El pasado martes, la periodista Vicky Dávila entrevistó al General (r) Jaime Ruiz Barrera. En un diálogo al aire, que se vio caracterizado por la tensión y las acusaciones el General (r) dejó en el aire la idea de que la periodista y sus notas eran tema de discusión en los cerrados círculos de los militares retirados.
Además, Ruiz Barrera fue pródigo en señalamientos en contra de los medios de comunicación, y en especial la revista Semana, por lo que considera un complot que busca debilitar a los militares colombianos beneficiando directamente a las Farc.
Lo que molestó tanto al General (r) Ruiz Barrera, y que tiene ecos en varios representantes de las fuerzas armadas como el General Javier Rey y el mismo Ministro de Defensa, fue una investigación revelada por la revista Semana en la que se hicieron públicas varias grabaciones telefónicas en las que altos miembros de las fuerzas armadas concertan acciones ilegales para entorpecer la justicia.
Además, se revelaron malas prácticas y corrupción en los procesos contractuales y licitatorios que adelanta el ejército. Las grabaciones, que reposan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se publicaron dos semanas después de que la misma revista revelara el esquema de espionaje que, posiblemente habría interceptado las comunicaciones del equipo negociador en La Habana.
Como consecuencia de las revelaciones hechas por el equipo periodístico hubo un remezón en la cúpula de las fuerzas armadas y se dieron revelos en los altos mandos. Esa decisión del Presidente de la República, comandante en jefe de las FF.AA. por cierto, no cayó muy bien entre los militares activos y retirados.
Por esas razones es que el General (r) Ruiz Barrera, presidente de ACORE (Asociación colombiana de militares en retiro), dijo al aire, en los micrófonos de la FM, que no había mayor interés que desmoralizar las tropas y vencerlas en los estrados, algo que nadie ha podido hacer en el campo de batalla.
Con esas declaraciones queda claro que el problema mayúsculo para esas voces, no es que existan prácticas corruptas en una de las entidades más grandes del aparato estatal, sino que se revelen ese tipo de situaciones que lesionan la imagen institucional. En otras palabras, hay que atacar al mensajero.
Es un grave precedente para la libertad de prensa y expresión, sin contar con que es un cuestionamiento a la justicia del país.
