Son muchas las reacciones que ha desatado el anuncio emitido por el Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo. La decisión es otorgarle a la filial BHP Billiton la posibilidad de explotar Cerro Matoso hasta el año 2029.
El próximo 30 de septiembre vencía el contrato de la concesión de Cerro Matoso, la única mina en Colombia que explota ferroníquel, ubicada entre Monte Líbano y Puerto libertador, en Córdoba. Este miércoles el Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo reveló que el Consejo de Estado dio el visto bueno para que la Nación reconsidere la negociación del contrato 051 de explotación, con el fin de mejorar las condiciones económicas del país.
La compañía Cerro Matoso S.A fue creada para realizar trabajo de exploración y explotación del mineral de esa zona. Sobre ella, ejerce poder la transnacional anglo-australiana PHB Billinton, que desde el 2005 cuenta con el 99% de las acciones de la mina y la potestad sobre 686 hectáreas y que podrá seguir adelantando sus trabajos, por ahora, hasta el año 2029.
Aunque las negociaciones del contrato se llevarán a cabo durante tres meses más, el Gobierno Nacional desde ya ha solicitado a la compañía brindar mejores garantías y beneficios a las comunidades que se han visto afectadas por el impacto económico y ambiental que causa el proyecto.
Sin embargo, no todos apoyan la aprobación de la prorroga. El pasado 13 de septiembre varios congresistas enviaron una misiva al Consejo de Estado, exponiendo las razones por las cuales el contrato 051 suscrito en 1996 incumplía las leyes colombianas.
La carta iba firmada por los congresistas Maritza Martínez, Nora García Burgos, Daira Galvis, Bernardo Miguel Elías Vidal, José David Name, David Barguil, Félix José Valera, Rafael Antonio Madrid, Milton Rodríguez, Jorge Enrique Robledo y Eugenio Prieto, junto con el académico Álvaro Pardo y Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Trasnacional.
“Los demandantes buscan que la justicia ordene al Ministerio de Minas y Energía demandar la nulidad del contrato 051 de 1996 y que se suspendan las cláusulas que extendieron las concesiones hasta el año 2029, con la posibilidad de prorrogarlas hasta el 2044”, se explica en un comunicado de prensa emitido por el Senador Jorge Enrique Robledo.
La acción popular radicada por el grupo de opositores de Cerro Matoso, señala que “el contrato lesiona el patrimonio público, pues pactó que por el arrendamiento de unos activos que están valorados en 1,3 billones de pesos, Cerro Matoso pagaría un canon equivalente al 1,25% de sus utilidades netas. Si se tienen en cuenta las utilidades de los últimos años, el canon equivaldría a 140 millones de pesos mensuales, tan solo el 0,13% del valor de los activos, muy por debajo del rendimiento del arrendamiento en el mercado inmobiliario, que está entre el 5 y el 10% del valor de los inmuebles”.
Por su parte, el Procurador Alejandro Ordoñez, le solicitó al Ministro Renjifo a través de una carta, que tuviera en cuenta las condiciones ambientales y laborales para negociar el contrato de la mina.
En el documento que recibió el jefe de cartera, Ordoñez lo instó a tener presente la contraprestación económica para el Estado, por los contratos y el cumplimiento con las regalías.
