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Como buenos pirómanos, a los uribistas y a la derecha dura les gusta jugar con candela. Pero esta vez “se están pasando de piña”, como se dice popularmente en el Caribe. Porque está bien que se comporten como fuerzas opositoras y ejerzan los derechos y reclamen las garantías que tal condición merece en toda democracia. Lo que no es aceptable es que la oposición se utilice para desplegar una estrategia de bloqueo institucional como la que pretenden adelantar actualmente en el Congreso de la República.

En gracia de discusión, podríamos considerar legítimo que se hayan plantado, desde el inicio del gobierno Petro, como expresiones políticas contrarias a las reformas que por décadas fueron reclamadas por amplios sectores de la población y por regiones históricamente excluidas, expresadas más recientemente en el paro nacional del 2019 y el estallido social del 2021 y recogidas en el programa del Gobierno del Cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida aprobado mayoritariamente en el Congreso. Podríamos aceptar el triunfo de estas fuerzas y los intereses privados y corporativistas que representan, con el hundimiento de la reforma a la salud, aunque hay quienes la consideran una victoria pírrica toda vez que al negarse a una concertación con el gobierno alrededor de la ponencia alternativa, justificaron el uso de las amplias facultades de las que goza el ejecutivo para reformar por decreto el sistema de salud.

Ahora, ante la posibilidad de que se apruebe en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes una necesaria reforma pensional que goza de un amplio consenso en la sociedad y en el Congreso, que se apruebe un compromiso histórico con el campesinado consignado en el Acuerdo de Paz con la ley estatutaria de Jurisdicción Agraria, que se avance en el Congreso de la República en la creación de Ecominerales como empresa pública para entregarle al Estado la renta de la explotación minera y garantice una actividad minera compatible con las exigencias de la crisis climática, que se apruebe una urgente ampliación del cupo de endeudamiento, o que se eleve la educación a derecho fundamental; los áulicos de Uribe, Vargas Lleras, Pastrana y Cesar Gaviria han mostrado de nuevo las uñas.

Han radicado una avalancha de mociones de censura a cinco ministros del gabinete en la Cámara con el propósito de que el tiempo restante de la legislatura, hasta el 20 de junio, solo se ocupe de los debates que han solicitado. Ellos saben que no existe ninguna posibilidad numérica ni hay méritos o argumentos para tumbar al mismo tiempo a los Ministros de Salud, Minas, Igualdad, Interior y Defensa. Pero esta ráfaga, sin antecedentes en la historia reciente del Congreso, si prosperase les permitiría atravesarse como vaca muerta en el camino de reformas a punto de convertirse en leyes de la república.

Como si fuera poco, el Centro Democrático instauró con pocas probabilidades de éxito ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, una acción popular que busca, aprovechando oportunistamente el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la suspensión inmediata del trámite legislativo de las reformas sociales presentadas por el Gobierno a consideración del Congreso. Olvidan que la acción popular no es un instrumento de oposición, sino más bien una acción constitucional dispuesta en el artículo 88 de la Constitución como mecanismo de protección de derechos colectivos. Olvidan que su jefe vitalicio Uribe Vélez siendo presidente de la Republica en el 2006, cuando sus congresistas comparecían ante la Corte Suprema de Justicia por la parapolítica, les suplicaba “que mientras no estén en la cárcel, voten”.

Esta misma derecha que bloquea institucionalmente al Gobierno en el Congreso, meten terror con una posible Constituyente que el propio presidente por fortuna acaba de desestimar. Esta misma derecha sabrá que en los regímenes parlamentarios estos bloqueos se resuelven con mecanismos excepcionales como la anticipación de elecciones generales. Y esta misma derecha está en serio riesgo de que jugar con candela los llevaría a una nueva quemada en el 2026.

Antonio Sanguino

Antonio Sanguino

senadorsanguino@gmail.com
Fue Jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Senador de la República, Concejal de Bogotá por tres periodos consecutivos, Director Ejecutivo de la Corporación Nuevo Arcoíris y actual Directivo Nacional del Partido Alianza Verde. Es Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, (España), Magíster en Administración y Planificación de Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y Sociólogo de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga.

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