El próximo 18 de septiembre a las 11 de la mañana se cumpliría el plazo de una de las amenazas de las Águilas Negras a más de 80 defensores de derechos humanos que fueron intimidados vía correo electrónico. Luis Alfonso Castillo, quien encabeza la lista de amenazados, habló con Confidencial Colombia sobre las amenazas y las escasas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional.
Luis Alfonso Castillo de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria y del Movice es quien encabeza la lista de más de 80 amenazados, por parte de las Águilas Negras, que la semana anterior hiciera pública la Alta Consejera Distrital para los Derechos Humanos de las Víctimas, Ana Teresa Bernal.
Castillo lleva más de 25 años trabajando en la defensa de los derechos humanos desde que colaborara en Cali con la Alcaldía, en un programa de Sepaz promocionando derechos humanos y protegiendo muchachos en situación de riesgo. Desde hace 14 años tuvo que desplazarse a Bogotá, por amenazas debidas a su trabajo en Cali, y se vinculó directamente con el tema de desplazamiento. En ese escenario es que aparece la amenaza del grupo armado ilegal que quiere amedrentarlo.
¿Cuál es su situación en el caso específico de las amenazas de las Águilas Negras?
Infortunadamente encabezo esa lista. Esto lo he valorado como una de esas acciones que se han venido desarrollando en los últimos meses y que consideramos como sabotaje a todo este ambiente que se necesita crear en todo el país alrededor de la paz. Agrupar a estos 90 defensores y defensoras es una cuestión escandalosa que busca mandar un mensaje, quizá no tanto a los propios defensores amenazados como si a la sociedad, diciéndoles que “nos podemos meter con los defensores y no nos importa”. Creo que esto demuestra el fortalecimiento de la ultraderecha en Colombia. Allí situamos el origen y la responsabilidad de esa amenaza.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno nacional para proteger a quienes están en esa lista?
Lo único que hemos conocido es el mensaje de Twitter de la Unidad Nacional de Protección, en el que se ponía a disposición una línea telefónica. Hasta ahora ningún funcionario del Gobierno Nacional nos ha contactado, máxime cuando algunos somos personas reconocidas y localizables. Una persona me comentó que llamó a esa línea telefónica habilitada para atender a los amenazados; esa persona me comenta que contesta una persona que no tiene idea de qué hacer o cómo proceder. Lo que hace es recitar un protocolo sobre la presentación de dos papeles o más para ver qué pasa con las medidas de protección.
Además de esa amenaza en ese correo electrónico ¿ha habido otra acción amenazante como seguimientos o nuevos hostigamientos?
El mismo día 9 de septiembre a las 5 de la tarde, desde la misma cuenta de correo de la que se envío la amenaza, llegó un nuevo correo electrónico amenazante para una de las personas que está en la lista, Virgilina Chará. Se envió un sufragio concreto que plantea que el día 18 de septiembre a las 11 de la mañana va a ser asesinada.
¿Qué medidas han tomado ustedes ante esta situación?
Hemos planteado a quienes están en la lista que eleven sus medidas de autoprotección, no podemos hacer algo distinto. Y por otro lado vamos a continuar haciendo lo que siempre hemos hecho; seguir trabajando a favor de la paz y los derechos humanos. Ya estuvimos en la Fiscalía General de la Nación suscribiendo una demanda colectiva presentada por 35 o 40 personas que estamos en esa lista. Además, hemos solicitado una entrevista con el Presidente de la República. Vamos a ver qué atención le prestan a esto. Sin embargo, no vamos a dejar de trabajar en defensa de los derechos humanos.
¿Cómo se puede caracterizar el grupo de amenazados?
En general este grupo de personas amenazadas corresponde a defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto. Una gran parte de ellos no están tan activos hoy en día como si lo estuvieron hace cuatro años. La mayoría de los integrantes de la lista han estado vinculados a un proceso que se lleva a partir de Viva la Ciudadanía, en un programa que se llama Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales; no es la misma mesa institucional de víctimas. Este es un proceso que viene llevándose a cabo desde hace siete años, trabajando en un proceso de posicionamiento de los temas de paz y derechos humanos. Es un trabajo de toda una vida que no vamos a dejar de lado ni vamos a suspender.
