la insistencia de los familiares de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco, la fiscalía general de la Nación en 2015 inició una investigación por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Culminó con la condena a 35 años de prisión contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, entre otros, el 24 de septiembre de 2019 por la Corte Suprema de Justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, producto del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, está revisando en la actualidad esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por solicitud del general Arias Cabrales, quien compareció ante ella y se encuentra en libertad. Hoy en día ningún militar está preso por los gravísimos hechos del Palacio de Justicia. Hay impunidad total. El general Arias Cabrales, el 17 de enero de 2023, delante los familiares de los empleados de cafetería, visitantes ocasionales, magistrados, y la guerrillera Irma Franco, se presentó como víctima de persecución porque resultó incriminado y condenado por el holocausto del Palacio de Justicia por la justicia ordinaria. Con sus palabras indignantes, nuevamente agredió y revictimizó a las verdaderas víctimas. Se requiere que diga la verdad. De lo contrario, la JEP lo debe excluir del procedimiento.

En lo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de noviembre de 2014, condenó al Estado colombiano por estos gravísimos hechos en el caso Rodríguez Vera y Otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia). Pero como es ampliamente conocido, la Corte IDH no investiga ni juzga a personas. Se encuentra en supervisión de sentencia, a la espera de lo que pueda pasar en la JEP.

Las vueltas que da la vida. La hija menor de mi colega Margarita y mi hijo mayor se conocieron cuando estudiaban derecho en una universidad de Bogotá. Se casaron hace 13 años y tienen una hija y un hijo encantadores, que son las fresas en el pastel de los abuelos. Hoy Margarita y quien escribe, hacemos parte de una linda familia ampliada que celebramos con amor y cariño.

JEP cita a audiencia al Alto comisionado para la Paz: Danilo Rueda


Foto: cortesía.

Este 27 de enero la Justicia Especial para la Paz (JEP), convocó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a una audiencia pública de seguimiento y verificación de las medidas cautelares de protección a los comparecientes  de protección forzosos de la justicia de paz.

Mediante el auto SAR AT-028-2023 «el comisionado Rueda, quien es el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNFS), tendrá que presentar ante la JEP el plan de acción y la política pública que apunten al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que se han incrementado en los últimos meses en distintos territorios del país», afirma la citación de la JEP.

El auto también asegura que: «La decisión se toma luego de que el pasado 16 de enero venció un nuevo plazo otorgado para que el Alto Comisionado Rueda presentara dicho plan y la política pública, que reduzcan el impacto de la violencia y particularmente la muerte de excombatientes. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la fecha se han presentado 348 homicidios de excombatientes de las FARC-EP.

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Además, agrega: «La Sección determinó la urgencia de tener esta política pública, para enfrentar el aumento y la expansión de las violencias por parte de nuevos grupos armados entre 2021 y 2022».

En otro requerimiento la JEP señala además que el desarrollo de la política pública que se le pidió al Gobierno se requiere de forma inmediata para alcanzar justicia y desestructurar las organizaciones. Además, esa política constituye un marco de referencia para frenar las violencias, garantizar los derechos a las víctimas, erradicar la impunidad y avanzar en las garantías de no repetición.

Así mismo,  también están citados una representante permanente por de la plataforma de mujeres, un representante de los grupos étnicos, un delegado para las plataformas de derechos humanos y una procuradora delegada para el seguimiento del Acuerdo Final de paz.

La cita para la audiencia de seguimiento y verificación tendrá lugar el próximo martes 28 de febrero entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. en las instalaciones de la JEP en Bogotá.

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN ya tienen fecha y lugar

El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se preparan para reiniciar el próximo lunes en Caracas los diálogos de paz interrumpidos hace cuatro años, para los cuales no se conoce todavía la composición total de los equipos negociadores.

«En el evento convocado en Caracas por el Alto Comisionado de Paz y el jefe de la delegación de diálogo del ELN se darán a conocer los demás integrantes que intervendrán en la mesa», señaló este sábado el Gobierno en un comunicado.

Del lado del Gobierno están confirmados los nombres de Otty Patiño, exguerrillero del M-19 que será el jefe del equipo negociador, y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafourie, enconado enemigo de la guerrilla.

Se ha especulado que también harán parte del equipo gubernamental los congresistas María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que firmó la desmovilización de esa guerrilla y poco después, en 1990, fue asesinado cuando era candidato presidencial; e Iván Cepeda, que siempre ha defendido los diálogos de paz.

El presidente del Senado, Roy Barreras, que hizo parte del equipo negociador con las FARC en Cuba, dijo que tanto el presidente Gustavo Petro como el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le ofrecieron hacer parte del grupo, pero él rechazó ese pedido aduciendo que sus compromisos no le permiten «aceptar por ahora esa nueva tarea».

Por su parte, este sábado el expresidente Álvaro Uribe Vélez por medio de un comunicado en Twitter anuncio que: “José Félix Lafaurie es presidente gremial y miembro del grupo directivo del partido. Los procesos de paz, en lo posible, deben ser producto de acuerdos nacionales. En el caso de las Farc, el acuerdo nacional se nos negó, cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del No en el plebiscito no hubo paz, pero sí más narcotráfico, más violencia y más polarización política”.

El comunicado agrega, “por invitación del presidente Gustavo Petro, puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema que requiere reflexión y hechos de paz del ELN”.

“Estoy seguro de que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que por obvias razones mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza”, expresó Uribe Vélez desde Ibagué.

Igualmente, el ministro de Justicia Néstor Ozuna, confirmó en Noticias Caracol que Violeta Arango, conocida con el alias de ‘Violeta’ e investigada por el atentando al centro comercial Andino, quedará en libertad para ser gestora de paz.

“Eso es un trámite que se adelanta principalmente por la Fiscalía General de la Nación y el juez respectivo, pero sí es cierto que el gobierno designó a esta persona como promotora de paz”, afirmó Ozuna.

Alias ‘Violeta’ fue capturada en el año 2017 sindicada del atentado al centro comercial Andino. Dentro del perfil por el que es investigada, también se le señala de ser del frente de seguridad de alias ‘Pirry’ o ‘Manolo’, cabecilla de la dirección nacional del ELN; se le atribuye la participación en cerca de 21 atentados registrados, la mayoría, en Bogotá y uno en Pereira.

Francisco Bernate, abogado de las victimas del Andino, enfatizó: “Esto representa una burla, no solamente a las víctimas que no han recibido ni justicia, ni verdad, ni reparación, sino, a la justicia en sí misma”.

Junto a ‘Violeta’ se conoció que también saldrá libre Jairo Arregui, alias ‘Antonio’, que tiene 73 órdenes de captura por homicidio y actos de terrorismo.

Finalmente, el presidente de Indepaz: Camilo González Posso, aclara que: “Se dejan en libertad o se suspenden capturas a los que van a sentarse con el Gobierno para buscar una opción de solucionar definitivamente una conflictividad armada como esta”, indicó.

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Foto: cortesía.

La extradición y los derechos de las víctimas

En mayo de 2008 el entonces presidente Álvaro Uribe, autorizó la extradición a los Estados Unidos  de 15 comandantes paramilitares, entre ellos algunos de los más notorios líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- como Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Los extraditados enfrentaban cargos por producción o tráfico de cocaína, lavado de activos y actividades conexas, delitos bajo la ley federal del país del norte. La decisión de extraditarles fue presentada por el gobierno colombiano como parte de la lucha contra el narcotráfico. Pero los 15 extraditados eran postulados de la Ley 975 de 2005, la ley de justicia transicional creada para incentivar su desmovilización. Para el momento de las extradiciones, en las «versiones libres» dadas por paramilitares, se había empezado a revelar información muy útil e importante para sus víctimas sobre las circunstancias de los crímenes cometidos contra sus seres queridos. Estos avances se pusieron en riesgo con la extradición. Por eso se desató un gran debate sobre la extradición desde la perspectiva de los derechos de las víctimas.

En octubre de 2014 se publicó el documento “La extradición: Aprendizajes y recomendaciones desde las víctimas”, elaborado por Kimberly Stanton, ex directora de Project Counselling Service, PCS, hoy asesora del congresista de los Estados Unidos, Jim McGovern; Danilo Rueda, director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, actualmente Alto Comisionado para la Paz; Franklin Castañeda, director de la Fundación de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, hoy director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; y quien escribe, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR. El estudio recoge las experiencias de las víctimas en sus esfuerzos de garantizar el cumplimiento de sus derechos a pesar de las extradiciones de comandantes paramilitares de 2008, y otros 10 más, para un total de 25 hasta 2010. Dado que la extradición es nuevamente tema de discusión entre Colombia y Estados Unidos, y ahora contando con un gobierno pro-derechos humanos, hay que retomar la reflexión.

¿De cuáles derechos hablamos? los principios universales para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, actualizados en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los resume como los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y las garantías de no repetición de las violaciones. Para garantizar el derecho a la verdad, acorde al Principio 5, “Incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber …” El derecho a la justicia requiere que el estado garantice la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso (Principio 19). El derecho a la reparación debe ser accesible, rápido y eficaz.

Las extradiciones de 2008, en la práctica socavaron cada uno de estos derechos. A pesar de sus esfuerzos -incluyendo las visitas a las cárceles estadounidenses donde estaban internados- y contrario a las promesas de los funcionarios de ambos países de que no sería así, las víctimas perdieron acceso a los extraditados y por ende a toda la información que tenían. Los procesos judiciales en los EE.UU. no admitieron la participación de las víctimas colombianas ni tomaron en cuenta sus testimonios. De hecho, fue imposible que lo hicieran porque los procesos judiciales trataban solamente de cargos vigentes bajo la ley estadounidense. Por lo tanto,  las masacres, el desplazamiento forzado, la desaparición forzosa y otros delitos de lesa humanidad quedaban excluidos. No se confirmó qué parte de los bienes incautados de los extraditados fueron devueltos a Colombia, pero era evidente que no pasaron a manos de las víctimas. La decisión de una corte estadounidense, no protege los derechos de las víctimas ni contribuye a las reformas necesarias de las políticas colombianas para garantizar la no repetición.

Sin embargo, hubo ciertas luces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en todas las etapas del procedimiento penal (tanto investigativa como de juicio), se debe garantizar que las víctimas y/o sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. Las víctimas lograron en julio de 2009, que la Corte, en resolución sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, estableciera que debe prevalecer la judicialización de graves violaciones de derechos humanos por encima de otros delitos; que la extradición no puede ser un mecanismo de impunidad; que debería haber mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y EE.UU. para asegurar que la persona extraditada siga colaborando con la justicia colombiana; y que la extradición no debería interferir o entorpecer las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia. Un año después, en el caso de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, la Corte reiteró que el uso de la figura de la extradición no debía “favorecer, procurar o asegurar la impunidad”, y que el Estado colombiano está obligado a “adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos […] comparezcan ante la justicia”.

Para desarrollar «mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y EE.UU» que protegen los derechos de las víctimas, el punto de partida es el hecho de que es prerrogativa del presidente de Colombia aprobar o no la extradición de un ciudadano de nuestro país. En cuanto a narcotraficantes, el presidente Petro ya ha propuesto que los que negocian con el Estado y dejan de delinquir, no se extraditan. Además, recogiendo recomendaciones consignadas en el documento de 2014 citado arriba y con el fin de hacer efectivo lo decidido por la Corte Interamericana, la extradición solamente se debe dar una vez satisfagan los derechos de las víctimas que han sido violados por el perpetrador procesado, y sólo bajo condiciones que contribuyan a la construcción de la paz y conlleven al fortalecimiento del sistema judicial colombiano. La revisión de una solicitud de extradición debe incluir el análisis de toda la historia delictiva del sindicado para determinar si hay derechos de las víctimas colombianas que no han sido satisfechos. En tal caso, se debe emitir concepto desfavorable para proteger a las víctimas. En relación a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de  lesa humanidad ya extraditados, se debe retomar la tarea de negociar las condiciones para que las víctimas puedan ejercer el rol de sujeto procesal, en cumplimiento de sus derechos fundamentales.

La extradición ha sido tema de debate en Colombia por décadas, pero los derechos de las víctimas violados por  los extraditados nunca han sido verdaderamente puestos en el centro de la discusión. Ya es hora que cambie la política pública.

 

 

 

 

 

 

Las víctimas del 9S continúan buscando garantías

El 9 de septiembre se cumplieron dos años de la masacre de catorce jóvenes perpetrada por integrantes de la Policía Nacional en Bogotá y Soacha. El Informe para el esclarecimiento de los hechos, emitido en diciembre de 2021 y cuya producción fue apoyada por las Naciones Unidas, afirma que los policías cometieron una masacre en la que resultaron asesinadas catorce personas, entre ellas Javier Ordoñez, y que muchas otras fueron heridas, violentadas o agredidas. Sin embargo, el Informe no sustituye un proceso judicial integral ni satisface plenamente los derechos de las víctimas y sus familiares.

A raíz del aniversario, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, realizó ese día un acto en homenaje a las víctimas de los hechos en la plaza de Bolívar. Se marcó una clara diferencia con actos parecidos en el pasado, la acompañaron el presidente de la República Gustavo Petro, a través de su ministro de Defensa Iván Velásquez, e integrantes de la Policía Nacional. Así estuvieron presentes para escuchar las solicitudes de las víctimas y sus familiares que buscan que los hechos no sean olvidados, no queden en la impunidad y no se repitan.  A continuación, las solicitudes que son integrales, detalladas, y merecen ser plenamente conocidas.

Al Gobierno Nacional, Ministerios de Justicia y Defensa y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,  que se instale una Comisión institucional para el esclarecimiento de los hechos del 9 de septiembre de 2020 en la que los abogados y las familias puedan hacerse partícipes, e instalar una Mesa Nacional para reformar la Policía Nacional integrada por Ministerios del Interior, Defensa, Policía Nacional, organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas.

A la Fiscalía General de la Nación, primero, crear una Unidad especializada de Derechos Humanos cuya única labor sea el esclarecimiento de las graves violaciones cometidas por la fuerza pública en el marco de las manifestaciones, teniendo en cuenta lo que las Altas Cortes han identificado como violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos las ocurridas en la protesta civil. Segundo, que se instale una Mesa de seguimiento de Alto Nivel en que participen todos los interesados -el fiscal general de la Nación, la dirección de fiscalías especializada en derechos humanos, los fiscales de conocimiento de los casos, el delegado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, los abogados representantes de las víctimas, un delegado del Ministerio de Justicia-, para que se reúnan periódicamente a efectos de asegurar el seguimiento de los casos y que se den resultados concretos que satisfagan los derechos de las víctimas. Tercero, que se revisen las metodologías que han orientado las investigaciones en estos casos de forma aislada y abrir un macro-caso de violencia policial en Bogotá durante el 9 y 10 de septiembre de 2020, en el marco dentro del cual se puedan identificar patrones criminales, políticas institucionales y los responsables de alto nivel.

Al Congreso de la República, que se tramite una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la protesta social, punto 2 del acuerdo de paz de 2016, de acuerdo con la sentencia 7641 del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza a manifestaciones pacíficas   y,  además que esté de acuerdo los estándares internacionales.

Al Ministerio de Defensa Nacional, primero, como garantía de No repetición, que se depure la Policía Nacional, retirando a los policías y agentes que tuvieron una participación directa e indirecta en la protesta. Segundo, como medida de dignificación de las víctimas, que el ministro de Defensa y que el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reconozcan su responsabilidad en la masacre policial en la que resultaron catorce jóvenes asesinados y cientos de heridos. Tercero, que el ministro de Defensa imparta instrucciones claras y concisas en la orden de prohibición del uso de armas de fuego en las protestas sociales. Cuarto, que el ministro de Defensa haga un llamado público a todos los policiales que en la noche del 9 de septiembre hicieron uso de su arma de dotación oficial, dispararon a los manifestantes y se quitaron su identificación para que se presenten a la fiscalía general de la Nación para contribuir a la verdad y esclarecimiento de los hechos. Quinto, que la oficina jurídica del Ministerio de Defensa ponga fórmulas conciliatorias en los procesos de reparación directa que los familiares adelantan ante la justicia contencioso-administrativa para que no haya que esperar 20 años para la reparación material. Sexto, que el ministro de Defensa se retracte de lo dicho por su antecesor con relación a los hijos, hermanos y esposos, quien los calificó como vándalos, y, por el contrario, dignifique y honre el nombre de sus familiares.

A la alcaldesa de Bogotá, como medida de No repetición, primero, que en su calidad de máxima autoridad de la policía se comprometa a no permitir que la policía de vigilancia acompañe protestas y manifestaciones sociales. Segundo, que se comprometa a no condecorar a policías que hayan participado en graves violaciones a los DDHH que estén relacionadas con la protesta social. Tercero, que rinda declaración sobre los hechos del 9 de septiembre de 2020 a efectos de esclarecer lo sucedido esa noche, y que la secretaría jurídica de la Alcaldía proponga fórmulas conciliatorias y acepte participar en los procesos de reparación directa.

A la Alta Comisionada de para los Derechos Humanos en Colombia, le pide elaborar un Informe que explique los patrones y la violencia causada por la policía y que acompañe las acciones que se dirijan para el seguimiento de casos.

Finalmente, se pide adoptar las recomendaciones y observaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita de trabajo a Colombia en junio de 2021, implementar las recomendaciones del informe Final de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, y acoger las recomendaciones del informe independiente para el esclarecimiento de los hechos  liderado por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret bajo el auspicio de la ONU.

Como es evidente en estas solicitudes, los familiares aprovecharon el homenaje a sus seres queridos para dejar claro que no descansarán hasta que todas las autoridades relevantes cumplan plenamente con sus funciones, empezando con garantizar la investigación de la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020.  Continuarán su lucha hasta se determine ¿quién fue el policía que disparó contra las víctimas?, ¿quién dio la orden? y también hasta que se hagan los cambios necesarios para que nadie más tenga que pasar por lo que ellos han vivido.

Efectivamente, si se implementaran todas las peticiones de los familiares de las víctimas de la masacre de 9 de septiembre de 2020, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana, Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad, sería un avance enormemente significativo hacia hacer cesar la violencia estatal y sus prácticas de control ciudadano del enemigo interno. Me uno al llamado de los familiares de las víctimas para que las autoridades les garanticen sus derechos en búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de No repetición, sin ser obstaculizadas por amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, en beneficio de todas y todos las y los colombianos.

 

 

El largo camino contra la Desaparición Forzada

El 9 de septiembre de 1977, Omaira Montoya Henao fue desaparecida en Barranquilla por integrantes de inteligencia del Departamento de Policía del Atlántico, caso que asumió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR. Ella fue la primera de muchas víctimas de ese cruel y atroz crimen que representamos, y una de miles y miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia. De acuerdo con el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, entre 1985 y 2016 se sumaron un mínimo de alrededor de 121.768 personas, una cifra vergonzosa sin contar el subregistro.

Debido a esta historia y a la larga lucha que provocó, celebramos esta semana cuando el Estado colombiano por fin reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de desapariciones forzadas. El 30 de agosto cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, suscribió en el Palacio de San Carlos el documento relevante. Fue el último paso para construir un camino jurídico que le permita a las víctimas exigir justicia en Colombia y a nivel internacional.

Como se cuenta en un documento de consultoría escrito por Federico Andreu para la CEV, la lucha para llegar a este día empezó tan pronto aparecieron las primeras víctimas en la década de los 70. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, CPDDH y el CAJAR -tres de las primeras ONG de derechos humanos- ayudamos a conformar la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES en 1982. Desde el 4 de febrero de 1983 ASFADDES empezó a realizar todos los jueves en Bogotá “La Marcha de los Claveles Blancos”, que se suspendió por el hostigamiento de las autoridades de que fue objeto. En 1986 AFADDES y el CAJAR organizamos el “Primer Coloquio sobre Desapariciones Forzadas en Colombia” en Bogotá y en noviembre de 1988 la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, realizó su Congreso en la ciudad capital.

Primero que nada, nuestras organizaciones exigimos conocer el paradero de las víctimas y que se devolvieran vivas, obedeciendo a la consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. A la vez buscamos crear una ruta legal para exigir justicia; en 1988 CAJAR y ASFADDES presentamos un proyecto de ley al procurador Horacio Serpa Uribe, este buscaba que la desaparición forzada fuera tipificada como delito en la normativa colombiana. Aunque fallamos en este primer intento, no nos dimos por vencidos; en 1992 se presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que fue aprobado en 1993, siendo objetado por el expresidente César Gaviria en julio de 1994, porque no estaba de acuerdo con la exclusión del fuero militar, es decir, el juzgamiento de civiles por militares,  ni el principio de “obediencia debida” como eximente de responsabilidad, por lo cual fue archivado.

En el 1997 el expresidente Ernesto Samper presentó un nuevo proyecto con trámite de urgencia para tipificar la desaparición forzada. El expresidente Andrés Pastrana tuvo una posición distinta a la de Gaviria que permitió que el proyecto avanzara, convirtiéndose en la Ley 589 del 6 de julio de 2000, “por medio de la cual se tipifica el Genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura y se dictan otras disposiciones”. El delito de desaparición forzada impidió reconocer la “obediencia debida” en estos casos,  introdujo otros tipos penales relacionados con la desaparición forzada, prohibió las amnistías  e indultos y le dio la competencia a la justicia ordinaria para investigar y juzgar a los responsables. Todo esto se reforzó en el Código de Procedimiento Penal a partir de 2005.

La nueva ley también se reforzó con decisiones de la Corte Constitucional empezando en 2002. El artículo 165 del Código Penal no estaba en sintonía con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y otros tratados internacionales. Para ajustarlo a los estándares internacionales la Corte Constitucional en sentencia C-317 de 2 de mayo de 2002 declaró inexequible la frase “perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley” y precisó que, tratándose de la desaparición forzada cometida por agentes del Estado, no hace falta requerimiento alguno, pues basta la falta de información de los servidores públicos. En varios otros casos a través de los años, la Corte también declaró el carácter imprescriptible de la acción penal del delito desaparición forzada (Sentencias C-578 de 2002, C-580 de 2005 y C-401 de 2010).

Diez años después, también bajo el impulso de las organizaciones civiles, el Congreso aprobó la “Ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición” (Ley 1408 del 20 de agosto de 2010), que reforzó la normativa sobre desaparición forzada de personas y se dictaron medidas para su identificación y localización. Entre otras cosas, creó la “Semana de los Detenidos – Desaparecidos” a conmemorarse la última semana de mayo; decretó el 30 de agosto la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos; la obligación de adelantar acciones para establecer el paradero de las víctimas; el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos;  la obligación del Estado de brindar a los familiares los recursos para gastos funerarios, desplazamiento, hospedaje y alimentación; el mecanismo de elaboración de mapas para localización de personas desaparecidas; la obligación de la policía de garantizar la protección de esas zonas; el tratamiento, inhumación y conservación en cementerios, de los cuerpos y restos no identificados; disposiciones sobre la reparación simbólica o medidas de satisfacción; y declaró como “Santuarios de la Memoria” los lugares donde se presuma que existen cuerpos o restos de personas desaparecidas.

A la vez que trabajamos para el desarrollo de la normativa interna, las organizaciones colombianas incidimos, primero, ante la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a favor de una convención internacional, y segundo, una vez adoptada la convención en diciembre de 2006, para que Colombia la ratificara. Efectivamente el Estado colombiano firmó la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” el 27 de septiembre de 2007, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Sólo hasta el 11 de julio de 2012, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, ratificó la Convención, sin reservas ni declaraciones, pero también sin reconocer la competencia del Comité para conocer de comunicaciones individuales, a pesar del pedido de las organizaciones de víctimas y las ONG de derechos humanos.

El 4 de noviembre de 2021, organizaciones de víctimas y derechos humanos que integran la Campaña #DóndeEstán le solicitaron al expresidente Iván Duque que aceptara la competencia del Comité de la ONU para recibir y examinar casos de desaparición forzada de personas.  Duque la rechazó argumentando que ya existen las instancias suficientes a nivel nacional e internacional para garantizar los derechos de esas víctimas. Es decir, usó los avances que habíamos logrado con la normativa interna para mantener cerrada la puerta de la justicia internacional para las víctimas colombianas. Su decisión le dejó al presidente Petro la oportunidad de cumplir con una exigencia clave de las víctimas.

Con la firma del documento del que fuimos testigos el día 30 de agosto, el Estado colombiano cumplió con  las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada desde el año 2016 “para recibir y examinar comunicaciones individuales en virtud del artículo 31 de la Convención, a fin de asegurar y reforzar en favor de las víctimas el régimen de protección contra las desapariciones forzada”. A la vez acató, muy rápidamente, con una de las recomendaciones de la CEV, “hacer las respectivas declaraciones de reconocimiento de competencia para conocer de comunicaciones individuales del Comité contra la Desaparición Forzada.”

Se ha recorrido un largo camino de 45 años desde la desaparición de Omaira Montoya Henao en 1977, para llegar a este momento histórico para que las peticiones individuales se puedan presentar al Comité contra la desaparición forzada de la ONU.  Ya contamos con una herramienta importante que complementa lo que se ha construido internamente, que viene en un momento cuando el nuevo gobierno nos da la esperanza que por fin el lema de “Nunca Más” se pueda cumplir. Este optimismo nos generó mucha felicidad en la ceremonia del 30 de agosto. Pero en caso que no sea así, si persiste esta práctica por parte de agentes estatales y particulares que actúen en connivencia y su protección, la lucha, que ya ha producido logros importantes, continuará. #NuncaMás #DóndeEstán

Ejército Nacional rindió homenaje a los militares desaparecidos

El Ejército Nacional, a través de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el Departamento Jurídico Integral y la Dirección de Familia y Bienestar, rindió un homenaje al universo de militares víctimas y sus familias en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por Asamblea General de las Naciones Unidas.

En Colombia existe un registro de casi 190.000 ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); de ellas, más de 3.500 corresponden a personal militar y sus familias que han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas.

La Institución a través de la Dirección de Familia y Bienestar (DIFAB), registra a la fecha 113 casos de militares dados por desaparecidos, donde se identificó que es por causa y en razón del conflicto armado, de los cuales sólo 5 casos han sido resueltos.

Actualmente se trabaja en la búsqueda y localización de 108 militares, entre los que están 5 civiles al servicio de la Fuerza, 2 oficiales, 22 suboficiales y 79 soldados, cifra que puede aumentar al momento en que se logre identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su desaparición.

 

Mancuso solicita el perdón de las víctimas

Cumpliendo con una sentencia priorizada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares, Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flórez y José Gregorio Mangones Lugo, se dio el acto de reconocimiento y solicitud de perdón a las víctimas de las AUC.

“Me llena de lamento, de vergüenza, de angustia, de dolor, de sufrimiento todo esto que pasó, quisiera devolver el tiempo para que estas situaciones jamás se hubiesen presentado. Soy el responsable de esta tragedia. Quiero pedirles perdón a todos ustedes, perdón de todo corazón. Toda mi vida y mil veces perdón, todos los días. Ustedes a diario están en mis reflexiones y oraciones diarias. No hay un mandato judicial que pueda ordenarle a una persona que genuinamente asuma esas responsabilidades y pida perdón dijo Salvatore Mancuso durante su intervención”.

Mancuso describió parte de las circunstancias que vive en la prisión de los Estados Unidos, donde según él, padece circunstancias “asfixiantes, de angustia y ansiedad”.

El evento se cumplió en el coliseo Sugar Baby Rojas, donde muchas víctimas quisieron ingresar y no les fue posible porque no había capacidad.

A pesar de que había personas dispuestas a conceder el perdón, también se conoció que víctimas como Misael Delgado, coordinador de la Mesa de Víctimas en el Atlántico, quien aseguró que no todos están dispuestos a conceder ese perdón: » es un acto que debe venir acompañado de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Desde la sentencia, hace 8 años, no hemos recibido ninguna de ellas. Entonces, ¿es suficiente un perdón?», dijo.

El exjefe de las autodefensas, dijo en las últimas horas en entrevista para Caracol Radio que está a favor de la idea del presidente, Gustavo Petro, de buscar una ‘paz total’.

Víctimas reiteran solicitud de revisión en los procesos de indemnización

De acuerdo con Ludirlena Pérez, delegada de la Mesa Nacional de Participación por el hecho de violencia sexual e integrante del Comité Ejecutivo, lo que se reitera es un llamado al Gobierno para que revise en forma detallada las resoluciones emitidas para la prioridad de las indemnizaciones.

Pérez insistió en que otros temas importantes para las víctimas son  consolidar un mayor presupuesto para la reparación de la población víctima y un programa o estrategia para salvaguardar la vida de los líderes y defensores de Derechos Humanos.

“Pedimos que también se haga una estrategia conjunta con los territorios y las mesas de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional para que podamos comenzar a tener autonomía y manejar el presupuesto de todo lo relacionado con el tema de participación”, recalcó la delegada de la Mesa Nacional.

La defensora de derechos humanos reiteró que las víctimas deben ser incluidas dentro de las propuestas del Gobierno porque más de 9 millones de personas deben sumar y deben comenzar a ser el centro de todos los procesos.