Miembros en retiro de las Fuerzas Militares enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, texto en el que le exponen al primer mandatario inquietudes de fondo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. A esta comunicación se unieron ex ministros de defensa y ex oficiales de la Policía.

El escrito comienza por manifestar una preocupación sobre las zonas veredales de normalización. Los militares insisten en que dichas áreas, pactadas en los acuerdos de La Habana como zonas para establecer el proceso de dejación de armas y tránsito a la vida civil, corren el riesgo de convertirse en “zonas permanentes y no de carácter transitorio”, denominándolas como “repúblicas independientes”.

Advierten, además, que si son instaladas de manera permanente, dichos asentamientos podrían convertirse en caldo de cultivo para que grupos que continúan en la ilegalidad lleguen a permear peligrosamente esas regiones.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, indican que en el último debate en Comisión Primera del Senado fueron corregidos algunos artículos del Capítulo VII que tienen que ver con el tratamiento especial diferenciado para miembros de la Fuerza Pública, pero que aún hay preocupación por lo relacionado con «la aplicación preferente del Código Penal Colombiano en todo el contenido de esta articulado y la supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados».

Los militares y policías en retiro afirman que no están de acuerdo con todos los que integran la comisión que elegirá a los magistrados de la JEP, pues tienen dudas sobre su imparcialidad pues algunos tienen un «reconocido perfil y posición ideológica que los señalan como activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional».

El presidente la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, General Jaime Ruiz Barrera, se ha mostrado preocupado por los miembros de la comisión que elegirán a los magistrados del Tribunal para la Paz. Este aseguró que los militares se sienten solos y que el acuerdo final no es lo que Santos les prometió.

Su principal argumento es que aunque miles de miembros de la fuerza pública, de todos los rangos, tienen procesos o condenas por violaciones de los derechos humanos y aceptaron someterse a la justicia transicional, pero la ley debatida tratará, insisten, a las Farc de manera diferenciada.

Según las cuentas, serían 5.500 integrantes de la fuerza pública, entre policías, Fuerza Aérea Colombiana y militares, que tendrían los mismos beneficios judiciales de reducción o eliminación de penas que los guerrilleros de las Farc.

Para los altos oficiales, es necesario discutir esos posibles ‘micos’ que irían en contravía de lo que prometió el Gobierno en materia de justicia especial.

Esta fue la comunicación enviada a Casa de Nariño: