Por: Juana Carolina Londoño

En octubre de 1948 apareció por primera vez en la edición #140 de “detective comics” uno de los archienemigos de Batman: El Acertijo; un villano obsesionado con rompecabezas y juegos de palabras.

Y traigo a colación este relato para de cierta manera escenificar lo que a nuestro criterio pasa en Colombia por estos días en materia de seguridad ciudadana tras un año del gobierno Petro.

Pareciera a simple vista que el marcado anuncio de avanzar en una política de “paz total” transita al estilo de “ciudad gótica” entre la lucha de Batman por resolver los rompecabezas y juegos de palabras que a manera de desafío le deja el acertijo.

Las cifras de la opinión pública sobre la “paz total” demuestran que para la mayoría de los colombianos cruzamos un laberinto en el cual solo el 26% cree que mejorará la seguridad y el 29% que cambiarán las condiciones de vida de las comunidades.

Se suma que hay dudas en que el gobierno logre, realmente, que los grupos armados se sometan a los diálogos de paz. Solo el 18% cree que lo harán. “Los colombianos siguen muy agobiados con los delitos del día a día”, dice la directora de la FIP Victoria Llorente.

Tenemos miedo y con razones. Entre el año 2019 y lo que va corrido del 2023, delitos como el secuestro se han incrementado. Tan sólo entre el año anterior y julio del presente año 77 casos más de secuestros se han reportado por parte de las autoridades.

Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2023 han sido asesinados 1.513 líderes/lideresas sociales y defensores de DDHH; 380 firmantes del acuerdo de paz; y en el caso de las masacres con un registro a partir del 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2023 se han cometido 404 masacres que han dejado 1486 víctimas.

En el año 2022 y 2023 hubo un crecimiento sensible en 10 de los 18 delitos de alto impacto ciudadano. Se incrementaron casos de extorsión, terrorismo, lesiones personales, hurto a personas, hurto de motocicletas, homicidios en accidentes de tránsito y las amenazas.

Está claro que ya no estamos en un escenario de guerra con grupos armados insurgentes con fines estrictamente políticos (guerrilla), sino que lo que hoy existe son grupos delincuenciales dedicados al multi-crimen y a la búsqueda del ejercicio de control en los territorios para dominar las economías ilegales que no sólo se nutren del microtráfico, sino del contrabando, la minería ilegal y otras rentas ilícitas sobre las cuáles la acción estatal se siente limitada.

Y a todo este panorama se suma la necesidad de recuperar la confianza institucional hacia la fuerza pública. Resulta inadmisible por demás la indolencia de ciertos sectores de la sociedad ante cientos de mujeres y hombres adscritos a nuestra Policía Nacional o las Fuerzas Militares y que se han visto literalmente burlados en operativos, secuestrados por grupos civiles con cierta tendencia ideológica e incluso desarmados por “indígenas o campesinos”, hechos que luego quieren hacer pasar como simples “cercos humanitarios”.

En tiempos de discursos de paz total, se va tejiendo un acertijo casi que indescifrable para la seguridad ciudadana.

Mientras la percepción de inseguridad según el DANE pasó de un 44% a un 53% y ciudades como Cali, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio se debaten entre altas cifras de percepción de inseguridad, departamento como el Cauca paulatinamente se ven sitiados por la influencia terrorista de grupos ilegales como el Iván Mordisco.

Ya ni en las vías públicas de las ciudades o en varias carreteras del país como la emblemática ruta del sol, nos sentimos seguros al transitarlas.

Un panorama que se enrarece aún más de cara a las elecciones de octubre, cita democrática que según la Defensoría del Pueblo y la Registraduría ya tienen 113 municipios con alertas tempranas. «Se ha identificado un incremento de un 31 % de los municipios para 2023 con respecto a la alerta temprana de 2022 y 39 % frente a la alerta de 2019», reconocieron las autoridades electorales.

Acciones contundentes, fortalecimiento de la institucionalidad, rodear nuestra fuerza pública, son pasos que debe dar el gobierno nacional. Con hechos es que se desvirtúa que no es verdad que hay una crisis en el país.