Si las víctimas del conflicto armado tienen la posibilidad legal de reclamar algo de lo que perdieron por causa de la guerra y comenzar de nuevo, para sus victimarios también hay una segunda oportunidad. Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reintegración, nos habló sobre la difícil tarea de reincorporar a la sociedad a miles de personas desmovilizadas y los retos que se avecinan de cara a un escenario de posconflicto. Un desmovilizado le cuesta al año 5 millones 800 mil pesos al Estado.
Cifras de la Agencia para la Reintegración señalan que entre 2013 y 2015 han ingresado al programa de manera voluntaria, 48.814 (de 57.765) desmovilizados de diferentes grupos armados ilegales como paramilitares o guerrilleros de las FARC o del ELN.
Según estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FLIP) y la universidad de Columbia hasta el 2014, el 76 por ciento de los participantes en el proceso de reintegración se mantienen en la legalidad. Unas estadísticas que muestran la magnitud del reto que tiene en sus manos Joshua Mitrotti, el hombre encargado en Colombia de hacer que este programa de reinserción funcione.
Mitrotti explica que ha sido una experiencia de 13 años, donde la entidad ha venido madurando en los procesos. La agencia inició en el Ministerio del Interior en el marco del programa de reincorporación con un modelo asistencialista, sin embrago, con el paso del tiempo ésta ha ido ampliando su oferta social para la trasformación de habilidades y competencias de los desmovilizados.
Confidencial Colombia: ¿Cuándo empezó a cambiar?
Joshua Mitrotti: En el año 2006 el programa empezó a mostrar unos retos importantes de cara a el último empujón de la desmovilización paramilitar. Desde entonces, rescatamos el modelo de los 90 que se implementó para las guerrillas, particularmente, del M- 19, el EPL y el Quintín Lame. Es decir, en un modelo de largo aliento que permitiera transformar habilidades y competencias; sin tiempo y sin límites definidos. En el 2009 se empezó hacer una evaluación profunda de la política y a encontrar desafíos.
La idea de pasar de un modelo asistencialista con límite a un modelo sin límite, fue porque nos dimos cuenta que solamente dando plata, no se transformaba habilidades y competencias. Empezamos a entender a las personas. En el 2010, ésta ya era una política con cuatro elementos centrales: la atención psicosocial, el acompañamiento para la estabilización personal de la persona, de la familia y la comunitaria; el ejercicio de alfabetización y de formación del trabajo ya sea en lo técnico o lo tecnológico. Y finalmente, un enfoque de reconciliación.
C.C: ¿La política está hecha para todas las personas desmovilizadas sin importar el origen del grupo armado o hay un proceso diferenciado?
J.M: El 51% de las personas que atendemos son exguerrilleros, el 49% son paramilitares. ¿Cuál es la diferencia entre un guerrillero, un paramilitar, un pandillero o un soldado?, es el mismo origen. Un ciudadano pobre, vulnerable, con pocas oportunidades, derivado de comunidades aisladas en condición de pobreza extrema. Eso son nuestros hombres en la guerra. Lo que hemos logrado más allá de un enfoque de guerrillero – paramilitar, es un enfoque para atender a jóvenes menores de 40 años, porque el 80 por ciento de nuestra población que atendemos hoy es menor de 40 años. Nuestro modelo es para superar condiciones de vulnerabilidad derivadas del contexto de violencia o de ilegalidad.
Es decir, el modelo de resocialización de la agencia hoy sirve para las FARC, el ELN o para exparamilitares, pero también podría servir perfectamente para combos, pandillas o barcrim. Todos llegan al mismo modelo. Se encuentran desde el día cero, al final terminan siendo amigos, compartiendo carencias y construyendo familias entre ellos.
C.C: ¿Incluso viniendo de ideologías diferentes?
J.M: Pues son personas afectadas por la guerra, con eso no quiere decir que no haya diferencias entre las guerrillas y los paramilitares. Claro que las hay. Pero el origen de ese combatiente es una persona afectada por el conflicto; es una persona que aprendió a utilizar la violencia como medio de relación y de supervivencia. Con eso, bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que el fenómeno del paramilitarismo tenga las mismas características que el fenómeno de las guerrillas.
Por ejemplo, una de las diferencias es que a la gente de las FARC y ELN en ningún caso se les paga. Un combatiente raso de las FARC no recibe salario. En algunas estructuras del paramilitarismo, no en todas, si podían recibir salarios.
C.C: ¿Por qué?
J.M: Porque eso dependía de las rentas, porque había un enfoque más mercenario, de prestar servicios; en la guerrilla es un tema más ideológico, es un tema de -cómo te adoctrino para que seas un soldado del pueblo-.
C.C: ¿Cuál es el proceso de un desmovilizado cuando llega a la agencia?
J.M: Hay algo que se llama el desarme, la desmovilización y la reintegración. En la agencia no nos encargamos del desarme ni de la desmovilización, nos encargamos de la reintegración. Nosotros debemos tener la certificación que acredite al individuo como desmovilizado. Cuando esa persona ingresa a la agencia recibe un menaje inicial para los dos primeros meses, que le permita ir a un municipio o a donde él quiera vivir. Después ellos se presentan en las oficinas regionales, hay 34 oficinas en todo el territorio nacional. Allí se empieza a construir unas líneas para poder entender cuáles son las carencias de ese individuo o de ese núcleo familiar que vamos a acompañar. Una vez hecho esto, empezamos a concertar con la persona las diferentes alternativas que hay en el proceso de reintegración.
C.C: ¿Cuántas personas no han completado el proceso y por qué?
J.M: Primero que todo, hay 10 mil personas que nunca se presentaron; durante los años 2003 – 2006 sus compromisos eran de 18 meses para las desmovilizaciones colectivas o 24 para las individuales, muchos de ellos cumplieron con esos requisitos, pero muchos cuando ampliamos el espacio desde el 2007, dijeron “a nosotros ya no nos interesa ir”. Por otro lado, hay muchos desmovilizados que producto de la estigmatización, del rechazo dicen: “yo prefieren irme a reintegrar solito y que nadie sepa que yo soy desmovilizado” u otros por temas de empleo dicen no tener tiempo para seguir con el proceso y deciden no volverse a presentar. Con eso no quiero decir que con los que no están hayan reincidido.
C.C: ¿Pero algunos han reincidido?
J.M: Han reincidido. Más o menos se calcula en un 11 por ciento de reincidencia probada, es decir aquellos que fueron capturados en flagrancia.
C.C: ¿Cuánto le cuesta al Estado el proceso de reinserción de una persona desmovilizada?
J.M: 5 millones 800 mil pesos cuesta el proceso reintegración con todos los fierros al año. Un modelo carcelario en Colombia le cuesta al Estado aproximadamente 18 millones de pesos. Tasa de éxito de las personas que han ingresado es del 76 por ciento, es decir aquellos que están comprometidos con la legalidad. La cárcel solo tiene éxito el 30 por ciento.
C.C: ¿Cómo es el trabajo de la agencia con la sociedad para que acepten a las personas que dejan la guerra voluntariamente?
J.M: Hemos venido evolucionando. Este tema ha sido uno de los mayores aprendizajes. Cuando Frank Pearl estaba a cargo en el 2007, él empezó a tocar las puertas del empresariado. Muchos de ellos le volteaban la espalda al proceso, pero producto del esfuerzo y de la generosidad de algunas empresas como el Éxito, Sodexo, Coca- Cola, que fueron como las primeras que empezaron acompañar el proceso, hoy tenemos más 650 compañías vinculadas directamente con la política de reintegración. Hoy es mucho más fácil trabajar con las organizaciones de víctimas. En muchos lugares de Colombia los desmovilizados están conviviendo con las víctimas.
C.C: ¿Cómo se están preparando para un posible escenario de posacuerdo?
J.M: En el marco del acuerdo y las reglas generales de las conversaciones de paz hay una premisa fundamental y es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, y eso es bien complicado, porque se pueden tener cuatro puntos acordados, pero puede que al final no se firma la paz.
Por otro lado, nosotros desde la agencia, tenemos claro que en La Habana no se está negociando la rendición de las FARC, se está negociando una salida política para ponerle fin a 50 años de conflicto armado. Esto implica que tiene que ser un acuerdo entre las partes en todos los puntos, teniendo en cuenta esto, el tema de la reincorporación no se ha empezado a abordar, pero nosotros desde hace tres años cuando empezó el diálogo público venimos desarrollando modelos para entender los cuatro puntos acordados, para empezar a generar proyectos pilotos y así generar capacidad territorial. Lo que estamos haciendo es innovar y ponernos a tono con lo que pueden ser los acuerdos y sobre todo asegurarle al país que como institucionalidad estamos preparados.
