Los recientes hechos en los que se vio involucrado el arquitecto Rafael Uribe Noguera, por la violación y asesinato de Yuliana Andrea Samboní, una pequeña de 7 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue encontrado yaciendo en un apartamento al nororiente de la capital del país, al parecer, de propiedad del sospechoso, han generado sentimientos de indignación, rechazo y exaltación en todo el territorio nacional, al punto de haber reactivado seriamente debates sobre temas jurídicos como la cadena perpetua o hasta la misma pena capital.
Voces institucionales tan importantes como la del Alcalde Enrique Peñalosa o la de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, han salido a la palestra para convalidar el masivo sentimiento de los ciudadanos que, casi de manera unánime a través de redes sociales y en las calles, exigen ampliar las penas para castigar severamente a los perpetradores de estos crímenes. Mientras que otras voces igual de importantes, como la de Yesid Reyes, ex ministro del gabinete de justicia de Juan Manuel Santos, han catalogado estas declaraciones como simple “populismo punitivo”.
Populismo o no, la realidad del país en materia judicial es, por decir lo menos, aterradora. Quizás la solución no sea irse a los extremos improbables y/o perjudiciales como revocar la tradición judicial colombiana que distingue al Estado como garante de la vida y no dueño de ella, y que desde el año 1903 prohíbe la pena de muerte -por ejemplo- o, como en algunas partes, acudir a la justicia por mano propia; lo cierto es que la frustración que experimenta el ciudadano común frente a la rampante impunidad es inmensa.
Muy a pesar de los evidentes avances que ha tenido este país en temas de reducción de la violencia (que ha sido casi del 50% entre 2002 y 2015), la magnitud de la impunidad en temas de homicidio sigue siendo impresionante. De acuerdo con estadísticas oficiales de la Policía Nacional, sólo 2 de cada 10 casos de asesinatos llegan a ser exitosamente judicializados. Lo que confirma un reciente estudio realizado por varias organizaciones académicas en América Latina y en el que Colombia presenta un índice de 75.6 puntos sobre 100 comparado con otras 59 naciones, ubicándose como el 3 país con mayor impunidad en el mundo.
Ahora bien, el peligro que representa el mensaje de la impunidad en un país en el que el que el rol de la mujer es menospreciado, maltratado y pisoteado constantemente, es contundente y se vuelve un caldo de cultivo para que proliferen los actos de violencia de género.
La reconocida abogada y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, Mónica Roa, conversó con Confidencial Colombia sobre el tema de la impunidad que genera ampolla en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en la ciudadanía, y que deslegitima el monopolio de la administración de justicia por parte del Estado.
Roa reconoce que la justicia no está funcionando para estos casos, pero que el país posee penas altamente estrictas y por eso se pregunta “¿Cuántas veces hemos cambiado las leyes para hacer más gravosas las penas por violencia contra la mujer o violencia sexual? Las penas pueden seguir incrementando, porque subiendo penas somos exitosos, pero la pregunta es ¿se está logrando el objetivo último?”.
Afirma también que desde que se creó el tipo penal de feminicidio las condenas en por esos delitos han sido paupérrimas y no está siendo útil para acabar con el problema porque el país no tiene una política criminal que ataque la raíz de dicha situación. “En el país se violan al día 21 niñas entre los 10 y los 14 años ¿Dónde están todos los procesos penales en contra de esos hechos? La presión social debe encaminarse a pedir que la justicia funcione y, obviamente, hay que trabajar en función del tema de prevención y transformación social”.
Mónica Roa asegura, además, que el país pareciera necesitar que se causen este tipo de casos tan atroces para que se reaccione enérgicamente como colectivo y se evidencien las cifras que crecen escandalosamente. “No hay condenas, la justicia no funciona y tampoco hay política criminal para determinar cuáles son las causas de los problemas (…) se necesita una combinación de todo: que haya justicia sin impunidad para mandar un mensaje que este tipo de delitos se pagan con unas penas fuertes, pero también hay que empezar a trabajar el cambio cultural”.
Advierte que siempre la estrategia para evitar las condenas por feminicido ha sido alegar la inimputabilidad del victimario, que supone en él la capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible colocar en sus manos las consecuencias de su acto. Y finaliza con una reflexión sobre las cientos de mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia de género pero que nadie conoce diciendo que en el caso de Yuliana “la justicia funcionará sólo porque sucedió en Chapinero Alto y porque se logró revolucionar la conciencia de la sociedad pues ocurrió en el corazón de un barrio donde viven muchas personas de la élite en Colombia”.
