Etiqueta: Violencia

Noche de Velitas en Ipiales (Nariño) fue empañado por la violencia

Escrito por Europa Press en Dic 9, 2023. Publicado en Nación, Portada. No hay comentarios en Noche de Velitas en Ipiales (Nariño) fue empañado por la violencia

Dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas en un nuevo incidente violento ocurrido en la Noche de Velitas, en el municipio de Ipiales, en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde se han contabilizado al menos siete asesinatos en los últimos 20 días.

El incidente se produjo durante la Noche de Velitas, un homenaje católico a la Virgen María que supone tradicionalmente el inicio de las fiestas de Navidad.

Un primer tiroteo se produjo en el barrio San Vicente, donde hubo una personas muerta y cuatro heridas, según un testigo citado por la emisora pública RNC. El segundo hecho se produjo en el barrio La Laguna, donde una persona murió tras recibir varios disparos, según el relato de vecinos que escucharon los disparos.

Residentes de la zona han denunciado la presencia de panfletos advirtiendo de una supuesta «limpieza social», por lo que han instado a las autoridades a investigarlo.

Le puede interesar: Policía decomisa grandes cantidades pólvora a lo largo de Colombia

Masacre en bus deja 4 víctimas en Puerto Berrío (Antioquia)

Escrito por Confidencial Noticias en Nov 21, 2023. Publicado en Nación, Portada. No hay comentarios en Masacre en bus deja 4 víctimas en Puerto Berrío (Antioquia)

Minutos de terror vivieron los pasajeros de un bus de la empresa Coonorte en Puerto Berrío (Antioquia) sobre las 8 de la noche del pasado lunes 20 de noviembre. En el interior del vehículo se presentó una masacre que dejó a cuatro personas muertas.

Según reseñan los medios de comunicación locales, los atacantes aprovecharon que un pasajero se bajó en el Kilómetro 91+300 y subieron para atacar a asesinar a tres hombres y una mujer con armas de fuego. Otra persona alcanzó a ser llevada al hospital Cesar Uribe Piedrahita para ser atendida.

«Este hecho se trataría de un ajuste de cuentas con grupos de delincuencia común organizada que vienen delinquiendo en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío y del corregimiento de Puerto Olaya, del municipio de Cimitarra, Santander», dijo Luis Alejandro Cubillos, comandante de policía del Magdalena Medio.

Dos de los asesinados eran menores de edad que se identificaron como Estivian Efrén Monsalve y Jefferson Andrés Parra; mientras que las otras dos víctimas fueron José Manuel Salgado y Geraldín Acero.

Le puede interesar: Colombia tuvo su masacre 81 para 2023 en Valle del Cauca

*Foto: Policía

Sicarios en Medellín asesinaron a una persona y dejaron a cinco más heridos

Escrito por Confidencial Noticias en Sep 15, 2023. Publicado en Nación. No hay comentarios en Sicarios en Medellín asesinaron a una persona y dejaron a cinco más heridos

Un ataque sicarial en el barrio Aures, de la comuna 7 del sector de Robledo, ubicado en el noroccidente de Medellín, dejó un muerto y cinco heridos.

Estos sujetos hicieron disparos contra quienes se encontraban departiendo en el sector”, indicó el oficial de supervisión de la Policía Metropolitana, coronel Andrés Estrada.

Las personas que resultaron heridas en el hecho violento fueron trasladados al hospital más cercano donde se recuperan de las lesiones. según los reportes judiciales, entre ellos se encontraría la persona a la que iba dirigido este atentado y que afectó a varios habitantes del reconocido barrio.

Los candidatos presidenciales de Ecuador prometen más seguridad en pleno aumento de violencia

Escrito por Europa Press en Ago 14, 2023. Publicado en Internacional.

Los siete candidatos a la Presidencia de Ecuador han prometido más seguridad durante un debate televisado en Ecuador TV, en Quito, y cuya sede ha sido protegida por un fuerte operativo policial y militar por el aumento de violencia que vive el país.

Durante el debate, en el que se ha guardado un minuto de silencio por el candidato asesinado Fernando Villavicencio, y al que se le guardó su asiento, se ha abordado el tema de la creciente inseguridad en el país «entre interrupciones y quejas», según ha publicado el diario ‘Primicias’.

El empresario derechista Jan Topic, reconocido seguidor de las políticas de mano dura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha prometido «mano dura» y la creación de una empresa pública para la Policía Nacional,.

En base a ello, el candidato de Alianza Actuemos, Otto Sonnenholzner, ha acusado a Topic de conflicto de interses por ser dueño de una empresa de radares, a lo que el empresario ha respondido que eso fue «en el pasado».

Por su parte, la correísta Luisa González de Revolución Ciudadana ha criticado la gestión del presidente del país, Guillermo Lasso, y ha asegurado que volverá a la fórmula del expresidente Rafael Correa, según la cadena Ecuavisa.

Bolívar Armijos, candidato por Amigo, ha expresado la necesidad de enviar a los presos más peligrosos a cárceles especializadas, pues ha asegurado que las órdenes para cometer delitos provienen desde las propias prisiones.

Daniel Noboa Azín-Verónica Abad, de Acción Democrática Nacional (ADN), ha prometido crear una agencia estatal que articule los brazos militar, policial y estatal para centralizar los planes de seguridad del país.

Sobre la necesidad de recuperar la confianza y sobre dar garantías a los jueces para evitar amenazas en su contra ha hablado el indigenista Yaku Pérez-Nory Pinela, de la alianza de izquierdas Claro Que se Puede.

Por su parte, Xavier Hervas, ha recalcado la importancia del control de los puertos, en los que promete implementar sistemas para supervisar las cargas.

El debate se ha producido de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto, para las que el Movimiento Construye, antes liderado por Villavicencio, ha elegido al periodista Christian Zurita como candidato a la Presidencia del país.

La disputa espuria por las cifras de violencia

Escrito por Laura Bonilla en Jul 10, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Hay una corriente en la interpretación de la violencia y los conflictos que se basa únicamente en una lectura superficial de los datos de violencia, los cuales carecen de solidez suficiente como para ser considerados una única y confiable fuente. Un ejemplo de esto es cuando, hace varios años, se decía en ciertos círculos de analistas que la diferencia entre el recuento de homicidios entre la Policía Nacional y Medicina Legal se debía a alguna orientación política y no a la realidad, que es que cada entidad mide cosas diferentes. Mientras una cuenta los eventos – me perdonan la crudeza – la otra cuenta los cadáveres.

Muchas veces desde el escritorio hacemos lo mismo con el resto de los eventos violentos. Por ejemplo, se ignora que si el funcionario de la defensoría no logra ir a levantar denuncias en una vereda apartada, eso resultará en una reducción de las cifras de desplazamiento. O, que el grupo armado ya ha obtenido lo que buscaba y no necesita desplazar más. Lo mismo ocurre con el resto de las cifras: confinamientos, bloqueos, atentados o secuestros, entre otros. Esta obsesión por los números está directamente relacionada con una verdad de a puño y es que en Colombia no le creemos a las víctimas. Somos fetichistas con los números.

Así, es muy común que las historias queden relegadas y que aquellos responsables de garantizar los derechos, como el gobierno o quienes deberían ejercer una veeduría desde la oposición, escojan solo los datos que les conviene para respaldar o criticar su gestión. Esta práctica no solo es ineficiente, sino que da lugar a disputas infundadas que afectan directamente a las personas que viven en entornos violentos. A continuación, se exponen las razones que respaldan esta afirmación.

En primer lugar, los grupos armados no tienen un comportamiento estático. Es decir, no cumplen con una “cuota” anual o mensual de homicidios, secuestros o desplazamientos. Estos se dan en la medida en que los actores violentos toman decisiones, como confinar a una población para ejercer mayor control, o asesinar a una lideresa de un resguardo porque les está afectando el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. El carácter de un mando y el comportamiento de los demás actores en la misma zona produce cambios que se reflejan en formas distintas de ejercer la violencia.

Por ejemplo. En el Urabá Antioqueño posterior a la Ley de Restitución de Tierras el desplazamiento fue silencioso, uno a uno y casi que fantasmagórico. Bastaba con ubicar hombres en moto para que los reclamantes de tierra desistieran de su reclamo. Los homicidios eran selectivos y en los datos no se veía un incremento sustancias. Pero en la guerra entre las FARC y el ELN por el control de Arauca entre 1998 y el 2008 desplazó por lo menos 54.000 personas según información del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Zozobras distintas, cuyas causas y soluciones se pierden si sólo nos atenemos a la evolución de las cifras.

En segundo lugar, despreciamos sistemáticamente la fuente primaria, haciéndola inconscientemente impersonal e irrelevante. Contribuimos sin querer al mal que nos aqueja al no creerle a alguien que ha sido violentado. Esa desconfianza y frustración, con el tiempo es el germen de nuevas violencias organizadas, y nos aleja de las soluciones. Desde la firma del acuerdo de paz, el negacionismo y la negligencia en atender el problema causó que hayamos perdido a por lo menos 1.080 personas que lideraban causas sociales, ambientales o de derechos humanos, y que constituían la base de la democracia a nivel local. Ninguna de ellas se va a recuperar.

Finalmente, la interpretación sobre el dato es altamente subjetiva. Por ejemplo, hacer uso de la variable “asesinato de líderes sociales” para medir el nivel de seguridad y protección en las regiones, puede conducir a error. Otro ejemplo para ilustrar: algunos municipios en el bajo cauca antioqueño que reportan bajas en el número de líderes sociales asesinados en realidad están reportando que no quedan líderes que asesinar. La disminución del indicador se explica por la victoria del silencio.

De nada le sirve al país continuar con la maña del negacionismo. Por supuesto que es frustrante estar haciendo el mayor esfuerzo posible para proteger a las personas y que esto no funcione. Pero justamente una evaluación honesta de nuestras acciones es lo que garantiza el éxito, en este caso de la paz. La fórmula no es tan complicada: menos fetiche numérico, más fe en las personas.

Una acción integral, para salir de los círculos de violencias

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jul 2, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Las organizaciones sociales y comunitarias, siguen explorando múltiples maneras para desarrollar de forma coordinada, iniciativas culturales, sociales y políticas, que hagan posible crear acuerdos para la superación de las causas que originan las violencias y las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que estas siguen generando. Diversas expresiones sociales en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali avanzan, hasta donde las condiciones lo permiten, en la generación de procesos cuyo reto fundamental es la convocatoria amplia, motivada e informada de todos los sectores de la sociedad, a participar en la construcción de la paz integral.

Sin embargo, estas acciones que, deberían concitar el más amplio interés ciudadano, no logran generar el entusiasmo y compromiso requerido, que haga posible detener y revertir fenómenos delincuenciales graves y avanzar hacia una sociedad lo suficientemente desarrollada, que permita gozar plenamente de los derechos humanos. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, con los mayores índices de corrupción y de pobreza, un país que reporta anualmente una de las tasas de homicidios más altas, cercana a los 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un Estado que tolera y sufre en su territorio el genocidio sobre los migrantes que caminan por el llamado tapón del Darién, una sociedad que justifica el uso de armas por parte de civiles y le abre paso a la privatización de la seguridad, ante la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vida, y un país que reporta tener la mayor cantidad de estructuras y mercados criminales del continente.

¿Por qué un gran porcentaje de miembros de la sociedad, no se siente convocada a participar en la búsqueda de soluciones a estas graves problemáticas? ¿qué hace que la mayoría de los habitantes de las grandes ciudades prefieran mantener una actitud pasiva, y en ocasiones, activa, frente a las violencias? Pudiéramos buscar las respuestas en la cultura del todo vale, que se apoderó de la vida cotidiana de millones de compatriotas, en la llamada cultura “traqueta” adquirida desde la fuerte influencia del narcotráfico, o de la tradicional forma de solucionar a sangre y fuego los conflictos cotidianos y políticos que se naturalizó en sesenta años de conflicto armado interno; pero, ninguno de estos marcos conceptuales y vivenciales, servirían para respaldar por completo, unas posibles hipótesis que nos sirvan para caracterizar debidamente, esta forma de actuar de grandes capas de la sociedad, que es señalada como indolente o inconsecuente.

Asimismo se puede establecer que, este grave comportamiento tiene su origen, como en algunas ocasiones se ha manifestado, en el hecho de que a la sociedad no se le ha dotado, por parte del Estado y de los gobiernos, tanto territoriales como nacionales, de herramientas pedagógicas y metodológicas que hagan posible que se desarrolle una sociedad, capaz de transformar sus problemas y conflictos pacíficamente, y poder romper con el miedo y la indiferencia; o también, como dicen en la calles, ante la incapacidad de los gobiernos y el Estado de proteger la vida de líderes y lideresas, y garantizar las actividades de las organizaciones, el miedo se apodera de la gente y es mejor, “no buscar problemas”.

Podríamos pensar además que, la falta de compromiso o la pasividad de la sociedad, que le impide tener un rol más activo en la construcción de la paz, es el resultado de doscientos años de aplicación imperfecta, del modelo occidental de democracia, y que lo que hay que hacer es desarrollar a profundidad la llamada democracia liberal y regular la economía de mercado, adobado todo, como es debido, con la descentralización y/o la federalización, para posiblemente avanzar hacia un país de regiones; o promover, como también se ha propuesto en otras ocasiones, el justo equilibrio entre la democracia representativa, bajo una reforma política que le devuelva a las regiones y a los electores el control político sobre el elegido, y la democracia directa, debidamente fortalecida, que haga posible el sueño represado de muchos sectores de izquierda, de avanzar e instalar la soberanía popular y el poder vinculante y decisorio del pueblo, como lo señala el Artículo 3º de la Constitución, para desarrollar a plenitud la llamada democracia participativa.

De otro lado, y esto parece inadmisible, corresponde en estos tiempos plantearlo y al llamado Gobierno del Cambio hacerlo, continuar desafiando el modelo global capitalista, retomar y desarrollar las utopías expuestas en tesis económicas y políticas que privilegian la igualdad social, y empezar a rociar con amor eficaz, el espejismo de vida feliz y la invisible línea arribista que venden exitosamente desde los metarrelatos generados por los monopolios de las comunicaciones y algunas academias, y el enrejado que rodea las mansiones, edificios y conjuntos residenciales exclusivos, creados para proteger a sectores sociales privilegiados, separándolos de los millones de excluidos y empobrecidos, como si estos últimos tuvieran una grave enfermedad viral, al estilo de las películas de zombis o muertos vivientes, con los cuáles se debe mantener distancia, y contra quienes, lo legítimo es organizar brigadas de “limpieza social”, o en el mejor de los casos, mirar para otro lado, por temor a contagiarse de pobreza y de violencia.

La tantas veces repetida fabula del “perro y el reflejo”, unida a las habituales historias, que han hecho creer que esta es la sociedad más feliz del mundo, o la más “viva”, y los cuentos prefabricados de que la sociedad nacional y mundial ha llegado a la cima de la armonía y que este es el fin de la historia, no permite a la sociedad colombiana, soñar con la posibilidad real de cambio, y esta se aferra a la moraleja que le hace creer que es mejor conformarse con lo que hay, no soltar el hueso, antes que luchar por un mejor país. Una acción integral, que involucre todas las hipótesis señaladas y otras que seguramente se plantean desde distintos sectores políticos y académicos, sería lo más adecuado, si lo que se quiere realmente es salir de los círculos de violencias.

La paz demanda desatar una ambiciosa acción pedagógica y comunicativa, acompañada de garantías reales a la vida y a las organizaciones, capaz de generar una alta dosis de unidad, presión política y movilización pacífica, de quienes han soportado el dolor de las violencias, de los empobrecidos y esclavos contemporáneos, que les haga perder el miedo al cambio y los enamore de la solidaridad, la equidad y la justicia social; este sueño de paz, deberá también, convocar una fuerte dosis de amplitud y desobediencia de quienes, aunque temen perder sus privilegios y aun prefieren, a manera de los asistentes al circo romano, seguir presenciando el espectáculo de la muerte, son imprescindibles para crear; y lo más difícil, convencer con argumentos y lograr generar cierto grado de inteligencia y bondad, en quienes han impuesto las políticas económicas ligadas al modelo global dominante, para evitar que den el paso final que nos lance al abismo donde habita el irreversible fracaso.

Luis Emil Sanabria D.

Retejer aquellos lazos rotos por el desafecto y la violencia

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Jun 11, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

Casi seis décadas de la llamada guerra popular prolongada y de la combinación de todas las formas de lucha, y muchas más décadas de violencias estructurales ligadas a la violación o negación para las grandes mayorías de los derechos fundamentales y a conflictos políticos no resueltos, han alimentado el odio, la venganza y la falta de comprensión sobre el significado de la Paz y la nueva cultura que alrededor de esta se debe construir.

Vivimos una democracia representativa que, a pesar del sueño plasmado en la Constitución Política Nacional de 1991, mantiene en su núcleo fundamental graves enfermedades como el clientelismo, la compra y venta de votos, el nepotismo, la violencia y la falta de democracia interna de los partidos políticos. Vicios crónicos que impiden mostrar a las nuevas generaciones, caminos límpidos que prevengan el uso de la violencia armada como expresión política o social, que los lleve a alcanzar y gozar de derechos legítimos y a comprometerse con los deberes ciudadanos. Nuestra débil República padece de conflictos orgánicos aun no resueltos relacionados, por ejemplo, con las disyuntivas de seguir manteniendo un régimen centralista o avanzar hacia la federalización; o seguir exaltando la longevidad de una democracia imperfecta, que no ha logrado incluir con generosidad la democracia directa como parte fundamental de la democracia participativa.

Estas contradicciones que impiden la estabilización social y política deben ser asumidas a profundidad, para lograr realizar los cambios políticos y administrativos que le entreguen al constituyente primario su poder de decisión, haciendo de la participación un ejercicio vinculante, de la mano de una gran estrategia comunicativa, de sensibilización y pedagogía para instalar una cultura de paz y reconciliación. De allí la importancia de que en los diálogos sociales nacionales y regionales entre organizaciones sociales, gremios y partidos políticos, que se deben desatar a propósito y en relación con los diálogos de paz que se adelantan con los actores armados no estatales, el tema de la profundización de la democracia participativa y la descentralización política y administrativa, deben ocupar el lugar privilegiado que le corresponde.

No en vano tanto en los diálogos de la década de los 80 y 90 del siglo pasado, en los acuerdos de paz de este siglo con las FARC-Ep, y en los nuevos diálogos con el ELN y las llamadas disidencias de las FARC, este tema sigue apareciendo como protagonista. Desafortunadamente, a pesar de lo pactado en el acuerdo de paz con las FARC-Ep en relación con el Punto 2, que pretendió modernizar y fortalecer la democracia a través de mecanismos y medidas que garanticen la participación política de sectores históricamente subrepresentados y que pretendía reformas estructurales para garantizar la participación ciudadana, la reforma política-electoral, la planeación participativa y democrática, y el fortalecimiento de capacidades institucionales, este tema ha sido abandonado por la sociedad, los gobiernos que les ha correspondido la implementación del acuerdo de paz y por todas las dirigencias de excombatientes reincorporadas a la vida política.

Esta profunda problemática que padece Colombia frente a la democracia y la administración del Estado, debe abordarse sin temores, para disponernos con más decisión a construir la Paz Integral y Total. No obstante, esta tarea inaplazable que debe concitar todas las voluntades, demanda de otro componente a desarrollar que ha sido consecuencia y que a su vez retroalimenta la conflictividad violenta, y es el reto de diseñar y avanzar en programas y estrategias que hagan posible la instalación de una cultura de paz.

Esta tarea, también aplazada o esquivada, requiere realizar ingentes esfuerzos desde el alto gobierno, pero también supone esfuerzos no menos grandes de las y los mandatarios locales, (gobernadores/as y alcaldes/as). A la par que se adelantan diálogos con grupos armados, y se potencian y multiplican escenarios cotidianos para el encuentro con el otro y la otra desde las diferencias políticas y sociales, y desde las diversas formas de ver y entender el crecimiento económico y el desarrollo, que nos permitan establecer lazos de confianza, se deberían desatar programas ambiciosos que nos ayuden a construir una cultura de paz, convivencia y reconciliación, que coloque al centro los derechos humanos, el derecho a la vida y el reconocimiento de las diferencias.

Colombia se encuentra atravesando en un momento de cambios fundamentales que hacen irreversible la decisión ciudadana de avanzar hacia la Paz Integral y Total. A pesar del triunfo a favor de la paz, la sociedad colombiana que ha sido polarizada en relación con este anhelo mayoritario, sigue dividida de forma más o menos equilibrada, lo que hace necesario insistir en el desarrollo de acciones que nos permitan despertar la emoción y la solidaridad en el alma de la gente y continuar con mayor decisión por la ruta que conduzca a borrar la violencia de la cotidianidad social, económica y política, y generar escenarios de reencuentro, reconciliación y armonía. Desarmar las manos promoviendo jornadas de desarme ciudadano, pero también desarmar los corazones, para darle cabida a la generosidad, el perdón y el amor entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, tan duramente golpeada por el conflicto armado y el modelo económico.

Hoy se juntan las energías cósmicas, la voluntad de la madre tierra, los corazones de los dioses, para hacer posible la armonización de la vida, y es allí donde una estrategia nacional con una alta dosis de sensibilidad, se convierten en puente para retejer aquellos lazos rotos por el desafecto y la violencia vividos durante tantos años. Motiva mucho que, desde el Ministerio de Cultura se esté pensando en aportar a la construcción de una cultura de paz, apoyados en las organizaciones artística y culturales regionales, populares, étnicas, sociales, reconociendo las experiencias populares, las fortalezas organizativas regionales, apoyados en los medios de comunicación comunitarios y sus formas organizativas, tanto regionales como nacionales, con su propia idiosincrasia y sus propios saberes.

Todas y todos los enamorados de la paz debemos aportar a la creación de una generosa pero consistente operación permanente nacional, que involucre pedagogías, acciones de sensibilización y propuestas comunicativas para la paz, en donde interactúen los diferentes sentires, las diferentes vivencias, las diferentes regiones, las diferentes tecnologías, de tal forma que se desate un ambiente social y cultural que logre el respaldo de toda la ciudadanía a los esfuerzos y procesos encaminados a la construcción de La Paz Integral, para alcanzar ese punto de no retorno, de no repetición, ese nunca más las violencias como expresión política y de transformación social.

Luis Emil Sanabria D.

Deportista y líderes culturales salen afectados de violencia en Buenaventura

Escrito por Juan Gómez en May 24, 2023. Publicado en Nación.

Desde el pasado lunes festivo volvió a hacerse latente el miedo por culpa de la violencia en Buenaventura. El lunes festivo se supo de un muerto y seis heridos y este martes de un asesinato.

El primero de los casos se dio con un tiroteo el lunes festivo que dejó a cuatro personas gravemente heridas en una tienda del barrio Kennedy. El ataque habría sido perpretado por personas que se movilizaban en un taxi y en motocicletas según afirman las autoridades. En el mismo barrio, Cristian Rivas de 29 años fue asesinado.

Ese mismo día hubo otro hecho en el que dos folcloristas: Duván Valencia de 24 años y Jhonny Valencia de 23 años sufrieron un atentado sicarial en el barrio Gran Colombia.

Por otra parte, este miércoles se supo que Elvis Panameño Ramos, de 19 años y promesa del fútbol del club Pascual Medina, fue asesinado en el barrio Nueva Colombia debido a un disparo con arma de fuego según informó Caracol Radio.

La crisis de violencia sigue agudizándose con la amenaza que recibió el personero de la institución Néstor Urbano Tenorio por denunciar irregularidades en el PAE (Programa de Alimentación Escolar).

Le puede interesar: Armada incautó: lancha con cargamento de “cocaína” en Buenaventura

Ministro de Seguridad de Buenos Aires denunció ser víctima de una «emboscada»

Escrito por Europa Press en Abr 4, 2023. Publicado en Colombia, Global, Internacional.

El ministro de Seguridad de la provincia argentina de Buenos Aires, Sergio Berni, ha denunciado haber sufrido una «emboscada» y ha hecho un llamamiento a la Fiscalía para que investigue la paliza que recibió el lunes, cuando un grupo de exaltados le agredió a su llegada a una protesta por la muerte de un conductor de autobús.

Berni ha asegurado que ya sus asesores le advirtieron de que podría ser víctima de una emboscada si acudía a la manifestación y ha lamentado que, efectivamente, fue agredido por un grupo de gente que acudió a «provocar», según recoge la agencia argentina de noticias Télam.

«Me dijeron: esto es una emboscada, vete. Y cuando vi las caras me di cuenta de que había gente que venía a provocar; cuando hice cien metros, sabía que esto iba a terminar así», ha manifestado Berni, quien ha incidido en que «debe haber fiscales que tienen lo que tienen que tener y deben estar investigando».

El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido el lunes cuando se acercó a una concentración de conductores de autobús de línea que protestaban por el reciente asesinato de uno de sus compañeros en el municipio de La Matanza.

A su llegada al lugar de la protesta, Berni fue recibido con insultos, palazos, pedradas y puñetazos por los manifestantes, que cortaron el tráfico en señal de protesta por la violenta muerte de un compañero la pasada madrugada.

Debido a la violencia de los golpes, Berni llegó incluso a caer al suelo, momento en el que algunos de los agresores aprovecharon para patearlo. Con una mejilla ensangrentada, el ministro de Seguridad se dirigió a los manifestantes asegurando que las autoridades han logrado detener al supuesto autor del asesinato del conductor de autobús.

Subsidios para jóvenes a cambio de no robar

Escrito por Hugo Acero en Mar 19, 2023. Publicado en Colombia, Columnista invitado, Opinión.

No es la primera vez que el presidente de la República Gustavo Petro justifica la propuesta de entregar subsidios a los jóvenes que están delinquiendo para que dejen de hacerlo, a cambio de estudiar, realizar labores sociales y comportarse bien, como lo hizo en Soacha hace una semana. Durante la campaña en una entrevista en el programa “Mejor hablemos” del Canal City TV aseguró que cuando fue alcalde de Bogotá “A 10 mil pandilleros les pagamos lo que ganaban robando, así redujimos hurto a celulares”. Pero ¿qué tan efectiva puede ser esta estrategia para reducir el delito, en particular los hurtos?

Si se miran las cifras de hurtos a personas, celulares, bicicletas y a comercio, que en muchos casos son los delitos que cometen los jóvenes que apenas están ingresando a actividades delincuenciales, durante el periodo de gobierno del hoy presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, se tiene que estos delitos no disminuyeron, antes bien aumentaron.

El hurto a personas, según las cifras reportadas por la Policía Nacional, pasó de 17.057 casos denunciados en 2011, último año de Gobierno de Samuel Moreno y Clara López, a 27.564 en 2015, último año del gobierno de Gustavo Petro, es decir, este delito aumento en un 51%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Grafica by Confidencial Colombia on Scribd

El hurto a celulares pasó de 5392 casos denunciados en 2011 a 11.187 en 2015, aumentó en un 107%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

graf 1 by Confidencial Colombia on Scribd

El hurto a comercio creció en los primeros años de gobierno del alcalde Gustavo Petro y los años subsiguientes disminuyó, como se puede ver en la siguiente gráfica, pasó de 3172 casos denunciados en 2011 a 5921 en 2015.

graf 2 by Confidencial Colombia on Scribd

Finalmente, el hurto de bicicletas también creció durante ese periodo, pasó de 933 casos denunciados en 2011 a 1775 en 2015, es decir aumentó en un 94% (ver en la siguiente gráfica):

graf 5 by Confidencial Colombia on Scribd

Como se puede ver el programa de entrega de subsidios no tuvo incidencia en la inseguridad, en particular en la reducción de los hurtos.

Sin embargo, no se puede desconocer que este tipo de acciones pueden ayudar a prevenir que muchos jóvenes terminen en actividades delincuenciales y violentas o que algunos puedan salir de estas actividades y volver a estudiar, trabajar y compartir con sus familias.

Si el presidente Gustavo Petro insiste en esta propuesta, debe trabajar directamente con los municipios, pero especialmente con las iglesias, las juntas de acción comunal, los líderes y policías barriales que saben cuáles son los jóvenes involucrados en asuntos de violencia y delincuencia, para que los políticos locales no conviertan este programa en una bolsa de empleo de sus seguidores y dejen por fuera jóvenes con los que de verdad hay que trabajar.

Tampoco se debe aceptar que sean las organizaciones criminales las que entreguen los listados de jóvenes, ya que convierten estos recursos en otro ingreso más y no se logra la desvinculación de los jóvenes de los grupos delincuenciales. Finalmente, ojalá este programa no se ejecute en medio del proceso electoral de este año, porque corre el riesgo de convertirse en fuente de recursos para atraer electorado y comprar votos.

Hay que definir de manera clara a qué tipo de jóvenes se les puede dar el subsidio, qué actividades deben desarrollar en sus municipios y comunidades, con el acompañamiento de servidores públicos locales y comunidades, qué planes de estudios y trabajo van a desarrollar, cuál va a ser el seguimiento y evaluación del programa y de cada uno de los jóvenes y cómo, de manera periódica, se va a rendir cuentas públicas sobre los resultados de este programa a las comunidades donde se vaya a realizar.

Hay experiencias importantes que hay que recoger. Por ejemplo, los programas de Guías Cívicos de Misión Bogotá, “Gestores de Convivencia”, “Trapecistas” del Padre Javier de Nicoló y “Caminando Relajado” de Carlos Marín de IDIPRON, que hoy cuenta con más de 5000 jóvenes; “Parceros” en Medellín y Bogotá, en Barranquilla “Va jugando” en Cali Gestores Paz y Cultura Ciudadana y otros tantos programas que hay que tener en cuenta si se quiere de verdad acertar sacando jóvenes de la violencia y la delincuencia.

Hay que anotar que estas experiencias tampoco han sido evaluadas como corresponde en materia de su impacto en reducción de violencia y delincuencia, pero ahí hay suficiente material para saber que hacer y no hacer en el programa que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro. (ver siguiente articulo Paula Doria de la Sella vacía. https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/jovenes-en-paz-de-petro-tuvo-reditos-mixtos-en-bogota-y-riesgo-de-politizacion/).

Presidente de Ecuador declara estado de emergencia por aumento de violencia

Escrito por Europa Press en Mar 4, 2023. Publicado en Colombia, Global, Internacional.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado este viernes el estado de excepción en Esmeraldas en un esfuerzo por detener la ola de violencia perpetrada por grupos de delincuencia armada que está enfrentando la provincia.

En un comunicado, Lasso ha fundamentado la medida detallado que, durante los últimos meses, «se ha evidenciado un incremento» en los niveles de delincuencia organizada que habrían generado «importantes escaladas de violencia que requieren de la atención particular del Estado, a través de mecanismos extraordinarios», ha informado ‘El Comercio’.

La medida, que restringe los derechos a la libertad de tránsito, asociación, reunión, inviolabilidad de domicilio, regirá las 21.00 hasta las 05.00 horas durante 60 días a partir de este viernes 3 de marzo de 2023.

El Gobierno espera con esta medida precautelar la seguridad interna, a fin de prevenir acontecimientos de violencia y proteger la vida e integridad física de la ciudadanía.

Durante los meses de enero y febrero de 2023, la provincia de Esmeraldas ha sido el escenario del cometimiento de homicidios, asesinatos y sicariatos, «configurándose una de las provincias con los niveles de inseguridad más altos del Ecuador», según el presidente ecuatoriano.

Perú declara estado de emergencia por aumento de violencia

Escrito por Europa Press en Feb 18, 2023. Publicado en Colombia, Global, Internacional.

El Gobierno peruano ha decretado este viernes el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, del departamento peruano de Loreto, durante 60 días ante el aumento de la violencia en la zona, limítrofe con Colombia, por el narcotráfico.

En virtud del decreto, recogido por el diario oficial ‘El Peruano’ y firmado por la presidenta peruana, Dina Boluarte, intervendrán la Policía Nacional peruana y las Fuerzas Armadas para «mantener el orden» en la región, ha informado la agencia de noticias Andina.

De esta forma, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.

La presencia de organizaciones delictivas que se dedican al tráfico ilícito de drogas se concentra en la nación andina en Putumayo, provincia en la frontera con Colombia, y en el llamado trapecio amazónico, que comparte con Brasil.

Los delincuentes no son el único problema

Escrito por Hugo Acero en Dic 10, 2022. Publicado en Columnista invitado, Opinión.

Cuando se trata la inseguridad ciudadana, inmediatamente se enumeran las problemáticas y los distintos grupos criminales que ejercen violencia y delincuencia, se identifican escenarios locales y territoriales donde con mayor frecuencia ocurren los hechos y las autoridades de seguridad y justicia proponen alternativas para enfrentar esos problemas y reducir los delitos.

Sin embargo, existen otros problemas que no permiten al Estado colombiano dar respuesta adecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y no son propiamente los delincuentes, ni sus actos violentos, es la baja confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia, la descoordinación de esas instituciones, la ausencia de liderazgo presidencial y la falta de recursos para fortalecer las instituciones para enfrentar las organizaciones criminales, que sí tienen recursos, en muchos casos trabajan coordinados y gozan de cierto reconocimiento territorial y comunitario sustentado en acciones de intimidación violenta y terror.

Percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia.

Los ciudadanos sienten, cada vez más, que la inseguridad está empeorando, sin que las autoridades responsables del tema le pongan la atención debida a este indicador que no ha dejado de desmejorar.

De acuerdo con la última encuesta de Invamer del mes de octubre, solo el 7% de los ciudadanos consideró que la seguridad estaba mejorando. Esta situación comenzó a deteriorarse desde septiembre de 2010, en el último gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando se pasó de un promedio de 39% de los ciudadanos que consideraban que la seguridad estaba mejorando, a 17% durante los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y al 9% promedio, durante el gobierno del Presidente Iván Duque, como se puede ver en la siguiente gráfica:

rafica by Confidencial Colombia on Scribd

Esta percepción ciudadana de deterioro de la seguridad no es homogénea en las ciudades más importantes del país, de acuerdo con la Encuesta Pulso País del DANE de agosto de este año, Cartagena, Riohacha, Quibdó, Neiva, Valledupar, Barranquilla AM, Sincelejo, Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga AM, Popayán y Pasto se ubican entre las ciudades donde más del 50% de los ciudadanos se sienten inseguros día y noche, como se puede ver en el siguiente cuadro:

grafica by Confidencial Colombia on Scribd

A esta sensación de inseguridad creciente, se agrega el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. Hoy la confianza ciudadana ha caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Invamer Poll de octubre de 2022, siendo el año 2010 cuando se registraron los resultados más favorables:

Las Fuerzas Militares, que en todas las encuestas siempre tuvieron los niveles más altos de confianza entre los ciudadanos, pasó de 81% de los ciudadanos que tenían una opinión favorable en 2010 a 53% en julio de 2022.
La Policía Nacional cayó de 79% en 2010 a 40%.
La Fiscalía pasó del 59 % a 28%
El Sistema Judicial Colombiano, de 34% a 16%.
La Corte Constitucional de 57% de opinión favorable entre los ciudadanos a 34%.
La Corte Suprema de Justicia de 56% a 27%, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Como se puede ver, las instituciones de seguridad y justicia han tenido un notable deterioro en su credibilidad y esto tiene una relación directa con la percepción de inseguridad del país por la falta de protección que sienten los ciudadanos.

Temor y desconfianza ciudadana que afectan de manera grave la gobernanza de la seguridad, que debe estar mediada por la colaboración y trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y entre estas y la ciudadanía en general. Como bien lo plantea un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Confianza, La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe[1] “la confianza favorece la colaboración en tareas complejas dentro de los organismos públicos. Los funcionarios deben trabajar junto con sus colegas, los ciudadanos y los funcionarios públicos de otros organismos, para implementar los programas de gobierno”. “Cuando la confianza está ausente de estas interacciones, la sociedad y todos sus miembros sufren; la política es inestable, la calidad de las políticas públicas se deteriora, el crecimiento económico se desacelera, y la equidad social y el bienestar individual disminuyen”.

En materia de seguridad, la desconfianza en las instituciones en Colombia ha generado graves problemas, como la “justicia por mano propia, la seguridad paraestatal, el no pago de contribuciones e impuestos para fortalecer los servicios de seguridad y justicia y el aumento de la corrupción como una forma de relación de los ciudadanos con las instituciones.

2. Liderazgo y descoordinación interinstitucional.

n materia de gestión de la seguridad, a los últimos gobiernos les ha faltado el liderazgo requerido del presidente, así como la participación activa de los alcaldes y gobernadores, Hoy los consejos de seguridad nacionales y locales no se realizan de manera periódica, dejaron de ser escenarios de prevención, planeación y coordinación de las instituciones de seguridad y justicia; se reúnen de manera reactiva, después de ocurridos los hechos, cuando ya hay muy poco que hacer. Esto afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos en los territorios.

La relación de alcaldes y gobernadores, gobierno nacional y demás instituciones de seguridad y justicia, se realiza a través de las redes y en muchos casos no se da en los mejores términos, ni con ánimo de coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia. Las redes se están convirtiendo en la forma riesgosa de gobernar este tema delicado que requiere prudencia y en algunos casos reserva. Hoy, con cada tuit, más emotivo que racional, se hace más difícil la gestión y el trabajo en equipo.

La coordinación con las instituciones de seguridad y justicia es limitada, cuando no inexistente. Hay que anotar que, en materia de seguridad ciudadana, de manera directa, intervienen las siguientes instituciones, que desde la Presidencia pueden y deben ser coordinadas, los ministerios Defensa, Justicia, Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, Migración Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- del Ministerio de Hacienda y los alcaldes (1103) y gobernadores (32) que tienen obligaciones constitucionales y legales en seguridad y convivencia ciudadana.

Se puede asegurar que las acciones estatales de seguridad y de justicia hoy se ejecutan sin mayor coordinación interinstitucional, afectando tareas que no deberían separarse en el diseño, ejecución y seguimiento de la política integral de seguridad, como es el caso de la prevención (incluye la atención de los riesgos y de las distintas poblaciones vulnerables, el cambio de comportamientos ciudadanos), la vigilancia, la disuasión, la detección de conductas delincuenciales y contrarias a la convivencia, la persecución, la detención, el juzgamiento, la sanción de los infractores y la resocialización.

3. Falta de recursos para ejecutar las políticas de seguridad y convivencia a nivel municipal.

Se puede asegurar que más del 90% de los municipios en Colombia no cuentan con recursos para financiar sus políticas de seguridad y convivencia ciudadana, lo que imposibilita, en gran medida, las soluciones de los problemas que en estas materias tienen. No se cuenta con recursos suficientes para apoyar y fortalecer la labor de la Policía, de la Fiscalía, los jueces, ni para desarrollar políticas locales de prevención, justicia cercana a los ciudadanos, a través de las inspecciones de policía, comisarías de familia y unidades de mediación, entre otros temas.

4. Qué hacer.

Primero es que el presidente Gustavo Petro asuma el liderazgo constitucional y legal que le corresponde en materia de manejo del orden público y de la seguridad ciudadana.
Segundo, que el Presidente convoque a todas las instituciones responsables o involucradas en estos temas a trabajar en equipo de manera permanente. Que el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo menos, sesione una vez al mes como una instancia preventiva de coordinación de trabajo y de definición de acciones, para reducir los riesgos que afectan la seguridad de los ciudadanos y de los territorios. Que no sea una instancia reactiva, después de que suceden hechos lamentables, cuando ya no se puede hacer nada. A estos Consejos pueden ser invitados las otras ramas del poder público, garantizando la independencia de poderes, los ciudadanos y otras instancias del Estado.

De la misma manera hay que trabajar con todos los alcaldes y gobernadores, quienes también deben asumir el liderazgo que les corresponde en materia de seguridad y convivencia y trabajar en equipo con todas las instituciones de seguridad y justicia a través de los Consejos

Tercero, que, con el trabajo coordinado, liderado por el Presidente, con acciones oportunas, contundentes y con claros y públicos resultados en contra de todas las organizaciones criminales, las instituciones de seguridad y justicia comiencen a recuperar la confianza de los ciudadanos. La reducción de los indicadores de violencia y delincuencia, el trabajo con resultados y la difusión pública de los mismos, permiten recuperar la legitimidad y confianza ciudadana en las instituciones.
Cuarto, dado que los recursos que dispone la Ley de Orden Público, del 5% de obra pública contratada, son insuficientes para que más del 90% de los municipios puedan atender, como corresponde, los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, es necesario que el Congreso de la República legisle sobre las “tasas y sobretasa de seguridad” para que puedan contar con recursos adicionales.

[1] Banco Interamericano de Desarrollo BID. 2022 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Confianza-La-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

Pasa a tercer debate el proyecto de ley busca frenar la violencia política contra la mujer

Escrito por Oscar Sevillano en Nov 28, 2022. Publicado en Nación.

A tercer debate pasó el proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y eliminar todo tipo de violencia contra la mujer en la política y garantizarles el pleno desempeño de sus derechos políticos al brindarles una participación en condiciones de respeto y equidad.

La iniciativa, de autoría de las senadoras Nadia Blel, María José Pizarro y Piedad Córdoba busca diseñar las políticas necesarias para promover el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, crear una hoja de ruta para atender y resolver las denuncias de estos actos, garantizar la restitución de los derechos perdidos y sancionar la práctica de estas conductas.

_ “La violencia NO hace parte de la política. Sin una política plena y equitativa no puede haber una verdadera democracia, por eso debemos contar con una herramienta que permita que mujeres y hombres podamos hacerles frente a estos actos. No basta con que más mujeres accedan a cargos legislativos, necesitamos que quienes lo hagan puedan ejercerlo sin violencia”_ , indicó la senadora Nadia Blel.

Según la última encuesta sobre violencia política contra la mujer realizada por la Misión de Observación Electoral, en Colombia el 83% de las mujeres candidatas a las elecciones legislativas de este 2022 afirmó que había sufrido al menos alguna de las formas de violencia física, psicológica, económica, sexual o simbólica. La manifestación de violencia más común fueron los comentarios agresivos o el acoso digital.

Igualmente, el estudio encontró que este tipo de conductas son ejercidas en un 60% por militantes y líderes de partidos rivales lo que revela que la hostilidad contra las mujeres viene en gran parte desde el mismo escenario político.

¿Universidades colombianas libres de violencias?

Escrito por Confidencial Noticias en Nov 28, 2022. Publicado en Opinión.

Esta pregunta cobra cada vez más relevancia de cara a lo que ocurre en los campus universitarios en Colombia. Denuncias de cientos de estudiantes que reportan cómo han sido acosadas de múltiples formas por sus profesores, directivas y también por sus compañeros. Aulas, bibliotecas, plazas y rumbas, se han convertido en espacios inseguros, peligrosos. Relaciones con profesores donde evaluaciones, resultados de trabajos, acreditación de prácticas pasan, por someter a las alumnas, en especial a las mujeres, al mandato patriarcal de ser dominadas, tocadas, abusadas, violadas y callar, callar siempre. Cátedras en las que las jóvenes son enviadas a la casa “a cocinar y a lavar “porque según dicen los profesores no están a la altura de las exigencias académicas de un régimen patriarcal de producción de conocimientos.

Y hay que recordar que el patriarcado siempre ha estado í presente en la cotidianidad de la vida académica: filósofas invisibilizadas por sus colegas, literatas que son desconocidas en convocatorias para adelantar proyectos o participar en concursos., carreras que parecerían estar vetadas a las mujeres. Estas son sólo tres situaciones de muchas que viven las mujeres en las universidades. Quizá la diferencia hoy en día es que las prácticas de sometimiento y ley del silencio se rompieron y ello ha ocurrido tanto por el activismo que han adelantado las colectivas feministas y los movimientos LGBTIQ+ en el campus universitario, como por el trabajo de grupos de académicos y e investigado@s quienes han entendido que hay una guerra contra quienes se atreven a desafiar los mandatos moralizadores de los agresores y se han puesto en la tarea de deconstruir cultural, social y académicamente ese régimen, el patriarcado, que en ocasiones ha resultado letal.

Poco a poco en las universidades colombianas se empiezan a abrir espacios para la discusión sobre un asunto que resulta tan espinoso. Hay una interesante emergencia de grupos de investigación, grupos de estudio de profesoras y estudiantes, semilleros, foros y mucho activismo dentro y fuera de las universidades para exigir espacios seguros e iniciar también reflexiones en torno a epistemologías feministas que sean reconocidas como otras formas de acercarse a la producción de conocimiento y al encuentro de saberes. Podría decir que todo ello ha contribuido a feminizar las universidades para que la ética del cuidado sea el principio que impregne las relaciones sociales y académicas que allí se despliegan. La recomendación de algunas de las investigaciones adelantadas en las universidades y las realizadas por ONG´s defensoras de derechos humanos es que el abordaje para enfrentar las violencias de género, debe ser estructural y dejar de considerar que es un asunto marginal en el cual sólo están involucradas las mujeres.

Los protocolos que hoy rigen en algunas de las para prevenir y atender las violencias de género son un primer asomo que vale la pena destacar, pero la alerta que se he puesto, especialmente desde las colectivas, es que se cumplan y las instituciones cuentes con la información, los mecanismos, las instancias y los recursos para cumplir su propósito: erradicar las violencias de género y contribuir al cambio cultural.

Tuve la oportunidad de participar la semana pasada en la presentación del Protocolo para la prevención , atención, atención y sanción de las violencias basadas en género en la Universidad Pedagógica Nacional un trabajo sólido y rigurosos desarrollado por un grupo de profesoras de la Universidad, cuyo propósito es : generar herramientas de sensibilización, apropiación y actuación de las acciones pedagógicas y disciplinarias para avanzar en la construcción de una cultura de los derechos humanos y el buen vivir. Allí estuvo presente el Rector Alejandro Álvarez, Vicerrectoras, profesores y profesoras, colectivas feministas y muchos estudiantes quienes fueron invitados a leer el protocolo, a enviar sus aportes y a apropiarse de él como un medio para aportar a la justicia de género en su Universidad. Fue una bonita experiencia que debería repetirse en muchas universidades colombianas.

Termino este texto con una frase que la Profesora Alanis Bello dijo en el panel, al cual fuimos invitadas por la Universidad, para conversar sobre política de género y violencias: necesitamos una universidad donde todos los cuerpos sean posibles, donde cada vida cuente para ser vivida, una universidad donde se enseñe y se aprenda el cuidado.