El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y el exconstituyente Álvaro Leyva , le ganaron una batalla al presidente de Colombia, Iván Duque, quién deberá responder en un máximo de cinco días hábiles, ¿si hará depósito formal de los acuerdos alcanzados en las conversaciones entre el gobierno Santos y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), ante la Onu y países garantes?

La historia es la siguiente, a comienzos de este año cuando cesaron las conversaciones entre Gobierno y Eln, mediante derecho de petición, Leyva y Cepeda, solicitaron al gobierno nacional a través del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos “que depositara ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante los países garantes, los documentos que contienen los avances y acuerdos a los que se llegaron durante estos años de negociación y, los seis ciclos de diálogos que se surtieron entre Colombia y el ELN”.

En respuesta del pasado 11 de febrero, Ceballos atribuyó dicha decisión al presidente Duque: “corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales” contestó.

Por lo anterior, el pasado 14 de marzo Álvaro Leyva e Iván Cepeda, designados facilitadores de la mesa de conversaciones con el Eln en el gobierno Santos, enviaron nuevamente un derecho de petición, pero esta vez al presidente Duque. En el documento radicado, solicitaban que se informara al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los países garantes sobre los acuerdos alcanzados en dichos diálogos.

Según los facilitadores, la petición obedece a que de tales acuerdos, surgieron beneficios para la población civil no combatiente, siendo esta una preocupación central del Derecho Internacional Humanitario recogida en los Convenios de Ginebra.

Además, aclararon -en el documento- que los compromisos establecidos en los acuerdos quedaron amparados por las normas del Derecho Internacional Humanitario: “Normas imperativas que deben ser respetadas por no tener valor exclusivamente convencional ya que las obligaciones surgidas se enmarcan en el Derecho Internacional General”.

Con base en esto, le solicitaron a Iván Duque que, como Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, diera pronta implementación a lo acordado.

Sin embargo, el Gobierno eludió nuevamente la respuesta a Leyva y Cepeda. En un oficio enviado a los facilitadores el pasado cinco de abril, el presidente Duque “no contestó de manera clara, precisa y congruente, vulnerando así nuestro derecho fundamental de petición”aseguró Cepeda.

Por lo anterior y después de casi 4 meses de insistir al gobierno nacional sobre el tema, Cepeda y Leyva formularon una acción de tutela contra el presidente Duque.

La tutela fue fallada en las últimas horas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que amparó el derecho de petición de Leyva y Cepeda, al tiempo que ordena al Presidente de la República responder de fondo la petición planteada el pasado 14 de marzo por el Senador y el exconstituyente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

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