A la par que la Dirección Nacional de Planeación anuncia la crisis de los rellenos sanitarios en el país, la Corte Constitucional ordenó revertir el esquema público de aseo en la ciudad de Bogotá. Nueva alcaldía tendrá seis meses para hacer los cambios ordenados.
La de las basuras es una crisis que está en constante crecimiento. La cantidad de residuos generados por los hogares del país están llevando a que la capacidad de los rellenos sanitarios se vayan quedando sin capacidad.
Un informe de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) señala que en cinco años los rellenos sanitarios de más de 300 municipios de Colombia serán insuficientes para recibir la demanda creciente de basuras.
En este momento los hogares colombianos generan 11.6 millones de toneladas de residuos.
Uno de los grandes problemas de este modelo es el poco aprovechamiento de estos residuos. Además, a medida que han ido creciendo las ciudades los botaderos y rellenos sanitarios no han crecido en la misma proporción.
Para poder suplir la demanda de espacios dónde disponer de las basuras serán necesarios 3.3 billones de pesos. Esta cifra comprende las labores de ampliación de los rellenos sanitarios autorizados, el cierre de los botaderos de basura a cielo abierto, la compra de nuevas flotas de compactadores de basura y la implementación de programas de aprovechamiento de residuos, entre otros.
Este dinero será recolectado de varias formas. 1,2 billones serán cubiertos por los cobros a los usuarios, 800.000 millones provendrán de un incentivo al aprovechamiento de basuras y medio billón de pesos del presupuesto de la nación.
De manera paralela, la Corte Constitucional ordenó que el esquema de aseo público de Bogotá, que ha sido enfático en incluir a los recicladores e incentivar la separación de residuos en la fuente, debe ser desmontado y modificado.
La Corte levantó las medidas cautelares que protegían el modelo y decidió darle validez al plazo que decretó la Superintendencia de Industria y Comercio que sancionó a la administración distrital. Esta sanción se dio después de que la superintendencia considerara que este modelo violaba el principio de la libre competencia.
La Corte, además, le pide a la nueva administración de Enrique Peñalosa que implemente las medidas pertinentes que permitan incluir las modificaciones del caso.
El cambio en el modelo de aseo en Bogotá le valió al alcalde saliente, Gustavo Petro, una cuantiosa multa de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como su destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esta última sanción se encuentra detenida por medidas cautelares ordenadas por el Consejo de Estado.
