Amnistía Internacional resaltó el acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno como uno de los hechos más relevantes en materia de derechos humanos en 2016 en el mundo entero. Sin embargo, expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos que se seguían cometiendo en el país, incluidas las privaciones arbitrarias de la vida, las desapariciones forzadas, la tortura y la persistencia de la impunidad. Asimismo, expresó preocupación por los abusos cometidos por “grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares” y por las denuncias de connivencia entre algunos de estos grupos y agentes estatales.
De acuerdo con el organismo internacional, El ELN y las FARC siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos, aunque los casos atribuibles a las FARC disminuyeron con el avance del proceso de paz.
Por su parte, sobre el fenómeno del paramilitarismo advierte que, “seguían operando pese a su supuesta desmovilización 10 años antes. Ya actuaran solos o en connivencia con agentes del Estado, fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y amenazas de muerte”.
En el informe, sorprende una grave denuncia de un posible caso de “falso positivo” por parte de las fuerzas armadas. El relato cita que en hechos ocurridos el 29 de febrero, soldados del ejército mataron al campesino Gilberto de Jesús Quintero en la vereda de Tesorito, municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. En un primer momento, el ejército afirmó que se trataba de un guerrillero del ELN muerto en combate. Sin embargo, varios testigos sostenían haber visto a los soldados intentar vestir el cadáver con uniforme militar de combate, y el ejército afirmó posteriormente que el homicidio había sido un error militar.
Amnistía Internacional resaltó que las investigaciones penales sobre las ejecuciones extrajudiciales que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad avanzaron con lentitud. Un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicado en noviembre afirmaba que, hasta julio, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 4.190 ejecuciones extrajudiciales. Hasta febrero se habían dictado un total de 961 sentencias condenatorias, de las que sólo unas pocas implicaban a oficiales de alto rango.
Finalmente advierte que aunque la reducción de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y las FARC durante el año dio lugar a una fuerte disminución de la violencia relacionada con el combate que afectaba a la población civil. No obstante, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, particularmente las que habitaban en zonas de interés para los sectores agroindustrial, minero y de infraestructuras, continuaban haciendo frente a abusos y violaciones de derechos humanos.
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— amnistia . ong (@amnistia) 23 de febrero de 2017
