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Confidencial Noticias 2025


La administración radicó ante el Concejo de Bogotá una adición presupuestal por $250 mil millones de pesos.  Para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hay una asignación de $43 mil millones que representa el 17% del total -destinados para dos proyectos de inversión-. Hay que resaltar los siguientes elementos:

  • Para este año el proyecto “Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá”  tuvo un presupuesto de $102 mil millones con una disminución del 40,5%. La adición solicitada se distribuyen en: suministro de alimentos para personal uniformado (36%), mantenimiento de la infraestructura de los equipamientos de los organismos de seguridad (18%), servicios públicos de equipamientos de organismos de seguridad (14%), construcción CAI Bosa libertadores (8%), interventoría nuevo comando MEBOG (7%), combustible (6%), mantenimiento del parque automotor (6%) y bienestar psicosocial para la MEBOG (5%).
  • En el caso del proyecto “Modernización De La Infraestructura De Tecnología Para La Seguridad, La Convivencia y La Justicia En Bogotá” el presupuesto para esta vigencia fue de $100 mil millones con una reducción del 51,1%. La adición solicitada es de $35 mil millones que se distribuyen en 12 ítems.
  • El más importante es de $10.300 millones (29% de lo solicitado para el proyecto) está focalizado en el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia del C4.
  • Cabe recordar que el 28 de septiembre de 2022 la Contraloría Distrital en una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4- para constatar el funcionamiento e interconexión del sistema integral de videovigilancia de la ciudad. Llamó la atención a la Secretaría Distrital de Seguridad porque habían 719 cámaras en mantenimiento por movimiento de redes del IDU por obras, vandalismo y fallas en estos equipos.
  • También destinarán $3 mil millones (9% de lo solicitado para el proyecto) para la re-energización de 319 cámaras de seguridad que se encuentran fuera de servicio por falta de energía.
  • El presupuesto anual de Bogotá fue radicado en el concejo de Bogotá el 02 de noviembre de 2022. Es decir, en la entidad tuvieron un poco más de un mes para incluir el dinero necesario para hacer caso al llamado de atención del ente de control.
  • La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tenía conocimiento de la necesidad de destinar mayor presupuesto al proyecto relacionado con la modernización de la infraestructura en tecnología, de nuevo, ignoraron las alertas de la Contraloría Distrital sobre el mantenimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.
  • El restante de la adición para este proyecto está relacionado con temas de funcionamiento (vigilancia privada, aseo y cafetería, servicios públicos, etc.) para garantizarlos hasta el 2024.
  • Según cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda (con corte a febrero del 2023) sobre la ejecución presupuestal dejan duda de la necesidad real de más recursos.

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Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el gasto público en seguridad debe pasar por la revisión del nivel de ejecución presupuestal para determinar la hoja de ruta para tener mayor eficiencia, organizar las cuentas públicas para poder saber en qué se gasta y qué resultados se obtienen.

He sido defensora de que la seguridad necesita más presupuesto, en mi propuesta de ecosistema de seguridad resalto la necesidad de contar con tecnología de punta, inteligencia artificial, análisis de datos y trabajo en conjunto para mitigar la crisis de seguridad que vive la ciudad. Además, he destacado la importancia de planificar el gasto, punto en el que ha fracasado la administración distrital. Es inconcebible que en 2022 hayan reducido el presupuesto para este año y que en el primer trimestre hayan pedido una adición.

Concejal de Bogotá

Lucía Bastidas

Concejal de Bogotá Comunicadora Social y periodista, especializada en Alta Dirección del Estado y Resolución de Conflictos, con maestría en Ciencias Políticas, Maestría en Dirección de Empresas y MBA en Business Administration. Fue asesora de la Gobernación de Cundinamarca y de la Comisión Nacional de Televisión; coordinadora regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y directora del Instituto de Participación y Acción Comunal. Antes de llegar al Concejo, fue directora de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior.

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