El Consejo Nacional Electoral como árbitro y última palabra en materia electoral en Colombia debería garantizar transparencia y claridad en sus decisiones. Sin embargo, la realidad es otra.
Después de casi dos meses de haber sido realizadas las elecciones parlamentarias en Colombia aún no se han resuelto las reclamaciones e impugnaciones hechas en los puestos de votación de fuera del país. Igualmente, no ha habido un llamado de atención o una acción eficaz y certera para que la Registraduría Nacional entregue el consolidado del 100% de las mesas escrutadas. Un mes y doce días después de la jornada electoral aún falta cerca del 2% de mesas por informar.
De igual manera, a tan solo un mes de las elecciones presidenciales para el periodo 2014-2018 aún no hay una decisión de fondo acerca de la impugnación de la candidatura de Martha Lucía Ramírez por el Partido Conservador. Un hecho gravísimo, toda vez que está en juego el futuro de un partido y de una candidata a la presidencia de la República.
El Consejo Nacional Electoral debe pensarse como una institución que facilite las labores de la Registraduría Nacional e imponga orden en la actividad electoral nacional y no como una entidad anquilosada y supeditada a los poderes políticos de turno.
