Divulgar los borradores de los acuerdos alcanzados y llevar al recinto de Naciones Unidas el avance del proceso de paz colombiano abre la posibilidad de recibir el apoyo de la comunidad internacional para el período de posacuerdos. Pero no se debe olvidar que en las conversaciones todavía están pendientes puntos tan trascendentales como la dejación de armas y los derechos de las víctimas.
La realización de la asamblea general de naciones unidas y la asistencia del presidente Juan Manuel Santos a esta reunión de alto nivel produjeron varias noticias que tuvieron significados disímiles. En primer lugar, el mandatario nacional anunció el acuerdo al que se llegó con la delegación de las FARC-EP para divulgar todos los borradores sobre los logros alcanzados hasta el momento.
De un lado, lo anterior apunta a mejorar la información que los ciudadanos reciben acerca del contenido de lo que se ha venido acordando entre las dos delegaciones y de aquello que está pendiente. No obstante, es de anotar que eso no suple la necesidad de una campaña pedagógica sobre los acuerdos, que está en mora de hacerse muy en serio, bajo la coordinación de la Mesa de Conversaciones.
Al respecto, también habría que trabajar en cómo informar mejor a los ciudadanos sobre los beneficios de una terminación concertada del conflicto interno armado y, en esa medida, aumentar la cantidad de colombianos que apoyen este esfuerzo.
De otro lado, la iniciativa contribuye a contrarrestar, por lo menos parcialmente, la especulación promovida por sectores adversos al proceso de diálogo, que ha llevado a todo tipo de interpretaciones, especialmente durante la campaña electoral.
Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones en cuanto a que eso podrá “convencer” a los sectores adversos al proceso, de las bondades de lo que se está acordando para terminar el conflicto armado. Hay grupos –afortunadamente minoritarios, pero muy poderosos- que de cualquier manera van a estar en contra de estas conversaciones y probablemente allí no es mucho lo que se puede esperar. Aún así, es mejor quitarles el argumento del “secretismo” de las conversaciones.
En segundo lugar, se reiteró, por casi la totalidad de la comunidad internacional, el apoyo al proceso que adelanta el Gobierno Nacional y la insurgencia guerrillera. Adicionalmente, el presidente Santos empezó a explorar el posible rol que podría jugar Naciones Unidas en un período de posconflicto, en lo relacionado con la implementación de los acuerdos y los mecanismos de verificación, eso sí haciendo la salvedad, por parte del jefe de Estado, que cualquier decisión al respecto derivaría de un consenso entre las dos delegaciones.
Tal como lo advierten colegas especialistas en análisis de conflictos, es mejor utilizar la expresión posacuerdos para el período que sigue a la firma de los mismos, pues no es seguro que el conflicto como tal termine inmediatamente. Siempre habrá grupos armados ilegales de distinto tipo que puedan seguir adelantando hechos de violencia.
Se espera que una vez se vaya materializando la implementación de los acuerdos –desafío muy importante para un Estado que históricamente no ha sido tan eficaz en cumplir con lo que se compromete-, los niveles de conflictividad armada vayan descendiendo. No obstante la conflictividad social y política, propia de una democracia, se seguirá expresando, aunque sin acudir a la violencia, lo cual es reflejo de la vitalidad de la misma.
Naciones Unidas tiene una gran experiencia internacional en acompañar procesos de monitoreo de acuerdos y de construcción de paz, pero la última palabra será la de la Mesa de Conversaciones, porque igual existen otros organismos regionales que podrían jugar roles importantes junto con actores nacionales, como el Centro de Estudios Lationamericanos y del Caribe (Celac) o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El papel internacional
Ahora bien, otro campo importante es la cooperación internacional en la dimensión financiera y especializada. No hay duda de que Colombia va a requerir un gran apoyo económico en la fase de la implementación de los acuerdos o de construcción de paz, sin que ello signifique que la comunidad internacional vaya a asumir el gran costo, que es responsabilidad de los colombianos. En esta etapa, los recursos tributarios deben ser importantes. Esto incluye desde ingresos de cooperación no reembolsables hasta créditos blandos de países y de organismos financieros internacionales (Banco Mundial, BID, CAF, entre otros) para todos los desafíos de construcción de paz.
Adicionalmente, hay naciones con experiencias relevantes en distintos campos que podrían brindar una importante cooperación técnica y acompañamiento. Este apoyo no solo es bienvenido, sino indispensable para los colombianos.
No olvidemos que tenemos una deuda de gratitud con los países que han estado acompañando esta fase de conversaciones, en primerísimo lugar con Cuba, sede de las mismas y garante junto con el Reino de Noruega, Chile y Venezuela.
Sin embargo, el que se esté explorando y conversando acerca de eventuales roles para la comunidad internacional en el período de posacuerdos, no significa que ya estemos, como se dice coloquialmente, “a la vuelta de la esquina” en la terminación de las conversaciones. Aún están pendientes temas de la agenda tan importantes como derechos de las víctimas, justicia, dejación de armas y localización de fuerzas.
El proceso de implementación de los acuerdos y los mecanismos asociados, así como todo lo demás, demandará tiempo para un análisis adecuado y para su construcción.
Adicionalmente, hay un factor que incide de forma negativa en cuanto a los tiempos y es que no se han iniciado las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si realmente se quiere un cierre definitivo del conflicto armado interno se debe llegar a acuerdos, separados o conjuntos, con las dos insurgencias, porque de otra manera se estaría repitiendo la tradición colombiana de las últimas décadas: negociaciones a destajo y paces parciales. Además, no sería razonable pensar un proceso de refrendación de acuerdos con las farc y otro distinto con el ELN.
El que la mayoría de los colombianos deseemos que el tiempo de terminación de las conversaciones sea el menor posible no significa que se pueda atropellar la realidad política ni el ritmo propio de estas.
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