Mucha agua ha corrido debajo de los puentes de estos ríos, desde que el Estado dejó de hacer lo que había prometido. Columna de opinión de Pedro Arenas, exalcalde, excongresista y miembro del Observatorio de Cultivos Declarados ilícitos.
Mis abuelos maternos provenientes del norte del Tolima, arribaron a “los llanos” en busca de un pedazo de tierra. Puerto Limón Meta a orillas del Ariari, los acogió a finales de los años 60s. Esa era por entonces tierra de refugio del capitan Dumar Aljure y sus lugartenientes liberales despues de los alzamientos guerrilleros de la época. Mi padre, buscador de oportunidades se había enrolado por su cuenta en un bus de Berlinas para irse de Santander y luego desde Bogotá, gracias a un amigo, hasta San Martín, donde ya se trabajaba en la carretera hacia Boca de Monte, como se llamaba originalmente Granada. Mis abuelos y mi padre, años después se conocieron viviendo en Puerto Lleras. Millares de familias tienen historias similares: desposeídos de la tierra fueron a buscarla a los baldíos de la nación en el sur y oriente del pais.
Por esa época los colonos eran presionados por sus lideres políticos locales que creían que si el pueblo que fundaban llevaba el nombre de un político importante, podrían exitosamente llamar la atención del gobierno central. Sin embargo, los gobiernos solo llegaban en época de elecciones por medio de los partidos dominantes del Frente Nacional. Ellos entregaban a los electores unos sobres que contenían las papeletas por las que se debía votar. La Iglesia católica estaba presente, en buena medida reemplazando al Estado gracias a recursos que éste mismo le daba para que se encargara, especialmente, de la educación. La prefectura apostólica del Ariari y la de Mitú eran, en mucho, el único apoyo que tenían las comunidades. Ellas instalaron las primeras escuelas, internados para hijos de campesinos, colegios con vocación agropecuaria, entre muchos otras obras. Los curas comprometidos hacían gala de vocación social, atraían profesionales voluntarios, conseguían cooperación internacional, predicaban el trabajo honrado y animaban a la gente a organizarse.
Al tiempo, en esa extensa región, con geografía por descubrir, las guerrillas pasaron la cordillera oriental y se adentraron en la serranía de La Macarena y en las partes altas de los rios Guayabero, Duda, el Pato, Guejar, entre otros. Promovieron su propia colonización sobre la que se ha escrito mucho y que está atada al crecimiento de las FARC. Por otra parte, campesinos de origen andino se dedicaron a descuajar el monte y a sembrar comida. El Ariari fue y sigue siendo despensa agrícola al servicio de Villavicencio y Bogotá. En pocos años, en medio del modelo de sustitución de importaciones, y con apoyo de una institucionalidad creada para ello, creció el arroz, el sorgo, el maíz y el plátano en sus fértiles vegas. Todavía hoy las comunidades añoran los inicios del Incora, la caja agraria y el IDEMA entre otras entidades que tuvieron el propósito de evitar que la producción agrícola de los pequeños colonos cayera en manos de intermediarios, intereses privados y usureros, pero que fueron desmanteladas en medio de la apertura económica de fines de siglo.
El cultivo de la coca como materia prima para producción de cocaína, se implantó en la serranía de La Macarena a fines de los años 70s, poco después de un crash de la marihuana que había crecido también en el Ariari. El eje del Guayabero se inundó de jornaleros, campesinos quebrados, rebuscadores y desempleados de las ciudades. La coca se convirtió en alternativa económica de la colonización campesina. En 1980 un kilo de pasta base llegó a costar $1.200.000 pesos y los precios de la canasta familiar subieron de forma exorbitante. Pero en 1985 un kilo de dicha pasta sólo se pagaba a $80.000 debido a que los grandes narcos habían recogido su dinero luego de la muerte del Ministro de Justicia Rodrigo Lara, la destrucción del gigantesco laboratorio “tranquilandia” y la guerra declarada por el gobierno nacional. La región sufrió la vulnerabilidad producida por la monodependencia de la economía ilegal, muchos abandonaron sus cultivos y las puntas de colonización se frenaron.
Aprovechando la Tregua de la Uribe los colonos se organizaron para reclamar la presencia del Estado, incluso dn materia de seguridad y justicia. En medio del surgimiento de la Unión Patriótica se desarrollaron marchas y protestas que culminaron en acuerdos con delegados del alto Gobierno. Por ejemplo, la marcha que se tomó el centro urbano de La Macarena reinvindicó carreteras, salud, educación, apoyo al agro y respeto a los derechos humanos. Pero tambien le dijo al Estado que su colonización dependía de la coca y que solicitaba programas de sustitución de cultivos. Era 1987, la coca crecía tan solo en 4 departamentos. Los acuerdos se cumplieron en un 30%, la carretera para unir a Caquetá con Guaviare nunca se terminó de construir y varios pueblos que se proyectaban para municipios se acabaron en medio de la “guerra sucia” desatada por el paramilitar grupo del MAS y sus secuaces.
La comunidad internacional escuchó el pedido campesino. Entre 1991 y 1994 un proyecto piloto de sustitución fue implementado en Guaviare y Cauca con gran éxito inicialmente, pues las comunidades se organizaron para producir lo que promovían los técnicos de ese proyecto finaciado por Naciones Unidas. Se estimuló la siembra de caucho entre los cocales argumentando que mientras éste árbol crecía y se empezaba a rayar el látex, los campesinos podían seguir derivando ingresos de la coca, al tiempo que se animaba la siembra masiva de yuca para procesar su harina y sacarla a supermercados. Al poco tiempo, hubo frustración general: las plantas de harina se instalaron lejos de los centros urbanos, sin luz eléctrica y con pésimas carreteras; el vaivén del precio de la yuca desanimó a muchos y la guerrilla vió con ojos de “poco amigo” a los técnicos y burócratas que andaban en carros oficiales por doquier. Pero a esto se agregó que en 1994 los aviones de fumigación de antinarcóticos rociaron su veneno por igual sobre la coca y el caucho.
Actualmente, entre el Ariari y el Guayabero sigue la colonización sin freno alguno. Pero ahora, las Vegas del Ariari y la zona del Piedemonte están cada vez mas invadidas por compañías petroleras que están llegando detrás de las tierras que habían sido invadidas de palma, las que antes habían estado dedicadas a ganadería extensiva y años antes en varios casos a cultivos de coca. Una sobreposición de mapas de la última ronda de petróleos de la ANH con los de cultivos de coca de hace 20 años coincide casi en toda esa región. En menos de 50 años, se ha vivido una transformación de los usos del suelo, agudizada por una estrategia gubernamental de seguridad nacional, orientada a combatir al “enemigo interno”, la que se fortaleció con los planes de reducción de oferta de drogas y la criminalización de los campesinos cultivadores.
En un Encuentro Regional de Paz realizado la semana anterior en Granada, hablaron voceros de víctimas del desplazamiento forzado y los “sobrevivientes” de la guerra, muchos de los cuales no confían en que la guerrilla quiera finalizar en serio el conflicto y tampoco que el gobierno cumpla lo que allí se acuerde. Las posibilidades de mayores niveles de inversión, distribución de tierras y reparación de víctimas que traería el fin del conflicto no han calado entre la población. Hasta Monseñor Urbina, Arzobispo de Villavicencio, uno de los mas entusiastas con el proceso de paz, acepta que allí persisten las enfermedades que existían hace 300 años, aunque ahora los mosquitos transmisores tengan nombres mas sofisticados como el chicungunya. Los hijos de la generacion que llegó al Ariari-Guayabero huyendo de una vieja violencia consideran que el proceso los tiene empatados “50/50 mitad entusiasmo, mitad escepticismo”.
La región del Ariari, pero también el Meta en su conjunto, es un escenario privilegiado para revisar eso que ahora llaman la “paz territorial”. Una buena parte de la prosa contenida en los acuerdos “desclasificados” la semana anterior desde La Habana, se refiere a que los puntos acordados solo son posibles con la participación de las comunidades de las zonas mas afectadas por la guerra. Conviene entonces que los funcionarios oficiales revisen los aprendizajes de la institucionalidad que el país dedicó a la colonización, analicen los resultados de programas frustrados por el conflicto pero también por la desidia estatal y reflexionen sobre la importancia de dar continuidad a los pocos esfuerzos que se han desarrollado con éxito en estas poblaciones. Pero toca echarse a andar entre el barro, desde los escritorios citadinos el gobierno será “incapaz” de lograr implementar lo acordado.
