Hasta el próximo 17 de abril se sabrá la sentencia impuesta por la Corte Suprema de Justicia a María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por cuenta de su responsabilidad en las interceptaciones y seguimientos ilegales a opositores y magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Durante de una extensa sesión en la Corte Suprema de Justicia, las defensas de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y de Bernardo Moreno, exsecretario privado de la Presidencia, pudieron hacer frente a los pedidos de pena de la Fiscalía General de la Nación.

Para Hurtado, el ente acusador solicitó 20 años de cárcel y 66 millones de pesos de multa. Para el caso de Moreno se pidieron 10 años de prisión, que podría ser pagada bajo la modalidad de casa por cárcel de acuerdo a la solicitud del abogado defensor Jaime Granados, y 25 millones de pesos de multa.

Por su parte la defensa de Hurtado, quien no asistió a la audiencia, dijo que la apoderada no estaba en capacidad de cubrir el monto de la multa sugerida.

La enunciación de la sentencia se hará el próximo 17 de abril a las 8:30 am. Mientras tanto Hurtado seguirá detenida en el bunker de la Fiscalía y Moreno seguirá en libertad.

El delito por el que la Fiscalía solicitó la pena para Hurtado es concierto para delinquir con agravante de pertenecer a un grupo de seguridad del Estado. En un principio el apoderado de las víctimas, Hugo Quintero, pidió para Hurtado y Moreno 30 y 12 años de prisión, respectivamente.

En la audiencia, que terminó pasadas las 4 de la tarde, estuvo presente el excandidato presidencial y exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Vale mencionar que Zuluaga se encuentra indagado por la misma Fiscalía General por su presunta responsabilidad en las interceptaciones ilegales a miembros de las comisiones negociadoras de paz en La Habana, Cuba.

El proceso que se sigue contra Hurtado y Moreno se conoce como “chuzadas del Das” y fue una operación ilegal en la que ese ente de inteligencia espió ilegalmente a opositores políticos y periodistas críticos de la gestión del entonces presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento la justicia no ha podido establecer la responsabilidad superior en este caso, es decir quién ordenaba las acciones ilegales, siendo que el DAS dependía directamente de la Presidencia de la República.