La Fiscalía General de la Nación, el CTI seccional Antioquia y Migración Colombia conjuntamente realizaron durante seis meses una investigación por una presunta red dedicada al tráfico de migrantes. El operativo se coordinó con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el ICE de la Embajada de Estados Unidos.
Los servidores públicos, que desempeñaban su cargo en los municipios de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco, Santo Tomás y Barranquilla, se dedicarían, según las investigaciones adelantadas por el Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia y el CTI a expedir registros civiles a personas, en su mayoría, de origen venezolano, libanés, chino y lituano.
Los funcionarios de acuerdo con la información de las autoridades cobrarían sumas que oscilaban entre los 600 mil y el millón de pesos. Una vez obtenían su Registro Civil como ciudadanos colombianos, procedían a solicitar su cédula de ciudadanía y demás documentos que los acreditaran como colombianos.
Se determinó que al menos ocho mil documentos fueron entregados durante los últimos cuatro años. Se estima que aproximadamente otros cuarenta y siete funcionarios estén involucrados en esta red de corrupción.
Tras cinco meses de investigación y 40 eventos controlados, lograron establecer, que en algunos casos, que una sola persona sirvió de testigo en más de 1.700 registros para poder otorgar los documentos de manera fraudulenta.
Los detenidos, que serán puestos por Migración Colombia a disposición de un juez de garantías, serán judicializados por los delitos de Tráfico de Migrantes, Cohecho, Prevaricato por Acción, Falsedad en Documento Público y Concierto para Delinquir.
