A finales de enero de 2025, la Comisión Europea publicaba el documento A Competitiveness Compass for the EU. Con esta publicación, la Unión Europea ponía en marcha una nueva hoja de ruta para impulsar la competitividad y la prosperidad sostenibles en todo su territorio.

Entre los aspectos más destacados de este documento , la Comisión plantea tres ejes para reforzar la competitividad en la próxima década:

1. Cerrar la brecha de innovación, fomentando la colaboración entre universidades y empresas, la financiación ágil para start-ups y scale-ups, así como la implantación de tecnologías avanzadas que consoliden el liderazgo de Europa en IA, semiconductores, computación cuántica y otras áreas punteras.
2. Una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad, donde la transición ecológica y la industria limpia se perciben como motores de crecimiento, con acciones clave para abaratar la energía, promover los mercados de productos bajos en carbono e impulsar la economía circular.
3. Reducir las dependencias excesivas y reforzar la seguridad, apostando por la diversificación de las cadenas de suministro, la mitigación de riesgos en materias primas y componentes críticos, el uso de instrumentos de defensa comercial y la inversión en innovación para la autonomía estratégica de la UE.

Hoy, un mes después de la publicación del documento, la Comisión, en su esfuerzo por fortalecer la competitividad de las empresas del bloque, ha adoptado una serie de propuestas encaminadas a reducir las cargas regulatorias y mejorar el acceso a financiamiento sostenible. Estas recomendaciones han sido la base para la reciente revisión de la normativa de sostenibilidad, buscando equilibrar las obligaciones empresariales con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

La reciente propuesta de la Comisión introduce cambios clave en la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). A primera vista, esta iniciativa busca simplificar y hacer más accesibles estas regulaciones, pero es crucial analizar su impacto real en las empresas europeas y, de manera indirecta, en aquellas de América Latina con vínculos comerciales con el bloque.

Menos empresas obligadas a reportar sostenibilidad

Uno de los cambios más notables es la reducción del número de empresas sujetas a la CSRD. Se estima que alrededor del 80% de las empresas quedarán fuera del alcance de esta normativa, limitando la obligación de reportar a las grandes compañías con mayor impacto ambiental y social. Aunque esta medida puede aliviar la carga administrativa para muchas PYMEs, también genera interrogantes sobre la transparencia y la calidad de la información disponible para inversionistas y consumidores.

El aplazamiento de los plazos de cumplimiento hasta 2028 y la flexibilización en el uso de la Taxonomía de la UE para reportar actividades parcialmente alineadas con criterios de sostenibilidad pueden interpretarse como una concesión a las empresas que aún enfrentan dificultades en su transición ecológica. Sin embargo, este enfoque podría ralentizar la presión para acelerar la transformación sostenible del sector privado.

Menos exigencias en la diligencia debida: ¿avance o riesgo?

En cuanto a la CSDDD, los cambios propuestos alivian significativamente la carga para las empresas. La frecuencia de monitoreo de la cadena de valor se reduce de anual a cada cinco años, lo que, si bien disminuye costos y complejidad, también puede debilitar la capacidad de las empresas para identificar y mitigar riesgos ambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro.

Para empresas latinoamericanas que exportan a la UE, esta modificación podría significar menos presión inmediata para cumplir con estándares europeos. Sin embargo, en el largo plazo, podría afectar su competitividad si otras economías avanzadas, como EE.UU. o China, imponen estándares más estrictos y las empresas europeas se quedan rezagadas en términos de sostenibilidad.

El impacto del CBAM en América Latina

La simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) es otro cambio clave. Se exime a pequeños importadores (menos de 50 toneladas anuales) y se facilitan los cálculos de emisiones. Aunque esto reduce barreras para algunas PYMEs, la esencia del CBAM se mantiene: las empresas fuera de la UE que exportan productos con alto contenido de carbono seguirán enfrentando costos adicionales si sus países de origen no adoptan medidas equivalentes a las europeas.

Para América Latina, esto significa que sectores como el acero, el cemento y la minería deben adaptarse a estándares de reducción de emisiones si quieren mantener su acceso competitivo al mercado europeo. La simplificación de procesos puede facilitar el cumplimiento, pero no elimina la necesidad de una estrategia de descarbonización para exportadores de la región.

¿Oportunidad o amenaza para América Latina?

La flexibilización de los requisitos de sostenibilidad en la UE puede interpretarse como una oportunidad para empresas latinoamericanas que aún no cumplen plenamente con estos estándares, dándoles más tiempo para adaptarse. Sin embargo, también puede representar un riesgo si la UE pierde liderazgo en sostenibilidad y deja espacio para que otras economías impongan regulaciones más estrictas.

En este contexto, las empresas de América Latina deben anticiparse a posibles cambios regulatorios y continuar con sus esfuerzos de sostenibilidad. La transición ecológica no es solo un requisito normativo, sino una ventaja competitiva en un mundo donde inversionistas y consumidores valoran cada vez más las prácticas empresariales responsables.

En definitiva, la simplificación de las regulaciones de sostenibilidad en la UE es un arma de doble filo: alivia costos para las empresas en el corto plazo, pero puede comprometer la ambición climática y la transparencia en el largo plazo. Para América Latina, representa tanto un alivio como un llamado a no depender exclusivamente de los cambios regulatorios europeos para impulsar su propio camino hacia la sostenibilidad.

Raúl Arce