El Gobierno de Venezuela ha rechazado la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de autorizar a la Fiscalía de esta corte a reanudar la investigación por los presuntos abusos cometidos en el país latinoamericano a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014.
El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha indicado que recurrirá esta decisión ante la Sala de Apelaciones, mientras que «continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación».
Gil ha considerado que la reanudación de la investigación es una «ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad del Tribunal Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación», según reza un comunicado.
«Venezuela lamenta que esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares (del TPI) se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser del TPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición», continúa la misiva.
El titular de Exteriores bolivariano ha sostenido que, durante el proceso de la Fiscalía del TPI, «Venezuela ha denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por las autoridades de Estados Unidos».
«Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los Derechos Humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano», ha asegurado Gil.
La Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI ha avalado de esta forma la petición de la oficina del fiscal Karim Khan, que precisamente visitó a principios de junio el país sudamericano para tantear, entre otras cosas, la colaboración de las autoridades venezolanas con las pesquisas abiertas desde hace casi dos años y en las que se examina la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.
La sala ha concluido que, «si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía». Así, considera que hay «periodos inexplicables» sobre los que no se ha investigado o que las pesquisas abiertas «en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior», sin ascender en la escala de mando.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que debe someterse a la soberanía del TPI. La oposición venezolana ha apelado en reiteradas ocasiones a la intervención de la corte y en septiembre de 2018 un grupo de países –Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– remitieron una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a nivel nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala que se ha pronunciado este martes para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.
