Bajarle el volumen a la ‘rumba’ para respetar los decibeles que por ley declara el distrito es costoso, pero aplicar el procedimiento ventilaría la oleada de quejas por ruido en varios puntos de la capital. La contaminación sonora de la ciudad es alarmante.
El ruido en Bogotá y en varias ciudades de Colombia no es un tema nuevo. Por décadas los altos volúmenes han sido testigos del crecimiento urbanístico y la gente crece –en su mayoría- ignorándolos. Dice la Secretaría Distrital de Ambiente que “el ruido es considerado uno de los impactos ambientales que más afectan a la población en forma directa, causando problemas auditivos y extra auditivos”.
Sólo cuando se está en lugares callados es cuando se comprende la importancia del silencio para vivir en paz. Sin embargo, una vez se mezclan las zonas comerciales (donde más ruido hace) con áreas residenciales, aquellas en las que se pretende habitar a baja voz, es cuando se desatan situaciones como la denunciada por un grupo de habitantes del barrio La Cabrera, en la capital, que aseguran estar desesperados por la eufonía que hacen los bares y establecimientos comerciales que se asentaron alrededor de sus casas un par de años atrás.
Ellos dijeron en varios medios nacionales que esos ‘rumbeaderos’ le quitaron el derecho al sueño y la tranquilidad, y piden medidas a la alcaldía de Bogotá para que se ajusten los niveles de sonido que estos emiten. Este escenario lo comparten millones en todo un país que, a diferencia de metrópolis extranjeras que comparten el uso del suelo para el comercio y la residencia con eficacia, aún continúa buscando ese balance.
Pero ¿cuánto cuesta acondicionar un bar para que emita la cantidad de decibeles reglamentaria y cumplir con lo que enuncia la ley (…) de esta manera también ayudar a mitigar la tortura del ruido a montones?
Técnicos de sonido consultados por Confidencial Colombia explican que para insonorizar un recinto del tamaño de un bar de capacidad de 200 personas (por ejemplo), es necesario hacer una visita para verificar con un sonómetro en qué lugares se escapan las ondas sonoras y cómo es su densidad.
Usualmente estas salen por las ventanas, las puertas y los techos, pero no es precisamente el sonido por sí solo lo que causa malestar, sino la vibración. Dice el Ministerio de Medio Ambiente que los estándares máximos para la emisión de ruido, expresado en decibeles, para restaurantes, bares, tabernas y discotecas es de 70 de día y 60 en la noche. Es decir que para respetar el esquema se requiere instalar Ventanas SuperAcústicas, cuestan en promedio 1 millón 200 mil pesos. Luego hay que reforzar el muro con paneles, el metro cuadrado oscila entre el 200mil y 450mil pesos, y después se hace lo mismo con el techo, las puertas y los bordes. La cotización completa saldría mínimo por 10 millones de pesos, con tendencia a subir o bajar. El tamaño y la consistencia del lugar determinan el precio, que varias veces -enuncian los técnicos- “sale por un ojo de la cara porque los dueños compran todo de segunda o instalan de manera incorrecta los equipos”.
A pesar de que en todas las ocasiones no es necesario implementar este sistema, pues cada establecimiento puede estar naturalmente más acorde para guardar el sonido, sí se necesitan adaptaciones para hacer el tratamiento de los materiales de tal manera que garanticen una baja en la contaminación sonora.
Y es que el panorama general es desalentador. En una evaluación a los agentes de tránsito en Bogotá, consignada por la universidad Nacional, se encontró que una de cada 15 personas presenta pérdidas parciales auditivas debido al ruido. El estudio señala que la localidad de Puente Aranda se consolidó como la que más está soportando alta contaminación sonora, con niveles que superan los valores permitidos: 65 decibeles de día, 60 de noche. Asimismo se encienden las alarmas en Kennedy, Engativá, Fotibón y Chapinero.
Además de los bares y este tipo de establecimientos se suman el ruido generado por la rama automotriz y las fábricas. Un total 7 mil 572 quejas llegaron a la Secretaría de Ambiente el año pasado que no se han podido solucionar a cabalidad, dado que la Ley 1333 del 2009, por la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental, incluyendo la contaminación auditiva, está repleta de vacios de fondo.
Por ejemplo: el tiempo de respuesta para atender una queja puede tomar meses por la cantidad de trámites y la efectividad de castigos para infractores de la ley es escasa. Así las cosas, mientras que el tema pase de agache, seguirá el calvario para los afectados.
