La Corporación Cívica de Caldas emitió un comunicado en la tarde del martes pasado en el que sugiere que la administración de Manizales “revise” el uso del suelo que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad le daría a parte de la actual zona industrial.
Para la ANDI esta decisión del uso mixto del suelo en la zona, “afectaría el desarrollo industrial y por ende la competitividad en el departamento”.
Bruce Mac Master, vocero de los industriales en Colombia insiste en que desde hace varias décadas la Zona Industrial de Maltería es el polo de desarrollo industrial y económico de Manizales.
Ésta “Cuenta 68 empresas en industrias medianas, pesadas y especiales que gozan de condiciones exclusivas, debido al desarrollo que traen”, sostuvo.
Esta decisión puede obstaculizar los planes de expansión de esta zona que se prevén en al menos 226.650 metros cuadrados, cuya inversión se acerca a $371.600 millones, lo que equivaldría al 3,2% del PIB del departamento. Adicionalmente, se generarían alrededor de 3.000 nuevos empleos directos.
Ante este panorama, el desarrollo de vivienda “sería incompatible, debido a que no se ofrecerían condiciones propicias para la vida de las personas, y se generaría un conflicto entre los habitantes de la zona y la industria del sector”, agregó Mac Master.
Recientemente la Universidad de Caldas realizó un estudio sobre este tema y concluyó que hay una importante necesidad de delimitar una “Franja de Amortiguación” que establezca una clara separación entre la zona para desarrollo industrial y la de establecimiento y densificación de vivienda.
No obstante, también hay defensores de que el suelo de esta zona sea de uso mixto. El concejal César Díaz Zapata, de la bancada de la Alcaldía, asegura que ese cambio es “la única forma de garantizar” que Manizales y Caldas recuperen la inversión que hicieron en la Zona Franca Andina, que está en liquidación.
El cabildante liberal publicó un tuit en el que afirma que la medida sería la “salvación” de este negocio para evitar que los bancos de segundo piso del municipio y el departamento incurran en detrimento patrimonial. Así lo habían acordado, según él, la Alcaldía y la Gobernación con los gremios.
