El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado a la Fiscalía de esta corte a reanudar la investigación abierta por los presuntos abusos cometidos en Venezuela a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014, ya que considera que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha llegado al nivel de rendición de cuentas que le reclama La Haya.
La Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI ha avalado de esta forma la petición de la oficina del fiscal Karim Khan, que precisamente visitó a principios de junio el país sudamericano para tantear, entre otras cosas, la colaboración de las autoridades venezolanas con las pesquisas abiertas desde hace casi dos años y en las que se examina la presunta comisión de crímenes contra la humanidad.
La sala ha concluido que, “si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”. Así, considera que hay “periodos inexplicables” sobre los que no se ha investigado o que las pesquisas abiertas “en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, sin ascender en la escala de mando.
“Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, ha matizado, abriendo la puerta a una colaboración. De hecho, los jueces han abogado por un “diálogo permanente” entre las partes, si bien desde Caracas siempre se ha denunciado un supuesto trasfondo político en esta causa.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que debe someterse a la soberanía del TPI. La oposición venezolana ha apelado en reiteradas ocasiones a la intervención de la corte y en septiembre de 2018 un grupo de países –Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– remitieron una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a nivel nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala que se ha pronunciado este martes para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.
