Presidente salve a las Epas Colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia es una empresaria de keratinas y peluquerías con activos por 13.252 millones de pesos, igualmente es una muy reconocida influencer creadora de contenido para redes sociales digitales que se dio a conocer durante el mundial de fútbol de 2014, y hoy en día cuenta con más de 5,2 millones de seguidores en Instagram, donde tan solo una publicación registra 10,8 millones de vistas y no es para menos, pues fue el nacimiento de su hija, que tiene 9 meses y fue concebida por fertilización in vitro.

En el año 2019 se popularizó por salir a protestar en los desórdenes del recordado “estallido social” que fue apoyado activamente por el entonces senador de la República Gustavo Bolívar. Epa Colombia sobresalió como activista que empleó la gran potencia del alcance de sus redes sociales compartiendo videos donde ella misma destruía lectores de tarjetas TuLlave en la estación Molinos del sistema Transmilenio, con el propósito de viralizar el descontento.

Posteriormente fue procesada y condenada por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Recibió una pena de cinco años y dos meses de prisión, sin beneficios legales, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia debido a los daños que causó a una estación de Transmilenio durante el estallido social. La influencer reconoció su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al sistema de transporte público, pero no le fue suficiente con indemnizaciones para resarcir el daño debido a la indilgada zozobra del delito de “terrorismo”, el cual es de conocimiento de los Jueces Especializados del Circuito según lo establece el Código de Procedimiento Penal.

El debate lo suscitó el presidente de la república siguiendo la propuesta de la influencer quien manifestó que quería salir a ver a su hija. Pero la decisión presidencial fue más allá y ordenó a suministra de justicia que aplicara la Ley 2292 de 2023. Este dijo en su cuenta de “X” que esta mujer debía salir diariamente de la cárcel por «ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de justicia Néstor Osuna”.

El presidente debe ser consciente que la Ley 2292 de 2023 contempla medidas de sustitución de prisión para madres cabeza de familia sentenciadas, permitiéndoles redimir sus condenas mediante actividades de educación, trabajo y enseñanza. Sin embargo, solo aplica para delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, y no hace referencia a los delitos de terrorismo por acciones propias de manifestantes del estallido social que configuran delitos de competencia de los jueces penales del circuito. Así las cosas, el debate debe girar en torno a la política criminal sobre los delitos de naturaleza de terrorismo, toda vez que una cosa es la instigación para delinquir mediante incitación o promoción de un determinado delito que está penado con una multa, y otra cosa distinta es cometer delitos de daño en bien ajeno dentro de las protestas que está castigado con prisión.

La discusión está servida con este caso taquillero, y le corresponde al gobierno presentar un debate serio ante el congreso sobre la reforma progresista de la justicia en materia de política criminal que determine si todas las “Epas Colombia”, de derecha o izquierda presentes en las manifestaciones del país, deben ser tratadas como terroristas por cometer daños a la infraestructura, en la medida que el código penal determina el terrorismo como aquel que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos.

Ojalá veamos un debate serio que ayude a salvar a las Epas Colombia.

Luis Fernando Ulloa