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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Victimas

Para el director del Centro Nacional de Memoria Histórico, “el negacionismo no es ningún delito”

La JEP citó este lunes, 11 de julio, a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica y al ser cuestionado por la Justicia Especial para la Paz por las denuncias de algunas víctimas del conflicto, de tener una actitud negacionista, respondió que “que el negacionismo no es ningún delito”.

La afirmación la hizo en medio de una audiencia citada para que explicara si una modificación que presuntamente hizo a la exposición Voces para Transformar a Colombia habría afectado los derechos de las víctimas del conflicto, quienes aseguran que dichas modificaciones se habrían hecho, supuestamente, “con el fin de omitir el fenómeno paramilitar”.

El funcionario dijo que hubo una modificación a un afiche del partido de la Unión Patriótica, “se hizo a sus espaldas y sin consultarle”, por lo cual pidió perdón.

Para Acevedo los todos estos señalamientos que se han hecho en su contra corresponden, a una campaña de desprestigio en su contra que empezó cuando lo nombraron director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Más de 6 mil millones para víctimas en 10 municipios antioqueños

Un total de 767 personas en los  municipios de Abejorral, Puerto Triunfo, La Ceja, La Unión, Anorí, Caucasia y El Bagre, Itagüí, La Estrella e Ituango.  fueron notificadas del pago de sus indemnizaciones económicas en los últimos días.

En las mismas jornadas se les dio a conocer la oferta interinstitucional de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, el Banco Agrario, el SENA y la de las administraciones municipales. El propósito es que puedan invertir este recursos en mejoramientos de vivienda, en educación superior y/o generación de proyectos productivos.

«Nos tocó muy duro. En el 2001 no nos dieron tiempo de nada, salimos corriendo de la casa porque había hombres armados que nos dijeron que saliéramos de ahí. Era de noche, yo tenía 19 años y me tropecé con unas piedras y ahí fue que perdí un ojo y el otro casi del todo, también», relató Ovidio de Jesús Moreno lo que vivió junto a sus padres en unas de las veredas del municipio de Ituango.

«Con esta platica que me entregaron hoy pienso cultivar más café, porque de eso vivimos los tres, mis padres y yo, y también para arreglar la casita porque está muy deteriorada», concluyó Moreno.

Así mismo, Darío Areiza, víctima de desplazamiento en varias oportunidades, expresó: “Valió la espera porque con este dinero ajusto para el apartamento que estoy pagando en Medellín para el futuro de mis hijos. Fue duro todo lo que vivimos, pero hay que luchar la vida para salir adelante y no estar sólo esperando que el gobierno nos dé todo».

Delitos como homicidios, secuestro y desaparición forzada de familiares, desplazamiento forzado, lesiones personales y despojo de tierras, entre otros, fueron los hechos que marcaron la violencia de estas personas que hoy reciben este dinero para beneficio propio y el de sus familias, aseguró el director territorial de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.

«Estas entregas hacen parte de las 33 jornadas en Antioquia para “indemnizar a 3.896 sobrevivientes del conflicto armado de más de un centenar de municipios con 33.024 millones de pesos», concluyó el funcionario.

 

Senado le puso reglas a las curules de paz

La plenaria del Senado aprobó con 69 votos el proyecto de ley de iniciativa gubernamental que amplía el número de miembros de las siete comisiones constitucionales en la Cámara de Representantes.

La ampliación se dará por dos períodos consecutivos a partir del próximo 20 de julio cuando entran en vigencia las 16 curules de paz que nacieron con el Acuerdo de La Habana como medida de reparación para las víctimas.

La discusión pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes quien tiene ahora en sus manos la posibilidad de convertir el proyecto en ley de la república o de hundirlo si no cuenta con las mayorías para aprobarlo.

Las nuevas curules que quedarían así: dos representantes de víctimas en cada comisión constitucional de la Cámara de Representantes y tres en las Comisiones Primera y Quinta de esa corporación. Durante los dos periodos legislativos que estarán los representantes de las víctimas integrarán la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Ética, la de la Equidad para la Mujer, la de Comisión Legal de Cuentas y de la Acusaciones también tendrán dos miembros adicionales.

Víctimas y victimarios se dieron un abrazo

Foto: El Heraldo.co

Víctimas del conflicto armado de los Montes de María, ex comandantes de las antiguas Farc, y excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  se dieron un abrazos en medio de un acto convocado por la Comisión de la Verdad en Cartagena.

Para la coordinadora en el Caribe de la Comisión de la Verdad, Ana María Ferrer, fue un encuentro “histórico”, que servirá como abrebocas para un diálogo constante entre los actores que participaron en el evento.

“Fue un bonito ejemplo de lo que puede hacer un grupo de hombres que el pasado integró diferentes grupos armados, ex miembros de diferentes guerrillas y de las Autodefensas Unidas de Colombia, para mirarse a los ojos con sus víctimas y, desde la humanidad, reconocerse como seres humanos que viven en un mismo territorio y reconocer que lo ocurrido fue muy grave y así iniciar un camino juntos para evitar que esto se repita”, aseguró Ferrer.

La Comisión de la Verdad hará entrega al país de su informe final el próximo 28 de junio, cuando termina su  mandato.

Admiten demanda contra la curul del hijo de Jorge 40

El Consejo de Estado admitió las demandas interpuestas  por la Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y, de la ciudadana Blanca Puentes contra la elección de Jorge Rodrigo Tovar como representante a la Cámara por una de las circunscripciones de paz para el período 2022 – 2026.

Los demandantes aseguran que el congresista electo  por ser hijo del ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’ no es víctima del conflicto armado y,  que “ha gozado de los bienes adquiridos por su padre en desarrollo de actividades ilegales”.

También cuestionan que por ser abogado profesional con título de posgrado “pone en duda la condición de víctima del conflicto armado o de pertenecer a un grupo históricamente marginado de la vida política por cuenta de la guerra”.

Las demandas piden la anulación del acto administrativo que le otorga el reconocimiento como víctima y que permitió inscribirlo como candidato y el acto que declaró su elección.

 

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la extradición de ‘Otoniel’ a EE.UU.?

La extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien fuera hasta hace unos meses el máximo jefe de la banda criminal Clan del Golfo, tomó por sorpresa al país la tarde del miércoles 4 de mayo luego el Consejo de Estado levantara las medidas cautelares que le había otorgado a un grupo de víctimas que mediante una tutela pedía que este hombre no fuera entregado a las autoridades norteamericanas hasta que contara su verdad sobre el conflicto en Colombia.

Como era de esperarse la extradición de ‘Otoniel’ generó una fuerte polémica, porque por un lado estaba el pedido de las víctimas, pero por el otro estaba la intención del Gobierno del presidente Iván Duque de entregarlo cuanto antes a la justicia norteamericana para que responda por el delito de narcotráfico ante las cortes estadounidense que lo solicitaban por el envío de cerca de 65 toneladas de cocaína a ese país.

A continuación, le contamos quiénes ganan y quiénes pierden tras la partida de este poderoso narcotraficante a una cárcel en Estados Unidos.

Los que ganan

Gana el presidente Iván Duque quien se propuso desde su campaña en 2018 dar con este hombre a quienes las autoridades colombianas perseguían desde principios del año 2012, cuando asumió como jefe máximo del Clan del Golfo, luego que fuera dado de baja su hermano Juan de Dios Usuga, alias “Giovanni”, quien para la fecha fungía como líder de esa organización criminal.

Gana la Policía que por casi una década desarrolló la operación Agamenón con el propósito de desarticular al Clan del Golfo, considerada una las principales estructuras narcotraficantes del país. Agamenón consistía en la unión de las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía, para tacar a dicha organización criminal y finalmente a través de esta se logró dar captura a ‘Otoniel’ a finales del mes de octubre de 2021 en zona rural de Necoclí.

Gana también Estados Unidos quien podrá juzgar a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, por el envío de cerca de 65 toneladas de cocaína a ese país en la última década.

Finalmente, también podrían salir ganando los empresarios, políticos y militares a quienes ‘Otoniel’ delató en la Jurisdicción Especial para la Paz en diligencias que se surtieron el 23 de marzo, 19 y 20 de abril, donde el podero jefe del narcotráfico dio cuenta de la posible participación de estas personas en conductas delictivas relacionadas con el Clan del Golfo.

Los que pierden

Pierden las víctimas del Clan del Golfo que no lograron frenar de manera permanente la extradición de ‘Otoniel’ a Estados Unidos argumentando que, con su envío al país norteamericano se veían vulnerados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Aunque inicialmente el Consejo de Estado había otorgado medidas cautelares a favor de las víctimas, finalmente este miércoles levantó dichas medidas dándole vía al Gobierno Duque para efectuar el procedimiento de extradición.

Finalmente, también pierde el proceso de construcción de memoria histórica en el país, teniendo en cuenta que con ‘Otoniel’ se van sus secretos sobre el conflicto armado en Colombia durante las últimas tres décadas; sin embargo, cabe señalar que el presidente Iván Duque ha señalado que una vez el otrora líder del Clan del Golfo pague sus delitos en Estados Unidos, deberá regresar a Colombia para que responda por los más de 100 procesos que deja pendiente con la justicia por los asesinatos de líderes sociales, policías y violaciones a niños, niñas y adolescentes.

4.000 chocoanos se encuentran confinados por amenazas del ELN

Cerca de 4.000 personas residentes en la zona rural de Nóvita, ubicada en el departamento de Chocó, permanecen confinadas debido a las amenazas realizadas por los integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según ha denunciado este miércoles la Defensoría del Pueblo de Colombia, el frente Ernesto Che Guevara del ELN ha prohibido la movilidad en la zona a unas 900 familias de 25 comunidades étnicas, seis de ellas indígenas, en el Medio y Alto Tamaná.

En un comunicado, la Defensoría ha indicado que las restricciones comenzaron el pasado lunes a las 6:00 de la tarde y, en concreto, el ELN ha prohibido la navegación por el río Tamaná.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Chocó ha pedido a las autoridades «atender la nueva emergencia humanitaria» para mitigar los efectos de este confinamiento y para que se brinde asistencia de urgencia a la comunidad afectada. En este sentido, ha ofrecido «toda su capacidad institucional y su experiencia» para liderar una misión humanitaria y atender a la población que vive una «clara vulneración» de sus Derechos Humanos.

El organismo ha recordado que entre el 15 y el 29 de marzo ya tuvo lugar una situación similar, cuando varias comunidades estuvieron confinadas en el mismo territorio por amenazas del ELN. La Defensoría del Pueblo ya advirtió en agosto de 2021 de los riesgos que comporta la presencia y disputa armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas (AGC) o el Clan del Golfo por el control de este territorio, que implica la imposición de «pautas de comportamiento» a los residentes de la zona.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha vuelto a pedir al ELN y a las AGC que respeten los derechos de las comunidades y que permitan la libre circulación de la población civil. Además han pedido «cesar las acciones» contra la comunidad de Nóvita y respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario.

Los derechos de las víctimas frente a la extradición

Es inminente la extradición a los Estados Unidos, EEUU por narcotráfico de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, jefe del Clan del Golfo. El trámite ya tiene concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y el mandato que pone a “Otoniel” a disposición de agentes federales estadounidenses ha sido firmado por presidente Iván Duque. La decisión es un grave golpe a los derechos de sus víctimas colombianas.

La extradición se puede solicitar, conceder u ofrecer a los colombianos de nacimiento de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con ley, por delitos que hayan sido cometidos en el exterior, considerados como tales por la legislación colombiana. La extradición no procede por delitos políticos, ni a menores de edad, ni por hechos cometidos con anterioridad al Acto Legislativo 17 de diciembre de 1997 que permitió la extradición.  Según el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, este año han sido extraditados 35 ciudadanos colombianos a los EEUU.  En el 2019 se registraron 163 extradiciones y en 2020 fueron 135.

No cabe duda que “Otoniel” es un criminal. Pero mientras EEUU busca judicializarlo por narcotráfico, en Colombia enfrenta por lo menos 122 órdenes de captura por graves violaciones de los derechos humanos de colombianos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. Las autoridades estadounidenses no le investigarán ni le judicializarán por estos crímenes. Esto se sabe por la amarga experiencia con los paramilitares extraditados a EEUU, incluyendo los 14 jefes paramilitares postulados de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), cuya extradición fue autorizado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en mayo del 2008. En su momento esta decisión se vio como una maniobra o “jugadita” para favorecer la impunidad y exportar de la verdad, poniendo en riesgo los derechos  de las víctimas a la justicia, la verdad  y la reparación. Y así terminó de ser en gran parte.

Es por eso que las víctimas de Otoniel se han pronunciado en contra de su extradición porque se pierde la esperanza de conocer la verdad.  Se ve que tienen razón; el 19 y 20 de abril cuando “Otoniel” dio su versión en el “macrocaso” de los mal llamados “falsos positivos”, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con la presencia de organizaciones de víctimas, confesó haber participado en la masacre de Mapiripán en 1997.  Acusó a varios generales  en servicio activo de estar en la nómina del Clan del Golfo. Señaló al general Mario Montoya de recibir prebendas de la organización y al general Leonardo Barrera Gordillo, de aliarse con ellos para cometer masacres. Añadió que los exgobernadores del Meta, Casanare, Guaviare y Antioquia, un exalcalde de Medellín, y algunos  contratistas y empresas tienen vínculos con los paramilitares y de recibir el 5 por ciento de los contratos.

La realidad es que la extradición de personas acusadas de graves violaciones de derechos humanos es en sí otra violación de los derechos de las víctimas consagradas en varias normas internacionales.

Sobre la participación de las víctimas en los procedimientos penales, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; así como el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

Respecto al reconocimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de manera  individual o colectiva, se contempla  el derecho a un recurso efectivo que incluye el derecho a una investigación. Para hacerlo efectivo, las víctimas deben ser tratadas con respeto, y deben poder hacer valer sus pretensiones, es decir, ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

También el Estado debe garantizar el derecho a un recurso efectivo y adecuado en el sistema judicial penal a las víctimas individuales o colectivas.  Esto significa que las víctimas deben poder tomar la iniciativa en el enjuiciamiento como parte civil o su equivalente; que las víctimas o sus familiares tengan acceso a documentación y pruebas, y puedan proponer y obtener la comparecencia de testigos; facilitarles los elementos de prueba; cuestionar o impugnar a los testigos y a las pruebas presentadas por la defensa; impugnar y recurrir las decisiones judiciales, incluida la sentencia final. Entendido así, el derecho a la justicia contribuye a la satisfacción del derecho a la verdad y fundamenta el derecho a la reparación.

Nada de esto es posible cuando se extradita al acusado.

Estos elementos del derecho a la justicia han sido confirmados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH.  En el Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia del 4 de julio de 2006, la Corte ha dicho que en todas las etapas del procedimiento penal -tanto investigativa como de juicio-, se debe garantizar que las víctimas o sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar, y dispongan de amplias oportunidades procesales para formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación.

Las víctimas colombianas lograron la prevalecencia de la judicialización de graves violaciones de derechos humanos por encima de otros delitos como el narcotráfico y que la extradición no sea el mecanismo de impunidad en dos casos litigados por el el suscrito como integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR.

En la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, resolución de supervisión del cumplimiento de la sentencia de julio de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la prevalencia de la judicialización de graves violaciones de derechos humanos por encima de otros delitos y que la extradición no puede ser un mecanismo de impunidad; instó a establecer mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y los EEUU para asegurar que la persona extraditada siga colaborando con la justicia colombiana e hizo un llamado para que la extradición no interferira o entorpezca las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia.

En el caso de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia en mayo de 2010, la Corte reiteró que el uso de la figura de la extradición no debía favorecer, procurar o asegurar la impunidad y añadió que el Estado colombiano está obligado a “adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia colombiana.”

No debe sorprender por qué se sospecha que la extradición de “Otoniel” obedece al imperativo de callarle. Ya se había despertado este temor con los esfuerzos de obstaculizar su entrevista  con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en febrero y el subsecuente robo de información. Al privilegiar la extradición de colombianos por narcotráfico frente al de derecho de las victimas a conocer la verdad, el gobierno del presidente Iván Duque favorece al país del norte por encima de su propio pueblo y nuevamente incumple los tratados e instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Carta Política y las decisiones de la Corte IDH que son obligatorias para nuestro país. Lo único positivo que se puede decir sobre esta decisión tan errada es que las víctimas de “Otoniel” advierten que seguirán luchando para conocer la verdad y lograr justicia.

Doña Fabiola, un diario de búsqueda

Hoy, domingo Santo, se celebra el regreso a la vida de Jesús de Nazaret. Qué mejor ocasión para recordar la inspiradora historia de amor y lucha de doña Fabiola Lalinde, quien murió el 12 de marzo de 2022, y el diario de búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde.

Luis Fernando era integrante de un partido político de oposición que fue detenido, torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente entre el 3 y 4 de octubre de 1984. A la luz de su desaparición, la familia Lalinde interpuso denuncia penal ante el Juzgado 13 de Instrucción Criminal de Medellín el 15 de diciembre de 1984. El titular del Juzgado 13, doctor Bernardo Jaramillo Uribe, declaró abierta la investigación el 4 de enero de 1985, por la cantidad de pruebas que establecían que Luis Fernando había sido detenido en la Vereda Verdum, municipio de Jardín, Antioquia e introducido en un camión hacia el municipio Riosucio, Caldas por miembros del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional, luego de ser señalado de guerrillero por un informante vestido de civil.

Pero desde el principio la jurisdicción penal militar se interpuso para obstacularizar la labor de la justicia ordinaria. Luego de la práctica de varias pruebas, el juez Jaramillo, el 28 de marzo de 1985, le solicitó información al Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar que adelantaba el caso de alias “Jacinto” porque varios elementos de ese caso guardaban similitud con el de Luis Fernando. Resulta que el 26 de octubre de 1984 el comandante del Ejército, general Rafael Forero Moreno, había informado al Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, sobre los operativos en Riosucio y Andes por el Batallón Ayacucho, incluyendo la captura el 4 de octubre en el municipo de Jardín de NN “Jacinto” quien supuestamente intentó huir en la vereda Ventanas, Riosocuio, Caldas y fue dado de baja. Pero la solicitud del juez Jaramillo fue desatendida. A pesar de reiterarla en varias oportunidades, nunca obtuvo respuesta.

El juez Jaramillo persistió. El 2 de agosto remitió el proceso al Juzgado Único Superior de Andes, Antioquia, quien avocó el conocimiento de la investigación tres días después. En ese contexto, me cabía el honor de actuar como representante de doña Fabiola en la parte civil y en octubre de 1985 me desplacé varias veces  en avión a Medellín y luego en bus municipal hasta Andes, para atender el caso ante los juzgados de conocimiento e instrucción.

A diferencia de la jurisdicción ordinaria, en ese entonces la penal militar no aceptaba la constitución de parte civil. Por eso no pude representar a los familiares de Lalinde ni asistir a la diligencia de exhumación de alias “Jacinto” que se dio tiempo después en ese espacio.

No se vinculó a ningún integrante del ejército a dicha investigación hasta julio de 1988. El juez militar y su secretario adujeron ante la justicia ordinaria no recordar el sitio, tampoco el dactiloscopista del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El médico legista del Instituto de Medicina Legal se negó a declarar ante la justicia civil aduciendo pérdida de la memoria. En 1989 al juez Jaramillo le asesinaron en Medellín.

Los intereses militares incidieron también en la Procuraduría que se limitaba a repetir los comunicados del ejército. El caso desde noviembre de 1984, pasó por las manos de los procuradores Carlos Jiménez Gómez y Carlos Mauro Hoyos -secuestrado y asesinado en 1988 en cercanías de Medellín- investigación que adelantó la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares. La encargada de la investigación era la capitana abogada María Isabel Barbosa, con quien estudié derecho en la Universidad Gran Colombia. El caso fue archivado, pero ante la incidencia internacional fue reabierto.  El 10 de diciembre de 1987 la Delegada corrió pliego de cargos contra el capitán Piñeros Segura, los tenientes Tejada González y Soto Jaimes, y el cabo Medardo Areiza por tratos crueles contra NN “Jacinto”, quien eventualmente, al exhumarse el cuerpo del NN, sí resultó ser Luis Fernando Lalinde. El 1 de agosto de 1988 se solicitó la sanción ridícula de suspensión de 30 y 20 días al capitán y a un teniente, y se declaró la prescripción de la acción por muerte del otro teniente y del cabo.

Durante años doña Fabiola documentó su búsqueda de justicia de Luis Fernando en un diario. La historia del diario surgió a raíz de una entrevista con el periodista Daniel Samper Pizano, columnista de El Tiempo, a quien le dijo que iba a empezar a hacer una búsqueda, a iniciar un recorrido  sobre su hijo. Daniel Samper le dijo que cuando terminara le contara qué resultados había tenido. Culminada la tarea doña Fabiola le envió el original diario a Daniel Samper en la dirección de El Tiempo en Bogotá porque ahí nada se perdía … y nunca apareció. Pero ella mantuvo por precaución fotocopia del mismo.

Como decía doña Fabiola en su diario “Con los militares hay una cosa muy especial. Uno iba y ellos todos decían que ninguno conocía el caso de Luis Fernando, ninguno, nadie, en ninguna parte (…) y el comportamiento que ha tenido la justicia penal militar frente a la justicia ordinaria yo lo veo como el enfrentamiento de David y Goliat, pero la justicia ordinaria es David y los otros con todo su poderío son Goliat”.[1]

El caso de Luis Fernando llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  gracias a la actividad desplegada por el doctor Héctor Abad Gómez,  presidente del Comité Regional de los Derechos Humanos de Antioquia. Abad Gómez mantuvo un intercambio de correspondencia a través de la CIDH con el gobierno de Colombia quien negó la captura, privación de la libertad e identidad de Luis Fernando Lalinde. En 1987, el mismo año en que fue asesinado Héctor Abad, la CIDH condenó al gobierno colombiano por el arresto y posterior desaparición de Luis Fernando Lalinde. El 16 de septiembre de 1988 la CIDH modificó la resolución por arresto y posterior muerte. Esta decisión de la CIDH contribuyó a adelantar las acciones en lo interno, junto con la incidencia de la comunidad internacional, en particular la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-Desaparecidos, FEDEFAM, Amnistía Internacional y Americas Watch.

Tuve el honor y el placer de participar con doña Fabiola en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1993. La aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena fueron de gran ayuda para nuestros esfuerzos encaminados a lograr la observancia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Doña Fabiola estuvo entre los 7.000 participantes en la Conferencia que superaron diferencias para reforzar importantes principios: la universalidad de los derechos humanos y la obligación de los Estados de acatarlos,  la centralidad de los derechos de la mujer,  la necesidad de combatir la impunidad, inclusive mediante la creación de una Corte Penal Internacional permanente, y la promoción y protección de los derechos humanos como un elemento esencial de la identidad y el propósito de la ONU, lo que llevó a establecer el cargo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Hoy me acuerdo muy bien de las palabras premonitorias de esta gran mujer, “lo único cierto es que no descansaremos hasta conocer la verdad sobre la suerte de Luis Fernando”. No solamente era encontrar los restos de su hijo sino seguir luchando en contra de la desaparición forzada, su vida y su lucha nos sirven de ejemplo de persistencia y esperanza para todas y todos.

[1] (El Camino de la Niebla. La desaparición forzada en Colombia y su impunidad. Bogotá 1988. Liga Colombiana por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo).

 

Previsible: Duque desprotegió las Curules de Paz

He escrito previamente sobre el tortuoso camino a la creación de las curules especiales de paz, punto 2 del Acuerdo de Paz, y los riesgos que se venían presentando en su implementación. Esta innovación institucional debía contribuir a reparar el daño sufrido por las víctimas de décadas de conflicto armado en Colombia, que tiene entre sus causas la profunda exclusión política.

Pero por meses hubo alertas de que lograr el objetivo de las curules estaba en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales señalados de todo tipo de intimidación en los territorios de influencia de las circunscripciones. Dado que el gobierno de Iván Duque no movió un dedo para corregir la situación, no sorprendió la  recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insistiendo que se tomaran medidas preventivas para garantizar en las circunscripciones especiales el ejercicio de las actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y todo tipo de violencia. Ahora los resultados de las elecciones del 13 de marzo – hasta la fecha 11 de las 16 curules han sido confirmadas – nos da la razón a quienes nos preocupamos, a la vez que ofrecen semillas de esperanza en algunas zonas.

Desde mi perspectiva de abogado y defensor de derechos humanos, lo más grave de los resultados, es la elección como “representantes de las víctimas” de personas conocidas por su cercanía con paramilitares y parapolíticos. La elección de Jorge “Yoyo” Tovar, hijo del exjefe paramilitar “Jorge 40”, uno de los perpetradores más brutales del conflicto, es el ejemplo que más ofende. Tovar ganó en la circunscripción 12 donde pocos días antes de la elección renunciaron 17 candidatos por falta de garantías. Como si esto no fuera una suficiente bofetada a las víctimas de su padre, se alega que su familia se beneficia del contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas en César y que la Unidad de Víctimas le hizo campaña. Huele a corrupción.

Para la Cuenca del Caguán fue elegido Jhon Freddy Nuñez Ramos, denunciado por presuntas inhabilidades y por su cercanía con parapolíticos, hecho que motivó una solicitud de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral. Previamente el propio Núñez demandó el acto legislativo que revivió las curules de paz. En el Chocó ganó James Hermenegildo Mosquera, candidato denunciado por las organizaciones de víctimas del departamento por irregularidades y por su presunta cercanía con el Clan Sánchez, una casa política del departamento con varios de sus integrantes condenados por corrupción y vínculos con paramilitares.

En Arauca, donde la brutalidad del conflicto exige que las víctimas tengan voz, la elegida Karen Astrid Manrique Olarte está señalada de ser ficha del tradicional Partido Liberal en vez de ser representante de víctimas. Haiver Rincón, elegido para Sur de Tolima, aparentemente ganó con apoyo del Partido Conservador, que levanta preocupación por su cercanía con el Clan Barreto en el Tolima.

Es así que, como destaca El Espectador, hay serios cuestionamientos de 5 de los candidatos escogidos,  por los apoyos a través de los cuales fueron elegidos, en un contexto en el que el Estado no cumplió con su obligación de girar los recursos destinados a la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz. ¡Qué desgracia!

Frente a este panorama, debo resaltar los resultados que ofrecen algo de esperanza. Juan Pablo Salazar Rivero, elegido por Alta Patía y Norte del Cauca, es un líder comunal que ha recibido constantes amenazas a su vida. Fue entre los autores de una tutela que logró detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en varios municipios del Cauca. En Meta-Guaviare, el líder campesino William Ferney Aljure Martínez derrotó a las maquinarias políticas. Y en el río Naya del Pacífico, ganó Orlando Castillo Advíncul, comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de la Ley 70 de 1993 que reconoce la propiedad colectiva de las comunidades afrocolombianas. Por lo menos en estas zonas, comunidades con gran capacidad organizativa triunfaron a pesar de todo.

El nuevo Congreso de la República enfrentará enormes desafíos. El futuro del país depende de que encuentre el camino para asegurar la plena implementación del Acuerdo de Paz. La contribución de los curules de paz está por verse. Lo cierto es que hay que darle seguimiento riguroso para tratar de limitar el daño de haber permitido que varias curules cayeran en manos de personas con nexos con paramilitares, corruptos y partidos políticos tradicionales.

Forjando Futuros raja a Duque en restitución de tierras

El más reciente  informe sobre restitución de tierras elaborado por la  Fundación Forjando Futuros en alianza con la Universidad de Valencia y la Asamblea de Cooperación por la Paz,  raja al Gobierno del presidente  Iván Duque en esta materia.

El estudio analiza la implementación de los puntos 1 y 5 de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc, (Reforma Rural Integral y Víctimas del Conflicto) y dice que es evidente que se mantienen las deficiencias y faltas graves en la implementación de estos, señalando además que se hizo muy poco para corregir las fallas institucionales y así lograr un mayor éxito.

“Lo que continúa confrontando a la población colombiana con tres aspectos principales en el tema de la gestión de las tierras, las cuales están relacionadas con la falta de información, con el desconocimiento evidente de los requerimientos de la Reformar Rural Integral sobre las zonas que necesitan aprovechar con prioridad esa gestión rural y, la falta de efectividad en el ámbito judicial agrario” dice Forjando Futuros.

El abogado Gerardo Vega, vocero de la organización,  dice que  los Conpes firmados por el Gobierno registran la cifra de 117 billones de pesos para la reparación de las víctimas, sin embargo, a la fecha en lo que tiene que ver con la parte de indemnización, solo se ha entregado un total de  8 billones. “El resto se ha ido en el diseño de la arquitectura institucional”, lo que para él se traduce en “burocracia, tramite y lentitud”.

En lo que tiene que ver con restitución de tierras,  se ha logrado llegar únicamente a 500 mil hectáreas, de un universo de 6 millones quinientas mil. Vega  recuerda además que el Acuerdo de Paz ordena la entrega  de 3 millones de hectáreas, sin embargo a la fecha solo se ha cumplido con 8 mil y, además señala que  de 7 millones de hectáreas que se debían formalizar, únicamente se han logrado  900 mil hectáreas.

El abogado considera que mientras el gobierno Santos demostró voluntad política para que en Colombia existiera una normatividad en restitución de tierras y reparación a las víctimas, el gobierno Duque debía poner interés y voluntad para que el Estado colocara en operación la institucionalidad para esta gestión, hecho que no se ha cumplido a cabalidad.

Preocupan la restitución en los municipios PDET:

Forjando Futuros puso la lupa en las 16 regiones PDET donde se han presentado 68.086 solicitudes de restitución de tierras, de los cuales solo el 6,7% de los casos (4.576) han llegado a un final feliz.

Los municipios PDET donde se ha presentado un  mayor número de  solicitudes de restitución de tierra son: Turbo (2.657), el Carmen de Bolívar (2.521) y Tibú (1.993). Las subregiones de Urabá Antioqueño, Montes de María y Catatumbo, respectivamente conforman el 10,5% del total de solicitudes de municipios PDET.

Por otro lado, el informe revela que los municipios con mayor sentencias judiciales han sido El Carmen de Bolívar (475), Valencia (456) y Valle del Guamez (436), en las subregiones PDET de Montes de María, Sur de Córdoba y Putumayo, juntas representan el 29,8% del total de estas regiones. En los casos del Sur de Córdoba, existe un número considerable de procesos que tienen que ver con restitución colectiva.

¿Cuántos años de más se necesitan?

El balance de la ONG frente al avance de restitución de tierras del 8,5% para 10 años que lleva el país de la implementación de la Ley 1448, “es poca”, y es por esto que pregunta,  ¿Cuántos años más se necesitan para llegar a un nivel satisfactorio?

La organización identificó además que hay un porcentaje del 65% de solicitudes que son rechazadas por la Unidad de Restitución de Tierras, lo que ha dejado por fuera a un número alto de colombianos reclamantes sin poder acceder a este derecho.

Por último, para los autores del estudio es muy difícil que el Gobierno colombiano cumpla con la actualización catastral proyectada para el año 2025 por la lentitud en estos procesos, lo que según ellos, haría que este tarde hasta el 2029.

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Polémica decisión de la Defensoría dejaría a su suerte a miles de colombianos

Hay polémica en el país por una circular de la Defensoría del Pueblo que suspendió las comisiones en terreno debido a la «grave situación de orden público» en Colombia.

Una decisión que a todas luces dejaría a su suerte a miles de colombianos en los territorios más golpeados por la violencia, que ven en esta entidad del Ministerio Público un interlocutor directo con el Estado.

Tras la polémica que generó la controvertida circular, la Defensoría del Pueblo aclaró que la misma suspende las comisiones «no para eliminarlas, sino para revisarlas y priorizarlas».

«Hoy en el comité directivo se han aprobado las más críticas y urgentes», señala la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, la entidad precisó que la circular 006 deja en claro que «los funcionarios con responsabilidades misionales en garantía de los derechos humanos seguirán con sus responsabilidades en todas las zonas. A mayor conflictividad, mayor presencia institucional, así ha sido siempre y seguirá siendo».

La competencia de los clanes políticos por las curules para las víctimas, según Pares

De acuerdo con el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), siete grupos políticos que han configurado grandes maquinarias electorales, estarían tratando de capturar las curules para las víctimas, apoyando o respaldando candidaturas a estas circunscripciones.

Según la ONG, estos son: El senador Óscar Barreto va por la curul que corresponde a la Circunscripción en el sur del Tolima; el grupo político de los Gnecco en el Cesar buscan la curul de la Circunscripción No 12 (Cesar, Magdalena y Guajira), donde además compite con los candidatos de los Cote, los Díaz Granados y el grupo Nueva Fuerza Guajira. Para el caso del Sur de Córdoba el grupo del senador y precandidato David Barguil, junto con el del excongresista Musa Besalie y el Clan Amín-López- Calle, se han unido en favor de la que presuntamente sería la candidata del Gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez.

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Por último, según Pares, la familia Sánchez Montes de Oca busca quedarse con la curul correspondiente a la Circunscripción No 6 (Chocó) y, la exgobernadora Dilian Francisca Toro estaría tras la circunscripción No 1 (Nariño, Cauca y Valle).

Al respecto, habló en entrevista para Confidencial Colombia, Esteban Salazar, coordinador de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación:

¿Es la candidatura del hijo de Jorge 40 una especie de reconfiguración de la parapolítica?

Esteban Salazar: No lo pondría en esos términos. Aunque no hay ningún vínculo de Jorge Tovar Vélez con los delitos cometidos por su padre (Jorge 40), no es posible que se le esté reconociendo como víctima y se le permita competir por una curul que debe ser para quienes su progenitor perjudicó de por vida con su actuar criminal y, a quienes no ha reparado todavía. No sabemos a qué tipo de víctimas va representar en el Congreso.

¿Han encontrado más candidaturas a las curules de paz, con las mismas características de la de Jorge Tovar Vélez?

Esteban Salazar: De hijos de exparamilitares que se hayan declarado víctimas no, pero si tenemos 22 casos rastreados que podrían tener inhabilidades porque en el pasado hicieron parte de las estructuras internas de algún partido político en donde algunos fueron candidatos.

¿Tienen algún cuestionamiento estas candidaturas?

Esteban Salazar: Además de las inhabilidades hay cuestionamientos por vínculos con clanes políticos familiares en Norte de Santander, en el sur de Córdoba y en el Cesar mayoritariamente. También hay unos casos donde detectamos algunos riesgos en el Cauca y en el Chocó.

¿Cuáles son esas candidaturas que están apoyándose en clanes políticos?

Esteban Salazar: En Norte de Santander hay una candidatura apoyada en las estructuras políticas de la gobernación y también del señor William Villamizar. Esta aspiración tiene vallas y una publicidad desbordada que superaría los topes que establece el decreto reglamentario. En el Cesar hemos identificado la de un funcionario muy cercano al Clan Gnecco. En el Valle del Cauca hay una que tendría el respaldo de la exgobernadora Dilian Francisca Toro.

¿Tienen casos de riesgos por violencia política?

Esteban Salazar: Hemos identificado 163 casos por violencia política electoral en donde hay periodistas, candidatos, funcionarios públicos, etc., en 27 de los 32 departamentos del país.

 

¡Escándalo! Hijo de «Jorge 40» fue habilitado para representar a las víctimas

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de no revocar la inscripción de la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz N° 12, avalado por la organización denominada Asociación Paz es Vida», en el marco de las elecciones al Congreso de la República, pone en discusión la manera en que como la ley estableció las condiciones para acceder a las curules para las víctimas, más conocidas como “Curules Para la Paz”.

Esta candidatura despertó las alertas por tratarse del hijo del exparamilitar Jorge40, uno de los más sanguinarios jefes de las autodefensas, que no solo fue el determinador de miles de asesinatos y desapariciones en las Costa Atlántica, sino además el autor de masacres y de pactos con políticos locales como el de Pivijay y Chivoló.

Tovar Vélez fue certificado por la Unidad Para las Víctimas, como víctima del conflicto, al comprobar que sufrió amenazas contra su vida por los hechos en los que estuvo involucrado su padre. La declaración se tomó en el año 2014, surtiendo con todos los trámites.

El director para las Unidad las Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo a Confidencial Colombia, que antes de certificar a la persona como víctima se hace la debida valoración de la documentación entregada y se verifica con diferentes fuentes como la Registraduría, su lugar de vivienda, trabajo, etc., para evitar errores, y aseguró que en este caso se surtieron los trámites.

“Tovar Vélez no tiene antecedentes, como si los tiene su padre y según lo que tenemos en el registro y teniendo en cuenta los criterios de valoración del artículo 3 de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), si es víctima del conflicto”, aseguró el funcionario.

Rodríguez considera que la implementación de las curules de paz, se debe hacer en medio de una realidad muy compleja, que hace que un victimario de un momento a otro pase a ser víctima y, por lo tanto, sujeto de reparación y, es aún más difícil, cuando se trata de un familiar de un exguerrillero que enfrentó amenazas contra su vida.

La candidatura del hijo de Jorge 40 fue demandada ante el CNE por el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien lamentó la decisión del órgano electoral.

“Lamentamos la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral que mantuvo la inscripción de la candidatura de Jorge Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, a la curul de las víctimas en la circunscripción electoral No 12, que agrupa territorios que fueron azotados por el actuar criminal de su padre”, dijo el senador.

Sanguino anunció que interpuso el recurso de reposición a la decisión del CNE, argumentando que se trata de algo, “ofensivo a las víctimas y violatorias de sus derechos a la reparación política y colectiva que animan el espíritu de estas curules creadas en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado por el Estado y las Farc”.

Al respecto el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, considera que, “es necesario pensar en un ajuste en la norma que da vida a las curules para la paz, porque con casos como el de la candidatura de Jorge Tovar Vélez, queda claro que la manera en como quedó planteado el Acto Legislativo, pone en desventaja a las víctimas que no tienen recursos para hacer una campaña, a diferencia del hijo de Jorge 40, que si cuenta con los recursos económicos suficientes y un aparato político que aunque no es muy claro de quien se trata, si existen denuncias que dejan la sospecha de que hay clanes que lo estarían apoyando”.

Cepeda considera que aunque esta persona no tiene antecedentes judiciales que impidan su postulación, si es claro que lo acompañan miles de antecedentes morales que ponen en tela de juicio la idoneidad de su candidatura.

El exministro del Interior Guillermo Rivera, no cree que sea necesario realizar ajustes a la norma, porque para el “sería reglamentar un caso particular”. El exfuncionario va más allá argumentando que, «la condición de víctima es lo que debe primar». Sin embargo califica como “reprochable”, que exista toda una maquinaria ayudándole, según él, “esto es como clientelizar la circunscripción”.

Por su parte, Esteban Salazar, Coordinador de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que es mejor esperar a que se posesione el nuevo Congreso de la República y así medir si existe la viabilidad política para proponer un ajuste al Acto Legislativo 02.

“Ya vimos que en cuatro años no fueron capaces de establecer un proceso para reglamentarlas como era debido. No me imagino como puede ser un escenario donde se puede crear una inestabilidad jurídica por un arreglo en su reglamentación”, dijo el analista.

¿Qué son las curules paras la paz?

Las curules para las víctimas surgen tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, con el Acto Legislativo 02 de 2021, creando 16 escaños en la Cámara de Representantes que tendrán vigencia únicamente durante los períodos 2022-2026 y 2026-2030.

La persona que desee acceder a estas curules debe haber nacido o tener una antigüedad de vivienda, en uno de los municipios de las 16 Circunscripciones, no menor a los tres años anteriores a la fecha de elección. Además de ser víctima del conflicto, reconocida por la Unidad Para las Víctimas.

Su candidatura debe hacerse únicamente bajo el aval de una organización de víctimas, campesina o social para personas sin pertenencia étnica.

La norma en ningún momento establece condiciones para que familiares de victimario que se declaren víctimas del conflicto, no puedan candidatizarse para acceder a las curules de paz.

 

“La solución para este país no pueden ser las balas”: Berta Lucía Fries

Berta Lucía Fries, empresaria y víctima del atentado al Club El Nogal en Bogotá y candidata al Senado por el Partido Alianza Verde, en entrevista para Confidencial Colombia, explica porque le apuesta a la reconciliación nacional.

¿Siente que está llegando este mensaje de reconciliación que envía al país en los diferentes eventos en los que participa?

Hemos hecho varios actos de perdón y de reconciliación para reafirmar y contarle al país que la reconciliación si se puede. Eso es lo que queremos decirle a Colombia entera.

¿Seguirán con esta idea durante los próximos cuatro años?

Estamos trabajando en ese sentido, con los reincorporados, con víctimas, para continuar con encuentros encaminados al diálogo, a escuchar al otro y que esto se convierta en política pública de carácter nacional.

¿La han llamado a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Especial Para la Paz?

Sí claro me han llamado y he acudido en representación de las víctimas del Club El Nogal.

¿Hay consenso entre las víctimas del Club El Nogal en lo que tiene que ver con la realización de actos de perdón y reconciliación?

Hay personas que están de acuerdo y que han pasado la hoja, hay otras que no. Este es un proceso que no es fácil y que hace parte de decisiones que son muy personales.

¿Cómo fue el proceso de Berta Lucia Fries que le hizo entender lo necesario que es una reconciliación?

Darse cuenta de la reconciliación es fundamental no es fácil, esto parte de charlas con personas reinsertados y conocer las razones que les llevaron a introducirse en una guerrilla me hicieron entender que ellos también son víctimas, en esto llevo 12 años.

¿Se ha reunido con las comunidades y asociaciones en Bogotá para expresarles este mensaje?

Por supuesto y quiero contarle que me reunido con militares que fueron secuestrados, con la población desplazada y víctimas de la violencia, ha sido una experiencia enriquecedora.

¿Considera necesario que el Estado le apueste a una paz con el ELN?

Es necesario pensar primero en cómo generar confianza para establecer un diálogo con todos aquellos que han generado violencia y situaciones difíciles. Hay que dialogar con todos, encontrar puntos comunes y buscar soluciones porque la solución para este país no pueden ser balas.