España alcanzó en 2022 un nuevo récord de solicitudes de asilo al contabilizarse un total de 118.842, un 82% más que las que se habían registrado un año antes. El país es, así, el tercero de Europa en número de solicitudes por detrás de Alemania y Francia. Sin embargo, solo aprueba un 16,5%, la mitad de lo que la media de la UE (38%) en comparación al resto de países de su entorno (la media de la UE es del 38%).

Así se recoge en el informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que, bajo el título ‘Más que cifras’, ha analizado datos de asilo de España y la Unión Europea en 2022.

CEAR ha destacado que las peticiones de asilo son un 82% más que el año anterior, «tras dejar atrás las restricciones fronterizas impuestas durante la pandemia y pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo». Desde la entidad han criticado «la escasez» de citas que, según ha explicado, lleva a las personas a tener que esperar en situación irregular entre seis u ocho meses de media para presentar su solicitud de asilo teniendo que recurrir al mercado informal para acceder a este derecho.

En este sentido ha apuntado que, aunque recientemente la Administración ha anunciado cambios en el sistema de cita previa, por ahora, estos no están paliando esta situación de desprotección que afecta a miles de personas.

PERFIL DEL SOLICITANTE

En cuanto al perfil del solicitante en 2022, CEAR recoge que el 54% era hombres y el 46% mujeres, mientras que los menores de edad supusieron el 18% del total. Además, Venezuela (45.748), Colombia (36.012), Perú (8.937), Marruecos (3.905) y Honduras (3.017) fueron las cinco principales nacionalidades de origen de las personas que solicitaron asilo.

Del mismo modo, llama la atención sobre la ausencia en esta lista de personas procedentes de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen, a quienes, según denuncia la entidad, «se les sigue imponiendo un visado de tránsito que obstaculiza su llegada de forma legal y segura a puestos fronterizos españoles, y para las cuales la organización exige que se elimine dicho visado».

Además, señala que solo el 3,7% de las solicitudes se presentaron en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas. Por Comunidades Autónomas, las que registraron un número de solicitudes de asilo fueron Madrid (47.658), Andalucía (11.722), Cataluña (10.396), Comunidad Valenciana (7.258) y Canarias (6.446).

SOLICITUDES APROBADAS O PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

Por otra parte, el informe de CEAR muestra la preocupación, tanto por la cifra de solicitudes aprobadas, como por el de aquellas que se quedan pendientes de resolución.

En el primer caso, la entidad celebra el aumento del número de resoluciones favorables, un 16,5%, frente al 10% del año anterior, pero señala que esta tasa de reconocimiento de protección internacional se encuentra aún muy lejos de la media europea, que se sitúa por encima del 38%. En este sentido ha apuntado que solo Malta y Chipre tienen un porcentaje más bajo de solicitudes aceptadas.

Del mismo modo, advierte del aumento «considerable» de las solicitudes pendientes de resolución». En concreto, ha explicado que son hasta 122.035 las personas que en 2022 estaban pendientes de una decisión de la que depende su vida. De trata de un 17% más que el año anterior y, en su mayoría, de nacionalidad venezolana y colombiana.

El documento también destaca que del total de 86.997 resoluciones, 14.235 fueron favorables con estatuto de refugiado o protección subsidiaria (ambos tipos de protección internacional), lo que supone también una mejoría con respecto a 2021.

La ONG relaciona esta mejora «con un aumento en las solicitudes de protección de personas afganas , quienes tienen una alta tasa de reconocimiento desde la toma del poder talibán en el verano de 2021, así como por el incremento en la concesión de protección subsidiaria a solicitantes de origen ucraniano, que ya se encontraban en nuestro país antes de la invasión con su solicitud en trámite».

«Este incremento de reconocimiento también se explica por el criterio de reconocer la protección a personas procedentes de países en conflicto como Mali o Burkina Faso. Además, las autoridades españolas siguieron recurriendo a la protección por razones humanitarias para resolver la mayoría de las peticiones de personas procedentes de Venezuela (98%)», ha explicado la entidad.