En un oficio dirigido al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó su preocupación frente a la Ley de Jubileo que radicaron en el Congreso los parlamentarios Roy Barreras y Armando Benedetti, de acuerdo con el jefe del ente investigador, de aprobarse dicha ley, condenados por temas corrupción como en el caso de Odebrecht podrían quedar en libertad.
A pocas horas ser radicada en el Congreso, la Ley de Jubileo presentada por varios senadores del Partido de la U y que tiene como objeto rebajar el porcentaje de las penas en algunos casos y en otros excarcelar a varios cientos de presos para descongestionar los penales, ya causa polémica.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advierte en un oficio dirigido al Ministro de Justicia que se opondrá con todos los argumentos a los proyectos de jubileo y rebaja de penas por “razones humanitarias” que presentaron esta semana en el Congreso.
“La Fiscalía ha venido expresando su preocupación por las iniciativas legislativas que, en medio de la crisis penitenciaria, buscan el otorgamiento de beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria sin reparar en sus consecuencias, desde la perspectiva del mantenimiento del orden y la protección de la vida y los bienes ciudadanos” señala el oficio.
Entre los puntos citados, el fiscal refiere que con el proyecto “se establece que para poder legalizar las capturas los jueces de garantías deben verificar la existencia de cupos carcelario que garanticen condiciones dignas de reclusión. Más allá de los plausibles fines que inspiran esta iniciativa, es evidente que hará más compleja la tarea de la Policía y de la Fiscalía en la lucha contra el delito”.
Aún más señala el fiscal que por ejemplo, en el proyecto 215 de 2017, “no solamente se dispone una rebaja de una sexta parte de las penas, sin fundamento teórico y empírico alguno, sino que se llega al insólito extremo de decretar la libertad de delincuentes de todos los niveles”.
“Su gestores estiman que quedarían en libertad 40 mil presos” y se llegaría “al extremo que la propuesta beneficiaría a personas sindicadas de delitos de corrupción, al punto que su aprobación implicaría la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de Odebrecht y un retroceso enorme en los esfuerzos que adelanta la sociedad para recuperar la ética pública”.
Tras conocerse el oficio enviado por el fiscal general,los responsables del proyecto afirmaron que el Jefe del ente acusador no ha entendido de qué se trata realmente la iniciativa.
“Por supuesto que no estará incluido ninguno de esos delitos que ofenden lo más profundo de la sociedad colombiana: ni la corrupción administrativa, ni los delitos sexuales. El escándalo de Odebrecht es un escándalo gigantesco que por supuesto no puede recibir esos beneficios”, afirmó el senador Roy Barreras.