El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral responde en Confidencial Colombia a los cuestionamientos por falta de plata y de personal para el blindaje de las elecciones de octubre próximo y da un abrebocas sobre cómo deben regularse las redes sociales en campañas políticas.
Blindar por completo a un proceso electoral es prácticamente imposible y más aún cuando al organismo responsable de llevar a cabo esa tarea no le alcanza la plata. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad garante de todo lo que tiene que ver con elecciones, campañas y partidos, la falta de dinero y de una reestructuración seria le acarreó la pérdida de confianza por parte de millones de colombianos.
Muchos se preguntan sobre los efectos que producirá el déficit económico y administrativo del CNE y alertan que en la próxima jornada electoral, en la que se disputarán las alcaldías y las gobernaciones, reinarán el caos y la corrupción. Pero… ¿Qué tan cierta es esa premisa? Felipe García Echeverri, vicepresidente del CNE, responde:
“Hay periodistas, como uno de El Espectador, a los que les encantan difundir ese tipo de enunciados. Si bien no tenemos el presupuesto que habíamos pedido, tampoco estamos improvisando (…) nos sentimos preparados y seguimos trabajando para asegurar que las elecciones del 25 de octubre sean las más transparentes del país”.
Originalmente, el CNE solicitó al Ministerio de Hacienda 32 mil millones de pesos para garantizar total operatividad en el año electoral pero la cartera decidió girar solo 20 mil millones de pesos. “Es como si a usted le llegara la mitad del sueldo y luego tuviera que ver cómo repartirlo para pagar unas cuentas y no asumir otras”.
Dice el magistrado que seguramente sacrificarán parte del presupuesto destinado a financiar los Tribunales de Garantías para cubrir problemas que quedaron en veremos como el famoso ‘trasteo de votos’. Hasta la fecha ninguna investigación de este fenómeno se ha podido adelantar debido a ausencia de recursos. Vale la pena resaltar que hay rubros que por ley el CNE no puede tocar como el de los delegados de la entidad ante los escrutinios.
“Casi la mitad del presupuesto estaba pensado para cubrir los Tribunales de Garantías. Posiblemente se recorte ese rubro de manera que podamos costear otras investigaciones, incluyendo la de trashumancia de votos”.
Si esto sucede, solo quedarían cerca de 10 de los 33 tribunales que quieren instalar en todo el país, según una hipótesis de García.
Pero puede que haya luz al final del túnel. De acuerdo con el vice, el cruce de bases de datos públicas y privadas –un proyecto elaborado por el Ministerio del Interior, el CNE y la Registraduría- podría cubrir buena parte de las investigaciones. Allí también coge peso la responsabilidad que tienen los partidos políticos de avalar candidatos que no tengan vínculos con hechos ilegales.
Y, ¿qué hay de la responsabilidad que tienen los candidatos a la hora de impulsar sus campañas en Twitter o Facebook? ¿Debe regularse el uso de las redes sociales en esta materia?
García dice que sí… “las redes pueden ser una herramienta para cambiar la opinión de los consumidores, pero al no están reguladas se extingue la posibilidad de que su uso en las campañas políticas se considere ilegal”. Por eso es que hoy en día se habla de que los aspirantes pasaron de hacer campaña en las calles a hacerla en la web con la ayuda de trinos y publicaciones.
El magistrado sostiene que la idea no es prohibir el contenido que se difunde pues no habría forma legal de hacerlo, sino fomentar el “no engaño en las redes. El valor fundamental es proteger al ciudadano y esa reglamentación debe estar al servicio de la verdad”.
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